Marco teórico

En relación con el apartado conceptual, resulta necesario referirse, en primer lugar, a la noción de “escenificación” de las medidas de seguridad pública. Esta categoría se entiende como la representación y puesta en escena de la gestión oficial de la seguridad, orientada a negar la existencia de un problema mientras se sobreactúa un activismo gubernamental exacerbado en la denominada “lucha contra el crimen” (^{Sain 2022}). Como señala ^{Binder (2009}, 25) existe una preocupación compartida por todos los dirigentes políticos o sociales por “dar cuenta de su preocupación” sobre esta problemática. Para ello, basta con mostrarse activo ante la población, adoptando un gesto reverencial de interés acompañado de una verborragia estridente, cargada de palabras pero vacía de contenido, con expresiones de beligerancia destinadas a proyectar la idea de que se librará un “combate” sin cuartel contra el delito (Sain 2021).

Del mismo modo, es necesario mencionar el desgobierno político y la delegación del gobierno de la seguridad en la Policía, lo cual adopta la forma de un doble pacto. A través del primero, el pacto político-policial, la dirigencia política le delega a la Policía, o a sectores de ella, la gestión de la seguridad, procurando que controle la criminalidad y asegure una “gobernabilidad tranquila”, sin escándalos mediáticos. A partir del segundo, el pacto policial-criminal, las fuerzas de seguridad brindan protección a ciertos grupos criminales, y les permiten continuar con sus actividades delictivas a cambio de apropiarse de parte de sus ganancias y de establecer equilibrios y límites en el uso de la violencia (^{Binder 2010}; ^{Sain 2023}).

Asimismo, resulta pertinente la conceptualización de ^{Snyder y Durán-Martínez (2009}) sobre las “redes de protección patrocinadas por el Estado” (state-sponsored protection rackets). Estas son instituciones informales mediante las cuales los funcionarios públicos optan por no hacer cumplir la ley o la aplican selectivamente contra los rivales de una organización criminal a cambio de recibir una parte de la rentabilidad generada por dicha organización, obtener información sobre sus rivales o lograr la abstención del uso de la violencia.

Con respecto a los procesos de reforma policial, es pertinente mencionar diversas propuestas teóricas. Entre ellas se destaca la de ^{Dammert (2005}), quien clasifica esas reformas en distintos tipos, como la conformación de nuevas instituciones policiales, la implementación de reformas parciales, la creación de policías comunitarias y la ejecución de iniciativas innovadoras en seguridad pública. Las segundas se caracterizan por introducir esfuerzos limitados en materia doctrinal y en la gestión de las policías. Además, su surgimiento tiene que ver con una mayor demanda de seguridad por parte de la ciudadanía y con la percepción de la policía como una institución comprometida con el delito. Dichos procesos se orientan a su reorganización, la purga de oficiales corruptos, el fortalecimiento de los mecanismos de formación de agentes policiales y la mayor participación ciudadana en materia de seguridad pública.

Por otra parte, ^{Sain (2015}) señala el carácter continuista y conservador de las reformas policiales llevadas a cabo en Argentina. En primer lugar, destaca una visión normativista de estos procesos, que se limitan a sancionar o formular leyes en materia de seguridad pública. En segundo lugar, menciona el enfoque organizativo de estas al centrarse en la formación de los agentes y en la descentralización de la institución policial. Por último, afirma que estos procesos reivindican una visión comunitarista, relacionada con la participación ciudadana en materia de gestión local de la seguridad y en el control del desempeño policial.

Finalmente, ^{Estévez y Favorito (2020}) analizan el proceso de reforma policial a partir de un enfoque centrado en el nuevo institucionalismo. En este sentido, mencionan que el mecanismo de estos cambios es el crecimiento diferencial, en el cual se destaca la introducción de modificaciones que, con el transcurso de los años, desplazan o suplantan prácticas ya establecidas en el tiempo. Al respecto, utilizan la noción de “bricolaje institucional” a los fines de señalar la convergencia de viejos elementos con otros nuevos, dando lugar a híbridos institucionales. Dicha configuración depende de distintos factores como la voluntad política, los intereses puestos en juego y la cultura policial.

