Introducción

Según datos de agosto de 2023 (Statista 2023), la delincuencia representa la principal preocupación del 42% de los ecuatorianos, seguido muy de lejos de la corrupción (17%) y el desempleo (11%). Esta situación es un cambio de las percepciones habituales, en los que la seguridad y la delincuencia ocupaban el tercer o cuarto lugar de preocupación ciudadana. Aunque la percepción ciudadana está limitada a enormes sesgos de información, en última instancia, da cuenta de relaciones concretas que marcan la vida cotidiana de la gente. La información posible sobre la violencia, narcotráfico, delincuencia y crimen organizado está limitada a la propia lógica oculta del fenómeno, así como a diferentes formas de subregistro. A pesar de ello, existen medios concretos para medirla.

La literatura sobre la violencia suele centrarse en medirla a través de la tasa de homicidios por cada 100 000 habitantes (^{Crutchfield y Wadsworth 2003}; ^{Perea 2019}; ^{Davis 2020}). La preponderancia de este dato se debe a que su medición es concreta, certera y en condiciones de muertes no bélicas es fácilmente contable. Mientras el cálculo de los casos de sicariato tiene un claro subregistro, pues no siempre es fácil determinar ni los medios ni el móvil; los homicidios violentos son mucho más sencillos y simples de constatar y registrar. Esta forma de violencia extrema se suele relacionar con diferentes aspectos: la desinstitucionalización del Estado y contextos de desestructuración social (Davis 2020; ^{Summers 2022}); los problemas de pugnas territoriales por el control de tráfico de sustancias ilícitas, contrabando, cobros extorsivos, etc. (Crutchfield y Wadsworth 2003; ^{Carrión Mena 2023}); modificaciones en los patrones de demanda de bienes y servicios de actividades ilícitas y el deterioro de las condiciones socioeconómicas que permiten una radicalización de la violencia (^{Dolliver, Ericson y Love 2018}).

En el aumento de la conflictividad social es importante tener en cuenta las dinámicas de la violencia instrumental y su evolución en diferentes etapas. En diversas comparaciones sobre la violencia en México y Colombia se han establecido patrones característicos de su evolución (^{Duran-Martinez 2017}; ^{Davis 2020}). 1) La búsqueda de oportunidades o la apertura de brechas entre actos delictivos e institucionalidad estatal para aprovechar las falencias del sistema; 2) la construcción de redes delincuenciales internas, locales y regionales para el trabajo de organizaciones delictivas; 3) la inserción de tales redes y organizaciones en el sistema y su participación en negocios ilícitos transnacionales a través de nuevas conexiones; 4) la combinación de negocios locales e internacionales que suman diferentes formas de acción, que van desde la extorsión local y gobernanza territorial, hasta el tráfico internacional de armas, drogas, personas; 5) jerarquías plenamente identificables que permiten una reproducción institucional de las organizaciones; 6) el permeo en la sociedad a diferentes niveles, tanto civiles, como estatales; 7) la ampliación de actividades ilícitas en la economía general y la participan de diferentes actores en negocios que incluso son lícitos y favorecen al desarrollo económico en varios ámbitos (^{Rivera-Rhon y Bravo-Grijalva 2020}); y 8) expresiones derivadas, como escalada de violencia, que terminan por afectar a la cotidianidad de la sociedad entera. Estas etapas se han vivido ya en el país desde hace varias décadas con distinta intensidad, pero la explosión de la violencia instrumental, aunque no es nueva en sí misma, ha alcanzado niveles inéditos en los últimos dos años. Este trabajo aborda diversas dimensiones de esta problemática.

Metodología

Este trabajo presenta dos aproximaciones. La primera ofrece una explicación general de las condiciones del negocio transnacional y la lógica de la participación de los diferentes actores en Ecuador. Para ello, se hace un análisis crítico de parte de la literatura existente, siguiendo diversos tópicos que se desarrollan en diferentes apartados de este escrito, como: las dinámicas transnacionales del narcotráfico, los cambios en la economía del narcotráfico y los factores de su vinculación con el país.

