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Introducción: planteo del problema
El neoliberalismo ha sido observado como una forma de concebir y ejecutar el arte de gobernar liberal, que oscila entre el gobernar demasiado y el gobernar demasiado poco (Foucault 2016). También ha sido observado como un fenómeno de época que se conjugó con la globalización para, entre otras cosas, devolverle utopismo a la promesa liberal clásica (Lagasnerie 2015). En ese sentido, del neoliberalismo, como fenómeno concomitante a la globalización, resaltan especialmente los trabajos en torno a los entramados geopolíticos, a los intercambios económicos y a la distribución y concepción sobre el espacio y la espacialidad (Beck 2008; Amin 2013; Harvey 2005). El sistema-mundo del contemporáneo capitalismo histórico (Wallerstein 2001) enraíza en un esquema de flujos, “paisajes” en los términos de Appadurai (1996), que enhebran vínculos de poder trans-escalares (Martín y Larsimot 2016).
La propuesta de Wacquant (2015a) para analizar el neoliberalismo introduce, además de ciertos planteos sobre espacialidad, la novedad de posar los ojos en un aspecto central de la estructura social y estatal del arte neoliberal de gobernar: el sociólogo francés se detiene en los procesos de criminalización, de administración de la seguridad pública y de distribución del espacio en las ciudades contemporáneas. Para ello toma como referencia, entre otros elementos, la gestión del alcalde de New York, Rudolf Giuliani, durante los años 90. Giuliani confió el área de seguridad y el manejo de la policía distrital a William J. Bratton, quien inclusive ha publicado libros sobre su doctrina de “tolerancia cero”. En aquel momento, el manejo estadístico que Giuliani hizo sobre la delincuencia y el accionar policial presentó a la gestión de Bratton y su doctrina como un rotundo éxito frente a los actos delictivos que venían en aumento desde la década del 80. La doctrina tuvo tanto éxito que incluso se exportó a otros condados y países cercanos y de otros continentes, hecho que llevó a Wacquant a problematizar las políticas neoliberales de seguridad en el norte transatlántico para luego visitar Argentina, particularmente Buenos Aires, que por entonces tenía el impulso de su ministro de Seguridad, León Arslanián, asociado con la urdimbre de la policía bonaerense embanderada en la doctrina de la tolerancia cero.1
Wacquant desmenuza ciertos principios de la “tolerancia cero” y centra su observación en el desarrollo de la noción de “inflación”, más asociada en la actualidad con el ámbito económico que con la seguridad. La inflación del sistema punitivo que se impulsa desde la doctrina de Bratton es fundamento de la segregación espacial y la tendencia a la focalización, propias de la política neoliberal. Así, la inflación del punitivismo sobresale tanto por el incremento de tipos penales legislados -también de agravantes y figuras penales complementarias- como por el aumento de la violencia policial, desmesura que se cimenta en una legitimación social del abuso de poder, visto como un momento necesario para establecer la tolerancia nula a la delincuencia.
El aumento exponencial en los casos de gatillo fácil a partir de esos años es una incontrastable prueba de aquel comportamiento policial, tal como ocurrió, por ejemplo, en la mencionada Argentina (CORREPI 2022). La doctrina de la tolerancia cero y su inflación del sistema punitivo -más tipos penales y más violencia policial legitimada- se focaliza tal como la asistencia social y las políticas de transferencias de ingresos, condicionadas o no, igualmente propias del neoliberalismo (Wacquant, 2015a; 2015b). Esa inflación del sistema punitivo hunde sus raíces en lo que Cuello y Morgan Disalvo (2018) han dado en llamar “razón punitiva”, que es la amplificación de los métodos de “control”, un afán propio del sistema moderno-colonial (Pistarelli 2016).2
Entra en debate, entonces, hacia dónde se dirigen los procesos de criminalización a partir de esa inflación del sistema penal. El poder punitivo del Estado se encausa a menudo hacia poblaciones raciales, de bajos ingresos, minorías o excluidos. En los Estados Unidos, por ejemplo, las muertes por desmesura policial se dirigen en su mayoría contra poblaciones negras, cuando no contra latinos, orientales o árabes. En Latinoamérica, las comunidades indígenas son especialmente criminalizadas cuando protagonizan procesos de resistencia por la propiedad de la tierra -a veces colectiva- o la defensa del medio ambiente (Esguerra-Muelle et al. 2020). El macartismo, como forma de criminalizar, cobra relieve en todo el continente, desde la anglosajona y francófona Norteamérica hasta el sur latino. La violencia policial se ejerce en todos los casos contra poblaciones de bajos ingresos y condiciones sociales, culturales o raciales de alteridad a la norma eurocentrista del hombre blanco, heterosexual y de cómoda posición económica.
