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Introducción
Este artículo se propone describir y analizar el accionar de Gendarmería Nacional Argentina (GNA)1 en dos barrios populares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde mayo de 2020 a junio de 2021, meses durante los cuales rigieron diversas medidas de restricción a la circulación de personas para prevenir el contagio de COVID-19.2
La emergencia sanitaria constituyó un momento de excepción en el que las policías jugaron un rol protagónico. Junto con el personal sanitario, las fuerzas armadas, y los trabajadores de logística y provisión de bienes y servicios básicos (Anzelini 2022), las fuerzas policiales fueron consideradas “trabajadores esenciales”. Estas se convirtieron en garantes de la política sanitaria nacional: principalmente fueron asignadas a controlar que la circulación de personas en el espacio público se correspondiera al grupo de trabajadores permitidos. Sin embargo, también fueron protagonistas de otras actividades, algunas de las cuales pretendemos describir y analizar en este artículo.
En este marco, afloró un debate acerca del rol de las fuerzas de seguridad y su relación con la ciudadanía. Seghezzo y Dallorso (2020) postularon la posibilidad de reinventar las representaciones sociales acerca del accionar policial: el nuevo contexto permitía imaginar una intervención complementaria de las policías desde el eje de los “cuidados” y la prevención frente a los despliegues represivos y la persecución penal selectiva. Se concluía que “puede ser una gran oportunidad para construir otro vínculo entre las policías y la ciudadanía, un lazo social de cuidado que permita revertir el desprestigio social que tienen las fuerzas” (Seghezzo y Dallorso 2020). Esta posición era consistente con el discurso que el Gobierno nacional articuló en torno a la cuestión a través de declaraciones de funcionarios y medidas de reconocimiento a la actuación policial.3 Además, encontró eco en manifestaciones espontáneas, públicas y masivas de la población que celebraban la actividad de trabajadores “esenciales”, una enunciación desde la cual se reconocía las tareas de quienes, a costa de exponerse a los riesgos del contagio del virus, trabajaban para “cuidar” al conjunto. Sin embargo, esta noción de “policía del cuidado” fue cuestionada por distintas voces en la academia especializada. Tanto Faur y Pita (2020) como Sirimarco (2021) advirtieron acerca de la problemática identificación conceptual y política entre “prácticas de cuidado” y de control policial, señalando los riesgos de una posible justificación de la violencia discrecional, arbitraria e ilegal bajo el manto conceptual de la categoría de “cuidado”. En efecto, a pocos días de vigencia del DNU que imponía el aislamiento obligatorio, se hicieron públicos diversos casos de hostigamiento y abuso policial, algunos de los cuales terminaron con la muerte de jóvenes (Sirimarco 2021).
En suma, los debates sobre las tareas policiales durante la emergencia sanitaria condensaron miradas previas acerca de las fuerzas de seguridad. Se actualizó una discusión sensible acerca del rol de la policía en territorios vulnerables. Sobre algunos de estos barrios hace más de una década que se despliegan fuerzas policiales “de proximidad”, que suponen operativos de saturación policial y controles poblacionales exhaustivos; pero también abordajes policiales tendientes resolver conflictos de forma pacífica, responder a distintas demandas sociales y construir una relación de “cercanía” con los habitantes del barrio. En este sentido, proponemos una hipótesis: la pandemia no hizo más que poner en primer plano prácticas y roles que las fuerzas de seguridad ya cumplían previamente, y que no están asociados de manera exclusiva con tareas de control y persecución criminal (Zajac 2021; Zajac 2022).
De este modo, retomaremos un conjunto de interrogantes en torno a dos ejes. Por un lado, alrededor del accionar policial en pandemia: ¿qué hicieron las fuerzas de seguridad en dicho periodo? ¿Lograron construir nuevos vínculos con la ciudadanía a partir de prácticas de prevención y cuidado? O, por el contrario, ¿se evidenciaron nuevas y mayores formas del control social policial? Por otra parte, sobre la “policía de proximidad”, como forma de policiamiento que amplía y que pone en tensión la definición “moderna” de policía como prevención y conjura de delitos (Foucault 2009), nos preguntamos: ¿qué hacen las policías de proximidad en barrios vulnerables? ¿Ejercen un poder meramente represivo o van más allá de este? ¿Qué impactos y limitaciones presentan estas “otras” prácticas?