En segundo lugar, se relaciona la violencia en Ecuador, medida por número de homicidios, con las condiciones socioeconómicas del país. Para ello, a nivel exploratorio, se propone un modelo de regresión lineal simple, que toma como variable dependiente el número de homicidios por cada cantón del país, con seis variables explicativas que se siguen de la literatura: pobreza multidimensional, empleo adecuado, tasa de desempleo, hacinamiento, años de escolaridad y desigualdad medida por el Gini. Se toma la tasa de homicidios de los 221 cantones, de acuerdo con datos proporcionados por el Ministerio del Interior para los años 2021 y 2022. Los datos de las variables socioeconómicas son obtenidos del Enemdu (2019 o 2021). El modelo permite establecer, al menos, correlaciones a la luz de la literatura presentada y ensayar ciertas explicaciones a modo indicativo. Aspectos más específicos del modelo y la aproximación teórica se explican en el apartado.

Las dinámicas transnacionales del negocio y la inserción del país

Para el caso de América Latina, según la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo), la participación en el negocio empieza en la década de los 50 y va creciendo gradualmente hasta su explosión en la década de los 70. La producción de sustancias ilícitas (sobre todo cocaína) se centra en Colombia, Perú y luego México, y se conecta con el consumo en Estados Unidos primero y en Europa después (^{Taylor y Smith 2007}). El auge del mercado de la cocaína en la década de los 60 y 70 tiene que ver con: 1) cambio de patrones culturales de consumo y aprovechamiento del tiempo de ocio, asociados a la revolución contracultural; 2) el aumento del comercio mundial después de la Segunda Guerra Mundial; 3) el aparecimiento de grupos subversivos de guerrilla campesina, de corte maoísta o guevarista en zonas de cultivos ilícitos; 4) el florecimiento de rutas ilícitas concomitantes al comercio mundial.

Nueva York, Los Ángeles y Miami se convirtieron en los demandantes de la producción de coca y marihuana en Colombia, Perú y México, con pasos clave a través de Costa Rica, Cuba y México (^{Dolliver, Ericson, y Love 2018}). De a poco, estos patrones de consumo se fueron extendiendo desde los Estados Unidos y cambiando de forma, pasando a los propios países productores, como México, Colombia y luego a Brasil, para después extenderse al mercado europeo. Como cualquier otro negocio, el narcotráfico ha buscado nichos de reproducción de las diferentes cadenas productivas y ha propiciado un aumento de la demanda a través de varias estrategias, como el aprovechamiento de las fallas de los sistemas de control (^{Summers 2022}).

En el caso colombiano, desde hace 40 años, la producción de cocaína en sus diferentes etapas de la cadena constituye un tipo de economía ilegal y extractiva similar a la agroindustria o la minería (^{Guerrero 2007}). Según diferentes cálculos, para la década de los 80 y 90, el dinero proveniente del narcotráfico en Colombia, podía llegar hasta un 7 u 11% del PIB (^{Steiner 1998}; de ^{Rementería 2001}); mientras que para el presente siglo, los cálculos van entre el 2 y 4% (^{Montenegro, Llano y Ibáñez 2019}). En Colombia y México la materia prima es parte importante de la producción agrícola (Duran-Martínez 2017).² El impacto central en la economía suele ser la inyección de liquidez por el ingreso de dólares.

Por diferentes motivos, el negocio internacional del narcotráfico ha sufrido lo que suele llamarse “efecto de delocalización” o “efecto globo” (de ^{Rementería 2001}; ^{Rivera-Rhon y Bravo-Grijalva 2020}). La delocalización se debe a la propia lógica de todo negocio, a la evolución productiva y a los cambios inherentes de la demanda; es decir, a la búsqueda de nuevos nichos, rutas comerciales, costos de oportunidad, etc. Además de lo económico, la delocalización ha sido también un resultado de la llamada “guerra de las drogas”, parte de la política exterior norteamericana. Después del fin de la Guerra Fría, la política exterior de los Estados Unidos puso a América Latina en segundo plano, pues sus intereses mayores estaban en Medio Oriente, ya sea en conflictos por minerales o en la cruzada contra el terrorismo. Así, América Latina quedó relegada a un combate muchas veces tibio contra las drogas (^{Cameron 2002}), y otras veces, enormemente costoso, debido al énfasis securitista. El caso más emblemático fue el propio Plan Colombia que tuvo un impacto importante en la producción regional y que trasladó buena parte de la cadena productiva de Colombia a México, dando pie al fortalecimiento y enriquecimiento de los cárteles mexicanos, en relativo detrimento de los cárteles colombianos (Duran-Martínez 2017).