Contrariamente con la exclusiva tendencia a la focalización de otras facetas del neoliberalismo -como la asistencia social-, la orientación de criminalización causada por la inflación punitivista se dirige también hacia escenarios de generalización. Es decir, esa inflación punitivista no está sólo focalizada, también es generalizada. Proveerse de energía eléctrica, al igual que de vivienda, por ejemplo, en soluciones habitacionales de urgencia, es autogestionarse el goce de un derecho humano. Entonces, entra en juego el uso y acceso al servicio público de energía eléctrica como aspecto general de las sociedades contemporáneas, ya que sirve para criminalizar cuando ese acceso se presenta en condiciones “irregulares”, “informales” y/o “clandestinas”. Las personas que tienen un acceso “irregular” o “informal” (Gonza, Hessling Herrera y González 2023) al servicio de luz en Argentina están calificadas como delincuentes según los tipos legislativos (Código Penal de la Nación 1984, artículos 162 y 164 sobre “hurto). Sin embargo, el Estado y los monopolios que lucran con la distribución eléctrica desisten de litigar en contra de quienes “se cuelgan de la luz”, dado que el acceso a la energía es un derecho humano dentro del derecho a la vida y vivienda adecuadas (Hessling Herrera, Garrido y Gonza 2023; Hessling Herrera 2023) y dado también que la cantidad de personas que acceden al servicio eléctrico en condiciones clandestinas representa una cifra significativa, tal como demuestran los guarismos, parciales y apresurados pero números al fin, del Registro Nacional de Barrios Populares -RENABAP- (Gonza, Hessling Herrera y Gonzalez 2023).
Las personas que acceden de modo “irregular”, “informal” o “clandestino” al servicio de electricidad, quienes están “enganchados” o “colgados de la luz” como se dice en la jerga argentina, son consideradas delincuentes de derecho, pero inimputables de hecho -en la mayoría de los casos-. Al tratarse de un servicio básico asociado a un derecho humano, el acto de auto-gestionarlo es un hurto contra las empresas monopólicas que distribuyen la energía eléctrica, aunque es equiparable al delito de quien hurta comida: al pretender aprovisionarse de algo esencial, es un delito con un fuerte atenuante penal. Además, por tratarse de una gran cantidad de casos de acceso clandestino, los “colgados de la luz” se tornan imposibles de imputar para el régimen penal, aquello que se conoce como la “selectividad” del sistema penal (Daroqui 2009; Baratta 2004). Sin embargo, el acto de proveerse de energía en condiciones informales está considerado un acto criminal puesto que cobra la forma de un tipo penal, aunque en la mayoría de los casos no dé lugar a demandas judiciales concretas.
Así, el problema de esa criminalización no es que se traduzca en numerosos procesos judiciales en contra de quienes se “cuelgan” de la luz, ya que, como vimos, por tratarse del acceso autogestionado a un derecho y dado el volumen de personas que lo hacen se da una mecánica de delincuencia inimputable. Lo que realmente se revela como problemático de esa criminalización es que opera como modo de solapar el nudo problemático más importante: el acceso a un derecho humano como el servicio de energía eléctrica para la vida y vivienda adecuadas debería darse en igualdad de condiciones. En su lugar, el asunto es concebido como un problema de “irregularidad” e “informalidad” que justifica el acceso desigual a aquello que Harvey (2013) ha llamado el “derecho a la ciudad”, dentro del que contemplamos el “derecho a la energía” y el “derecho a la vida y vivienda adecuadas”.
Entonces, en el siguiente artículo se sugiere que el problema de la “seguridad”, a partir del acceso autogestionado a los servicios básicos de energía, debe deslizarse de la interpretación sobre la seguridad bajo el prisma de la inflación punitivista propia del neoliberalismo a la interpretación de la “seguridad energética” como un asunto de derechos humanos, abocado a garantizar un acceso asequible y sin riesgos técnicos. Para ello, se recupera el análisis de la energía como un problema complejo que puede ser matizado desde la matriz del “trilema energético” que propuso en 2012 el World Energy Council (Camacho Parejo 2012; Franco-Cardona et al. 2015; Hessling Herrera, Gonzalez y Cadena 2021). Una de las aristas de ese trilema se asocia precisamente a la seguridad energética (Dussort 2017), entendida en estrecha relación con la infraestructura energética (Harvey 2014; Graham 2009), aquella que se presenta como elemento cardinal del mencionado “derecho a la ciudad” que propone el geógrafo británico David Harvey. Los alcances y límites de la noción de “seguridad energética” se explicarán con mayor detalle en el apartado “enfoque teórico”.
En este artículo se pretende demostrar que la mayor parte de los incendios domésticos son causados por falta de “seguridad energética”, lo que incluye infraestructuras precarias de los servicios y acceso desigual, en condiciones clandestinas, para una gran porción de la población, a la que, además, se la criminaliza. Ello se observará en particular en el caso de viviendas que experimentaron incendios involuntarios en la zona centro de la ciudad de Salta capital (Argentina), cubierta por el Departamento de Bomberos de la Policía de la Provincia. Tomando en cuenta esos datos y otros recabados en trabajos anteriores sobre RENABAP, se compaginará suficiente evidencia de que el proceso de criminalización contra las personas que se “cuelgan de la luz”, entonces, no hace otra cosa que solapar el asunto más acuciante detrás de ese acceso “irregular” a la electricidad: la falta de seguridad y el peligro que enfrentan quienes no tienen acceso a infraestructura adecuada y sin riesgos propios de un goce pleno del “derecho a la energía” (Hessling Herrera, Garrido y Gonza 2023; Hessling Herrera 2023), del “derecho a una vida y vivienda adecuadas” (art. 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 1948; Hessling Herrera y Belmont Colombres, 2022) y del más amplio “derecho a la ciudad” (Harvey 2013).