El artículo se estructura en cinco secciones. En la introducción, hemos delineado las discusiones en las que se enmarca este trabajo y a las que pretende aportar, y plantemos nuestros objetivos y preguntas de investigación. En la segunda sección, describimos la metodología de manera detallada. En la tercera sección, explicitamos los principales conceptos en los que nos apoyamos para formular la hipótesis y el análisis. En la cuarta sección exponemos el análisis de nuestros datos cuantitativos. Incluimos varios subapartados con distintas dimensiones específicas acerca de las incidencias policiales: cantidad y dinámica, motivos y momentos predominantes, origen y destino de estas. Finalmente, en las conclusiones, resumimos los principales hallazgos, y un comentario acerca de su relevancia para el campo y la coyuntura actuales.
Metodología
El artículo adopta una estrategia cuantitativa basada en el procesamiento estadístico de fuentes secundarias. El Registro estadístico de actuaciones de las Unidades de Prevención Barrial -UPB- (Ministerio de Seguridad 2020) constituye el principal insumo de este trabajo, pues agrupa todos los “partes de desplazamientos y novedades” informados por las UPB de GNA y Prefectura Naval Argentina al Ministerio de Seguridad. Se trata de informes diarios acerca de todas las actuaciones y “novedades” (operativos, desplazamientos, judicializaciones, consultas o demandas de la ciudadanía, etc.) que las fuerzas de seguridad envían todos los días a las autoridades civiles del Ministerio.4
Cada agente a cargo de patrullajes debe forzosamente informar a sus superiores cualquier novedad, consulta, procedimiento o articulación realizada bajo apercibimiento de ser sancionado en caso de omisiones. Esa información fue cargada en una base de datos por personal de la Coordinación de Prevención Local del Delito y Despliegue de las UPB del Ministerio de Seguridad de la Nación, y dio lugar al registro que aquí analizaremos. Consideramos de forma exclusiva las actuaciones de la GNA en Bajo Flores5 y Villa Soldati,6 del sur de la Ciudad de Buenos Aires. Dada la escasa disponibilidad de fuentes cuantitativas sobre actuaciones policiales, esta base de datos posee una gran riqueza que excede al análisis que aquí presentamos.
Si bien están “estandarizados” en relación con cómo los agentes deben informar sus actividades (léxico, estructura de construcción de los relatos, etc.), los “partes diarios” no dejan de ser relatos parciales elaborados por los agentes sobre sus propias intervenciones. En este sentido, podrían encontrarse algunos sesgos en los modos en que se informa la “resolución” de las incidencias: las versiones policiales pueden diferir fuertemente de las que darían los vecinos involucrados, por ejemplo. Sin embargo, desde un punto de vista cercano a la etnometodología (Garfinkel 2006), sugerimos tomar estos documentos por su valor como artefactos que no solo describen una realidad: también contribuyen a producirla de manera práctica.
Es decir, no pretendemos ahondar en la significación de estos relatos policiales, sino examinarlos como productos inescindibles de una práctica. Así, tratados con todas las precauciones metodológicas ya mencionadas, nos permitirán conocer más acerca de cuestiones concretas: en qué tipo de conflictos se interviene y con qué frecuencia; qué derivaciones y articulaciones realizan; en qué momentos se actúan principalmente, etc.
Soporte teórico
Como hemos anticipado, este trabajo atiende un tipo de despliegues policiales que se han presentado como “policías de proximidad”. Se trata de una doctrina de policiamiento que se deriva de -y a menudo se confunde con- los modelos de “policía comunitaria” (definición con la que mantiene una relación de origen común y afinidad conceptual, aunque no es exactamente idéntica a esta).7 Su formulación conceptual suele ser más escurridiza; pero, en general, se apoya en dos elementos clave.
Por un lado, aborda la mejora en la proximidad física entre policías y población civil. El despliegue de “proximidad” a partir de puestos fijos o patrullajes a pie en territorios vulnerables habitualmente ajenos a la presencia de fuerzas de seguridad facilitó que la población canalizara demandas variadas con una facilidad no experimentada hasta entonces (Zajac 2021). Además de esa cercanía física, el paradigma promueve también una “proximidad” en relación con los modos de vinculación entre policías y vecinos. Se trata de construir “lazos directos” de conocimiento mutuo, confianza y referencia, que convirtieron a la policía en un interlocutor para resolver conflictos y demandas variadas (Cano, Borges y Ribeiro 2012). A través de esta proximidad relacional, se persiguen implicancias sociopolíticas ambiciosas: relegitimar las policías en comunidades en que estas gozan de mala reputación debido a problemas de violencia, corrupción y colusión con actores ilegales (Frederic 2020).