El efecto de delocalización conlleva dos contextos generales de funcionamiento (de ^{Rementería 2001}). El primero es el carácter transnacional del fenómeno, tanto en su fase productiva como en las cadenas de consumo. La interrelación de varios agentes productores y comercializadores promueve el intercambio de grupos criminales, cárteles, etc. alrededor del mundo, con un dinamismo muy diferente al que es posible entre Estados. El segundo aspecto es bastante más complejo de determinar en el conjunto de sus factores, pero tiene que ver con el marco legal e institucional en el que operan los negocios ilícitos. Esto implica que la delocalización y transnacionalización de los negocios busca nichos institucionales favorables, tanto legales como económicos, lo que promueve un dinamismo importante a las operaciones.

Solo existirían dos factores clave que no se pueden mover y reemplazar con facilidad y tiene que ver con la ubicación geográfica de los centros productivos. La primera son los centros de producción de materia prima, que no pueden moverse de un lugar a otro debido a las características climáticas y de suelo para la producción óptima de hoja de coca, cannabis o amapola. La segunda es la condición portuaria de las ciudades, pues las operaciones a gran escala operan a través de puertos marítimos. Por esto, un país productor de hoja de coca, como Bolivia, no es un país óptimo para la comercialización de grandes cantidades de cocaína; mientras Ecuador, que no es un país productor histórico de hoja de coca, lo es para la producción de cocaína y para la comercialización a través de puertos comerciales por la ruta del Pacífico. Históricamente, el Ecuador no es productor de hoja de coca debido a la erradicación de su sembrío y consumo hace más de 300 años, por razones aun no esclarecidas.

En el caso ecuatoriano, la inserción de grupos relativamente organizados en la lógica transnacional del narcotráfico cobra relevancia ya en la década de los 90 (^{Pontón 2013}), y justamente, coincide con los inicios de las actividades de los Choneros, la organización delictiva más grande del país y la que tiene los mejores vínculos en el contexto internacional, sobre todo en México. La inserción del país en el narcotráfico tiene que ver con: 1) el aprovechamiento de las oportunidades que ofrecían los controles laxos y la falta de institucionalidad en un país que no estaba habituado a esta problemática a gran escala; 2) la vecindad con países productores; 3) la condición de puerto y la importancia geográfica de la ruta marítima Manta - Galápagos - América Central (^{Carrión Mena 2023}).

En los países de producción y control, como México, ha habido una escalada inusitada de la violencia que ha contribuido a la construcción de una ética delincuencial extrema y antes desconocida en las propias prácticas del negocio y que ha sido ejemplificadora para las organizaciones adscritas (Duran-Martínez 2017). Esto quiere decir que los factores culturales y simbólicos que se han tejido alrededor de las prácticas de violencia no solo se han normalizado, sino que hay una especie de apología de la violencia y legitimidad de acción. Esto probablemente cambie patrones sustanciales y la naturaleza del fenómeno, que puede pasar de ser oculto y silencioso, a una especie de espectáculo.

Asimismo, hay un efecto en los equilibrios en las disputas territoriales entre grupos delictivos que ha sido varias veces modelizado en teoría de juegos sobre la violencia (^{Goh et al. 2006}; ^{Quek, Tan y Abbass 2009}). Dado un sistema de pagos bien definido, el equilibrio del sistema - que en la práctica se traduce en una anulación de la violencia - supone un factor en el que existe un grupo que determina los pagos; es decir, que elimina la disputa y reparte el mínimo posible para poder seguir con la dinámica del juego.³ Esto se traduce en que cuando existe un grupo que prima por sobre otros, la violencia disminuye considerablemente. Esta línea analítica podría explicar el desencadenante de la violencia en Ecuador, a partir del asesinato de varios líderes de Los Choneros, sobre todo la de Jorge Zambrano, alias “Rasquiña” (^{Carrión Mena 2023}). A partir de este suceso hay una fragmentación de los diferentes grupos -una reorganización del equilibrio en el juego y los sistemas de pago - y la necesidad de crear nuevos medios de control territorial. Esta fragmentación se ha transformado en una disputa entre diferentes bandas, que además son luchas satélites de los cárteles mexicanos por las rutas ecuatorianas.

Además, un factor central para la promoción de la violencia fue el cambio en el modelo de negocios entre los diferentes grupos criminales. Este cambio incluye el pago en especies en vez de efectivo, sobre todo en cocaína y pasta base de cocaína, lo que tiene como resultado una disputa territorial a nivel de microtráfico (^{Carrión Mena 2023}). La visión general o el recorrido histórico de lo que ha sucedido en el Ecuador con respecto a la transnacionalización siempre ha tenido una perspectiva de mediana data que asumía al país como un lugar de tránsito y no de producción, tanto de materia prima como de bienes de consumo (^{Pontón 2013}). Por tanto, Carrión propone que estamos en un momento álgido y un parteaguas en lo que respecta al narcotráfico, no solo en el rol de las cadenas de producción y tráfico nacionales, sino a la propia lógica de inserción de los grupos armados ecuatorianos y las pandillas en la propia disputa microterritorial.