Enfoque teórico
Dussort (2017) emplea la metodología del género historia conceptual de Koselleck para analizar el derrotero de la noción “seguridad energética” desde la óptica de las Relaciones Internacionales. Así, estructura esa trayectoria conceptual en tres grandes momentos. En el primer momento, cada palabra existía, pero por separado, aunque a veces la práctica de los estados nacionales incumbía tanto a la seguridad como a la energía; es el momento de la relación político-militar entre seguridad y energía. Luego, acaece un momento economicista a partir del primer shock del petróleo en 1973 donde se fusionan las palabras en un único significante: “seguridad energética”, bajo el cobijo de la Agencia Internacional de Energía y con perspectiva antagónica con relación a los intereses de los países de la OPEP. Por último, señala Dussort, hay un momento multidimensional del concepto “seguridad energética” fundado a partir de las preocupaciones medioambientales y la agenda de los derechos humanos en la post-Guerra Fría y, luego, a partir de los factores asociados al desarrollo tecnológico que trajo la técnica de la fractura hidráulica y el impulso de diversificación de la matriz energética que propone la actual transición energética (Schot y Kanger 2018; Svampa y Bertinat 2022).
La periodización de Dussort sobre el concepto de seguridad energética tiene la virtud de aportar a la comprensión de las múltiples aristas que complejizan la noción. Sin embargo, la autora ni siquiera menciona algunos planteos que provenían de campos de reflexión jurídica, social e incluso geopolítica a niveles gubernamentales específicos sobre energía, como el caso del World Energy Council (WEC). De igual manera, se recupera el aporte de Dussort dada no sólo la periodización del concepto que habilita cierto ejercicio genealógico, sino también por su definición multidimensional de la “seguridad energética”. La influencia del WEC en algunas apreciaciones actuales sobre seguridad energética, en aquello que Dussort encuadra como momento multidimensional del concepto, fue notoria en políticas estatales, en sentencias y hasta en el ámbito académico y científico.
Una de las propuestas conceptuales del WEC que coinciden con el enfoque multidimensional sobre la seguridad energética es la de “trilema energético” (Camacho Parejo 2012; Franco-Carmona et al. 2015), que algunos han sugerido ampliar a “cuatrilema” (Sabatella 2021) y que en otro trabajo hemos apostado por pensar como una matriz de análisis compleja, con tres grandes aristas, atravesada íntegramente por el eje de la geopolítica (Hessling Herrera, Gonzalez y Cadena 2021).3 En resumidas cuentas y a los fines de este trabajo, el trilema energético ya reconocía como una de las aristas de su tríada a la “seguridad energética” (Camacho Parejo 2012). Algunas interpretaciones de esa arista del trilema condujeron a que se replantee lexicalmente como “seguridad del suministro” (Franco-Carmona et al. 2015). Dada la propuesta sobre volcar el análisis conjugado de todas las aristas del trilema al eje transversal de la geopolítica, la seguridad asociada a la energía se ha vinculado con la producción, abastecimiento y demanda de energía, tanto a nivel de relaciones internacionales como a nivel doméstico:
Resta decir que este estado de evolución del concepto de seguridad energética se puede ver claramente en las últimas publicaciones de la Agencia Internacional de la Energía, como organismo internacional más representativo en materia energética.
(...) La AIE ha desarrollado un Modelo de Seguridad Energética de Corto Plazo (MOSES, por sus siglas en inglés). Este ha sido utilizado para analizar siete fuentes primarias del suministro de energía (petróleo crudo, gas natural, carbón, bioenergía, energía hidroeléctrica, energía geotermal y energía nuclear) y dos grupos de fuentes secundarias (derivados de petróleo y biocombustibles). Además, aborda dos dimensiones de la seguridad energética: la externa, que incluye la importación de energía, y la doméstica, que abarca factores relacionados a la producción, la distribución y la transformación de la energía. Las dimensiones doméstica y externa reflejan los riesgos y la adaptación ante una interrupción en el suministro (AIE, 2011: 9-10) (Dussort 2017, 13-14).
La seguridad energética en relación con la “soberanía energética” tiene distintas connotaciones para países potencia y con afanes imperiales que para países con roles menos pujantes en el esquema del sistema internacional. Los primeros tienen disputas por conquistar territorios, recursos naturales o paraísos legales y fiscales para la explotación económica, que para países con roles menos influyentes resultan desproporcionados. Entre los países imperiales, la soberanía energética estuvo en lo que Dussort caracteriza como el primer momento de la historia conceptual de la seguridad energética, es decir, el momento político-militar. En cambio, para el segundo tipo de países, la seguridad energética se ensambla con la soberanía energética, conceptos que, en asociación, se vinculan a la administración nacional de los recursos naturales y al autoabastecimiento energético, sea nacional o sea a través de la integración regional (Gutiérrez y Di Risio 2018).