Otra característica en la que suelen abrevar varios de los despliegues como el que aquí analizamos es utilizar fuerzas militares o con características militares. Se trata de un tipo de despliegues observado por primera vez en la ciudad de Medellín (Jaramillo y Gil 2014) y, posteriormente, en Río de Janeiro a partir de la creación de las Unidades de Policía de Pacificación (Cano, Borges y Ribeiro 2012).
Ambas experiencias presentaron un esquema de “fases” que luego, como veremos, se repetirán en otros casos. Primero, una etapa de “intervención táctica”, en la que grupos militarizados de operaciones especiales realizan “incursiones” y “operaciones de cerco” para consolidar el dominio policial y “preparar el terreno” para la segunda etapa. En un segundo momento se despliegan unidades policiales “de proximidad” de forma permanente en el territorio (Cano, Borges y Ribeiro 2012). Posteriormente, se programa el desembarco de una división “social” integrada por operadores civiles pertenecientes a agencias de política social y urbana, situación que no siempre se verifica y que suele tener una duración y constancia muy variables (Pacheco de Oliveira 2014).
En Argentina, si bien los primeros antecedentes de políticas de este tipo se remontan al 2003, con el Plan de Protección Integral de Barrios en algunos barrios del conurbano bonaerense, se consolidan recién en 2012, con la creación de las ya mencionadas UPB.8 Se trató, tal y como en los casos anteriores, de despliegues focalizados en zonas vulnerables con elevados niveles de conflictividad social. Los objetivos explícitos de este policiamiento implicaban una primera dimensión tradicionalmente policial: “garantizar la libre circulación de personas en el espacio público”, “erradicar la venta de estupefacientes” y “desactivar las redes delictivas” (Ministerio de Seguridad 2012).
Como recursos policiales específicos para estos fines, se prescribían una serie de técnicas de patrullaje que trasladaban aspectos de la lógica militar a las tareas de seguridad urbana (Muzzopappa 2017). Por ejemplo, se dividió espacio en “cuadrantes”, se establecieron patrullajes a pie con grupos de tres efectivos especiales (“trinomios”), se incorporó equipamiento especial (chalecos antibalas, equipos de comunicación georreferenciados, motos, cuatriciclos, armamento pesado). Asimismo, se buscaba asegurar una presencia policial constante en los territorios a partir de la construcción de puestos de vigilancia fijos en “puntos emblemáticos” de los barrios.
Al mismo tiempo, las UPB proponían otra serie de metas de intervención que no se asociaban con esta dimensión represiva. Primero, objetivos vinculados a mejorar las relaciones Estado-comunidad: “canalizar demandas y necesidades de los habitantes”, “atender demandas de la comunidad vinculadas con trámites y denuncias”, “resolver situaciones que resulten de su competencia realizando orientaciones y derivaciones efectivas” (Ministerio de Seguridad 2012). Se esperaba así que la policía actuara como “primera ventanilla” del Estado a la que la población podría recurrir a falta de otras mediaciones. Se hacía énfasis también en las funciones de derivación y articulación multiagencial del cuerpo policial complementada con operadores territoriales civiles del Ministerio de Seguridad.
Por último, y en un sentido consistente con el punto anterior, también fueron enunciados objetivos que podríamos denominar “biopolíticos” (Foucault 2009): “prevenir la violencia”, “contribuir a la resolución de conflictos” “disminuir los niveles de conflictividad entre los vecinos”, atender los “conflictos comunitarios”, “las formas menores de conflictividad” (vinculadas a la “convivencia entre vecinos y en el espacio público”), “violencia familiar y de género”, “violencia intrafamiliar o intervecinal”. Se trata de violencias que podían devenir en delitos (por eso se los encuadraba como “etapas previas” de estos), sobre todo homicidios o violencias altamente lesivas. En cuanto a los medios apropiados para alcanzar estos objetivos, se postulaba que las UPB debían manejarse con la ya mencionada doctrina policial de “proximidad”, que le permitiera (re)construir vínculos de “confianza” y “cercanía” con los habitantes.
Si bien es indiscutible que estas formas de policiamiento propician intervenciones represivas en los territorios, en gran medida como consecuencia de la “militarización” de la seguridad que comportan (Pacheco de Oliveira 2014), consideramos que también es preciso considerar otras consecuencias no muy a menudo visibilizadas. En primer lugar, la recuperación de la soberanía del Estado (Frederic, 2020) en el territorio, con una consecuente disminución de la “presencia armada ostensible” del narcotráfico en zonas amplias de los barrios, la reducción drástica de los enfrentamientos armados y la violencia potencialmente letal. En segundo lugar, el ingreso parcial de infraestructura, agencias y servicios públicos. Tercero, la constitución de los policías como “mediadores” en diversos conflictos cotidianos y de “interlocutores” entre los habitantes de los territorios y distintas agencias públicas y privadas (Cano, Borges y Ribeiro 2012).