Justificación y estructura del artículo

Consideramos que este estudio de caso resulta de relevancia en el contexto latinoamericano, pues permite abordar las reacciones de los Estados para contener el aumento y la visibilidad de la violencia, que se desata como consecuencia directa de la fragmentación de los mercados ilegales de drogas y la ruptura de la regulación estatal sobre estos. Constituye una ventana cognitiva para abordar los déficits de gestión que caracterizan a muchos gobiernos de nuestra región frente al avance del narcotráfico y la conformación de mercados ilegales regenteados por grupos criminales complejos, cuestión analizada por diferentes autores y autoras que se centran, fundamentalmente, en el contexto colombiano, mexicano y brasileño (^{Serrano 2007}; ^{Lessing 2008}; ^{Flores Pérez 2009}; ^{Snyder y Durán-Martínez 2009}; ^{Duncan, 2014}; Durán-Martínez 2018; ^{Trejo y Ley 2021}; Daudelin y Ratton 2022).

En cuanto a la estructura de este artículo, tras el apartado dedicado a la metodología, se presenta la sección de resultados y discusión. En primer lugar, se caracteriza brevemente a la alianza política que ejercía el poder en la provincia de Santa Fe durante la crisis de violencia ocurrida en Rosario entre 2013 y 2015. Asimismo, se analizan las estadísticas de homicidios de la ciudad en ese periodo y se describen las dinámicas del escenario criminal local que explican su incremento. Del mismo modo, se aborda la estrategia adaptativa implementada por las autoridades frente a esta problemática. Finalmente, el artículo termina con una sección de conclusiones y las referencias bibliográficas.

La nueva alianza de gobierno en Santa Fe y la problemática criminal de Rosario

El FPCyS se instituyó en 2006 y su debut electoral fue en 2007, cuando Hermes Binner accedió a la gobernación de la provincia de Santa Fe, luego de 25 años de administraciones del Partido Justicialista (El Litoral 2020).²

En materia de seguridad pública, el FPCyS planteó una serie de medidas, en su mayoría de carácter simbólico, enmarcadas en el paradigma de la seguridad ciudadana (^{González 2014}). Sostenía que la problemática no debía abordarse desde una lógica punitiva, sino que requería un diagnóstico integral que considerara las causas del aumento de los fenómenos delictivos, como el desempleo, la marginación, la desigualdad social, la falta de oportunidades, los cambios sociales y el deterioro tanto de la administración de justicia como de las propias fuerzas de seguridad (Frente Progresista Cívico y Social 2007).

Del mismo modo, esta administración suscribió el Acuerdo de Seguridad Democrática, un conjunto de medidas orientadas a garantizar una gestión de la seguridad pública basada en el respeto a los valores democráticos, y en el rechazo de políticas represivas y demagógicas diseñadas para generar expectativas en amplios sectores de la sociedad (CELS 2010). En este contexto, se sentaron las bases político-institucionales para el gobierno de la seguridad pública del FPCyS y, como parte de estas acciones, el 11 de diciembre de 2007 se dispuso, mediante el Decreto 0024/2007, crear el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Su estructura orgánico-funcional se organizaba en tres grandes áreas: Seguridad Pública, Seguridad Comunitaria y Asuntos Penitenciarios.

En diciembre de 2011, Antonio Bonfatti asumió el cargo de gobernador de la provincia, en representación del mismo espacio político. En los inicios de su gestión se observa una continuidad de los planteos y las medidas iniciadas por su antecesor, y se establecieron como ejes de intervención modernizar, jerarquizar y equipar la institución policial; adquirir recursos para desarrollar sus funciones, e introducir modificaciones en términos de organización administrativa y operativa (Frente Progresista Cívico y Social 2011).

