Introducción

En el año 2000 comenzó el proceso de redacción de las Leyes Habilitantes, un conjunto de leyes que expresó un momento del proceso político iniciado en 1999. En este convivieron los dos sectores característicos de esos primeros años: el que pugnaba por una serie de reformas graduales y moderadas, sin afectar a las relaciones de clases; y el que se proponía desarrollar un proceso político cívico-militar, de características revolucionarias. Junto al sector de las tierras y la pesca, el elemento más significativo que se procuró regular fue el del régimen de hidrocarburos, y el vínculo de este con el resto de la economía. El foco se puso en la adecuación del impuesto sobre la renta, al mismo tiempo que en las condiciones que favorecieran las inversiones necesarias en las actividades de exploración, extracción, transporte, almacenamiento, refinación y comercialización de los hidrocarburos y sus productos (^{Bonilla-Molina y El Troudi 2004}).

Hacia finales de 2001, el conjunto de fuerzas políticas y sociales que, desde 1999, se había opuesto al proyecto político que llevó a Chávez al Gobierno, realizó la primera protesta masiva, conocida como el “paro cívico del 10 de diciembre” (^{Lander 2003}). Comenzó una espiral de confrontación con el Gobierno, cuyo punto más álgido se dio en el golpe de Estado de abril de 2002. Los niveles de confrontación no se detuvieron hasta el proceso de referéndum revocatorio, ocurrido en 2004, cuyo resultado permitió la continuidad del Gobierno de Hugo Chávez.

El paro cívico fue exitoso porque logró detener, de forma significativa, el comercio urbano, además de unificar al conjunto de fuerzas de oposición, fragmentado hasta ese momento (^{Roy Daza, en conversación con el autor, 18 de marzo de 2020}). En esencia, convocó a dicho paro FEDECÁMARAS, la principal organización de asociaciones empresariales de Venezuela, de donde, en el contexto del golpe de Estado, emergería el presidente de facto, Pedro Carmona Estanga. Cuando en noviembre de 2001 el Gobierno aprobó el paquete de leyes, las fuerzas que estaban movilizadas desde mediados de ese año comenzaron a desarrollar una estrategia de confrontación sostenida, e iniciaron una intensa movilización en las calles. La oposición, que no estaba dispuesta a establecer negociaciones con el Gobierno, exigió la derogación de las 49 leyes, y reclamó la renuncia del presidente Chávez (^{Lander 2003}). Las tensiones se precipitaron más aun cuando, desde febrero, el Gobierno conformó la nueva directiva de la empresa estatal petrolera PDVSA (^{Rodríguez Araque 2014}). La gerencia de la empresa rechazó las designaciones, con el pretexto del no respeto a los méritos tradicionales para tal ascenso; sin embargo, tras esos argumentos, se escondían otros motivos: los destinos de la renta petrolera nacional.

Las elaboraciones documentales que realizaba la coordinadora opositora (Coordinadora Democracia de Acción Cívica o Coordinadora Democrática, CD) coincidían con la política de apertura petrolera de los años 90. Ello se relacionaba con el fuerte rechazo que recibía la Ley de Hidrocarburos, que era objeto especial de crítica por parte de las transnacionales petroleras vinculadas con Estados Unidos y el sector privado petrolero nacional, así como con la dirigencia de PDVSA.

A partir de que el golpe de 2002 se consumó, pero se resolvió a favor del Gobierno, nos proponemos analizar una serie de replanteos referentes a las relaciones cívico-militares y al establecimiento de una nueva doctrina militar en Venezuela. Ello porque, de manera fundamental, buscamos comprender el papel que las Fuerzas Armadas comenzarán a ejercer en la defensa, la seguridad y el desarrollo. Consideramos que tales replanteos y los nuevos papeles que asumieron las Fuerzas Armadas se relacionan con el conjunto de intercambios sostenidos en el tiempo, así como con las relaciones sociales, académicas y políticas que forjaron una mirada crítica de los militares. Estos, en comunión con civiles -estudiantes, docentes y militantes de izquierda- abrevaron, durante décadas, en una serie de visiones (y acciones), así como en producciones conceptuales. Estas imbricaciones coadyuvaron no solo a la confección de una nueva doctrina militar bolivariana, sino, además, a una mirada crítica sobre la democracia representativa y la organización del sistema político en torno a ella (^{Wainer 2019}).

En el estudio de la revolución bolivariana, hablar de democracia participativa y protagónica, y su carácter cívico-militar, obliga a observar una institucionalidad específica, que puede comprenderse, por ejemplo, en la sanción de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación (LOSN) (Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela 2002). En esa intersección entre el tipo de democracia y el carácter cívico-militar podemos, además, analizar el papel que asumen las Fuerzas Armadas en el proyecto político. Será un elemento específico observar cómo la nueva institucionalidad, reservada para la seguridad y la defensa, que amplió su concepto y se integró en el ámbito político, se lleva a la práctica desde una perspectiva cívico-militar.