Por último, queda un efecto también importante y es que, en la dinámica de la escalada del negocio en el contexto social, el narcotráfico se ha permeado ya en todas las instancias de la sociedad. Estos vínculos, afectaciones y ventajas son de diferente tipo: 1) el lavado de dinero y las cadenas ilícitas que promueven la economía general y benefician a amplios sectores sociales; 2) un perjuicio directo a otros sectores a través de la violencia y extorsión; y 3) la participación de los grupos organizados en la política y de los políticos en los negocios ilícitos, lo que conlleva a compromisos políticos y formas de desinstitucionalización del control. Así, la violencia es una consecuencia de diferentes factores, que va desde la escalada misma del negocio en la región, los efectos de delocalización, generalmente, producidos por la guerra contra las drogas, los factores geográficos del país y sus estructuras socioeconómicas y los cambios en el negocio.

Tanto en la evolución del problema transnacional del narcotráfico, como por los efectos mismos de control, un capítulo aparte merece el retiro de la Base de Manta en al año 2009, como resultado del mandato constitucional, bajo el argumento de la soberanía nacional y de la impropiedad de que la lucha contra las drogas tenga una visión securitista dictada desde los Estados Unidos. En términos absolutos, después de la salida de la Base, entre los años 2010 y 2012 hay una caída de las incautaciones de droga. Según Manuel González (2023), basado en el modelo de Bai y Perrón, se puede concluir que hay un cambio estructural en el comportamiento de las incautaciones a partir del 2010, lo que supone que contrafactualmente si se habría quedado la Base, las incautaciones podrían haber sido un 75% más altas que lo que de hecho han sido.⁴

Un problema que no ha sido plenamente abordado trata las secuelas del proceso de paz entre el Estado colombiano y grupos paramilitares como las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). En el caso de países de América Central, la desmovilización propició un aumento de la criminalidad y violencia común, teniendo a El Salvador como el caso más claro (^{García Pinzón y Rojas Ospina 2020}). ¿Qué pasa con todas las personas desmovilizadas y las decenas de miles de armas de los grupos combatientes después de los procesos de paz? Algo que se ha recalcado es la relación entre la violencia en Ecuador y las facciones disidentes de las FARC que no entregaron las armas y que siguieron beligerantes, controlando territorios para el narcotráfico y negocios extorsivos. El caso más patente fue el de grupos disidentes en el departamento colombiano de Nariño, comandados por alias Guacho, los que estuvieron vinculados al secuestro y muerte de tres periodistas ecuatorianos y que fue un detonante para el crecimiento de la violencia fronteriza. Como efecto colateral, los procesos de paz traen consigo también este tipo de secuelas, por la circulación de armas, la dificultad de la reinserción de desmovilizados y el carácter transnacional del tráfico.

Economías del narcotráfico y el dramático cambio de la demanda mundial

Cuando se habla de la economía del narcotráfico, se suele poner énfasis en las cadenas de valor que se forman alrededor del negocio y cómo este se infiltra y crece asociado a diferentes sectores económicos (minería, construcción, etc.) (^{Rivera-Rhon y Bravo-Grijalva 2020}). Por ello, un tipo de política contra las drogas suele ser el ataque a las cadenas productivas, afectando directamente al negocio, incentivos y rentabilidad, y no a la militarización y securitización. En este sentido, existen tres grandes aproximaciones al combate al narcotráfico y consumo: la seguridad, la economía y la salud pública. En el país y la región, la política de seguridad ha sido la principal estrategia de combate, en dos grandes ramas: militarización y punición carcelaria,⁵ dejando de lado la visión del consumo como un problema de salud pública o la perspectiva económica y el debilitamiento a los eslabones de la cadena productiva.