En trabajos previos, a partir de la ponderación de esta dualidad, hemos caracterizado a los despliegues policiales focalizados como dispositivos de gobierno (Foucault 2009) y “pacificación” (Pacheco de Oliveira 2014) de territorios vulnerables en un sentido amplio. Se trata no solo de focos para desarrollar formas específicas de represión y dominación violenta de los segmentos urbanos subalternos, sino también de espacios diferenciales de administración policial de distintos conflictos, demandas sociales y especialmente violencias interpersonales (Zajac 2021, 2022). En este trabajo intentaremos continuar esa línea de trabajo centrándonos en el análisis descriptivo de estas diversas actividades policiales, pero a partir del análisis de datos cuantitativos.
Discusión y resultados
Una de las primeras hipótesis que confrontamos en este trabajo es la idea de una “sobrecarga laboral” que supuso la pandemia para las fuerzas de seguridad, especialmente en los barrios populares. Esto no solo fue documentado en estudios previos, sino que fue mencionado en numerosas oportunidades por oficiales y suboficiales de la fuerza durante los meses en que rigió el decreto de aislamiento obligatorio, es decir, entre marzo y noviembre de 2020 (Garriga Zucal y Zajac 2023; Alvarado, Sutton y Laborda 2020). En este sentido, puede verse en el gráfico 1 cómo las incidencias en 2020 son relativamente más altas. En la comparación interanual de mayo, junio y julio; los meses de 2020 (en los que las medidas de aislamiento fueron comparativamente más duras) son más elevados (2437 casos vs. 2060, casi un 20 % más). En los meses de junio de ambos años, las bajas temperaturas y el punto álgido de contagios de COVID-19 fueron factores que posiblemente empujaron a una fuerte baja estacional de las incidencias.
En cuanto al día y horarios de la semana con más actividad, GNA interviene más durante los fines de semana (51,2%), especialmente en los hechos vinculados a conflictos barriales (61,93%), algo que otras investigaciones etnográficas también encontraban para despliegues policiales similares (Del Castillo y Garriga Zucal 2023; Zajac 2021; Garriga Zucal y Zajac 2023). Esto se debe a que la actividad laboral se desarrolla mayormente fuera del barrio, mientras que el tiempo de ocio ocurre sobre todo adentro de este, por lo que es en estos momentos donde mayor cantidad de personas se encuentran e interactúan. Esto fue así incluso durante las medidas de aislamiento y distanciamiento, por la gran proporción de ocupados en tareas esenciales y/o a trabajos informales en los barrios.
Otro factor que tiene un peso decisivo en la mayor demanda a GNA en horarios nocturnos o fines de semana es la ausencia o intermitencia relativa de las demás oficinas del Estado en esos momentos, pues abren sus puertas exclusivamente en días y horarios laborables hábiles. En este sentido, durante algunos periodos del día o días de la semana, las fuerzas de seguridad constituyen la única agencia disponible para recibir y atender todo tipo de demandas.
Motivos de intervención
Un primer análisis diferenciado por motivos de intervención permite mostrar que figuras asociadas al control poblacional, en general vinculado a prácticas de “hostigamiento policial” (Pita, Corbelle y Brescia 2019), presentan efectivamente un “pico” en los primeros tiempos de la pandemia, en la fase más dura de las medidas de aislamiento. Estas luego caen para volver a subir con fuerza entre abril y mayo de 2021 (con un nuevo retorno al ASPO), tal y como se observa en el gráfico 2. Esto permite concluir que las medidas de aislamiento potenciaron y permitieron justificar prácticas previamente vigentes de gobierno del espacio público por parte de la fuerza (Pita, Corbelle y Brescia 2019).
No obstante, en este artículo proponemos expandir el análisis más allá de este tópico usual en los estudios previos. Otras acciones que se destacan con gran protagonismo durante toda la pandemia son las de articulación con otras agencias estatales; las de “gestión de la conflictividad” comunitaria y barrial, y las de atención de “urgencias”. Estas figuras se vieron potenciadas por las condiciones excepcionales de la pandemia y parecen seguir un mismo patrón: un continuo ascenso hasta el primer momento de relajación de restricciones (entre septiembre y noviembre de 2020), y posterior descenso desde entonces (aunque manteniéndose en niveles significativos).