Entre la Constitución de 1999 y la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional (LOFAN) (Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela 2005), buscamos ver la forma en que se quiere profundizar las capacidades y funciones de la FAN, al mismo tiempo que perfeccionar el tipo de relación que alberga la unión cívico-militar. La profundización no solo puede apreciarse en lo que respecta al soporte legal institucional, sino también como respuesta a las disputas políticas que se le presentaban al Gobierno de Hugo Chávez, las cuales, en muchos casos, se habían anticipado años antes de la llegada de este a la presidencia (^{Wainer 2020}).

Este trabajo parte de una metodología cualitativa, que articula fuentes documentales y trabajo de campo centrado en entrevistas en profundidad. Con respecto a la investigación documental, al corpus lo conforman diversos tipos de documentos oficiales y no oficiales, así como bibliografía y antecedentes sobre el tema. Entre ellos se destacan legislaciones y programas de Gobierno. Se trabajó, asimismo, con fuentes secundarias, como entrevistas publicadas, realizadas a integrantes de distintas organizaciones civiles y militares, lo que se suma a las numerosas biografías y entrevistas realizadas a la figura de Hugo Chávez. Las entrevistas se realizaron a integrantes de organizaciones políticas y militares que acompañaron a Hugo Chávez, desde sus inicios en la Academia Militar (1971), en la creación del MBR-200, hasta la elaboración de la perspectiva electoral en 1997; luego, la creación del MVR para participar en las elecciones de 1998. Además, se entrevistó a dirigentes civiles y militares venezolanos con responsabilidad en la conceptualización e implementación de programas de gobierno, entre 1999 y 2007, que se vinculaban con las elaboraciones normativas planteadas antes, así como con las acciones y programas que se desprenden de estas, tanto en materia de defensa como de desarrollo económico y social.

La “ofensiva táctica de masas” para la defensa de la revolución

La respuesta al golpe de abril de 2002 fue un indicador sustantivo que guarda relación con dos dimensiones que nos interesa interpretar aquí. Primero, la continuidad de las discusiones sobre la factibilidad de llevar a la práctica un proyecto político que se dirimió entre los objetivos estratégicos del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200), desde hacía dos décadas, y la idea de la “ventana táctica” abierta por el Movimiento Quinta República (MVR), desde 1997, para avanzar, de forma gradual, sobre aquellos objetivos, por la vía electoral (y así abandonar la tesis insurreccional). Segundo, a la hora de decidir la participación en las elecciones, fue determinante la condición de organizar una “ofensiva táctica de masas” para la “defensa revolucionaria”. Ello suponía altos grados de organización civil y militar para proteger al proyecto político de la reacción de los sectores (políticos, económicos, militares, eclesiásticos, sindicales) que se habían estructurado, en tiempos de bipartidismo, sobre las bases del modelo de democracia que propició el Pacto de Punto Fijo (PPF)². ¿Qué se esperaba de estos? Que reaccionarían el mismo 1998 o luego, una vez que avanzaran algunas de las medidas en materia económica, como las Leyes de Tierras e Hidrocarburos (^{Wainer 2019}). Entre los dos elementos mencionados -ventana táctica y ofensiva de masas- se va a suceder la suerte del programa político del chavismo.

El chavismo, antes de llegar al Gobierno -que tenía presente la experiencia de Salvador Allende y el golpe de Estado en Chile, en 1973 (^{Francisco Arias Cárdenas, en conversación con el autor, 12 de junio de 2020})-, analizaba que la respuesta ante un evento semejante era la unión cívico-militar en materia de defensa, pero también la elaboración de nuevas misiones y funciones militares, a partir de la concepción de corresponsabilidad civil y militar. En esencia, la revolución bolivariana no podía configurarse como “una revolución desarmada”; el propio Chávez lo aseguraba cuando afirmaba “que la Revolución Bolivariana tiene armas y hombres dispuestos a usarlas, en caso de necesidad, para defenderla”. Además, la revolución debía ofrecer disposición para la radicalización ante un intento de golpe, inclusive exhibirla -de forma disuasiva- frente al mero intento, tal como le había indicado Hugo Chávez a Marta ^{Harnecker (2002}, 48), hacer que “la oligarquía tenga que pensarlo mucho si se decidía a dar ese paso”.

Por eso la FAN no solo se había considerado sustancial para evitar tales golpes o garantizar procesos electorales, sino, además, pieza fundamental en lo referente a la ejecución (también como parte del diseño) de proyectos de amplia extensión nacional, como el Plan Bolívar 2000 (^{Wainer 2020}), o de los programas de emergencia ante los desastres naturales que se experimentaron durante esos años.

El chavismo consideraba a la movilización popular “espontánea” como condición para detener un golpe, pero no resultaría suficiente si no se articulaba con una organización político-militar diseñada para actuar, con cierta sincronía, en la resistencia de distintos puntos estratégicos. Esto sucedía desde 1997, antes de la llegada al Gobierno (^{Carlos Lazo, en conversación con el autor, 15 de noviembre de 2016}; ^{Rodolfo Sanz, en conversación con el autor, 13 de octubre de 2016}; ^{Roy Daza, en conversación con el autor, 18 de marzo de 2020}; ^{Francisco Arias Cárdenas, en conversación con el autor, 12 de junio de 2020}).

