Introducción

En los últimos años se han incrementado las investigaciones sobre la problemática de las relaciones que se han instalado entre crimen organizado y poder político en América Latina. En ese marco se plantean diversas categorías para abordarla. Por un lado, se implementaron estudios sobre la temática de la “captura y cooptación del Estado”, que es cuando un grupo criminal organizado acaba controlando el funcionamiento del Estado y se integra con las élites políticas (^{De León-Beltrán 2022}). En otra vertiente, ^{Flores Pérez (2020}) introdujo el concepto de “red de poder hegemónica”, de entrecruces entre lo legal e ilegal, lo lícito e ilícito, que permite producir y reproducir redes de criminalidad organizada, con la aquiescencia estatal. Y, por último, se ha definido la categoría de “gobernanza criminal” (^{Duque Daza 2021}), para dar cuenta de cómo el poder político actúa en cogobierno con grupos criminales. En ese marco, ^{Briceño-León y Ávila (2023}) ha evidenciado cómo esta asociación ilícita amenaza la democracia, la legitimidad de las instituciones y el mismo estado de derecho.

En el caso paraguayo, la relación entre política y narcotráfico tiene un origen muy temprano que se remonta a finales de los años sesenta del siglo pasado, específicamente cuando Lucien Darguelles, un francés colaboracionista del nazismo refugiado en Argentina, se dio cuenta de que en la misma ruta del contrabando entre Estados Unidos y Paraguay, exitosamente instalada por altos mandos militares cercanos al dictador Alfredo Stroessner, se podía transferir, en sentido opuesto, heroína y cocaína hacia el país del norte. El negocio se mostró tan rentable que Darguelles, que se hacía llamar Auguste Ricord para ocultar su pasado, pronto se mudó a Paraguay para administrarlo mejor y reforzar sus vínculos con la dictadura. Cuando en 1970 las autoridades norteamericanas destaparon el tráfico y pidieron su extradición, el nivel de protección que Darguelles ya tenía con la dictadura era tan fuerte que pudo retrasarla por casi tres años, esto a pesar de la estricta alianza vigente en ese entonces entre la dictadura y el Gobierno estadounidense. Sin embargo, eso no puso fin al tráfico de drogas hacia Estados Unidos, que continuó con éxito por muchos años más, manejado de manera exclusiva por esos mismos altos mandos militares stronistas anteriormente cómplices de Darguelles y ahora dueños del negocio. Será solo con la caída de Stroessner en 1989, y la sucesiva decadencia de la incidencia política de las Fuerzas Armadas en el país, que la situación cambiará drásticamente hasta abrir el camino para que los políticos y grupos criminales transnacionales se hicieran cargo del negocio (^{Martens et. al. 2022}; Última Hora 2022).

A partir de estas raíces históricas, el involucramiento de actores políticos de Paraguay con redes de criminalidad organizada, y narcotráfico en particular, fue variando y ampliándose conforme el país dejó de ser solamente el principal productor de marihuana de Sudamérica para convertirse en un centro logístico de distribución mundial de cocaína, tanto a Brasil como a la Argentina, y así también, por hidrovía Paraguay-Paraná, a países europeos (^{Martens 2022} [2018]; ^{Mejías 2020}; ^{Robbins 2021}). En este proceso, la política asumió progresivamente un papel fundamental, tanto que la categoría de narcopolítica empezó a volverse central en el debate público nacional (^{Orgaz 2023}).

En este artículo se analiza cómo en Paraguay, a partir del nuevo siglo, después de que pudo estabilizarse la estructura institucional democrática que siguió al régimen dictatorial, el narcotráfico mantuvo y amplió su incidencia gracias a la instalación de relaciones cada vez más estrechas entre el crimen organizado y la clase política surgida con la democracia (^{Martens et al. 2022}; ^{Santos 2022}). Esto no ocurrió en el marco de un normal intercambio de favores del tipo impunidad a cambio de recursos para campañas electorales; sino más bien mediante un proceso progresivo de interrelación y compenetración para cuya descripción quizás el término narcopolítica puede resultar insuficiente, mientras que pareciera más adecuado el de mafia.

La primera parte del documento desarrolla las diferencias conceptuales entre narcopolítica, narcofinanciación política y mafia; posteriormente, se evidencia cómo este último concepto resulta más preciso para describir las relaciones actualmente vigentes entre crimen organizado y política en Paraguay. Para justificar la hipótesis se describen situaciones concretas que permiten evidenciar esta caracterización y mostrar el actual funcionamiento de las relaciones entre estos dos actores.

Metodología

La producción de información de este artículo combina los enfoques cualitativo y etnográfico, dando prioridad a este último, ya que la presencia continua y prolongada en el campo permitió utilizar todos los sentidos, es decir, observar lo que ocurre, oír lo dicho y mantener conversaciones informales de manera permanente en distintos espacios de interacción entre actores sociales y miembros de criminalidad organizada (^{Hammersley y Atkinson 2022}).

El análisis de la criminalidad organizada, así como sus implicaciones políticas y sociales, es una línea de investigación que venimos desarrollando desde 2015, y que permitió documentar de qué manera se implementa la cooperación institucional y política para el éxito de la empresa criminal (^{Martens y Veloso 2019}), así como la penetración y cogobierno hasta en el sistema penitenciario (Martens 2019).

Para este trabajo en particular, hemos utilizado múltiples fuentes de información, tanto bibliográficas como documentales; sin embargo, hemos dado particular relevancia a los registros de cuadernos de campo, permanentemente actualizados con visitas y entrevistas en las zonas de frontera de Paraguay con Brasil, que es la de mayor producción de marihuana del país y alijo de cocaína para exportación (Seguridad Regional Americana 2021). En estas visitas hemos conversado con agentes de la Policía Nacional, el Ministerio Público, empresarios del crimen, comerciantes y pobladores.

También hemos utilizado publicaciones de prensa, nacionales e internacionales, sobre temas relacionados con las actividades de las organizaciones criminales en Paraguay; así como documentos judiciales disponibles sobre investigaciones y decisiones judiciales referentes a casos relacionados con el crimen organizado. Las descripciones fácticas que constan en las causas judiciales estudiadas sirvieron para confirmar y triangular la información etnográfica.