En junio de 2012, a raíz de la renuncia de Leandro Corti como ministro de Seguridad, el gobernador designó a Raúl Lamberto -exdiputado provincial del PS- en el cargo (La Capital 2012a). Al inicio de su gestión se produjo un hecho que puso en cuestión el accionar de la Policía de Santa Fe. En octubre, el entonces jefe, comisario general Hugo Tognoli, fue detenido y procesado por brindar protección a narcotraficantes en la ciudad de Santa Fe y en localidades del sur de la provincia (La Capital 2012b).

Ante esta situación, el FPCyS impulsó el Plan de Seguridad Democrática, el cual promovía una serie de reformas en la institución policial (Gobierno de la Provincia de Santa Fe 2012). Se puso en marcha por medio de la sanción de la Ley N.^o 13.297, que estableció la “emergencia en seguridad pública” y habilitó al Poder Ejecutivo provincial para reajustar los recursos y disponer todo lo conducente para reestructurarlos.

El anuncio de estas medidas, que hacia finales de 2012 parecía más una declaración de intenciones que una acción concreta, enfrentó el aumento repentino de la violencia altamente lesiva ocurrido al año siguiente. En este contexto, al inicio de la gestión de Bonfatti, en 2011, la tasa de homicidios era de 14 cada 100 000 habitantes. Sin embargo, en 2013 alcanzó su máximo histórico hasta ese momento, con 23 homicidios cada 100 000 habitantes, manteniéndose prácticamente sin variaciones hasta 2015, al término de su mandato como gobernador (Ministerio Público de la Acusación, Municipalidad de Rosario y Gobierno de la Provincia de Santa Fe 2016).

El 2013 constituye un año bisagra para la ciudad en materia de criminalidad, pues visibilizó un entramado delictivo, asociado al narcotráfico, que se encontraba en las sombras. El homicidio de Claudio “Pájaro” Cantero, líder de Los Monos,³ provocó que este grupo criminal cobrara estado público a raíz de la ola de violencia vindicativa que desataron sus sucesores, con el fin de mostrar su vigencia ante el intento de otros actores de sacar rédito de este acontecimiento.

Al respecto, quedó en evidencia la profunda fragmentación del mercado ilegal de drogas de la ciudad, marcada por la presencia de numerosos grupos criminales -algunos más complejos que otros-, organizados en torno a núcleos familiares, que competían por el control del negocio y resolvían sus disputas mediante armas de fuego (^{Iazzetta 2024}). Estos se caracterizaban, además, por su rusticidad, desorganización, falta de profesionalismo y altos niveles de improvisación, lo que se traducía en una violencia sumamente visible, fuertemente territorializada y altamente lesiva (Iazzetta 2020).

El aumento repentino de los homicidios, la visibilización de esta trama criminal y el escándalo público que esto generó tomaron por sorpresa a un gobierno provincial que no contaba con un diagnóstico adecuado para abordar el fenómeno. Esta situación terminó derivando en la adopción de una estrategia adaptativa a los fines de “surfear” la problemática, que consistió en escenificar las acciones de gobierno, promover una reforma policial a partir de remiendos institucionales y delegar el gobierno de la seguridad en la Policía de la Provincia.

Escenificación de las acciones de gobierno

A la hora de abordar esta situación, en un primer momento, la gestión de Bonfatti adoptó un discurso público de desresponsabilización, construido en torno al argumento de que el narcotráfico era un delito federal y que, por tanto, debería ser competencia del Poder Ejecutivo nacional y de la Justicia federal. No obstante, a partir de la continua presencia de dicha cuestión en la agenda pública, se abandonó esta estrategia, incorporando un relato orientado a mostrarse “duros contra el delito” y que “algo se está haciendo” (^{Gañan 2024}), escenificando las medidas que se tomaban para “dar cuenta de su preocupación” (^{Binder 2009}) y “combatir al delito”.