El elemento más significativo de la gran movilización social del 12 y el 13 de abril, que fue una respuesta al golpe, radicó en que mostró muy pronto, sobre todo a los militares golpistas, que la resistencia militar podía contar con un gran apoyo civil. Como consecuencia, esto mismo se aplicó para los militares que decidieran oponerse al golpe: “estos debían saber que iban a contar con un gran apoyo de carácter civil” (^{Roy Daza, en conversación con el autor, 18 de marzo de 2020}). Y ello se expresó así -tal como de manera magistral lo muestra el documental “la revolución no será transmitida” (^{Bartley y O’Briain 2003})- ante el conocimiento de que Hugo Chávez no había renunciado, sino que lo habían secuestrado. Como lo interpreta uno de los referentes históricos del MBR-200 y del MVR, Francisco Arias Cárdenas, el golpe de 2002 precipitó los acontecimientos, los modos de organizar mejor la defensa, dado que, hasta entonces, había un diagnóstico correcto, pero la defensa estaba en proceso de elaboración.

Cuando nosotros llegamos al Gobierno, Chávez a partir de nuestra trayectoria en el Ejército, estuvo muy claro; se planteó con mucha claridad que no se podía romper de una sola vez la estructura de mando sin que pudiera producirse un golpe, entonces fue poco a poco (…) Eso que nos permitió sobrellevar un primer momento (…) respetábamos las promociones; pero, sin embargo, los golpistas rompen esa regla esencial inmediatamente. Además, oficiales que estaban expectantes con lo que sucedía, apenas vieron la reacción popular se colocaron del lado del pueblo también; lo electoral, lo constitucional fue significativo en cuanto al no respeto a los golpistas; y mientras, las organizaciones convocaban en los barrios y se venían a pedir por Chávez, y esta conjunción desbordó (^{Francisco Arias Cárdenas, en conversación con el autor, 12 de junio de 2020}).

Podemos interpretar que el 13 de abril de 2002 se pudo consumar el intento insurreccional cívico-militar fallido de una década atrás, el 4 de febrero de 1992. Ello, por varios motivos: primero, porque la unión cívico-militar respondió, en buena medida, en los términos que se había imaginado (para el caso de que un golpe ocurriera) en la asamblea efectuada en la ciudad de Valencia, en1997;³ segundo, porque “resolvió” el déficit cívico-militar que había presentado la insurrección de 1992, de modo que abrió, por fin, un proceso político más consonante con el modo en que se había planificado la revolución bolivariana, en los Decretos previos al 4 de febrero de 1992 y el Programa Constituyente de entonces (elaboraciones para el caso de que las insurrecciones triunfaran en la arena militar). Por último, porque aceleró los tiempos para llevar la revolución hacia el objetivo estratégico establecido en el Programa Nacional Simón Bolívar, el Libro Azul, elaborado en 1991 (^{Wainer 2020}):

El 22 de noviembre de 2001, es la primera confrontación importante (...) y de ahí en adelante siempre hemos estado en la calle, hasta el 13 de abril de 2002 (…) Todo eso es preparación de la población bajo la táctica, esa ofensiva táctica masiva montada sobre la defensa de la revolución y el Gobierno (^{Carlos Lazo, en conversación con el autor, 15 de noviembre de 2016}).

El propio Chávez asoció la respuesta al golpe con el trabajo articulado de civiles y militares en tareas sociales, durante los años previos, y pudo analizar el nuevo papel de la FAN, que se vinculaba al concepto de seguridad y defensa integral de la nación: allí se había cumplido el objetivo cívico-militar,

cientos de miles de venezolanos desarmados (…) se dirigieron hacia los cuarteles realizando grandes concentraciones frente a los cuarteles o alrededor de ellos (...) les gritaban: “¡Soldado, consciente, busca a tu presidente!” “¡Soldado, amigo, el pueblo está contigo!” (…) ¿Por qué el pueblo se dirigió a esos cuarteles? Nunca antes había ocurrido algo así. Y no era porque yo estuviera ahí (…) la masa que rodeaba al Fuerte Tiuna al tercer día (…) ya se sabía que yo no estaba allí. Y en eso llevan 3 años, en ese contacto en que el militar va al barrio, hace patrullaje, hace la escuelita o arregla el hospitalito, y así empiezan a darse a conocer. Ya el militar sabe que yendo al barrio tal no lo van a rechazar como antes (^{Harnecker 2002}, 47).

Otro elemento significativo, a la hora de la movilización popular, fue la acción de los Círculos Bolivarianos (^{Wainer 2020}). Primero, el 11 de abril, cuando enfrentaron a la Guardia Nacional y a los francotiradores; luego, al organizar, barrio por barrio, entre el 12 y el 13 de abril, la nutrida movilización en las calles (^{Carlos Lazo, en conversación con el autor, 15 de noviembre de 2016}). Los Círculos Bolivarianos desempeñaron un papel central, como indicara Sánchez Otero (2012, 139), “devienen pequeños motores que aglutinan y conducen a numerosos colectivos de las barriadas populares y centros de trabajo”. Al mismo tiempo, la posición contra el golpe de un conjunto de generales y el rechazo pronunciado de oficiales medios y de la tropa (sobre todo en Maracay, Fuerte Tiuna y la Guardia de Honor de Miraflores), “en actuación conjunta con el pueblo no uniformado, provocó en tiempo récord la victoria bolivariana” (139).