Las violencias de género e intrafamiliares, por su parte, representan el principal motivo de intervención de la fuerza durante y después de las fases agudas de la pandemia, con un aumento significativo en los primeros meses y una caída leve en comparación con las otras figuras en los meses subsiguientes. Estos datos refuerzan hallazgos cualitativos previos en torno al accionar policial en barrios relegados: las recurrentes intervenciones para resolver conflictos interpersonales, fundamentalmente de género (Caravaca, Garriga Zucal y Mancini 2023; Del Castillo y Garriga Zucal 2023; Garriga Zucal y Zajac 2023); así como el incremento de estos episodios en pandemia y una mayor demanda hacia las fuerzas para abordar estos conflictos (Pérez-Vincent et al. 2020).
Si analizamos en detalle los motivos de intervención desagregando estas grandes categorías, se pueden apreciar algunas cuestiones específicas relevantes. En relación con las figuras de “control poblacional”, se verifica que el control social continuó siendo una función relevante de la fuerza durante y después de las medidas de restricción debido a la pandemia. Aumentaron en el periodo los hechos reportados como “vehículos en infracción”, “actitud sospechosa”, “incidentes en vía pública” e “ilícito”. Estos incrementos no están vinculados únicamente con la recuperación de la movilidad creciente -que puede traer aparejada una recuperación en la frecuencia de los delitos callejeros predatorios, que se habían derrumbado al inicio de la pandemia (Caravaca, Garriga Zucal y Mancini 2023)-, sino con ciertos eufemismos policiales utilizados para justificar el control policial violento, arbitrario y discrecional (Pita, Corbelle y Brescia 2019).
Simultáneamente, figuras como “violación de cuarentena” bajan considerablemente a lo largo del periodo analizado, lo que marca que su uso predominante para expulsar personas del espacio público se dio solo en las etapas más restrictivas de las medidas de aislamiento. El “consumo de alcohol en vía pública” y “tenencia/comercialización de estupefacientes”, figuras también típicamente asociadas con el control poblacional de los grupos más postergados (jóvenes, personas en situación de calle), muestran un significativo descenso. Esto podría significar que estas figuras fueron mayormente utilizadas en pandemia para ejercer un control social sobre el territorio, pero también pueden estar marcando cómo la problemática de consumo de sustancias en barrios vulnerables se agudizó con fuerza en la pandemia (Beraldo 2023).
En segundo lugar, para el caso de las situaciones de violencia de género e intrafamiliar, las figuras que aparecen como de mayor crecimiento entre periodos (“tobillera electrónica”, “botón antipánico”, “violación de exclusión”) parecen estar vinculadas al relajamiento de las medidas de aislamiento (asociadas a las mayores posibilidades de movilidad tanto de las víctimas como de sus agresores). Asimismo, parecen asociarse al progresivo proceso de incorporación de tecnologías securitarias para gestionar este tipo de violencias (Hasanbegovic 2018).
En tercer lugar, en cuanto a las figuras vinculadas a la conflictividad barrial, se destaca la sostenida baja de la figura “ruidos molestos”, fuertemente asociada a la mayor cohabitación comunitaria forzada por la pandemia. Esto da cuenta del cambio de perfil de las incidencias más frecuentes por el relajamiento de las medidas de prevención. Sin embargo, al mismo tiempo, el descenso de esta figura no es abrupto, lo que marca que la gestión de la conflictividad barrial es un tipo de actividad que la fuerza ejerce más allá del contexto específico de la pandemia. En el mismo sentido, el auge entre periodos de figuras como “pedido de auxilio” y “asistencia médica” (típicamente, acompañamiento de ambulancias), “poste de luz caído”, “colaboración con policías y bomberos” e “incendio” -todas ellas vinculadas a la atención de urgencias- dan cuenta de cómo la tarea de la fuerza es diversa y abarca más que las figuras típicas del control social policial, tanto en periodos “normales” como en aquellos con restricción a la circulación de movimientos.
No obstante, las intervenciones de colaboración con la sociedad civil, justicia y organismos públicos sí muestran una fuerte baja entre “puntas”. Esto podría deberse a que la articulación activa entre instituciones se dio con más intensidad en el marco de emergencia planteado por la fase inicial de la pandemia. En aquella etapa inicial, las fuerzas de seguridad asumieron un rol protagónico en la ejecución de políticas de control, prevención y asistencia a otras agencias del Estado, sobre todo las sanitarias: operativos de testeo, postas de vacunación; control de distanciamiento en filas por alimentos en los comedores comunitarios o bancos, asistencia a centros de salud, etc. Posteriormente, estas acciones de cooperación entre agencias se fueron discontinuando, lo cual revela que, si bien estas articulaciones son una posible actividad de las fuerzas, la intensidad fluctúa fuertemente con la coyuntura y la iniciativa política (tabla 1).