Al respecto, esto se refleja en el propio discurso del gobernador, quien, utilizando un lenguaje característico del paradigma de la guerra contra las drogas, solía señalar ante la prensa y en diversas alocuciones institucionales que era un “enemigo declarado contra el narcotráfico” (^{Tizziani 2013}). Del mismo modo, afirmaba que “para proteger a nuestros hijos [se debe] dar un combate muy duro” (Eco de Sunchales 2014) contra este problema. También destacaba que “no cejaremos un minuto en nuestro esfuerzo por desmantelar las bandas delictivas que operan en esta ciudad y en toda la provincia” (La Capital 2013a) y aseguraba que toda su energía estaba dirigida a “enfrentar y anular la presencia del narcotráfico en territorio santafesino” (^{Nieva 2014}).

Estas intervenciones no solo buscaban comunicar decisiones gubernamentales, sino también escenificar lo que ^{Sain (2021}, 2022) califica como un activismo político orientado a diseñar una imagen de compromiso en la “lucha contra el crimen”. De este modo, se reforzaba una acción política desmedida que ponía el énfasis en la visibilidad pública y dejaba de lado soluciones estructurales al problema del narcotráfico.

Por otro lado, identificamos una modalidad diferente de escenificación, que consiste en la intervención de funcionarios del gobierno en procedimientos policiales o en efectuar conferencias de prensa en los lugares donde ocurrieron los hechos, rodeados de uniformados. Esta práctica, que no representa una novedad y suele ser utilizada por muchos gobiernos para capitalizar políticamente las acciones policiales, tuvo su máxima expresión el 1 de junio de 2013. En esa ocasión, tras una serie de allanamientos contra Los Monos, se exhibieron los elementos secuestrados: televisores, equipos de audio, celulares y notebooks. A pesar de que lo mostrado parecía más propio de una banda de “piratas del asfalto” que de narcotraficantes, el gobernador optó por exhibir “la cosecha” para mostrar resultados y, sobre todo, para asegurarse la tapa de los diarios del domingo (^{De los Santos y Lascano 2017}, 51; La Capital 2013a).

No obstante, la política estrella en esta materia fue el derribo de “búnkeres” de comercialización de drogas,⁴ los cuales eran sumamente visibles para la ciudadanía e invitaban a especular que existía una connivencia entre la Policía de la provincia y los grupos criminales. El Ministerio de Seguridad decidió derribarlos, a través de actuaciones televisadas, muchas veces en vivo (^{Gañan 2024}). Esta política encontró una fuerte oposición en la Justicia federal, ya que algunos operadores consideraban que se llevaba a cabo sin realizar una investigación previa sobre el supuesto lugar de comercialización o que incluso, en algunas ocasiones, se había llegado al extremo de destruir sitios sobre los que existían órdenes de allanamiento previas (^{Maggi 2013a}).

A pesar de las críticas recibidas, esta práctica se profundizó con la llegada de las fuerzas de seguridad federales en abril de 2014, en lo que se convirtió en una virtual intervención de la provincia (La Política Online 2014). Con el arribo a la ciudad del secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, la provincia recibió un espaldarazo para profundizar esta “política de la topadora” (^{Bastús 2014}).

Reforma del sistema policial a partir de remiendos institucionales

El gobierno del FPCyS implementó una reforma en el sistema policial que, en línea con lo señalado por ^{Dammert (2005}) sobre procesos similares en América Latina, surgió como respuesta al incremento de los homicidios, y a la implicación de sectores policiales en casos de corrupción y actividades criminales complejas (La Capital 2012b; Rosario 12 2014). Esta tuvo un carácter continuista y parcial, pues no contempló la funcionalidad del sistema policial en el abordaje preventivo e investigativo de los diversos fenómenos criminales registrados en la provincia, ni implicó revisar la matriz institucional establecida por la Ley N.^o 7395 de 1975. Por el contrario, fue remendado de manera fragmentada mediante la creación de diversos servicios policiales colaterales, implementados a través de decretos del Poder Ejecutivo.