Siguiendo lo que se ha llamado “el fracaso de las políticas de securitización” en materia de drogas y narcotráfico, ^{Rivera-Rhon y Bravo Grijalva (2020}) sostienen que el ataque a las estructuras del narcotráfico incluye un desmantelamiento a gran escala de las rutas, el encarecimiento de las cadenas de producción y comercialización, o definitivamente el abaratamiento del producto final (puede ser a través de la legalización), lo que implicaría un traslado consecuente de los recursos invertidos hacia otro tipo de medios productivos, por el mismo costo de oportunidad. Pero el abaratamiento de la producción de otras drogas ha dado pie a uno de los virajes más importantes con respecto a los patrones de consumo en el mundo y a la escalada de la violencia local. Me refiero a la llamada “transición hacia el fentanilo” (^{Pérez Ricart et al. 2023}), la que ha provocado nuevos problemas, no solo en aspectos de salud pública, sino en la propia economía del narcotráfico, resquebrajando las viejas estructuras. El consumo masivo del fentanilo ha tenido las siguientes consecuencias:

Como tema de salud pública en los países de alto consumo. Para el año 2021, solo en Estados Unidos se cuentan más de 107 000 estadounidenses muertos por sobredosis, con un crecimiento de más del 94% con respecto al 2019; 8 de cada 10 muertes están asociadas a los opioides sintéticos, entre ellos el fentanilo (^{Pérez Ricart et al. 2023}). El problema de salud pública es considerable dada la altísima letalidad del fentanilo. Los opioides sintéticos han demostrado ser 50 veces más adictivos que la heroína, con una letalidad alta debido a que la dosis letal es bastante menor, alrededor de 2 miligramos, una cantidad que es difícil de calcular a simple vista, porque equivale a algo similar a 15 granos de sal (^{Althoff et al. 2020}).

El ingreso de China como abastecedor de los insumos necesarios para la fabricación de opioides sintéticos, tanto en materia prima, como en la maquinaria necesaria para hacer las tabletas del producto final.

El traslado de la producción y de las inversiones ilícitas de la cocaína a los opioides sintéticos, lo que comporta un abaratamiento de la producción final y una sobreproducción de alcaloides, tanto en su materia prima (hoja de coca), como en la sobreproducción y disminución de la demanda en Estados Unidos de la cocaína, por un traslado del consumo. El menor costo y la propensión a la adicción favorecen el consumo. Para el 2022, el precio de venta del producto de una hectárea de cultivo de hoja de coca, cayó en casi 75%; mientras el costo de un kilogramo de pasta base de coca cayó en un 34% (^{Salazar 2023}), lo que coloca en una situación difícil a varios ámbitos de la cadena productiva. A esto, habría que considerar la sobreoferta que se va produciendo después de la pandemia, debido al stock almacenado por la caída del comercio mundial.

La cadena productiva de la hoja de coca ha estado fuertemente presente en la economía campesina en Colombia, Perú y Bolivia desde la década de los 70 (de ^{Rementería 2001}). Aunque este cultivo es histórico en estos países, su relación con la producción para el narcotráfico creció exponencialmente desde finales de la década de los 60 hasta los 70, aumentando en más de 7 veces la cantidad de hectáreas destinadas al cultivo, además de mejorar la productividad por hectárea. En la comercialización de los alcaloides para el consumo, existe una cadena productiva importante, relacionada también a otras actividades de campesinos, pescadores, transportistas (^{Pontón 2013}; Duran-Martínez 2017). Este desplazamiento provoca una afectación a todo nivel, tanto en la logística de transporte - se debe tomar en cuenta que un kilogramo de pasta base cuesta cerca de 700 dólares en producción, mientras para los derivados de opioides sintéticos, el volumen de consumo y transporte se mide en miligramos y gramos.

El desplazamiento en el mercado norteamericano. El principal consumidor de cocaína y de opioides sintéticos ha provocado un enorme conflicto de sobreoferta y de competencia que se traduce en violencia. De acuerdo con Carrión (2023), en el caso ecuatoriano hay una necesidad de competencia territorial para colocar sustancias ilegales en circunstancias de sobreproducción. El consumo regional se ha trasladado en buena parte a Brasil.

¿Cómo afecta esto a la producción en la región andina? La sobreoferta y el abaratamiento de los costos de producción, almacenamiento y transporte debido a la caída del consumo incide en las economías campesinas y redes locales ligadas al narcotráfico. En el caso de Colombia ya se habla del problema de la caída del precio de la producción por hectárea a niveles históricos de un producto vital para la economía campesina de varios departamentos colombianos (^{Salazar 2023}) y que ha sido tradicionalmente una de las exportaciones más grandes del país. El traslado por el consumo y la disminución de recursos lleva aparejado un problema de violencia por la disputa de la demanda existente y por la creación de nueva demanda y de los territorios respectivos en conflicto. Si a esto se suma el fin del equilibrio por la primacía de un grupo, hay un problema general que se traduce en la violencia en las calles.