Como lo interpreta Carlos Lazo, el 13 de abril se expresó una respuesta cívico-militar, producto de circunstancias preparatorias durante los meses previos. La preparación se correspondió con la defensa de puntos estratégicos, como Miraflores, PDVSA o, inclusive, la propia Embajada de Cuba, a la que siempre visualizaron como foco de ataque por parte de quienes enfrentaban en las calles al chavismo (Carlos Lazo, en conversación con el autor, 15 de noviembre de 2016). PDVSA era el epicentro de una “comunidad de negocios” muy vinculada al Estado y consolidada durante décadas en Venezuela. De acuerdo con Carlos Lazo, allí se reunían y desde allí marchaban, con buena cantidad de empleados. Contaba con una importante estructura financiera, en sus propias palabras, lo que conformó una suerte de “dualidad de poderes” (PDVSA-Miraflores) que debía resolverse.

La resistencia civil al golpe buscaba desarrollar movilizaciones que dieran contexto a una defensa militar posterior, sobre la base de un golpe que se esperaba desde el 9 de abril, y sobre el que el propio Chávez se había pronunciado ante representantes de organizaciones en Miraflores.

En estos momentos cuando está en marcha -lo repito- una conspiración para tratar de derrocar a Hugo Chávez, pido unión por sobre todas las cosas (...) El plan que tienen estas cúpulas, la conspiración que está en marcha pretende seguir el mismo libreto de otras conspiraciones (…) muy especialmente pretenden seguir el mismo libreto que le aplicaron a Salvador Allende, allá en el Chile de 1973, tratando de desestabilizar la economía y de allí el intento de paralizar a la empresa petrolera venezolana (…) Por eso nosotros cada día debemos tener la moral más alta, no importa las campañas comunicacionales que hacen contra el pueblo, moral y espíritu de batalla y de victoria (^{Sánchez Otero 2022}, 104)

Las relaciones civiles y militares tras el golpe de Estado

Desde la caída de Pérez Jiménez (1958), la doctrina militar que inspiraba a las Fuerzas Armadas -consolidada sobre la base de la Doctrina de Seguridad Nacional- se centró en la lucha antisubversiva (^{Romano 2013}). Las concepciones de seguridad y defensa las establecieron la National War College, la Escuela de las Américas y el Colegio Interamericano de Defensa, los cuales centraban su programa en la lucha antisubversiva, que plasmaba la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa, de 1976 (^{Ramos Pismataro y Otálvaro 2008}). Sin embargo, muchos de los altos mandos que participaron del proceso chavista no estuvieron exentos de aquella formación, aun cuando en muchos casos pudieron esbozar interpretaciones disímiles o profundizar críticas ya existentes. La Doctrina de Seguridad Nacional, que estaba plasmada en la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa, de 1976, se sustituyó, en 2002, por la Ley Orgánica de Seguridad Nacional (LOSN).

Como ya hemos analizado en trabajos precedentes (^{Wainer 2019}), la generación que llevó a cabo la insurrección cívico-militar de 1992 se había forjado, en buena parte, bajo concepciones bien distintas de las de seguridad y defensa existentes, producto de intensos debates, intercambios y lecturas al calor de la Academia Militar, desde inicio de los años 70.

El recurrir a las armas introdujo valores comunes, tanto a civiles como a militares, en Venezuela durante una larga temporada. Por ejemplo, en lo referente al carácter heroico de la acción política o al sacrificio de la propia vida por una causa, los que permiten hacer inteligible la dinámica político-militar. Desde 1958, apenas iniciado el PPF, militares y civiles encontrarán, en recursos y acciones, dimensiones analíticas comunes para pensar sectores nacionalistas de las FAN y de la izquierda venezolana, bajo el signo común del “bolivarianismo” (^{Douglas Bravo, en conversación con el autor, 8 de febrero de 2017}). En términos de Alí ^{Rodríguez Araque (2014}), durante el transcurso del siglo XX, en las FAN persistió un sector afín a modelos democráticos “reales” que buscaban desarrollar una serie de transformaciones políticas que los distanciaba de fórmulas dictatoriales o de democracias formales-represivas, como la iniciada en 1958. Esa búsqueda se relacionó con el “carácter de origen” bolivariano de las Fuerzas Armadas, que estaba vinculada al proceso de independencia y, luego, en la denominada “Guerra Federal” (1959-1963), en la que su máxima referencia, Ezequiel Zamora, acentuó la identificación del Ejército con la idea bolivariana de “pueblo soberano” o “Pueblo y Ejército” como unidad (^{Carrera Damas 1983}).