La presencia continua en el campo, sobre todo en los departamentos de Concepción, Amambay y Canindeyú, fronterizos con Brasil, así como en San Pedro y la frontera con Argentina, permite aplicar un enfoque etnográfico que posibilita una comprensión cabal de lo que los actores realizan, y el relato que construyen sobre esas prácticas (^{Guber 2011}; ^{Restrepo 2018}). Además de investigadores, hemos estado presentes como operadores del sistema de justicia (abogado) y académico (docente universitario e investigador). Esta condición nos ha posibilitado un mejor acceso al campo, por medio de otros colegas del sistema judicial y académicos que cuentan con contactos cercanos con las dinámicas mercantiles de sus regiones. En efecto, esto nos ha permitido aplicar la técnica de bola de nieve (^{Scribano 2008}), para individualizar actores claves a partir de los vínculos de confianza que poseíamos debido a las relaciones académicas y/o laborales señaladas (^{Espinosa 2009}).

La interacción constante en estos variados espacios y escenarios nos ha permitido documentar las dinámicas de estas actividades, y reunir informaciones por medio de la observación participante, las visitas a lugares, los registros de objetos, las conversaciones informales, las entrevistas a profundidad, en las que se emplean los cinco sentidos para describir las situaciones experimentadas (^{Kawulich 2005}).

Como criterio ético y de seguridad, no hemos escondido el rol de investigación, salvo que fuera necesario por protegernos, ya que, tal como advierte ^{Rodgers (2004}), en los estudios cualitativos sobre violencia, mantener en secreto la función, en ocasiones, es una cuestión de sobrevivencia (^{Espinosa, 2009}). Finalmente, la información recolectada mediante la metodología nos ha permitido evidenciar los procesos que mueven la criminalidad organizada³ en el país, y eso ha sido fundamental para lograr los resultados que esta investigación se propone.

Narcopolítica y mafia, un análisis conceptual

El término narcopolítica encuentra su origen en el periodismo, donde se empezó a utilizar a inicio de los años noventa del siglo pasado, principalmente en México y Colombia. Muy rápidamente se hizo famoso también en el ámbito científico, donde ha sido utilizado a menudo para describir la complicidad entre el personal político, especialmente aquel relacionado de forma directa con los gobiernos locales y nacionales, y las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de narcóticos. En México, ^{Reyes Gómez (1994}) se refería a “la narcopolítica; un asunto enclavado hasta la médula del convivir nacional”; mientras que, en Colombia, ^{Nieto López (1995}, 110) afirmaba:

La ilegitimidad e ilegalidad política recae no tanto en la corrupción como fenómeno generalizado de la práctica política colombiana, sino en el agente que la provoca: el narcotráfico. Se trata de una consideración restrictiva de la crisis, cuyo blanco central tiene nombre propio: la narcopolítica.

Sin embargo, a pesar de esta utilización temprana del término narcopolítica en las investigaciones relacionadas con las ciencias sociales, esta no ha sido acompañada por un proceso paralelo de conceptualización. Por mucho tiempo, este término quedó sustancialmente reducido a mero neologismo de política influida por el narcotráfico, y se lo utilizaba únicamente por su facilidad de uso e inmediata comprensión.

De hecho, la temática de las relaciones entre narcotraficantes y políticos ha sido por casi dos décadas relevantes en estudios en el campo de la financiación político-electoral, específicamente en lo que se refiere a los aportes financieros de naturaleza ilegal, a las campañas electorales de partidos políticos y candidatos. En este sentido, la financiación por parte del crimen organizado, sobre todo de aquel que se dedica al narcotráfico y que, debido a esto, maneja recursos relevantes, desde los primeros años del nuevo siglo es uno de los temas importantes con referencia a la problemática de la financiación ilegal a los partidos políticos.

Al respecto, los estudios sobre esta temática han señalado cómo la necesidad de mantener activas, de manera permanente, a importantes estructuras partidarias y la exigencia de hacer frente a campañas electorales cada vez más costosas ha obligado a muchos partidos políticos a recaudar sumas de dinero cada vez más grandes, lo que los enfrenta al riesgo que también el dinero de procedencia ilegal forme parte de su financiación (^{Della Porta y Vanucci 1999}). De esta manera, recibir y utilizar fondos procedentes de actividades criminales se ha vuelto una práctica común en el campo político-electoral latinoamericano, e involucra cada vez a más partidos y hombres políticos. Tanto es así que se define como una constante del siglo XXI la presencia del “narcofinanciamiento, en la vida política de nuestras democracias” (^{Griner y Zovatto 2004}, 9).

Según estudios realizados por ^{Casas y Zovatto (2011}), así como ^{Santano (2018}) y ^{Meléndez (2023}) las relaciones que se instalaron entre narcotraficantes y políticos se sustentaban principalmente en el intercambio de favores entre estos dos actores. Por un lado, los candidatos y/o partidos políticos necesitaban dinero para financiar sus campañas electorales y sus redes clientelares, dinero que los narcotraficantes tenían en abundancia. Por el otro, los narcotraficantes necesitaban protección e impunidad para sus negocios ilícitos, algo que la política podía proporcionar oportunamente, sobre todo cuando los partidos financiados llegaban al poder, tanto local como nacional. Esa necesidad recíproca acabó por naturalizar ese intercambio, como señala bien Francisco Gutiérrez al describir la situación de Colombia, cuyos términos se han repetido de forma similar en muchos otros países latinoamericanos: “El Cartel [de narcotraficantes] era un agente económico que quería invertir dinero para obtener unos resultados políticos. Había, a la vez, parlamentarios y líderes regionales y locales dispuestos a recibir el dinero” (Gutiérrez 2007, 383).

Esta práctica de intercambio de favores, concretamente dinero por impunidad resultaba satisfactoria para ambos actores involucrados, y empezó a difundirse de manera muy rápida a lo largo del subcontinente latinoamericano. De hecho, en estas primeras dos décadas del siglo XXI, se ha incrementado la influencia y la utilización del dinero procedente del crimen organizado y del narcotráfico en la financiación de actividades políticas, y se lo utiliza tanto para el proselitismo como para las campañas electorales (^{Santano 2018}).

Investigaciones periodísticas y académicas (^{Briscoe y Kalkman 2016}; ^{Zovatto 2016}; Sanz-Levia y Jiménez-Sánchez 2020) han señalado el crecimiento progresivo de la utilización de dinero procedente de actividades ilícitas en política, con ejemplos significativos en Colombia, Brasil, México, Guatemala, entre otros. A pesar de la instalación de normativas cada vez más estrictas para el control del financiamiento partidario (como ha ocurrido en México⁴), no se ha podido reducir esta incidencia que, al contrario, ha progresado manifiestamente en el subcontinente latinoamericano. El resultado de esta situación ha sido la penetración cada vez mayor de estas redes de relaciones ilegales de criminalidad-política en la vida administrativa e institucional de los estados, tanto a nivel local como nacional. Este ha determinado un progresivo crecimiento del nivel de vinculación de la estructura criminal con aquella estatal, con el consiguiente riesgo de afectar a la misma institucionalidad democrática de estos países (^{Meléndez 2023}).