Al respecto, durante los años 2013-2014 se constituyeron tres agencias policiales. En primer lugar, por medio del Decreto N.^o 2.710/13 se estableció la Dirección Provincial de Proximidad Policial en la órbita del Ministerio de Seguridad y, meses después, a través de la Resolución J.P.P. N.^o 10/13, el jefe de Policía instituyó la Dirección General de Policía Comunitaria, bajo dependencia operativa y administrativa de dicha cartera. En 2014, el Ministerio de Seguridad homologó la resolución y convalidó la creación de esta dirección general (Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe 2020). Finalmente, ese mismo año, se implementó la Policía Comunitaria⁵ en Rosario, mediante una prueba piloto en el barrio Las Flores, con el apoyo del gobierno municipal y del nacional. Este último le prestó su asistencia a través del despliegue de personal de gendarmería especializado y de capacitaciones para los nuevos agentes (^{Socolsky 2013}).

La segunda de las policías establecidas en el marco del Plan de Seguridad Democrática estaba dedicada a la investigación criminal. A través del Decreto 0008/2014 se creó la Dirección General de Policía de Investigaciones de la Provincia de Santa Fe (de ahora en adelante PDI). Su misión era investigar los delitos de conformidad con las instrucciones que al efecto impartía el Ministerio Público de la Acusación. Asimismo, se determinó que dependiera operativa y funcionalmente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe.

Por último, se creó la Dirección General de Policía de Acción Táctica (de ahora en adelante PAT), por medio del Decreto N.^o 2892/2014, bajo la órbita y dependencia funcional y operativa del Ministerio de Seguridad. Esta tuvo como misión “neutralizar situaciones críticas que exijan actuación inmediata, atendiendo aquellas circunstancias particulares que pongan en riesgo a la población o alteren la seguridad ciudadana, preservando la vida, la integridad física y los bienes de las personas” (Decreto 2892/2014). La PAT implicó un servicio policial “preparado” para intervenir en zonas de alta conflictividad con un despliegue similar al de Gendarmería Nacional (^{Maggi 2014}).

El proceso de reforma del sistema policial se caracterizó por conformar un “bricolaje institucional” (^{Estévez y Favorito 2020}), que contiene viejos elementos con otros nuevos, dando lugar a híbridos institucionales. Al respecto, se articularon transformaciones propias del paradigma de la seguridad democrática (^{Binder 2012}), al establecerse una serie de instrumentos institucionales que favorecen la conducción política y civil de la policía, con una mirada tradicional y propia del populismo penal. Esto se debe a que las modificaciones introducidas por la administración del FPCyS, a través de decretos, no alteraron las normativas base que definían la doctrina, la organización y el funcionamiento de la Policía santafesina.

Estos remiendos o parches al sistema policial derivaron en una estructura policial fragmentada de forma horizontal y vertical, con escasos recursos humanos, operacionales e infraestructurales, inadecuada para abordar las problemáticas delictivas existentes en el ámbito provincial (Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe 2020). Más allá de lo novedosas que resultaron algunas de sus iniciativas, se continuó reproduciendo un modelo de gestión de la seguridad pública proclive al desgobierno político y a la autonomización de la institución policial.

En este sentido, retomando el análisis de ^{Sain (2015}, 188) sobre los procesos de reforma policial llevados a cabo en la Argentina, el caso santafesino representa una reforma parcial que se limitó a sancionar nuevas normativas -a través de decretos del Poder Ejecutivo- que no abordan de manera crítica “sus prácticas funcionales, sus basamentos doctrinales y sus estructuras profesionales”. Además, si bien los cambios llevados a cabo significaron una cierta descentralización organizacional, se restringieron a crear nuevas agencias, cuyos principios doctrinales e institucionales corresponden a servicios policiales ya establecidos en décadas anteriores.

La improvisación fue otra de las características centrales de esta reforma del sistema policial. En primer lugar, la decisión de implementar a la Policía Comunitaria en Las Flores no obedeció a criterios objetivos, sino que se justificó a partir de que la gestión del FPCyS quería demostrar que el Estado provincial no estaba ausente, y que se involucraba activamente en la problemática de la inseguridad en un territorio que se encontraba bajo el dominio de Los Monos. De este modo, se desestimó toda la evidencia que demuestra que la actividad policial de perfil comunitario no se encuentra preparada para abordar casos de delitos complejos, y que el éxito de este tipo de programa depende de si las comunidades se encuentran “empoderadas” y organizadas. Desde el primer momento, esta experiencia fue condenada al fracaso (^{Iazzetta 2019}).