La pregunta sobre el papel de los militares en los gobiernos civiles (^{Rangel 1980}; ^{Wayy Levitsky 2002}; ^{Kornblith 2013}), propio del final de las dictaduras y las transiciones democráticas en América Latina, o su desaparición como fuerza, en un proceso de desarrollo nacional (^{Koonings y Kruijit 2003}), volvió a tomar centralidad con la llegada del chavismo al Gobierno. Uno de los elementos que emergía de dicha orientación fue el enfoque ideológico antiimperialista (^{Romero 1989}), que lograra desterrar las “doctrinas imperialistas de la mente de los soldados”, como una forma de recuperar “la doctrina de Miranda, Sucre y Bolívar, es decir, la doctrina de la liberación, del nacionalismo libertador, y de la unión del soldado con su pueblo” (Todochávez en la Web 2005).

La doctrina militar la abordaron por medio de la Constitución Nacional y del Consejo de Defensa de la Nación (CODENA), a partir de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación (Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela 2002), y la anunció, con más claridad, el propio Chávez más tarde, en julio de 2004, con motivo del desfile militar conjunto, en conmemoración de los 193 años de la firma del acta de independencia, que coincidía con el día de la Fuerza Armada. Allí Chávez se refirió a tres líneas estratégicas que Venezuela debía seguir: 1) fortalecer el componente militar en la capacitación de las tropas regulares y de los batallones de reservistas, así como la adquisición y actualización de nuevo material de guerra para adecuarlo a los conflictos actuales de tierra, agua y aire (^{Dietrich 2004}); 2) desarrollar una articulación civil y militar en tareas de desarrollo económico y social - por ejemplo, el Plan Bolívar 2000 y luego las misiones sociales -junto con la educación civil en principios militares; 3) desarrollar el concepto de “Defensa Integral de la Nación”, asociado a la organización de la ciudadanía en funciones de resistencia y defensa del territorio nacional. Esta cuestión, la más sobresaliente, es lo que hace a la nueva doctrina militar, que se vincula al principio constitucional de “corresponsabilidad” entre el Estado y los ciudadanos; para el caso militar, a la creación de los cuerpos especiales complementarios: la Reserva Militar y la Guardia Territorial.

Desde 2002, en Venezuela se elaboró -en palabras de Heinz ^{Dietrich (2004}) - una doctrina de guerra diseñada para disuadir a determinado agresor que fuera superior en tecnología y número. Esta concepción encuentra su orientación en los mismos valores que dieron luz a teorías militares sobre la “Guerra Popular Prolongada” o “Guerra Popular de Resistencia”, como parte de la disparidad entre un país militarmente fuerte y otro débil, y las fortalezas relativas de uno y otro -conceptos tomados de Mao Tse Tun y Ho Chi Minh y la concepción de “Guerra del pueblo”; de “Ejército del pueblo”, de Vo Nguyen Giap en Asia; y la “Guerra de todo el pueblo”, en Cuba (Mao Tse-tung 1968; Ho Chi Minh 1972; Giap 2017; ^{Guevara 1970}, 1988). Tales elaboraciones inspiraron a la doctrina bolivariana y conformaron la perspectiva de unión cívico-militar, en términos de corresponsabilidad y defensa integral.

Desde 1999, las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN) pasaron a denominarse Fuerza Armada Nacional (FAN, en singular), debido al mando, ahora unificado, de sus componentes. A partir de entonces, se aplicó una serie de cambios al papel de la FAN, establecido en reformas normativas: primero, la Reforma Constitucional; luego, la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, en 2002, en un continuum con la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional, en 2005, hasta el anteproyecto de la Reforma Constitucional, en 2007; y, por último, la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (LOFANB), en 2008.

Coincidimos con ^{Battaglino (2015}) y ^{Avilés (2010}) a la hora de ubicar la relación entre política y Fuerzas Armadas en Venezuela. Su principal característica, desde 1999, es la convergencia ideológica -aun antes que el crecimiento en materia de presupuesto y expansión de las misiones- y un proceso de socialización de valores políticos revolucionarios entre civiles y militares. Ello puede observarse en el papel de los militares en el diseño y la implementación de políticas sociales, a la vez de los lugares estratégicos que estos ocupan en las empresas estatales, en ministerios o gobernaciones. En términos de “burocracia de reemplazo”, resultan cambios en las doctrinas militares para la participación en el desarrollo nacional, por ejemplo, a partir de tareas de construcción de infraestructura o apoyo a la comunidad.

El esquema de control civil por “socialización revolucionaria” se dio por medio de una larga socialización de los militares en las ideas y valores políticos e ideológicos del Gobierno. Es decir, como indica ^{Battaglino (2015}), al parafrasear a Harold ^{Trinkunas (2009}), se superan las resistencias corporativas y “los oficiales terminan por obedecer, no porque su deber sea hacerlo, sino porque están de acuerdo y se identifican plenamente con la ideología oficial”. Otro de los elementos que explican el poder político militar es la relevancia de lo militar como producto de una “amenaza”. Ello quiere decir que los militares y la defensa recobran mayor presencia en la medida en que la sensación de amenaza crece, en lo fundamental, la amenaza externa, sobre todo cuando proviene de una potencia cuya capacidad militar es relativamente mayor.