Existen autores que sostienen que el narcotráfico puede ser considerado como un juego de suma cero. Si por un lado, las dinámicas económicas permean en varios ámbitos sociales, desde la producción de materia prima, hasta diferentes formas de valor, pasando por la inyección de liquidez en la economía, a través del lavado de activos; por otro, los costos asociados a los efectos en la salud pública, de seguridad y al debilitamiento político y social hacen que haya un traslado de mejoras y perjuicios en muchos ámbitos sociales (d’^{Este 2021}). En el caso ecuatoriano, no existen estimaciones ni de los costos ni de la inyección en la economía, pero existen costos claros en los productos de la violencia, tanto políticos, como económicos.⁶

La violencia en Ecuador

El gráfico 1, basado en información del Ministerio del Interior y del Banco Mundial, muestra la evolución de la tasa de homicidios en el país desde 1990 hasta los tres primeros trimestres del 2023. Ecuador cerró el 2023 con una tasa de 46 homicidios por cada 100 000 habitantes, convirtiendo a zonas del país, como Esmeraldas y Durán, en algunas de las más violentas del mundo, y al país con la tasa más alta de homicidios en América Latina.

Gráfico 1 Evolución de la tasa de homicidio en Ecuador 

A inicios del siglo XXI, la tasa de homicidios en Ecuador creció debido al incremento de la violencia en la frontera norte por los efectos del Plan Colombia, a la inserción de negocios ilícitos fronterizos y a un aumento de los desplazados por el conflicto colombiano. En los años siguientes, esta violencia se incrementó también en ciudades del interior del país, sobre todo en la Costa ecuatoriana. Como se observa en el gráfico 1, durante el gobierno de Correa se experimentó una reducción por varias acciones gubernamentales y alianzas entre organizaciones. Un conjunto de políticas públicas de corte preventivo, disuasivo y punitivo tuvieron un impacto decisivo, provocando un efecto acumulado de reducción de la violencia hasta el 2019 (^{Andrade De Santiago, Ponce y Pontón Cevallos 2021}). Sin embargo, con el fin de la pandemia, la violencia se recrudece, tanto en las calles como en las cárceles, debido a una nueva lógica de disputa territorial y de rutas comerciales (^{Carrión Mena 2023}), sumado a un retroceso del Estado en políticas sociales. Este tipo de violencia instrumental, al tener una lógica marcadamente territorial, incrementa la violencia atomizada en varias zonas del país. Estas se concentran sobre todo en cantones de la Costa (ver gráficos 2, 3 y 4).

Gráfico 2 Tasa de homicidios por provincia en la Sierra ecuatoriana 

Gráfico 3 Tasa de homicidios por provincia en la Costa ecuatoriana 

Gráfico 4 Tasa de homicidios en la Amazonía ecuatoriana 

En el 2022, la tasa de homicidios nacional fue de 27 asesinatos por cada 100 000 habitantes, con una desviación estándar muy alta, 19,69, debido a la concentración en las provincias de la Costa. Guayaquil presentó una tasa de 48 homicidios en 2022, mientras Esmeraldas se ubicó en 81. Las provincias de la Costa tienen tasas de casi una desviación estándar por encima de la tasa nacional. La única provincia de la Sierra por encima de la tasa nacional es Cañar, que además presenta índices muy altos de violencia estructural intrafamiliar y contra la mujer, con una alta cantidad de femicidios.

Las disputas territoriales en barrios urbano-marginales, las conexiones de los grupos delictivos del país con cárteles internacionales y la ubicación geográfica son determinantes del conflicto. Si la violencia de inicios de siglo estuvo concentrada en la frontera norte, sobre todo en provincias como Sucumbíos y Esmeraldas, esta se ha trasladado a los puertos, como Manabí y Guayas. En el caso de Esmeraldas, sumada a la desatención estatal y la pobreza estructurales, a su condición geográfica de puerto y frontera, la división de grupos criminales para el control local ha provocado un estallido de violencia sin precedentes, para ubicar a la provincia entre los lugares más violentos del mundo.