La misma particularidad se encuentra en el proceso de implementación de la PDI, dado que el Poder Ejecutivo provincial no tenía una concepción clara acerca del modelo de policía que procuraba establecer. Como señaló el ministro Lamberto, la discusión sobre la PDI se dio en el marco de dos posiciones: “Hay quienes quieren una policía más chica para delitos complejos, mientras otros sostienen que debe ser un cuerpo especializado en delitos de la vida cotidiana, el hurto, el robo, y estos cambia la cantidad y calidad del cuerpo” (^{Maggi, 2013b}). Incluso, si bien la PDI contó con una estructura orgánica funcional, su creación no alteró significativamente las bases normativas e institucionales mediante las cuales se desarrollaban los servicios policiales abocados a la investigación criminal en la provincia de Santa Fe. Esto se debe a que se estableció sin alterar ni siquiera parcialmente el Decreto N.^o 1372/95, denominado Reglamento Orgánico de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones (ex Drogas Peligrosas). Por lo tanto, se trató de crear una nueva dependencia a los fines de las directrices del flamante Ministerio Público de la Acusación (MPA), pero que no modificó el andamiaje institucional existente de la ex Dirección General de Drogas Peligrosas.

Del mismo modo, el gobierno del FPCyS debió implementar a la PAT de forma apresurada, a raíz del repliegue de los efectivos de las fuerzas de seguridad federales, y en particular de la Gendarmería Nacional, enviados en abril del 2014 (Rosario 12 2015). En este sentido, se procuró evitar que se percibiera esta ausencia, reemplazándolos con un servicio policial provincial que debía cumplir con un rol similar (^{Ricciardino 2015}). No obstante, esta veloz puesta en funcionamiento tuvo consecuencias fatales, pues su debut estuvo marcado por el asesinato de Jonathan Herrera, un joven que se encontraba lavando su automóvil en la zona sur de Rosario y que fue ultimado por agentes de esta dependencia (^{Panzerini 2015}). Tanto la fiscalía como la defensa de los policías involucrados y los testigos del hecho afirmaron que la falta de capacitación del personal actuante de la flamante dependencia policial fue la causante de su muerte (La Capital 2017).

En suma, para tomar dimensión de los niveles de improvisación y de falta de planificación que caracterizaron a este proceso de reforma, la decisión de implementar la Policía Comunitaria se derivaría de un viaje a Israel que realizó el Ministro de Seguridad (LT10 2012), y la creación de la PAT provendría de una visita a Río de Janeiro para observar el funcionamiento de las Unidades de Policía Pacificadora (^{Maggi 2013b}). Como señaló un exfuncionario entrevistado, “tal vez si el Ministro hubiera conocido otras experiencias en sus viajes, otros hubieran sido los modelos policiales implementados en la provincia”.⁶

Delegación de la gestión de la seguridad pública

Ante el aumento de la violencia altamente lesiva en Rosario, la gestión de Bonfatti no solo apeló a la escenificación y la sobreactuación de las acciones gubernamentales, y a la implementación de una reforma híbrida del sistema policial, sino que también delegó la gestión de la problemática de seguridad en la Policía de Santa Fe y, en especial, en la División Judiciales de la Unidad Regional II. Al respecto, el gobierno del FPCyS buscaba que la justicia provincial centrara su atención en Los Monos y en sus actividades criminales, al considerarlos los principales responsables de los hechos violentos que sucedían en la ciudad, sobre todo tras el asesinato de su líder. Al mismo tiempo, se intentaba “estabilizar” el territorio y el negocio narco, favoreciendo el posicionamiento de otros grupos criminales con una impronta “gerencial” en los territorios anteriormente controlados por dicha banda (^{Sain 2023}).