Una acción creciente de injerencia de la criminalidad organizada en el sistema político, económico, social e institucional de las naciones donde actúa, que parece demostrar cómo, con el pasar del tiempo, lo que era solamente un ejemplo de financiación de procedencia ilegal para campañas electorales, se ha transformado en la actualidad en algo muy diferente. Algo mucho más similar a lo que ^{Sciarrone (1998}) ha descrito como el proceso de compenetración del crimen organizado en la vida institucional del Estado o, en otros términos, una estructura mafiosa.

En este sentido, actualmente identificar el relacionamiento del crimen organizado con la política solamente en el marco del intercambio de dinero por impunidad se ha vuelto probablemente algo demasiado limitado y simplista para poder asumirlo como la llave interpretativa de la injerencia del narcotráfico en las instituciones democráticas. Más bien el incremento de la presión del crimen organizado sobre las instituciones, como vemos actualmente en Ecuador, Brasil, Paraguay, Argentina, Colombia, México, entre otros, parece asemejarse a otras situaciones que ya se vivieron en otras realidades. El crimen organizado en Italia (Mafia, ‘Ndrangheta, Camorra) y en Japón (Yakuza) durante el siglo XX se ha relacionado con las fuerzas políticas gubernamentales de sus países en términos que han ido mucho más allá de un simple intercambio de favores. La Democracia Cristiana en Italia (^{Della Porta y Vanucci 1999}) y el Partido Liberal Democrático en Japón (^{Narbona Pérez 2017}), fuerzas políticas que han dominado el Gobierno nacional durante toda la segunda mitad del siglo XX, han permitido a las organizaciones criminales de sus respectivos países un proceso de compenetración de la sociedad y de las instituciones donde la política ha dejado de ser solamente cómplice, para volverse parte integrante de esas mismas estructuras mafiosas.

Esta situación, de hecho, nos pone frente a la necesidad de identificar y diferenciar qué es una organización criminal que se dedica al narcotráfico respecto a una estructura mafiosa. Esto no se limita a cuestiones terminológicas, sino más bien conlleva diferencias conceptuales sustanciales, referentes a cómo cada una de estas dos tipologías de organizaciones criminales interpretan la finalidad misma de las acciones delictivas que llevan adelante. En efecto, si una banda criminal organizada no mafiosa encuentra su razón de ser en la voluntad de enriquecerse de manera rápida a través de acciones delictivas esencialmente predatorias (robos, hurtos, secuestros, narcotráfico), en las estructuras criminales mafiosas, como señalan ^{Ciconte, Forgione y Sales (2012}), la búsqueda del enriquecimiento por medio de prácticas ilícitas y violentas no es una finalidad, sino un instrumento a utilizar para compenetrar la sociedad donde actúa y adquirir poder.

La acción criminal, en la organización mafiosa, es utilizada como instrumento para obtener una posición dominante en la sociedad; disputa el monopolio de la violencia al Estado no para luchar contra este, sino para volverse ella misma Estado y sumarse así a su gestión directa. Sustancialmente la mafia no busca abatir el Estado ni establecer un conflicto armado permanente contra este; todo lo contrario, la mafia busca compenetrar el Estado, para hacerse, desde adentro, de la riqueza y del poder que este maneja; la violencia es usada solamente como herramienta para obtener este resultado (^{Ciconte, Forgione y Sales 2012}).

Para poder instalar una estructura mafiosa en el Estado, la organización criminal necesita indefectiblemente la complicidad y el apoyo directo de los mismos representantes y funcionarios de este (^{Caselli y Lo Forte 2020}). Como señala ^{Sciarrone (1998}), la mayor fuerza de la mafia es justamente la posibilidad de obtener cooperación y apoyo por parte de aquellos sectores de la sociedad civil y de las instituciones más permeables a las ventajas económicas y políticas que proporciona colaborar con las organizaciones mafiosas.

La transición desde narcopolítica a estructura mafiosa se da entonces cuando de simple acuerdo comercial de intercambio de favores entre actores (políticos y criminales) se llega a construir un conjunto de relaciones permanentes entre la organización criminal, la sociedad y las instituciones. Como señala una sentencia de 1995 del Tribunal de Palermo, el objetivo de la estructura mafiosa es instalar “relaciones externas con exponentes de todas las categorías profesionales y con mandos intermedios y superiores del circuito político-institucional” (^{Sciarrone 1998}). Estas relaciones permiten a la estructura mafiosa no solamente interactuar, sino integrarse en el espacio público y transformar el poder mafioso en poder político, que persuade u obliga a diferentes sectores sociales a aceptar su presencia y a cooperar con ella (Sciarrone 2002).

Mediante la complicidad y la colaboración de empresarios, funcionarios, políticos que ven en la colaboración con esta una oportunidad de realizar negocios, de adquirir riquezas, de obtener poder, la mafia consigue colonizar el Estado y quebrar la democracia (^{Sciarrone 2002}; ^{Carbone 2021}). Este proceso no sería posible si la estructura mafiosa solo estuviera conformada por “matones” procedentes de barrios marginales. La estructura criminal se vuelve mafiosa cuando, además de violentos, asesinos, criminales, empieza a reclutar exitosamente a profesionales, comerciantes, abogados, notarios, contadores; hombres insertados en el tejido social, en los partidos políticos y en las instituciones (Carbone 2021).

La instalación de una estructura mafiosa asume con el tiempo características cada vez más territoriales, instalando un esquema de poder que, gracias al poderío económico garantizado por los negocios ilícitos, acaba asumiendo de forma progresiva el control de las actividades económicas y sociales lícitas, así como de las instituciones (^{Pezzino 1993}). De esa manera, la existencia de una estructura mafiosa que controla la organización económica, política y social se vuelve normal, y el poder mafioso obtiene la aceptación ciudadana, acumula capital social y, en general, reputación (^{Sciarrone 2002}).

Las estructuras mafiosas no siempre son autóctonas, es decir, surgen naturalmente en un país, algunas veces pueden ser importadas desde otro para estabilizarse y prosperar en ese territorio del cual no son originarias; esto porque la organización criminal mafiosa, cuando ha tomado el control de un territorio, tiende a expandirse a otros y a trasnacionalizarse. Al respecto, ^{Block (1980}) señala cómo el fenómeno mafioso puede aparecer en un país según dos procesos organizacionales que resultan funcionalmente diferentes, pero que en realidad están integrados y superpuestos: el power syndicate, es decir, la organización mafiosa que se instala en la estructura económica, social e institucional de una sociedad, y el enterprise syndicate, la organización mafiosa que se limita a realizar tráficos ilícitos lucrativos en un territorio mediante la complicidad institucional, pero sin voluntad o posibilidad inmediata de integrarse a su estructura social y económica. Son dos esferas de actuaciones con objetivos diferentes, pero de similar sustancia y, por lo general, se presentan como nada más que dos momentos consecuenciales, puesto que el ingreso en un territorio de una estructura mafiosa del tipo enterprise syindicate muchas veces es solo la condición previa para que esta se trasforme rápidamente en una estructura mafiosa de tipo power syndicate.