Violencia, pobreza, desigualdad y educación

La relación entre pobreza y violencia suele tomarse como evidente y como un truismo, pues se asume directamente que existe una relación causal entre la pobreza y la violencia, o al menos una correlación directa fuerte (^{Crutchfield y Wadsworth 2003}). Sin embargo, el problema es bastante más complejo de estudiar, pues los datos empíricos muestran también un sinfín de contraejemplos. Existe un sinnúmero de países pobres con relativa paz y ausencia de violencia (medida por criterios objetivos como la tasa de homicidios, denuncias por robo, etc.), frente a otros desarrollados con violencia marcada y segregacionista (^{Summers 2022}). Aunque alrededor del mundo, la evidencia sugiere que los países más violentos, medidos desde varios índices posibles, son también relativamente más pobres que otros, también se demuestra que existen factores diferentes que incrementan la violencia. Es decir, la pobreza y la desigualdad suelen asociarse a la violencia, pero no son las únicas variables para explicar el problema. No todas las zonas pobres y desiguales son violentas, pero las zonas violentas suelen ser desiguales, pobres y algo más.

En términos relativos, las zonas más pobres del mundo no son aquellas que delatan la mayor violencia extrema (asociada a los índices de homicidios). Este es el caso de América Latina, cuya relación estaría probablemente más vinculada a la desigualdad. América Latina es la región que no está en guerra más violenta del mundo (medida por tasa de homicidios) y también la más desigual (^{Perea 2019}). Ni la región es la más pobre, ni las zonas más pobres de la región son las más violenta.

Por tanto, tal correlación explica apenas parcialmente la problemática en cuestión, pero dentro de los factores posibles están aspectos históricos, culturales, geográficos y diferentes resultados, si se considera la pobreza absoluta (llegar a cubrir lo básico) o relativa (la desigualdad) (^{Crutchfield y Wadsworth 2003}). Mientras la violencia extrema por conflicto bélico ha sido prácticamente inexistente en América Latina, la llamada violencia urbana o instrumental ha sido relativamente alta.

La aproximación teórica clásica al problema de la violencia vincula a la pobreza y la desigualdad como incidencia probabilística (^{Crutchfield y Wadsworth 2003}; ^{Summers 2022}), pero también consideran otros tres grandes factores: 1) escolaridad y deserción, 2) condiciones de vida y saneamiento, y 3) aspectos culturales y desinstitucionalización.⁷ Así, la teoría predice que la violencia está asociada a mayor pobreza, mayor desigualdad, menor educación, mayor analfabetismo, menor institucionalización y a aspectos culturales que la favorecen. Una versión similar es la que proponen Anser et al. (2020), tomando en cuenta un análisis de panel dinámico.

En este trabajo, se propone solo un panorama aproximativo de análisis a través de un modelo lineal, pues metodológicamente resuelve los problemas de simpleza y parsimonia en los casos en los que la teoría está bien establecida a través de correlación o causalidad (^{Hu et al. 2019}). El modelo cumple los requisitos previos de linealidad, homocedasticidad, independencia y no colinealidad, como se sugiere en la metodología tradicional (Hu et al. 2019). Se ha construido un solo modelo que toma en cuenta seis variables explicativas dentro de los grupos antes expuestos. Este modelo es apenas indicativo, usa una regresión lineal de mínimos cuadrados robustos y permite establecer medidas de correlación entre distintas variables. Se toma en cuenta como universo de análisis los datos de la totalidad de cantones existentes en el país: 221 cantones.

Como variable dependiente o explicada, tomamos a la violencia extrema, medida a través de la tasa de homicidios por cada 100 000 habitantes para el año 2022. Dentro de la escolaridad, usamos una variable explicativa: años promedio de escolaridad y analfabetismo. En el caso de economía y empleo, tomamos las siguientes variables explicativas: tasa de empleo adecuado, tasa de desempleo. Para la medición de la pobreza, desigualdad y vivienda, tomamos los datos de tasa de pobreza multidimensional, índice de Gini y hacinamiento. Todos estos datos son del año 2022 y obtenidos en el INEC (2023). En cuanto a la desintitucionalización con respecto a la violencia, buscamos obtener un índice de judicialización y sentencias, pero no existe información cantonal. Por estos motivos, no se incluyó la variable institucional y no se trabajó con modelos múltiples.

Tabla 1 Datos del modelo 

Fuente: elaboración propia. Nota: los números entre paréntesis corresponden a la desviación están-dar. *p < 0,1; **p < 0,05**; ***p < 0,01.