Tabla 1 Cantidad de intervenciones según motivo de intervención desagregado. CABA, 2020-2021
Fuente: rlaboración propia en base a información policial.
Origen de las incidencias
Una tendencia general que llama la atención al analizar los datos es la preponderancia del 911 como inicio de las intervenciones durante todo el periodo. A diferencia de la primera etapa del despliegue de fuerzas federales en barrios populares de Buenos Aires, el despliegue de Gendarmería se ha vuelto con los años crecientemente centrado no tanto ya en la prevención (Frederic 2020), sino en la atención de llamados al 911 y su respuesta obligatoria. Esto se debe a una serie de factores concurrentes: el creciente uso de teléfonos celulares, los “vaivenes” en cuanto a cantidad de efectivos disponibles para llevar adelante iniciativas de prevención masivas (ante una reducción en la cantidad de efectivos se pasa a un modo de menor intensidad en el que se prioriza la “reacción”) y, sobre todo, un proceso de transformación tecnológica y operativa del servicio 911, que hizo que la “reacción” policial fuera más rápida y eficiente.
Como vemos en el gráfico 3, la preponderancia del 911 y las respuestas reactivas se mantienen como relevantes más allá del contexto de pandemia. Es más: en los primeros tiempos de mayor dureza de las medidas de aislamiento, el peso porcentual de las intervenciones reactivas fue relativamente menor debido a la elevada incidencia de las acciones de articulación de los efectivos con otras agencias estatales y civiles, y por las detenciones realizadas en “flagrancia” relacionadas con el control a la circulación de personas de ese momento.
En cuanto al análisis del tipo de respuesta según el origen de la intervención, como se puede apreciar en el gráfico 4, el recurso al 911 es menor cuando se trata de intervenciones de apoyo o reemplazo a otras agencias estatales (que funcionan en muchos casos por una articulación política directa), atención de urgencias (gran cantidad de estos hechos se inician cuando alguien acude a los puestos de seguridad fijos), y en las figuras de “control poblacional” y hechos relacionados con la ley de drogas (en los cuales la flagrancia cobra mayor protagonismo). Respecto a estos últimos hechos, es notable cómo, aun sin ser tan mayoritario como en las demás figuras, el 911 juega un papel relevante. Esto es así posiblemente porque, como se ha marcado en trabajos previos (Zajac 2020), muchas veces los mismos vecinos utilizan el servicio 911 para denunciar situaciones “sospechosas” que luego la fuerza utiliza para justificar sus intervenciones -ejemplo de aquello que Garriga Zucal (2016) ha problematizado como la continuidad existente entre el “olfato policial” y el “olfato social”-. Es probable que durante los meses de restricciones más duras hayan sido también los vecinos quienes denunciaran la circulación supuestamente indebida de personas, lo que ha sido caracterizado como “vigilantismo sanitario” (Gamallo y González 2022).
Gráfico 4 Intervenciones de la GNA según motivo de intervención y origen del desplazamiento. CABA, 2020-2021
Por otra parte, verificamos que una gran mayoría de las intervenciones reactivas son luego reportadas por GNA como “falsas alarmas” (67 % de las intervenciones). Esto se debe a distintos factores. Por un lado, la versión que aducen algunos gendarmes es que vecinos supuestamente involucrados en delitos utilizarían los llamados anónimos al 911 para “desviar” a los efectivos desde un lugar determinado a otro punto del barrio, y así poder ingresar o hacer salir drogas, armamento, vehículos u otros bienes. Es frecuente, por otra parte, que muchos vecinos/as utilicen el llamado a la Gendarmería como recurso para “asustar” a un ofensor, o simplemente para interrumpir mediante la presencia policial una situación de violencia o conflicto y evitar que devenga en hechos potencialmente letales (Zajac 2021). Por otra parte, los informes de “falsa alarma” de la fuerza probablemente reflejen la otra cara de lo que numerosos testimonios de vecinos y trabajos previos muestran con asiduidad: la ausencia, inoperancia y falta de cooperación de las policías cuando se las requiere ante un ilícito, emergencia u otra solicitud, algo que estudios cualitativos en otros contextos reflejan de manera extendida (Garriga Zucal 2023; Rabuffetti y Sozzo 2023; Auyero y Sobering 2021).