En una primera fase, la organización criminal que apunta a establecer una estructura mafiosa en el país, si procede del exterior, se posicionará como sujeto protector de las organizaciones criminales locales, con el objetivo declarado de ayudarlas a fortalecerse y trasnacionalizar sus negocios, así se transforma en un socio irrenunciable hasta absorberlas en su propia organización. Si en cambio es de origen nacional, para poder evolucionar, necesitará contactos con organizaciones mafiosas trasnacionales para fortalecer sus negocios y garantizarse importantes ganancias; sin embargo, en este caso solo absorberá de estas sus prácticas de funcionamiento, se transformará en estructura mafiosa, pero se mantendrá autónoma de sus aliados (^{Sciarrone 2002}).

El proceso de evolución y crecimiento siguiente procede generalmente por el mismo camino. En un primer momento, la organización criminal buscará unificar bajo su control los mercados ilegales del territorio: tráfico de drogas, tráfico de armas, prostitución, apuestas clandestinas, contrabando, lavado de dinero, entre otros. Paralelamente instalará conexiones cada vez más fluidas con diferentes actores interesados en ponerse al servicio de la criminalidad: políticos que buscan financiamiento por sus campañas electorales; empresarios interesados en abrir espacios de negocios conjunto; profesionales de cuello blanco, tales como abogados, contadores, bancarios y escribanos, favorables a involucrarse en sus actividades tanto lícitas como ilícitas, y funcionarios de los órganos de seguridad pública disponibles a recibir sobornos para garantizar impunidad (^{Sciarrone 2002}).

Es este el momento en que se concreta la transformación de la narcopolítica en estructura mafiosa. Cuando a través del proceso descrito en los párrafos anteriores, la organización criminal logra construir una enorme red de contactos tanto a nivel social, como económico, político y financiero, que permite instalar negocios lícitos e ilícitos de notable tamaño y enormes ganancias, de los cuales estos actores involucrados se vuelven partícipes directos y no solo meros cómplices. De esta manera, sus ganancias no se limitan a pequeños sobornos o a favores electorales, sino más bien se relacionan directamente con el impacto económico que estas actividades criminales representan (^{Bianco 1996}).

El impacto de esta evolución del crimen organizado en estructura mafiosa acaba así por desestabilizar profundamente las sociedades democráticas en las cuales este fenómeno ocurre, ya que provoca una degradación interna del Estado. Este, al verse infiltrado en todos sus elementos constitutivos, institucionales, políticos, económicos y sociales, por las acciones criminales, se ve envuelto en un proceso degenerativo de sus formas democráticas que parece no tener fin (^{Bovero 2002}).

La acción de compenetración e influencia del poder mafioso se desenvuelve colonizando progresivamente los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y sometiéndolos a fin de obtener decisiones o regulaciones favorables a sus intereses (^{Reski 2010}). Este proceso, aunque empiece por lo general involucrando a la clase política en los negocios criminales, rápidamente se difunde entre el funcionariado público y las fuerzas represivas (policía, fiscalía, jueces), que son sometidas o silenciadas mediante la presión ejercida por los actores políticos, las prácticas corruptas, o las acciones intimidatorias, a fin de silenciar o “eliminar” a quien intente resistirse (^{Angiulli 2020}).

La estructura mafiosa empieza así a profundizar su acción activándose en diversos ámbitos: despoja porciones del territorio (desde barrios hasta regiones enteras) al control del Estado; vulnera la capacidad estatal de impulsar políticas públicas y garantizar su vigencia a través de la Ley y la coerción legítima. Asimismo, debilita las instituciones gubernamentales, concretando, con la complicidad de la política, múltiples situaciones de corrupción y actuaciones ilícitas por parte de los funcionarios públicos. Interviene también la economía formal, distorsionándola, menoscabando la competencia y desestabilizando los mercados financieros, que se vuelven así vulnerables a los delitos económicos. Todo esto, en un proceso de ocupación del Estado que se vuelve progresivo y permanente: la estructura mafiosa acaba desacreditando y deslegitimando a las instituciones democráticas, debilitando extraordinariamente el estado de derecho, generando inestabilidad política, impulsando la descomposición social, afectando al funcionamiento de la economía formal, y en su lugar fortaleciendo la economía informal e ilegal, y, finalmente, imponiéndose como actor político determinante en un Estado que funciona según sus propias reglas (^{Sansó-Rubert Pascual 2020}).

Aunque la sociedad, la política, la economía y las instituciones consigan resistir y limitar su incidencia en el Estado, la sola existencia de estructuras mafiosas en el país acaba erosionando la democracia, en cuanto la lucha que se desata contra estas en muchas ocasiones se vuelve por sí misma un elemento de debilitamiento. Esto porque, con las excusas de la necesidad de reformas para luchar contra la criminalidad mafiosa, se aprueban normas que reducen las garantías y los derechos fundamentales, limitan las libertades ciudadanas, merman la cohesión social, someten el espíritu público y, en general, se vuelven una cura peor que la misma enfermedad (^{Ferrajoli 2014}).

Lo señalado hasta el momento, acerca del proceso de evolución desde una situación de narcopolítica a una estructura mafiosa que se instala en el sistema social, político y económico de un país, y los efectos que produce en su democracia, es lo que consideramos que está ocurriendo en Paraguay, y probablemente también en otras zonas de América Latina. Por esto, a continuación, analizaremos la incidencia del crimen organizado en el país para evidenciar cómo el proceso que hemos descrito se aplica efectivamente, y cuáles son los efectos directos que produce en la realidad política y social paraguaya.

Aparición de la narcopolítica en Paraguay y de las medidas para contenerla

Como señalamos en la introducción, política y narcotráfico no son actividades históricamente ajenas la una de la otra en Paraguay; de hecho, ya desde el periodo de la dictadura stronista estuvieron coqueteando en más de una ocasión. Sin embargo, con la llegada de la democracia (1989), y la progresiva desaparición de los vestigios institucionales y militares de la derrocada dictadura, estas realidades por un tiempo dejaron de tener relaciones tan íntimas, aunque se trató de un periodo bastante breve, dado que a inicios del siglo XXI empezaron nuevamente a interrelacionarse de manera cada vez más estrecha (^{Martens et al. 2022}; ^{Santos 2022}).