En este artículo se sugiere una consideración novedosa sobre el concepto “seguridad energética” que no se ha planteado hasta ahora, ni siquiera en las más ambiciosas propuestas multidimensionales, como las del trilema energético con un eje geopolítico transversal o las de la seguridad energética externa y doméstica del MOSES de la AIE. Tampoco tiene que ver con la seguridad nacional entendida como soberanía bélica o “hard power” de los Estados (Nye citado por Actis y Creus 2020). Lo que se propone analizar aquí es la seguridad energética asociada al poder punitivo del Estado y las condiciones de acceso a derechos humanos. Así, en términos conceptuales, lo que se propone es movilizar el concepto de “seguridad energética”, no para separar significantes por disociar los vocablos “seguridad” y “energía”, si no para replantear el concepto como una oscilación entre seguridad e inseguridad energética. Con esa oscilación conceptual entre seguridad e inseguridad energética se pretende observar los procesos de acceso autogestionado a la energía, asumiendo una óptica de descriminalización. La oscilación se representa en que cuanto más nos acercamos al goce pleno de derechos como a la vida y vivienda adecuadas, a la energía y a la ciudad, mayor “seguridad energética”. Mientras que cuanto más inconvenientes haya para una conexión regular, normalizada, con infraestructura eficiente y sin riesgos técnicos, y más se acentúen los procesos de criminalización, mayor “inseguridad energética”.
Entonces, a diferencia de lo que ocurre con la idea de “seguridad-inseguridad” a partir de la inflación del punitivismo que configuran las técnicas de gobierno neoliberal, desde la óptica que impulsamos la “inseguridad energética” connota una cierta vulnerabilidad en el goce pleno de una vida digna. La inseguridad energética, entonces, no implica mayor índice de actos criminales, en este caso, de “colgados a la luz”. Al contrario, la inseguridad energética explica la carestía de acceso a infraestructura adecuada y sin peligros técnicos. Cuando el péndulo se acerca a la seguridad energética, alejándose de la inflación del punitivismo, se hace referencia menos a que todos sean usuarios cautivos de los monopolios de distribución de energía eléctrica que a las condiciones de la infraestructura de electricidad de quienes se autogestionan el acceso. La seguridad energética ya no se asociaría con disminuir la cantidad de “ladrones de energía”, sino con las políticas de Estado para fiscalizar, asesorar, acompañar y corregir los accesos autogestionados a la energía eléctrica.
En ese sentido, no se puede concluir este apartado teórico sin recuperar la idea sobre un eje transversal geopolítico para pensar de modo complejo el problema de la energía. En particular, para reflexionar sobre la idea de infraestructuras críticas, puntualmente de infraestructura energética, desde una perspectiva localizada. La literatura eurocéntrica, símil en ese punto con la mirada de Dussort, considera la infraestructura energética como aquello que compone los entramados invisibles de las ciudades (Harvey 2013; Graham 2009), que se relaciona con la seguridad energética en tanto asunto bélico, que va desde refriegas tradicionales hasta ciberataques producto de la vulnerabilidad de las “smart grids” y las técnicas de guerra híbrida. Así queda claro, por ejemplo, en un trabajo publicado en 2018 por la Journal of security and sustainability issues que lleva como autores a miembros del Centro de Excelencia en Seguridad Energética de la OTAN (Pléta, Karasov y Jakstas 2018).
Contrariamente con esa óptica, desde un punto localizado que se ancla en la mirada del Sur Global (Svampa y Viale 2020), la infraestructura energética entrecruzada con la seguridad energética se ha venido asociando a la soberanía energética, la calidad de la infraestructura de generación y transporte y el afán de autoabastecimiento. En nuestro planteo, además, se añade el péndulo “seguridad/inseguridad energética” asociado a las condiciones precarias y riesgosas de acceso a los servicios básicos de energía para quienes padecen déficit habitacional, por lo tanto, privación de necesidades básicas insatisfechas, ergo, obstrucción de acceso a derechos humanos y, en consecuencia, negación de una vida plenamente digna. El orden de todas esas formas de enunciar la “seguridad/inseguridad energética” no altera el producto: desembragar la “seguridad energética” de sus acepciones bélicas, imperiales, punitivas y/o meramente geopolíticas. El péndulo “seguridad/inseguridad energética” que proponemos debe servir para desplazar el concepto hacia una práctica de descriminalización del acceso autogestionado a la energía.