Destino de las incidencias
Por último, si bien el rol de los gendarmes en la conflictividad barrial es muy relevante, la posterior articulación con otras dependencias del Estado es a menudo insuficiente o escasa, tal como se ha marcado en anteriores trabajos (Zajac 2021; Zajac 2022). En primer lugar, se puede plantear la hipótesis de que es relativamente baja la producción de Gendarmería en tanto primer eslabón de captura para su posterior incriminación penal. El gráfico 5 muestra que solo algunas figuras asociadas aparecen con un nivel de incriminación posterior relativamente significativo (“control poblacional”, “Ley de Drogas”). Incluso en estos casos el porcentaje no deja de ser minoritario, lo cual revela que los efectos de las intervenciones de Gendarmería son más asimilables a una modalidad de gestión predominantemente policial de las poblaciones vulnerables (Pita, Corbelle y Brescia 2019; Zajac 2020), que a una articulada con el resto de los aparatos jurídicos-punitivos. En este sentido, cierta ambivalencia de las poblaciones respecto a la intervención de las fuerzas de seguridad -cuestión que es señalada en los estudios etnográficos previos (Zajac 2021; Garriga y Zajac 2023)- puede ser pensada en esta clave: una legitimidad significativa para convocar a la intervención policial ante los conflictos, pero una baja legitimidad de la justicia penal.
También es baja la frecuencia de articulación con agencias que podrían ofrecer soluciones de más largo aliento para los conflictos y demandas. Solo las categorías “apoyo o reemplazo a otras agencias estatales” y “atención de urgencias” aparecen como preponderantes. En el resto de los casos, prácticamente no hay posteriores articulaciones que pudieran facilitar el acceso de la población a la justicia o a servicios especializados del Estado. Esto demuestra, una vez más, el carácter contingente, policial y falto de integralidad de las intervenciones. En este sentido, cabe destacar que el rol de los operadores territoriales del Ministerio de Seguridad en los operativos resultó cambiante y dependiente de los contextos políticos. En algunas coyunturas, sus tareas de diálogo, articulación y derivación fueron relativamente eficaces. No obstante, en muchos otros contextos su despliegue ha sido más bien limitado, con pocos recursos humanos y materiales, escasa autonomía y poder resolutivo (Zajac 2021).
Conclusiones
En este artículo nos propusimos describir y analizar el accionar de las UPB de GNA en dos barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires desde mayo de 2020 a junio de 2021, meses durante los cuales rigieron diversas medidas de restricción a la circulación de personas para prevenir los contagios de COVID-19. A nivel general, los resultados de nuestra investigación refuerzan varios hallazgos que los abordajes previos han mostrado acerca del policiamiento de barrios populares durante la pandemia. Refrendar esas experiencias (sobre todo cualitativas) con datos cuantitativos sistemáticos permite ponderar dichas tendencias y generalizar algunas de sus conclusiones. Esto invita a revisar ciertas antinomias que, creemos, atraviesan al campo de investigación sobre estudios policiales en territorios socialmente vulnerables: 1) excepcionalidad absoluta vs. continuidad sin cambios en el rol policial en el marco de la pandemia; 2) policía como instrumento de control poblacional represivo vs. idea de “policía del cuidado” (para caracterizar la actuación de fuerzas de seguridad en ese mismo periodo), y 3) dicotomía “presencia”/”ausencia” u “hostigamiento/ausencia” (Caravaca, Garriga Zucal y Mancini 2023), como categorías para referirse de forma excluyente al rol del Estado y, específicamente, al rol de las policías en barrios vulnerables en general.
Respecto a estas antinomias, consideramos que los hallazgos de nuestro trabajo permiten trazar algunas consideraciones. En primer lugar, la práctica policial durante la pandemia presenta más continuidades que cambios en relación con el tiempo pre y pospandémico (Garriga Zucal et al. 2023; Lorenc Valcarce 2022; Rabuffetti y Sozzo 2023). Sin embargo, ciertas tendencias previas se han visto potenciadas/reforzadas. Se pusieron en primer plano, en un periodo excepcional, cuestiones que antes aparecían menos evidentes respecto a la actividad policial en estos contextos socialmente vulnerables. Por otro lado, aumentaron la carga y la variedad de tareas policiales: su presencia en operativos de control sanitario-poblacional, el apoyo a agencias del Estado y las intervenciones sobre el aumento de la conflictividad vecinal se sumaron a los despliegues “preventivos” de rutina y, sobre todo, una creciente respuesta a las llamadas al 911. Como afirman Del Castillo y Garriga Zucal (2023, 75), tanto la continuidad de las viejas prácticas como la incorporación de las “nuevas” caracterizadas como de “cuidados” significó para la fuerza una carga de trabajo mayor, que en ocasiones amenazó con desbordar las capacidades operativas de las fuerzas.