La explosión mediática del fenómeno se dio en 2014, cuando la Comisión de Lucha Contra el Narcotráfico del Senado, presidida por el senador Arnaldo Giuzzio (Partido Demócrata Progresista), después de varias reuniones con el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), presentó un informe “basado en escuchas y otras evidencias entregadas por la misma institución antinarcóticos” -como señaló el senador Wiens, del gobernante Partido Colorado-Asociación Nacional Republicana (ANR)-, donde se indicaba la existencia de nexos directos entre narcotraficantes y parlamentarios.

En el informe se citaba a seis parlamentarios. De estos, cuatro estaban activos: los diputados Freddy D’Ecclesiis, Marcial Lezcano, Bernardo Villalba, y la exdiputada -y en ese entonces parlamentaria del Parlasur-, Cirila Concepción Cubas de Villalta Además, un diputado suplente, Carlos Sánchez, alias “Chicharõ”, y un exdiputado que no renovó su cargo en las elecciones de 2013, Magdaleno Silva. Todos procedían de la zona Nordeste del país (departamentos de Concepción, San Pedro, Amambay, Canindeyú) y pertenecían al gobernante Partido Colorado (Diario ABC Color 2014). En esos mismos meses, Marguerite ^{Cawley (2014}), en InSight Crime, señalaba a la diputada Cristina Villalba (ANR), también conocida como la “Reina del Norte”, como cabecilla de una red dedicada a proteger las operaciones del narcotráfico mediante la colocación de familiares y amigos en cargos públicos claves, entre ellos, el gobernador de Canindeyú.

El informe de la Comisión de Lucha Contra el Narcotráfico del Senado no resultó sorpresivo para los órganos públicos dedicados a la lucha contra el crimen organizado. En ese mismo periodo, el entonces fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón (2011-2018), admitió sin vacilar que “el narcotráfico no solo se introdujo en la política, sino que ya corrompió la propia estructura del Estado” (Diario ABC Color. 2015). Quien le sucedió, Sandra Quiñónez (2018-2023), reconoció que “hay probable participación de personas vinculadas a la política, quienes podrían estar implicadas en las actividades criminales” (Paraguay.com 2018).

Los departamentos de los cuales procedían los parlamentarios señalados son aquellos (con la inclusión del departamento de Alto Paraná) donde el crimen organizado desarrolla su acción con más activismo e impunidad. Allí, no solo se cultiva gran parte de la marihuana utilizada en las grandes ciudades brasileñas como San Pablo y Río de Janeiro, en la capital argentina, Buenos Aires, y en Santiago de Chile (^{Miranda 2016}); sino que sirven como centros de recepción y distribución de la cocaína proveniente de la zona andina (Bolivia, Colombia y Perú), que luego ingresa por tierra o avión al Brasil, ya sea para el consumo interno o para enviar a otros continentes mediante los puertos atlánticos (UNODC 2017).

Para comprender la importancia de la incidencia de la producción de marihuana en la economía de estos territorios, es oportuno señalar que, en 2020, la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) fijaba en 7000 las hectáreas de tierra destinadas a esta producción, lo cual posicionaba al país como el mayor productor de este producto en América del Sur (SENAD 2020). En relación con la recepción y distribución de la cocaína, según la Dirección Central de Servicios Antidroga del Estado italiano (2022), desde 2020, Paraguay se ha vuelto el país de mayor tránsito de la cocaína desde el Cono Sur hasta Europa. Este ocurre por dos rutas: la aérea, en la cual mediante vuelos de pequeños aviones que viajan a baja altitud utilizando pistas ilegales ocultas, llega a la triple frontera, donde es nuevamente redistribuida hacia los puertos brasileños para su envío intercontinental, y la que pasa a través de la hidrovía Paraguay-Paraná, trasladando la droga en barco hasta los puertos de Buenos Aires y Montevideo para su sucesivo envío internacional.

Aunque finalmente ninguno de los parlamentarios señalados por la Comisión de Lucha Contra el Narcotráfico del Senado resultará siquiera indagado por la Fiscalía, la denuncia tuvo el efecto de poner la problemática en el debate público. Frente a los escasos resultados obtenidos por las fuerzas de seguridad para identificar y punir a los cómplices políticos del crimen organizado, la búsqueda de soluciones se dirigió en la misma dirección que recorrieron otros países de América Latina en aquellos años: regular el financiamiento político; identificando esta estrategia como el principal instrumento para impedir que el narcotráfico siga financiando la política (^{Rivarola 2019}).

De esta manera, después de años de debates, en 2020 se aprobaron las modificaciones al Código Electoral referentes al financiamiento político (Última Hora 2020);⁵ aunque esto no determinó ningún impedimiento para la continuidad de las relaciones entre política y crimen organizado, que desde esa fecha hasta hoy crecieron de manera exponencial.

El Primer Comando de la Capital (PCC): una organización criminal mafiosa

A este punto resulta necesario fijar la atención en el otro actor clave de las relaciones peligrosas que se instalan entre la política y el narcotráfico: la organización criminal. En Paraguay, a pesar de no ser originaria del país, la organización criminal que se ha destacado en estos años por su presencia en el territorio, por la importancia de los negocios ilícitos implementados y por el elevado nivel de integración con la estructura social, económica y política del país, es indudablemente la organización de procedencia brasileña Primer Comando de la Capital (PCC). El PCC nació en Brasil a inicios de los noventa y empezó a difundirse en Paraguay en la primera década de los años 2000. Inicialmente Paraguay era utilizado por sus integrantes solo como una zona de confort, donde esconderse y recuperarse del hostigamiento de las fuerzas represivas del crimen brasileñas. Sin embargo, a partir del 2010 el PCC ha convertido el país en uno de sus principales centros de operaciones logísticas en dos de sus negocios: el cultivo de marihuana para la venta en Brasil y la distribución de la cocaína andina, tanto a los países de la región como hacia Europa (^{Martens 2019}; ^{Biondi 2010}).

Esta actividad de expansión productivo-comercial ha sido acompañada por un proceso paralelo de compenetración institucional, donde las autoridades políticas y de seguridad, sobre todo a nivel local, han acabado por condicionar sus actuaciones a las disposiciones procedentes de las familias criminales del PCC (^{Martens 2022} [2018]).