Metodología
La metodología de trabajo de esta investigación se explica mediante tres dimensiones, emulando la tríada de acepciones que Guber (2013) le atribuye a la “articulación etnográfica”. Esa forma de presentar la metodología obedece a que el trabajo de investigación partió desde la concepción epistemológica de que la investigación es una práctica reflexiva constante, es decir, una praxis (Gramsci 2008) en la que se produce una recursividad entre la reflexión -abstracta y en el plano de las ideas- y la recurrencia a datos, testimonios e información de campo -casuística y empírica-. De alguna manera, la concepción epistemológica desde la que se parte es que el ejercicio de conocer parte de una puesta en marcha del pensamiento complejo (Morin 1993). Entonces, buscando articular en una práctica constante y recursiva la reflexión y la experiencia, los tres elementos que ordenan la metodología se agrupan en el encuadre, la delimitación del universo y unidades de análisis, y el trabajo de campo propiamente dicho.
En cuanto al encuadre, ello supone un enfoque general con respecto a lo que comprende la metodología de la investigación científica: concepciones sobre el conocimiento, la realidad y las técnicas metodológicas que distinguen la tradición galileana de la tradición aristotélica (Mardones 2012). El universo y las unidades de análisis determinan el espectro macro y micro en el que se enfoca esta investigación específicamente. Por último, el trabajo de campo son aquellas técnicas e instrumentos que efectivamente se idearon para aprovechar la información disponible.
Encuadre
Se asume una perspectiva aristotélica sobre la realidad -construida a partir de la mirada del investigador-, sobre el conocimiento -arbitrario y limitado- y sobre las técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos -mayormente cualitativas-. La forma de conocer de esta tradición se vuelca a la comprensión, de allí que sea el sustrato epistemológico de corrientes como la hermenéutica y el interpretativismo. Conviene aclarar, como se verá en los resultados, que este enfoque mayormente cualitativo, no quiere decir en ningún sentido una negación del potencial de los datos numéricos. De hecho, parte de la sistematización de información que se realiza en esta investigación se presenta en guarismos, los cuales se utilizan para un ejercicio de interpretación “densa” (Geertz 2003) de la oscilación conceptual propuesta en el péndulo “seguridad/inseguridad energética”.
Universo y unidades de análisis
Se tomó como parámetro de “seguridad/inseguridad energética” las condiciones habitacionales de las viviendas que experimentaron incendios accidentales en Salta. Para ello, en esta investigación en particular, se recurrió a una base de datos analógica centralizada por el Departamento de Bomberos de la Provincia de Salta. Se trabajó específicamente con los incendios de viviendas registrados por el destacamento que cubre la zona centro de la ciudad capitalina, entre los años 2018 y 2023 -hasta el mes de mayo inclusive-.
Una vez que se sistematizó esa información se recuperó la base de datos de “barrios populares” propuesta con el RENABAP, con la que ya se ha trabajado en investigaciones previas. Así, se pretendió establecer puntos de contacto entre zonas con más incendios de vivienda y acceso precario a los servicios básicos.
Trabajo de campo
Con la aceptación de ofrecer información sobre incendios de viviendas en la ciudad de Salta Capital por parte del Departamento de Bomberos de la Policía de Salta, se convino un protocolo de trabajo para asistir dos veces por semana al destacamento de zona centro a sistematizar la información que se encontraba en distintas planillas, desde un libro de registro con información básica hasta carpetas con detalles de algunas intervenciones, plasmados en actas posteriores a la acción de los bomberos. En ese protocolo se convino, además, la protección de datos sensibles, el resguardo de aquella información que se encuentre judicializada y el uso exclusivo de la información para fines científicos.
Para tabular la información se ideó una planilla donde se identificaron variables tales como la zona de la vivienda incendiada, la franja horaria del incendio, el tipo de uso y acceso a la energía de la vivienda y características habitacionales generales. Una vez centralizada esa información, se depuró la planilla con el total de incendios de viviendas en la zona centro de la ciudad cubierta por el Departamento de Bomberos de la Policía entre enero de 2018 y mayo de 2023 (449 casos). Luego se reconocieron puntos de contacto entre viviendas afectadas y barrios populares registrados en RENABAP.
Resultados
Proceso de recolección y organización de información
En primer lugar, se recabaron todos los incendios de vivienda a los que asistieron cuadrillas del Departamento de Bomberos de la Policía de la Provincia de Salta de la zona centro durante marzo de 2018 y mayo de 2023, recurriendo a distintos tipos de archivos físicos de la mencionada dependencia, desde un libro de registros generales hasta actas posteriores a cada operativo que incluyó accidentes ígneos en viviendas -desde principios de incendio hasta incendios estructurales-. Cabe mencionar que tal destacamento es el más grande del cuerpo de bomberos policial, por eso, además de cubrir casos en la zona centro y en dos o tres anillos urbanos más allá de ese centro, también asistió en casos dados en sitios populosos de la ciudad como los flancos sudeste, sudoeste y oeste.
En la ciudad hay otros destacamentos de bomberos policiales radicados en la zona sur y oeste, y dos destacamentos de bomberos voluntarios, uno en la zona centro y otro en la zona norte. En el mapa 1 se presentan dos imágenes, una en cuadrantes y otra con relieve, de los barrios de la ciudad de Salta. El relevamiento de los casos cubiertos por el destacamento de bomberos policiales de la zona centro, el más grande de la ciudad, concluyó en 449 casos de lo que el propio argot bomberil llama “incendios de viviendas”, que se diferencia de incendios de plantas fabriles, comercios, galpones, áreas rurales o cualquier otra forma de inmueble que no se utiliza con fines habitacionales.