Desde 1999, esta burocracia político-militar -que contará con militares retirados y en actividad- favoreció la construcción de un nuevo entramado de intereses entre gobernaciones, municipios, empresas estatales y las Fuerzas Armadas (^{Pion-Berlin y Trinkunas 2005}). Sucedió, además, en el contexto de unas Fuerzas Armadas con pronunciadas divisiones, sobre todo luego del Caracazo de 1989, que ofreció al nuevo poder político mayor capacidad para ejercer el primer control civil. Los lugares dentro de la administración pública que la oposición al Gobierno de Chávez tenía, coadyuvó a avanzar en la creación de una “burocracia de reemplazo” (^{Avilés 2010}), en el sentido de que, en lo adelante, muchos militares ocuparían cargos preponderantes. Para los años 2001 y 2002, había tres oficiales en actividad en el gabinete nacional; 13 oficiales en actividad se desempeñaban como gobernadores, y el 50 % de las empresas estatales eran dirigidas por militares. Al mismo tiempo, en el contexto del Plan Bolívar 2000, más de 40 000 soldados se movilizaron para llevar a cabo tareas de salud, educación o infraestructura (^{Manrique 2001}). Esto se expandirá aún más a partir de 2003 con las misiones sociales (^{Wainer 2022}).

El elemento cívico-militar: la “corresponsabilidad” en la nueva institucionalidad militar

La relación cívico-militar en Venezuela requiere pensarse a partir de las características del movimiento civil y militar que había llegado al Gobierno en 1998. Hugo Chávez, desde sus comienzos, buscó establecer una serie de planteamientos en relación con esa alianza, al vincular el proceso constituyente con la transformación en el campo militar. En palabras de José Antonio ^{Rivas (2009}, 75), se buscó “hacer de la institución armada un ejército revolucionario, una institución al servicio de un proyecto político fuertemente ideologizado” y empezaron por lo normativo. Estos elementos de cambio debían, en principio, estar contenidos en el proceso constituyente apenas comenzó el Gobierno (^{Francisco Arias Cárdenas, en conversación con el autor, 12 de junio de 2020}).

Por las características cívico-militares, no como una alianza de estamentos separados, sino como una unidad político-militar integral, resultó un elemento sobresaliente la eliminación de la prohibición del ejercicio simultáneo civil y militar: el militar pudo, desde entonces, desempeñarse, al mismo tiempo, en cargos en la administración pública. Ello pronto se demostró en centenares de casos, al acceder a alcaldías, gobernaciones, ministerios o participar de comisiones presidenciales para la puesta en práctica de programas políticos cívico-militares como las misiones sociales. Además, se estableció la supresión del carácter “no deliberante y apolítico” del estamento militar, si bien se continuó con la naturaleza de una institución “sin militancia política”. Se eliminó la prerrogativa de una institución cuyo fin era el de ser garante de la estabilidad de las instituciones democráticas, al concederle, por primera vez, el derecho al voto a los militares. Con la Reforma Constitucional, se excluyó de las funciones de la FAN la de “asegurar las instituciones democráticas”, al tiempo que se fijaron como tareas prioritarias la defensa integral y la participación en el desarrollo del proyecto político.

Buscan desdibujarse las fronteras entre las cuestiones de seguridad y de defensa, al convocar, para ello, tanto a civiles como a militares; al fomentar la participación de militares, por ejemplo, en tareas de distribución de alimentos, construcción de infraestructuras y otras actividades para el desarrollo económico y social de Venezuela (^{Mario Olivera, en conversación con el autor, 10 de junio de 2020}). El texto constitucional de 1999 plantea el principio de “corresponsabilidad” entre el Estado y la sociedad civil, a los efectos de dar cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad (Asamblea Nacional Constituyente 1999, art. 326). Es, a su vez, significativo el artículo 326, por las discusiones que generó a partir de su aprobación. Ello no solo por el rango constitucional (no había antecedentes en la tradición constitucional de Venezuela), sino, en esencia, por la articulación de los conceptos de seguridad, defensa y desarrollo. El propio Hugo Chávez los planteaba como conceptos de “seguridad integral y defensa integral de la nación”, como responsabilidad compartida del Estado y de la sociedad, del “Gobierno y del pueblo”, de “todos los ciudadanos y todas las ciudadanas”. En más de una vez, convocó a la ciudadanía a la lectura de estos, bajo el concepto de “defensa nacional popular integral”.⁴

Se aprobó, en 2002, la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. La nueva Ley propició, como se indica en su artículo primero, “regular la actividad del Estado y la sociedad en materia de seguridad y defensa integral, en concordancia con los lineamientos, principios y fines constitucionales” (Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela 2002). Aparece allí una concepción sobre seguridad en un sentido amplio, que permite a los militares asumir diferentes competencias en distintos ámbitos de la vida social (^{Hernández 2017}), tal como establece el artículo segundo, al indicar que la seguridad se fundamenta en el desarrollo integral:

Y es la condición, estado o situación que garantiza el goce y ejercicio de los derechos y garantías en los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar de los principios y valores constitucionales por la población, las instituciones y cada una de las personas que conforman el Estado y la sociedad, con proyección generacional, dentro de un sistema democrático, participativo y protagónico, libre de amenazas a su sobrevivencia, su soberanía y a la integridad de su territorio y demás espacios geográficos (Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela 2002, art. 2).