“Nunca se sabe con quiénes están conectados… (en alusión a políticos). Para seguir trabajando no hay que molestar nomás a los amigos y recibir lo que tienen que dar”, refirió un policía con más de 10 años de antigüedad que, desde su graduación, permanece en lugares apetecibles de la frontera por el dinero que puede generar estar destinado en ese sitio (entrevista, agosto de 2022). Él recordó un episodio que grafica la conexión que estuvo desarrollándose entre el PCC y las instituciones. Un día, mientras estaba de guardia en un puesto de control de acceso a la capital departamental, detuvo a un auto en el que iban tres personas que portaban ostensiblemente armas de fuego. Les pidió que se bajaran del vehículo a lo que accedieron sin problemas, pero mostrando aún más sus armas. La primera pregunta que le hicieron al policía fue que si era nuevo en el puesto de control. El policía respondió afirmativamente y cambió de actitud porque intuyó que eran secretarios de patrones grandes. “Está todo en orden”, les dijo, y se subieron tranquilamente a su vehículo para continuar el camino. Unos minutos después, recibió una llamada telefónica para felicitarle por su tacto y buena actuación con los que habían sido detenidos, y se le explicó que eran funcionarios de un alto miembro del PCC en Paraguay y muy vinculado a una autoridad nacional, de quien él ya tenía conocimiento (entrevista, septiembre de 2022).

El proceso de instalación del PCC en Paraguay, desde sus bases brasileñas, tanto en las cárceles como las Quebradas de São Paulo, donde actuaba sustancialmente como un power syndicate (^{Feltran 2018}), ha sido en sus primeros momentos sin duda una situación clásica de enterprise syndicate mafiosa, es decir, una acción que apuntaba exclusivamente a obtener nuevos negocios y mejores ganancias. Sin embargo, en la actualidad su acción ha ido evolucionando hacia prácticas que lo están llevando de manera manifiesta hacia la instalación de una estructura de power syndicate también en este territorio.

Así como había ocurrido en su tierra de origen, Brasil (^{Feltran 2018}; ^{Biondi 2010}), el PCC como primera acción de ocupación del territorio emprendió un proceso de penetración y dominación del espacio carcelario. A finales de 2018, el director de una penitenciaría reconocía de manera expresa que recurría al PCC para poner orden en el centro que dirigía: “Cuando tengo problemas con algunos de sus miembros, yo hablo directamente con el padrino y él se encarga de poner orden. Muchas veces, los paraguayos intentan abusar de que son PCC y arman quilombo… en esos casos hablo directamente con el jefe y se tranquiliza todo” (entrevista, diciembre de 2018).

Pero además de la acción de control de las cárceles, el PCC ha instalado su dominio territorial también en las comunidades fronterizas del país, sobre todo las que colindan con Brasil, donde en los últimos años ha sido constante el crecimiento de los negocios lícitos e ilícitos del grupo. Aquí el control territorial se ha sustentado inicialmente por medio de un pago sistemático a la autoridad pública (policía, aduanas, caminera, funcionarios locales), gracias al cual la organización criminal ha podido moverse sin mayores contratiempos y trasladar sus mercaderías desde las zonas de producción a las ciudades fronterizas para luego llevarlas a Brasil. Sin embargo, con el tiempo, este proceso ha evolucionado hasta asumir las características de una concreta asimilación de las autoridades públicas a los intereses del PCC; se ha involucrado también a dirigentes políticos locales y regionales, y se han instalado en estas comunidades verdaderas zonas francas de dominación casi absoluta.

Un ejemplo concreto de la estructura de poder que el PCC instaló en Paraguay se evidencia al analizar las actuaciones de Jarvis Chimenes Pavão. Este narcotraficante perteneciente al grupo, a pesar de haber sido arrestado en 2009 y extraditado a Brasil en 2017, mantuvo su organización criminal perfectamente activa en el país. Eso lo demostró en 2023 la operación Pavo Real realizada por las fuerzas de seguridad de Paraguay y Brasil, con la finalidad de desmantelar el conjunto de empresas y sociedades paraguayas pertenecientes a esta familia criminal.

Las actuaciones de Pavão en Paraguay son un claro ejemplo de construcción de una estructura mafiosa en el país y por eso ameritan una atención particular. Mediante el dinero obtenido gracias al narcotráfico, una de sus primeras inversiones fue adquirir estancias ganaderas en las zonas más aisladas de los departamentos de Concepción y Amambay. Estas, reestructuradas y reorganizadas, cumplían múltiples funciones: eran una inversión inmobiliaria donde colocar el dinero ganado ilícitamente con el tráfico de droga; al dotarlas de hangares y pistas de aviación ayudaban a la logística de ese mismo tráfico, y, finalmente, al desarrollar actividades agrícolas y ganaderas, se volvían instrumentos tanto para negocios lícitos (producción y venta de productos agrícolas y ganado) como para el lavado de dinero (falsas compraventas y traslados de ganado entre estancias propias) (Diario ABC Color 2023).

El dinero producido con esas actividades se utilizaba para llevar a cabo otros negocios esparcidos en varios departamentos (Central, Alto Paraná, San Pedro): adquirir inmuebles de varios tipos (estancias o edificios en zonas urbanas), instalar empresas de diferentes rubros, comprar hoteles, con los cuales lavar activos y también ganar dinero de manera lícita (Última Hora 2020a). Hasta le permitió volverse proveedor de la Municipalidad de Pedro Juan Caballero entre 2014 y 2023, con contratos que han llegado a sumar casi 800 millones de guaraníes (Última Hora 2023c). A pesar de no ser esta una cifra muy abultada (alrededor a 120 000 dólares), demuestra la intención de compenetrar las instituciones también desde el punto de vista económico y social, además del criminal.

Para desarrollar estas actividades, la organización de Pavão contaba con la colaboración de diferentes agentes de cuello blanco, tanto del sector privado como público. Por un lado, un conjunto de abogados, contadores, escribanos y economistas administraba las diferentes empresas legales del grupo criminal (Última Hora 2023b). Por otro, mediante pagos mensuales, se obtenía la fidelidad de funcionarios de los Registros Públicos para que escondieran los más de 100 bienes inmuebles adquiridos frente a los pedidos de información solicitados por otros organismos estatales. Además, se recurría a funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o bienes de Paraguay (SEPRELAD) para que todos los pedidos relacionados con los testaferros de los bienes de la organización quedaran congelados y sin respuestas. Asimismo, según la propia SENAD, cabía la posibilidad de que Pavão pagara también a sus mismos funcionarios, para que no investigaran su organización con mucho esmero (Diario HOY 2023).