Fuente: PIDUA (Plan Integral de Desarrollo Urbano y Ambiental de la Ciudad de Salta) (2019), sitio web de la Municipalidad de Salta (noviembre de 2023).
Sobre esos 449 casos, 420 fueron accidentales, presumiblemente accidentales o sin información específica sobre si el incendio se desencadenó accidental o intencionalmente. De esos casos accidentales, presuntamente accidentales y sin información específica (420), las causas puntuales de incendio son de lo más variadas, van desde usos de vela -por falta de conexión eléctrica o por motivos religiosos, la mayoría de los casos-, por llama libre -estufas, braseros, cigarrillos mal apagados, encendedores, etc.-, por sobrecalentamientos en la conexión eléctrica de la vivienda -“efecto joule”, según detallan algunas actas bomberiles-, por cortocircuitos dada alguna conexión incompatible y por explosión de garrafas -lo que devela la falta de acceso al gas natural, otro de los servicios básicos de energía domiciliaria-. Hay uno en particular, en una zona céntrica de la ciudad -intersección de San Juan y Alberdi-, que ocurre a causa de una falla del tendido eléctrico público. Asimismo, hay otro caso en barrio San Benito acaecido en septiembre de 2022, en el que el origen del incendio fue la quema de pastizales que estaban próximos al hogar afectado.
Sistematización y análisis de la información recogida
Sobre el total de incendios de la muestra (449), no hay información específica en 286 casos, lo que deja en 163 los casos sobre los que se conocen ciertas causas que desencadenaron los incendios. De esos, en tres casos hay precisión sobre la intencionalidad, lo que reduce el número de incendios accidentales de viviendas sobre los que hay información sobre el origen a 160. Un 30% de esos incendios de vivienda accidentales ocurrieron por motivos eléctricos (43) o fugas de gas (cinco), es decir, por inseguridad energética. Sin embargo, la principal causa es una de las más difusas para determinar si tiene o no que ver con un acceso precario y riesgoso a los servicios de energía. Se trata de la denominación bomberil “llama libre” (96), que explica el 58,12% de los casos.
De esa información recopilada puede inferirse que las fallas técnicas, sea por sobrecalentamientos, efectos joule o cortocircuitos y fugas de gas, y el acceso precario o directamente, la privación de acceso son las principales causas de origen de incendios de viviendas. Ello conduce a pensar que las condiciones infraestructurales, sean públicas o de las propias viviendas, se revelan deficientes. Entonces, la información recopilada en los bomberos conduce a la deducción de que en la ciudad hay muchas familias y viviendas que experimentan inseguridad energética.
El período analizado comprende desde marzo de 2018 a mayo de 2023, es decir, un total de 63 meses. Los 420 incendios no intencionales representan un promedio de poco menos de siete incendios por mes. Como se ha dicho, esos aproximadamente siete incendios por mes (6,66 exactamente) pueden ser catalogados como consecuencia de cierta inseguridad energética en el acceso a los derechos a la vida y vivienda adecuadas, a la energía y a la ciudad.
Entre las condiciones habitacionales que se describen en algunas actas bomberiles hay también una enorme mayoría de factores que conducen hacia la misma conclusión: en ciertas zonas de la ciudad se percibe una evidente situación de inseguridad energética. Los propios bomberos describen a ciertas casas como “vivienda precaria”, entre las que se detallan, en algunas actas, características como el techo de chapa, la conexión eléctrica aérea -no embutida- paredes sin revocar, “piso de cemento fratachado” sin cerámico, “tirantería de madera” o “tirantería metálica” a la vista e “instalación precaria” para proveerse de electricidad.
Del total de incendios no intencionales (420), sólo en tres de ellos hubo víctimas fatales. Sin embargo, sobre esa clase de casos ya se ha venido trabajando en otros trabajos, pensando con más especificidad en la criminalización de mujeres y personas a cargo de infantes (Pitch 2010). Este tipo de casos, cuando se judicializan, van contra las personas adultas, normalmente, acusándolos por abandono de persona. Es decir, no se los criminaliza por su acceso autogestionado a la energía o la vivienda, sino como responsables por los decesos de menores de edad. Sobre ello, conviene mencionar que en tan sólo un acta de los bomberos se dejó registro sobre una intervención de la cuadrilla en la que, además de asistir para sofocar el principio de incendio, se cortó la luz en la vivienda porque era una conexión autogestionada.