La investigación contra este grupo criminal tuvo su origen en abril de 2013, en el marco del asesinato de Martín Paz, hijo de un reconocido narcotraficante y proveedor de estos. Se inició cuando el comisario inspector Cristián “Carancho” Romero, titular de la División Judiciales de la Unidad Regional II de Rosario, entregó al titular del Juzgado en lo Penal de Instrucción N.^o 4, Juan Carlos Vienna, un escrito donde los hacía responsables del homicidio de Paz, a pesar de que no aportaron ningún tipo de dato o información que lo corroborara (^{Sain 2023}).

Desde ese entonces, la División Judiciales se consolidó como el principal instrumento del gobierno provincial y del Poder Judicial en su abordaje del narcotráfico, contando, además, con un amplio respaldo institucional, más aún tras el encarcelamiento de los principales miembros de Los Monos.

El nivel de apoyo del que gozaba esta agencia quedó evidenciado a raíz del conflicto que se desarrolló, a mediados del 2013, con el fiscal subrogante de la Fiscalía Federal N.^o 2 de Rosario, Juan Patricio Murray, quien solicitó a la Unidad Regional II una copia certificada de los legajos de tres policías que prestaban servicios en la mencionada división policial. Su pedido causó fuerte malestar a las autoridades del Ministerio de Seguridad, al considerarlo “extemporáneo” (La Capital 2013b). Del mismo modo, algunos legisladores nacionales del FPCyS acusaron al fiscal de poner “palos en la rueda” a las investigaciones que se estaban realizando contra los grupos criminales de la ciudad (El Litoral 2013). Por su parte, el gobernador Bonfatti también cuestionó esta solicitud y acusó al magistrado de actuar con “una actitud partidaria”, y argumentó que en lugar de colaborar estaba “entorpeciendo, pidiendo nulidad después de haber[se] desbaratado una banda” que había generado “una gran preocupación en la ciudad” (La Capital 2013c). En contraste con el magistrado, defendió tanto al juez como a los policías intervinientes en dicha causa, destacando que el trabajo conjunto entre la Justicia y la División Judiciales, con el aval del poder político, estaba generando resultados positivos.

No obstante, la mencionada agencia policial no solo cumplió con el cometido de desarticular a este grupo criminal, sino que actuó ex profeso para brindar protección a su principal rival: Esteban Lindor Alvarado. Al respecto, resulta interesante observar cómo este último se valió de las instituciones estatales como un instrumento más para eliminar a su competencia. Como señaló el fiscal Matías Edery en una entrevista periodística,

la estructura policial de Alvarado se encargó de tumbar a la estructura contraria que eran Los Monos. […] la policía se encargó de investigar mucho al Clan Cantero y permitir que Alvarado crezca casi en un oscurantismo y cuando uno preguntaba, Alvarado no era nadie (^{Navone 2022}).

Del mismo modo, como señala Enrique Font, esta agencia “operaba en el negocio de las drogas de la mano de un juez provincial, Vienna, y lo que [hizo fue] reorganizar el mercado local de drogas”. Fue una operación que “cambió las reglas y la lógica de las políticas de seguridad”, pero con resultados contraproducentes, ya que “la banda contra la que hacían esa operación política era muy violenta, y de una violencia profundamente identitaria, con lo cual lo que hicieron fue subirles el cartel” (Redacción Rosario 2022).

En suma, la División Judiciales avanzó contra uno de los principales grupos criminales de la ciudad mientras, y, de forma simultánea, establecía acuerdos con su principal competidor. Esto evidencia cómo la gestión provincial delegó el abordaje del crimen complejo a un sector de la policía que se encontraba bajo la nómina de criminales, estableciendo “redes de protección patrocinadas por el Estado” (^{Snyder y Durán-Martínez 2009}). Sin embargo, estos arreglos ilegales, que parecían orientados a regular pacíficamente el narcotráfico en la región, no cumplieron con sus objetivos. El encarcelamiento de los integrantes de Los Monos no derivó en una disminución de la violencia, sino que fragmentó aún más el escenario criminal de la ciudad y generó mayores incentivos para que las disputas comerciales se resolvieran a través de armas de fuego.