En segundo lugar, el “empoderamiento” de las fuerzas de seguridad durante la emergencia sanitaria provocó, al menos según nuestros hallazgos, un aumento en las intervenciones punitivas asociadas al control poblacional, en muchos casos con la justificación de hacer cumplir el confinamiento. Sin embargo, también se visibilizó, como ya hemos mencionado, un conjunto de tareas de articulación con áreas de salud y asistencia social que ya se venían realizando, pero cobraron mayor protagonismo en estos meses. La imagen de efectivos de Gendarmería controlando la distancia de personas en la fila de un comedor para buscar una ración de comida en un barrio popular, que para algunos analistas representó prácticas de “cuidado”, mostró de manera elocuente la otra faceta de las intervenciones policiales en estos barrios, dimensión que Frederic (2020) había nombrado como “politización” del trabajo de Gendarmería.
Por último, en relación con la tercera “antinomia”, nuestros hallazgos nos permiten complementar una percepción común entre los vecinos acerca de las policías reflejadas en estudios etnográficos recientes: la idea de que las policías intercalan prácticas de hostigamiento y violencia, con otras de ausencia y abandono. Una mirada más completa de las intervenciones policiales podría ser más una tríada que una dicotomía: ausencia/hostigamiento/regulación. Creemos que es preciso reconocer que la actividad policial abarca la violencia y la arbitrariedad en tanto modos de gobernar el espacio público, y también una dimensión productiva, regulatoria y/o “pacificadora” del gobierno policial en estos territorios populares. Nos referimos específicamente a lo referente al abordaje de los conflictos interpersonales, pero también ante diversas situaciones como crisis de salud mental, urgencias médicas, orientación a la ciudadanía ante trámites burocráticos o protección a mujeres víctimas de violencia de género, entre otras cuestiones. Como hemos repasado, las policías actúan muchas veces como “primera ventanilla” o, en algunos casos, como único reemplazo disponible de otras agencias especializadas en territorios atravesados por múltiples vulneraciones y diversas conflictividades sociales.
Con esto no pretendemos afirmar que las intervenciones de carácter “productivo” de las fuerzas de seguridad sean siempre positivas o eficaces. La intervención en conflictos y violencias que “tensionan” el trabajo policial más allá de su esfera tradicional proviene sobre todo de demandas espontáneas y contingentes en barrios heterogéneos y profundamente fragmentados. Nuevas responsabilidades plantean la pregunta de si las intervenciones “regulatorias” de las policías en estos barrios no refuerzan la fragmentación y los procesos de dominación locales o, por el contrario, los atenúan.
Otra de las instancias que desafían el rol policial “clásico” es la articulación con otras agencias del Estado, mediada generalmente por actores políticos locales o nacionales. Esta “multiagencialidad” presenta un carácter débil, coyuntural e intermitente, con momentos de auge (como ocurrió durante los primeros meses de pandemia), seguidos por otros de fuertes retrocesos. Muchas veces enunciadas como objetivo explícito de las políticas de seguridad, este tipo de articulaciones no se han logrado consolidar de manera sólida. En consecuencia, a pesar de que la presencia estatal en los territorios populares es relevante, esta se termina volviendo en ciertas coyunturas excesivamente “policializada”, lo que repercute de manera negativa en la integralidad, profundidad e inteligencia con la que el Estado responde a las demandas sociales de estas poblaciones.
Por todo esto, afirmamos que el carácter de la presencia de las UPB de Gendarmería en los barrios en los que se despliega es ambivalente, como lo es la presencia del Estado mismo (Auyero y Sobering 2021). Puede implicar prácticas de represión, de vulneración de derechos, así como de colaboración y de protección a diversos tipos de víctimas. Puede reproducir estigmas y esquemas de dominación locales y a la vez contribuir a fortalecer instituciones vitales para estos territorios.
Esperamos que los resultados de este artículo contribuyan a fortalecer el campo de estudios sobre fuerzas de seguridad, tanto en el contexto de pandemia como más allá. Nuestros hallazgos, lejos de pretender trazar conclusiones definitivas, se proponen como una invitación a continuar ampliando la reflexión y el debate. Emprender más y mejores investigaciones sobre la actuación de las fuerzas de seguridad en Argentina sin dudas contribuirá a diseñar políticas de seguridad desde una perspectiva de derechos, más allá de dicotomías abstractas que muchas veces obturan la resolución de los problemas públicos y la atención a las demandas concretas de la sociedad.