El otro elemento sobresaliente de la Ley es la referencia a la defensa nacional, planteada como Defensa Integral, que la Ley traduce como el conjunto de métodos, medidas y acciones de defensa, de distinta naturaleza e intensidad, que en forma activa formule, coordine y ejecute el Estado, con la participación de las instituciones públicas y privadas, con el objeto de “salvaguardar la independencia, la libertad, la democracia, la soberanía, la integridad territorial y el desarrollo integral de la Nación” (Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela 2002). A partir de la noción de corresponsabilidad Estado-sociedad, tal como se expresa en el artículo 20 de la LOSN:

La Fuerza Armada Nacional constituye uno de los elementos fundamentales para la defensa integral de la nación, organizada por el Estado para conducir su defensa militar en corresponsabilidad con la sociedad. Sus componentes, en sus respectivos ámbitos de acción, tienen como responsabilidad la planificación, ejecución y control de las operaciones militares, a los efectos de garantizar la independencia y soberanía de la nación, asegurar la integridad del territorio y demás espacios geográficos de la República, así como la cooperación en el mantenimiento del orden interno. Las leyes determinarán la participación de la Fuerza Armada Nacional en el desarrollo integral de la nación (Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela 2002, art.20).

En la propia LOSN de 2002, la seguridad aparece de forma extendida, es pensada como seguridad humana y democrática, para lo cual debe involucrarse como condición la participación de más actores. La seguridad se vincula a la institucionalidad democrática, la pluralidad política y la participación ciudadana, además de a la protección de la familia en tanto unidad insustituible en el desarrollo y formación integral del individuo, el cuidado del patrimonio material e inmaterial como garante de la preservación de la identidad nacional, la tradición y la cultura.

La sanción de la LOSN en 2002, la búsqueda durante 2003 y 2004 para concretar los términos de la Ley, va a plasmarse en 2005, en la elaboración de nuevos programas educativos en el marco de una reestructuración de la Academia Militar que, para entonces, incluirá, de manera oficial, estudios sobre el socialismo en América Latina. Ese mismo año, junto a la sanción del Decreto que creó el Comando General de la Reserva Militar y Movilización Nacional -que se subordinaba al Poder Ejecutivo- se buscó una mayor participación de la población civil en asuntos militares. Desde entonces, se estableció otorgarle a la Reserva Nacional una “operatividad permanente y no solo en caso de agresión externa o de movilización nacional” (^{Hernández 2017}), a partir de la convocatoria permanente a funcionarios de varias instituciones gubernamentales, a los efectos de formar cuerpos de combatientes para intervenir en circunstancias especiales, así como para recibir entrenamiento y prácticas militares (^{Mario Olivera, en conversación con el autor, 10 de junio de 2020}).

Con esos elementos centrales, en septiembre de 2005 va a sancionarse la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional (Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela 2005), la que va a incluir, en tanto uno de los tres componentes de la Defensa Nacional, al “Comando General de la Reserva Nacional y Movilización Nacional”. A los componentes tradicionales de la FAN, se sumaron, a los efectos de cumplir con la concepción de Defensa Integral de la Nación -cumplir con la defensa militar y participar en la defensa integral de la Nación (Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela 2005)- dos nuevos: la Guardia Territorial y la Reserva Nacional.

Según los artículos 10 y 11 de la LOFAN, ambos cuerpos se organizan bajo la Comandancia General de la Reserva Nacional y Movilización Nacional. La Reserva Nacional está compuesta por ciudadanos no activos en el servicio militar, que hayan cumplido el servicio o que decidan incorporarse a las unidades de reserva, al tiempo que la Guardia Territorial está integrada por ciudadanos que, de forma voluntaria, decidan organizarse para “cumplir funciones de resistencia local ante cualquier agresión interna o invasión de fuerzas extranjeras” (Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela 2005, art. 30).

En la corresponsabilidad se centró el objetivo de la unión cívico-militar con el objetivo de preparar al país en caso de tener que enfrentarse a una guerra de resistencia, por medio de la organización, participación y preparación de la sociedad civil. En ese esquema, la Reserva Nacional es responsable de complementar la Fuerza Armada Nacional en lo referente a proporcionar reemplazos para la Defensa Integral de la Nación; mientras la Guardia Territorial asume la misión de la preparación y el mantenimiento del pueblo organizado para “operaciones de resistencia local”, ante cualquier agresión interna y/o externa, tanto como la participación en misiones especiales de defensa y desarrollo integral de la nación (Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela 2005). Ambas se consignaron a partir de las figuras de “Guerra Popular de Resistencia” y “Defensa Integral de la Nación”, para las cuales Cuba funcionó como el ejemplo más inmediato (^{Ronald Blanco La Cruz, en conversación con el autor, 11 de noviembre de 2016}; ^{Francisco Arias Cárdenas, en conversación con el autor, 12 de junio de 2020}).

Conclusiones

El análisis de la experiencia venezolana nos permite complejizar la dicotomía entre militarización y democracia, que se sostiene desde la perspectiva liberal que ha penetrado en muchos análisis académicos y políticos. Estos tienden a deshistoriar y/o invisibilizar la participación de los militares en procesos de cambio social. En este trabajo hemos establecido un contrapunto con aquellas miradas que conciben la articulación entre lo cívico y lo militar como “deformación” o “desviación” de la democracia, por asumir la politización de las Fuerzas Armadas y el involucramiento de los civiles en asuntos militares (^{Way y Levitsky 2002}; Kornblith 2003; ^{Weyland 2013}).