De esa manera, la organización criminal de Jarvis Pavão, valorada en USD 150 millones (Última Hora 2023b), pudo continuar floreciendo, aun con su jefe en la cárcel, aprovechando el expertise de profesionales bien formados y el apoyo de muchos de aquellos funcionarios públicos que hubieran tenido que perseguirla. Un ejemplo concreto de cómo una estructura mafiosa puede prosperar en un país actuando de forma tentacular, como un pulpo que amarra a sí cada vez a más sectores de la sociedad, de la economía y del Estado.

La construcción de estructuras mafiosas en el país

El alto nivel de compenetración de las estructuras mafiosas en el Estado se hizo nuevamente presente en 2019, cuando la Fiscalía, mediante el Operativo North (Ministerio Público 2020), detuvo y enjuició a más de 20 efectivos policiales, entre comisarios, oficiales y suboficiales, por sus vinculaciones con el crimen organizado y participación en el tráfico de cocaína en la zona norte del país (Última Hora 2019).

Uno de los procesados en este operativo nos señaló que es común que se reciba dinero de algunos patrones, en alusión a narcotraficantes, no solo como dinero propio, sino para ciertos gastos de la unidad [comisarías o cuarteles], pero enseguida aclaró: “Los policías somos los que menos tocamos, los políticos son los que otorgan protección y hace que no se les pueda tocar a esa gente” (Entrevista, septiembre de 2022).

Como ya señalamos, uno de los elementos esenciales para conformar una estructura mafiosa es que la organización criminal obtenga la colaboración de la política. Esto se debe a que a través de esta puede involucrar a los profesionales y obtener protección e impunidad de las fuerzas públicas represivas (policía, fiscales, jueces), elementos esenciales para lograr el entorno más adecuado, y llevar adelante con éxito sus negocios lícitos e ilícitos.

Mediante las entrevistas a informantes claves (políticos locales, policías, abogados, miembros del sistema de justicia) y de observaciones etnográficas realizadas en los últimos años, tal como lo explicamos en el apartado metodológico, hemos reconstruido cómo las organizaciones criminales activas en Paraguay consiguen relacionarse con la política. Este es un proceso que se desarrolla según diferentes niveles de complicidad y compenetración.

Un primer nivel de compenetración es el que se refiere a la protección que los políticos pueden proporcionar a las organizaciones criminales. Los políticos locales y regionales tienen incidencia en la designación de los jefes de policías en los municipios y en las cabeceras departamentales, que están a cargo de los controles en las carreteras y rutas nacionales. Los políticos nacionales, por su parte, tienen forma de incidir en las actuaciones de fiscales y jueces, sobre todo de aquellos que trabajan en las oficinas territoriales descentralizadas. De esa manera, asumir un cargo político ayuda a construir relaciones con las fuerzas de seguridad que pueden ayudar a evitar, o por lo menos reducir al mínimo, posibles perjuicios a esas organizaciones, generalmente a cambio de apoyo económico, que crece durante el periodo electoral. Un subjefe de comisaría cercana a la frontera nos contó su experiencia al respecto: “Yo vine de Asunción. No conocía mucho la dinámica aquí. […] El jefe me dijo que cuando me toque asumir la jefatura (él tendría semana libre), el oficial x sabía el movimiento de los controles y que no me preocupase… Luego me trajeron mi parte (dinero) en un sobre… Si no aceptaba me trasladaban de vuelta…” (Entrevista, octubre de 2019).

Un segundo nivel de compenetración se da cuando se instalan relaciones mucho más avanzadas, es decir, la financiación e integración por parte de esos políticos a las organizaciones criminales con las cuales están colaborando. Es un paso posterior a la sola protección señalada arriba, y consiste en garantizar, además de aquella, el apoyo logístico y financiero a los tráficos (lícitos o ilícitos) realizados por la organización criminal. Los políticos involucrados se vuelven socios efectivos de los negocios y cobran por eso parte de los beneficios obtenidos, una cifra indudablemente muy superior a la que obtendrían por la simple protección. Un entrevistado nos contó un caso al respecto:

Cuando era juez, llevaba en la camioneta del Poder Judicial la carga [de narcóticos]. Luego se hizo diputado, y siguió transportando con su chapa oficial. Hoy sigue tan campante como integrante de la clase política del departamento y en la capital… ese es el nivel de participación (Entrevista, octubre de 2019).

Finalmente, el último nivel de compenetración implica la verificación de un proceso inverso, donde los miembros de la organización criminal se transforman en políticos; prefieren asumir de manera directa este rol y se presentan a cargos de gobiernos locales, ya sea como intendentes o concejales municipales, ganan las elecciones y sustituyen así a los políticos tradicionales. Este método les permite obtener los mismos resultados que les proporcionaban esos políticos, pero evitando toda mediación y operando de manera más integrada con las finalidades de la organización criminal. Un entrevistado nos señaló al respecto: “Actualmente, ya están presentes en administraciones locales, regionales y, desde las últimas elecciones en abril de 2023, con más fuerza en el Gobierno nacional, en Asunción. Vos sabés, la política es lo que domina el mercado ahora” (Entrevista, abril de 2024).

A Ultranza, un ejemplo de estructura criminal mafiosa en Paraguay

Para comprender plenamente lo que hemos descrito hasta el momento, referente a cómo las relaciones instaladas entre política y criminalidad organizada acaban transformándose en estructuras mafiosas, es útil analizar en calidad de ejemplo la estructura criminal destapada por el operativo A Ultranza, realizado por una alianza internacional de fuerzas de seguridad en febrero de 2022. A pesar de que la organización criminal desmantelada no pertenecía al PCC ni a los otros dos principales grupos criminales activos en el territorio paraguayo -el brasileño Comando Vermelho y el local Clan Rotela-, sino a otra estructura construida ad hoc por un narcotraficante uruguayo, Sebastián Marset, resulta interesante examinarla para evidenciar cómo acaban relacionándose de forma orgánica criminales con profesionales y personal político, hasta transformarlos en un conjunto homogéneo.

El operativo A Ultranza fue desarrollado por la SENAD y la Fiscalía General de Paraguay, así como por diversos organismos de otros países: la DEA de Estados Unidos, Europol y el Ministerio del Interior de Uruguay. Este operativo se implementó el 22 de febrero de 2022, pero fue precedido por una investigación que había durado 27 meses, y cuyo origen se remontaba a la incautación de varias toneladas de cocaína en puertos del norte de Europa, entre 2020 y 2021, todas procedentes desde Paraguay (^{Ferrer 2021}).