Considerando la información disponible en los archivos que se tomaron como base de datos y los intereses de la investigación en observar condiciones de seguridad/inseguridad energética, se clasificaron los 420 incendios no intencionales de viviendas en dos parámetros temporales: el momento del día en el que ocurrieron y el momento del año, indicios cronológicos de accesos y usos de la energía. Así, el momento del día se dividió en cuatro: madrugada (de 0 a 6), mañana (de 6 a 12), tarde (de 12 a 18) y noche (de 18 a 24). El hecho de que la mayor parte de los incendios haya ocurrido entre las 12 y las 24 indica una relación directa con los usos de la energía: cuanto más se emplean aparatos que demandan electricidad o que requieren de gas o leña, entonces son mayores los riesgos de un accidente doméstico que derive en un foco ígneo.
El momento del año se clasificó en meses de frío y meses de calor, siguiendo aproximadamente las estaciones del año del hemisferio sur. De octubre de un año hasta marzo del año siguiente se encuentran los meses de calor, mientras que de abril a septiembre los meses de frío. Resultó que la muestra de casos relevados abarcó 32 meses de frío y 31 meses de calor. Se concluyó que durante los semestres de meses de frío el promedio de incendios fue de 7,06 por mes, mientras que en los semestres de meses de calor fue de 5,29. En ese sentido, conviene subrayar que la calefacción y la refrigeración se representan con cada tipo de semestre y que el mayor índice de incendios en meses de frío, por aventurar una explicación hipotética, podría deberse a que la calefacción no sólo se hace a través de medios que requieren electricidad sino también de biomasa y gas, tanto domiciliario como por garrafas.
Si bien se deduce sin temor al yerro que una gran mayoría de las viviendas con características precarias, o específicamente con instalación autogestionada y de bajo costo a la energía, tienen un acceso “irregular”, “informal” y/o “clandestino” a la electricidad, lo cierto es que de los 449 casos registrados sólo en tres se observa alguna referencia a ello plasmada en los registros del Departamento de Bomberos de la Policía de Salta. En los tres casos los bomberos definen estas conexiones como “clandestinas”.
El primero ocurrió en diciembre de 2020 en el Barrio 23 de Agosto, en la zona sudeste, y la vivienda se describe “con techo de chapa y piso fratachado”. El segundo sucedió en enero de 2023 en Villa Floresta, también en la zona sudeste -más al extremo este que Barrio 23 de Agosto- y la vivienda se describe como “de tipo prefabricada de madera, techo de chapa zinc y piso de cemento. Instalación eléctrica precaria de tipo clandestina sin tablero eléctrico”. Por último, el tercer caso donde se registra una conexión autogestionada con la terminología “clandestinidad” acaeció también en Villa Floresta, en marzo de 2023, en una vivienda descrita como “casa prefabricada, techo de chapa zinc, piso de tierra, dos ambientes e instalación eléctrica clandestina sin tablero eléctrico”.
Como se decía, aunque sólo haya registro específico de tres de esos casos, puede anticiparse que en varios otros de los incendios fueron causas de precariedad en el acceso a la vivienda o a los servicios de energía aquello que causó o propició el desenlace pírico. Como se observa en el mapa 1, en particular en el mapa que muestra el relieve, el desarrollo habitacional de Salta capital se ha dado más por la espontaneidad de las soluciones habitacionales de urgencia, desde asentamientos hasta tomas de terrenos, que por planificación urbana. Ello se deduce fácilmente al observar, por ejemplo, los límites que imponen las laderas de los cerros para expandirse hacia el noreste. Sin embargo, la ocupación habitacional ha llegado hasta las mismísimas laderas de cerros y ríos, en lugares claramente inviables para emplazamientos de viviendas. Sin embargo, la Municipalidad de Salta cuenta con un proyecto de planificación urbana conocido como “PIDUA” por sus siglas (Plan Integral de Desarrollo Urbano Ambiental), cuenta con 28 documentos técnicos que no están disponibles en la web, en franco incumplimiento de la ley de acceso al a información pública argentina (Ley Nacional 27.275), violando el derecho a la información (Loreti y Lozano 2014).
A través de la zonificación que propuso la Municipalidad de Salta para implementar, en 2022, el presupuesto participativo, se sabe que en Salta hay censados 342 barrios y que, dada la distribución espacial que se ha impuesto a través de las soluciones habitacionales autogestionadas y de urgencia, las autoridades comunales dividen esa cantidad de barrios en siete zonas distritales: Norte (60 barrios), Centro (31 barrios), Este (37 barrios), Sudeste (44 barrios), Sur (90 barrios), Oeste (63 barrios) y San Luis (16 barrios).
Mapa 2.
Es importante señalar que dentro de los 31 barrios que la Municipalidad sitúa en el distrito Centro, no hay ninguno que forme parte de RENABAP. Sin embargo, el destacamento que cubre lo que en la jerga bomberil llaman “zona centro” ha asistido a numerosos incendios en barrios contemplados dentro del registro de barrios populares. Dentro de los 449 incendios de viviendas relevados para esta investigación a partir del registro de los Bomberos de la Policía de Salta se asistió a 27 de los “barrios populares”, considerados como tales, entre otras cosas, por el acceso deficitario al hábitat y los servicios básicos como la luz, el agua corriente, el gas natural y las redes de cloacas.