Para ello, y en consonancia con lo que abordan varios trabajos precedentes (^{Wainer 2019}, 2020, 2022) repusimos, en forma breve, el período que antecedió al ascenso del chavismo, a los efectos de dar cuenta de un proceso de acumulación histórica de múltiples temporalidades. Esto porque sostenemos la necesidad de un análisis de tiempos más largos para, desde un abordaje múltiple, identificar aquellos momentos que se fueron asociando (civiles y militares en acciones y conceptualizaciones) como parte de un proceso de cambio social amplio.

Para el chavismo, hasta 1996, la opción de participación electoral había representado una legitimación del orden social que se pretendía enfrentar. Si se asumía dar lugar a la participación electoral, había que construir una nueva “táctica” como alternativa, que pudiera justificarse, desde el punto de vista ideológico, por su factibilidad, como desde el punto de vista político, para una militancia civil y militar forjada bajo otras concepciones. Por último, la “reserva” que se planteó para ir a las elecciones fue la “ofensiva táctica de masas” para la defensa cívico-militar del futuro Gobierno, como luego se expresó en el golpe de abril de 2002. Comprender esta noción como actualización de la fusión cívico-militar para la toma y defensa del Gobierno, nos permitió develar distintas conceptualizaciones políticas que, aún hoy, se presentan como indicadores centrales para comprender las concepciones de “corresponsabilidad” entre Fuerzas Armadas y sociedad y “defensa integral de la nación”.

Para el chavismo, era necesario elaborar una respuesta ante la posibilidad de un evento golpista, y era condición la unión cívico-militar, asociada a nuevas misiones y funciones militares y a una corresponsabilidad civil y militar en materia de defensa. La denominada revolución bolivariana no podía configurarse como “una revolución desarmada”; por lo que debía mostrar disposición a la radicalización ante un intento de golpe, además de exhibirla de forma disuasiva. Como consecuencia, tomó centralidad una relevancia de lo militar como producto de la “amenaza”: los militares y la defensa recobran mayor presencia en la medida en que la sensación de amenaza externa crece, sobre todo cuando proviene de una potencia cuya capacidad militar es relativamente mayor.

Con la Reforma Constitucional de 1999 se fijaron como tareas prioritarias la defensa integral y la participación activa en el desarrollo social y económico, que se entendía como parte de la seguridad de la nación, en tanto concepción ampliada. Las modificaciones en el papel de la FAN se comprenden, de manera central, a partir de la introducción del concepto de “corresponsabilidad” en la Constitución Nacional y luego en legislaciones posteriores, que aluden a la responsabilidad compartida entre Estado y sociedad en materia de seguridad y defensa integral de la nación.

Se abordaron tres líneas estratégicas fundamentales: primero, el fortalecimiento del componente militar en relación con la capacitación de tropas regulares y batallones de reservistas, y con la adquisición y actualización de material de guerra para adecuarlo a los nuevos conflictos; segundo, se estableció una articulación civil y militar en tareas de desarrollo económico y social -por ejemplo el Plan Bolívar 2000 y, desde 2003, las misiones sociales- donde se buscó formar a civiles en principios militares; tercero, se buscó organizar a la ciudadanía en el concepto de “Defensa Integral de la Nación”, asociado este a funciones de resistencia y defensa del territorio nacional. Esta última cuestión se presentó como la más destacada en cuanto a la nueva doctrina militar, y al principio constitucional de “corresponsabilidad” entre Estado y sociedad. Tal situación dio lugar a la creación de los cuerpos especiales complementarios: la Reserva Militar y la Guardia Territorial.

Hemos analizado las formas que adquirió la confluencia entre izquierda y Fuerzas Armadas en término de valores compartidos entre civiles y militares, como consecuencia de una elaboración duradera, lo que supone, para el caso de Venezuela, una relación civil-militar específica. La concepción de Ofensiva Táctica de Masas y de Defensa Integral de la Nación, que estructuran el trabajo, nos permitió asociar tales elaboraciones conceptuales y acciones político-militares. La pregunta sobre el papel de los militares como actores destacados en los escenarios políticos, o su desaparición como fuerza en un proceso de desarrollo nacional, volvió a tomar centralidad desde 1999, cuando la FAN enfrentó la concepción de unas Fuerzas Armadas despolitizadas, o del “fin de los ejércitos políticos”. Dicha interpretación no fue producto exclusivo de una decisión tomada una vez en el Gobierno, sino consecuente con elaboraciones políticas, acciones concretas y producciones conceptuales que se desarrollaron durante décadas. Podemos decir que una característica preponderante, desde 1999, fue la existencia de una convergencia ideológica entre civiles y militares y un proceso de socialización de valores políticos-revolucionarios. La “herramienta de control” por parte del poder político fue la propia politización de los militares, que se desarrolló a partir de una larga socialización de los militares en las ideas y valores políticos e ideológicos del Gobierno.