El operativo, además de incautarse de aeronaves, vehículos, motocicletas, embarcaciones, armas de fuego, camiones y hasta un helicóptero, 87 inmuebles, y 1 millón de dólares en joyas (SENAD 2023), llevó al arresto e imputación de casi 50 personas, entre las cuales pocos eran conocidos criminales, mientras la mayoría se destacaba por estar conformada por profesionales, funcionarios públicos, políticos locales y nacionales. Conforme la carpeta de la causa, registrada en el Ministerio Público bajo el número 1358/2022, entre los imputados podemos encontrar a despachantes de aduana, comerciantes, contadores, administradores, abogados, gestores de vuelo. También a diputados, concejales municipales, y a un ministro del Poder Ejecutivo, todos del oficialista Partido Colorado. Entre estos últimos se destacaban el diputado Juan Carlos Ozorio, que además era uno de los financiadores de las actividades del grupo criminal, y el entonces ministro de Emergencia Nacional, Joaquín Roa, que fue inmediatamente destituido por el presidente en funciones Mario Abdo (El Nacional 2022). A diferencia de lo que ocurría en el pasado, ellos están actualmente bajo proceso y con prisión preventiva. Unos meses después también lo fue el entonces diputado Erico Galeano que, a pesar de eso, en abril de 2023, fue elegido senador y en julio de ese mismo año pudo asumir su banca. Actualmente goza de arresto domiciliario y permiso para asistir a las sesiones del Congreso (Última Hora 2023d).

Analizando el operativo A Ultranza se evidencia la existencia de una estructura criminal perfectamente integrada con la organización social, política y económica del país, además con las instituciones y sus hombres, y asume las características de mafia. La misma acusación fiscal sostiene la existencia de una amplia y compleja red conformada por actores políticos, funcionarios públicos, comerciantes y narcotraficantes, que conjuntamente posibilitaron la remisión de las mercaderías ilícitas a Europa, así como la impunidad de sus operaciones (Ministerio Público 2023).

En este sentido, A Ultranza resulta hasta hoy el ejemplo más claro y contundente de cómo la criminalidad y la sociedad civil e instituciones públicas pueden acabar colaborando de manera efectiva y exitosa en el desarrollo de acciones ilegales, y conformar una estructura mafiosa que incide en el esquema sociopolítico nacional y en el mismo funcionamiento del Estado e influencia hasta las acciones de los organismos públicos que deberían reprimirla.

Al respecto cabe señalar el comportamiento errático del Ministerio Público, principal órgano del Estado encargado de reprender la acción criminal. Por ejemplo, al decidir arbitrariamente a quiénes llevar a juicio oral y a quiénes aceptar salidas alternativas al proceso penal, y al permitir a algunos gozar de la figura del juicio abreviado, suspensiones condicionales del procedimiento y obtener condenas leves, mientras que a otros les niega medidas alternativas a la prisión preventiva. Al respecto, uno de los imputados que se puso voluntariamente a disposición de la justicia declaró:

Ya estoy por completar dos años en prisión. […] la atención no es igualitaria. A gente que tiene imputaciones más graves que nosotros, le dan un trato distinto. Lo que tengo miedo es que me conviertan en un chivo expiatorio para esta causa tan mediática que armaron, para que otros queden impunes o se beneficien con salidas más beneficiosas. Veremos qué pasa en mi Audiencia Preliminar (Apuntes del cuaderno de campo, febrero de 2024).

Esta es una clara demostración de que, a pesar de haber sido aparentemente desbaratadas, las estructuras mafiosas continúan produciendo efectos, debido a su compenetración profunda en el entramado social, político y económico del país. Cabe señalar al respecto que el principal organizador de la estructura mafiosa destapada por A Ultranza, Sebastián Marset, nunca fue capturado y, después de un periodo como prófugo en Bolivia, actualmente vive en clandestinidad, bajo protección, en el mismo Paraguay, como señaló la periodista Patricia Martín, de Canal 4 de Uruguay, quien lo entrevistó en el país en noviembre de 2023 (El País 2023).

Conclusiones

En los últimos 10 años, 32 políticos paraguayos han estado directamente involucrados con organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico: 21 ostentaban cargos locales (intendentes, gobernador, concejales municipales o departamentales) y otros 11 cargos nacionales (diputados, senadores, ministros). Todos pertenecen a la zona Nordeste del país (departamentos de San Pedro, Concepción, Amambay, Canindeyú y Alto Paraná), donde se concentra la producción de marihuana y se recibe la cocaína proveniente de la zona andina que va hacia Brasil. El 90 % de ellos pertenece al Partido Colorado (que generalmente ejerce el Gobierno nacional y local) y el otro 10 % al Partido Liberal Radical Auténtico (primera oposición y a veces fuerza gubernamental local en esos departamentos). Solo la mitad de esos políticos ha sido en algún momento imputada por delitos relacionados con el crimen organizado, los otros han sido solo investigados o ni siquiera eso. Una sola, la exdiputada Cynthia Tarragó, fue condenada, pero por un Tribunal del estado de Nueva Jersey, por un delito de lavado de dinero realizado desde Paraguay, pero nunca ha sido investigada al respecto en este país (^{Rodríguez 2023}).

La realidad que acabamos de presentar resulta absolutamente coherente con cuanto vimos a lo largo de este trabajo. El desarrollo de estructuras mafiosas en el país determina la superación de lo que eran las clásicas complicidades de intercambio de favores (impunidad por financiación) existentes entre política y crimen organizado. En su lugar se está instalando un sistema orgánico de ilegalidad difusa, que abarca todos los ámbitos de la sociedad paraguaya, y que garantiza enormes ganancias e impunidad a todos los actores (políticos, criminales, profesionales de cuello blanco, empresarios) que deciden involucrarse en este. El nivel de compenetración de las organizaciones criminales con la sociedad y las instituciones está llegando a niveles tan profundos que pueden determinar en el mediano-corto plazo riesgos reales que afecten a la estabilidad democrática del país y lo hagan deslizarse paulatinamente hasta situaciones donde el poder público resulte cada vez más implicado con estructuras criminales mafiosas y cada vez más alejado de la ciudadanía.

Una de las causas de esta situación es, entre otras, la dificultad de la sociedad paraguaya para interpretar el avance de este proceso, e identificar la peligrosidad de las estructuras mafiosas que están instalándose en el país. La ausencia de comprensión de los fenómenos en muchas ocasiones impide evidenciar cómo enfrentarlos y posiblemente resolverlos. La finalidad de este trabajo era justamente contribuir a hacer visible la problemática e incentivar nuevas líneas de investigación que ayuden a profundizar el conocimiento de la relación entre crimen organizado y política y su derivación mafiosa; esto tanto en el caso paraguayo como en el resto de América Latina, donde situaciones similares estarían ocurriendo.