El RENABAP es una base de datos con poca rigurosidad metodológica como para considerarse un instrumento que permita zonificar la “seguridad/inseguridad energética” a partir del acceso precario a infraestructura habitacional. Ocurre que está en manos de organizaciones sociales, por lo tanto, la recolección de información depende del grado de contacto de esas organizaciones con tales o cuales territorios (Gonza, Hessling Herrera y Gonzalez 2023). Sin embargo, el registro sí es una fuente de información elocuente para observar, en general, los enormes porcentajes de familias que no cuentan con al menos dos de los servicios básicos. Actualmente, RENABAP tiene registrados 46 barrios en Salta capital (a 27 de los cuales recurrieron los bomberos de la “zona centro” de la ciudad). Según el registro, esos 46 barrios representan 7140 viviendas, de las cuales el 58,60% tiene “conexión irregular a la red (eléctrica)” y el 82,61% tiene “conexión irregular a la red de agua”. El 91,30% cocina con garrafa de gas, mientras que al registrarse la calefacción se asegura que el 30,43% lo hace a través de electricidad mientras que un 21,74% no se calefacciona de ningún modo. Se destaca, además, que el 100% de los registrados no cuenta con título de propiedad y que el 69,57% de los barrios son “asentamientos” mientras que el restante 30,43% son “villas”.
Como se observa, la “selección léxica” (Bernstein 1989) de RENABAP se acerca, sin quererlo, a la perspectiva criminalizante del poder punitivo del estado cuando subraya accesos “irregulares” al goce autogestionado de derechos (Gonza, Hessling Herrera y Gonzalez 2023). Sin embargo, en esta última versión de RENABAP se introduce la idea de seguridad asociada a la “seguridad en la tenencia” sobre el territorio que tienen todos los barrios comprendidos en el registro. Ello habilita, sí, al propósito de resignificar con perspectiva no-punitiva la idea de seguridad energética.
Conclusiones
A lo largo del trabajo se ha perseguido el propósito de recuperar el concepto de seguridad energética sacándolo del marasmo al que había sido sumido por la tendencia general del neoliberalismo con el tema seguridad: inflación del punitivismo. Para ello, se sugirió un enfoque teórico en el que la seguridad energética se convirtiera en un péndulo con la inseguridad que sirva para caracterizar el goce pleno de derechos vinculados al hábitat, los servicios básicos y la ciudad como espacio donde ser y estar. La novedad de este artículo es movilizar el concepto de seguridad energética y sugerir esa oscilación. Queda pendiente, sin embargo, idear formas cuantitativas más estrictas para que esa oscilación adopte forma de índice concreto, con variables determinadas, para medir la “seguridad/inseguridad energética” de las familias y las viviendas (no únicamente de las viviendas).
El trabajo metodológico estuvo condicionado a que la información original disponible resultaba en una vía indirecta para aquello que la investigación se proponía observar. Recurrimos a registros de bomberos sobre su intervención en incendios de viviendas. Esos registros carecían de ciertas preguntas que nos proponemos seguir investigando con entrevistas a casos particulares y observaciones de campo, tal como ya se ha hecho con otros casos de criminalización por acceso precario y autogestionado a la energía. De hecho, se proyecta emplear la información compilada de los bomberos para escoger esos casos con los que se trabajará en “descripciones densas”.
Sistematizando los datos de bomberos se buscó construir un panorama general sobre incendios de viviendas que permita observar una correlación entre focos ígneos domésticos y condiciones “inseguras” de acceso y goce de la energía. Entonces, se considera una conclusión taxativa el hecho de que una gran mayoría de las actas de las cuadrillas luego de los operativos hayan desnudado una abundante evidencia cualitativa, en variadas formas de describir, de una misma situación de déficit habitacional y/o condiciones riesgosas de acceso a la energía (conexión autogestionada a la luz, garrafas con envases vetustos, forma de calefacción o cocción a leña, etc.). El hecho de que, en una zona restringida de la ciudad, el destacamento que proveyó la información haya intervenido en 6,66 incendios de viviendas no intencionales por mes hace ostensible cierta oscilación hacia la “inseguridad energética”.
Poniendo en consideración esa sistematización con otros datos de acceso público, como el RENABAP o el sitio web de la Municipalidad de Salta, se sumaron fundamentos a esa conclusión sobre que una considerable masa de la población salteña experimenta más cercanía a la inseguridad que a la seguridad energética. Por esa razón, aunque el acceso autogestionado a la energía sea un delito de derecho, inimputable de hecho, se concluye en que el péndulo “seguridad/inseguridad energética” debe reforzarse como manera de generar dos efectos en simultáneo. Por una parte, contribuir a descriminalizar a quienes acceden como mejor pueden -y sin dañar a terceros- a derechos humanos. Y, por otra parte, y para cerrar, para visibilizar condiciones precarias y riesgosas de acceso a la energía que no sólo tienen que ver con infraestructura, condiciones técnicas y déficit habitacional, sino también con trayectorias sociales, culturales, económicas, políticas y familiares. Un índice que se proponga medir la “seguridad/inseguridad energética” deberá contemplar necesariamente esas variables diversas.