El modelo muestra que existe una influencia de tres variables. A mayor hacinamiento, mayor violencia medida por la tasa de homicidios. Se debe decir que los cantones de la Costa ecuatoriana presentan mayor hacinamiento. A pesar de que las provincias de la Amazonía tienen índices altos y su tasa de homicidios es significativamente más baja que la de las provincias del litoral, hay una distancia de tres puntos en promedio más alta que con las de la Sierra. El desempleo también constituye un factor significativo, con un coeficiente de 5,10 para la variable por cada punto de tasa de desempleo. Lo más interesante es que la desigualdad es inversamente proporcional a la violencia.

Esto podría deberse a que el coeficiente de Gini es más alto en las provincias de la Amazonía, cuya tasa de violencia es menor. Asimismo, Quito presenta uno de los Gini más altos del país, con una tasa de homicidios comparativamente baja. La desigualdad es relativamente más baja o similar a las de las provincias de la Sierra en las de la Costa, aunque la tasa de homicidios es considerablemente más baja. Al parecer, en el sentido esperado, la relación directa entre desigualdad y violencia no se cumple, para el caso ecuatoriano. De la misma manera, la pobreza multidimensional no tiene mayor impacto. Como podemos ver también en los coeficientes de correlación entre variables, la pobreza medida por necesidades básicas insatisfechas no es significativa. Esta variable no fue incluida en el modelo por la colinealidad que presenta con la pobreza multidimensional. En última instancia, miden cuestiones similares y puede ser reemplazada. Como se puede ver, también en los coeficientes de Pearson se presentan los datos como en el modelo.

Tabla 2 Índice de correlación entre variables 

Fuente: elaboración propia.

Tal como sugiere la literatura, se corrobora una incidencia importante del desempleo, pero en el caso de la desigualdad, en el país existe una tónica interesante que contradice las expectativas teóricas. La explicación que se propone aquí es que, dado que la violencia está ligada al narcotráfico, la pobreza, la marginalidad y la desigualdad no son factores exclusivos a los que necesariamente está asociado el negocio. El narcotráfico florece en lugares sin empleo, desiguales, con mala educación, etc., pero los factores territoriales urbanos son primordiales. En Ecuador, las zonas más pobres son rurales, muchas veces con alta desigualdad, empleo no adecuado, baja escolaridad, etc., pero por su propia lógica no tiene un influjo decisivo en la disputa territorial y la violencia.

En definitiva, el desempleo, la desigualdad y las condiciones de vida se asocian a la violencia extrema, pero no son factores determinantes, pues es la disputa urbana la que determina el problema. ¿Por qué unas provincias tienen significativamente una mayor tasa de violencia? La geografía y la cultura son decisivos: su condición de puertos o zonas fronterizas, una cultura de violencia acendrada y desigualdad estructural.

Un breve repaso al problema carcelario

La situación de las cárceles en Ecuador se ha modificado también después de la pandemia y de la disputa entre organizaciones criminales. Según el último informe de la CIDH (2022) de personas privadas de la libertad, solo en el año 2021 hubo 316 muertes violentas bajo custodia del Estado. Entre 2021 y 2022 se registraron alrededor de 11 masacres en las cárceles del país, lo que provocó casi medio millar de muertes (Primicias 2023c). La CIDH expone lo siguiente:

Sobre el perfil de las personas privadas de la libertad, el 93,46% se corresponden a hombres y el 6,54% a mujeres; el 44,24% tiene entre 18 y 30 años, y la mayoría de estas personas sería reincidente y no contaría con apoyo familiar. Además, solo el 71% cuenta con educación básica, la mayoría proviene de contextos caracterizados por altos niveles de violencia, pobreza o pobreza extrema y por consumo de drogas desde temprana edad… el Estado reportó que los cinco delitos que concentran el mayor número de población penitenciaria son: delitos relacionados con drogas (28,19%), delitos contra la propiedad (26,17%), delitos contra la integridad sexual y reproductiva (16,18%), delitos contra la inviolabilidad de la vida (13,47%), y delitos contra las personas (4,36%) (CIDH 2022, 3).

El perfil de los privados de la libertad se relaciona a la deserción escolar, la pobreza y la juventud. La “adolentización de la violencia” ha sido una característica marcada de zonas de “conflicto perenne” (^{Honwana 2011}), y se explica por: a) alta desestructuración social, que incluye disolución de núcleos familiares o violencia doméstica; b) alto analfabetismo, baja cobertura escolar, baja tasa de inscripción escolar o ausencia de infraestructura; c) pobreza, insalubridad, malas condiciones de vivienda y grandes necesidades básicas insatisfechas; d) pugna territorial por recursos de diferentes tipos; e) enrolamiento militar o delincuencial persiguiendo réditos inmediatos. En el caso de la incorporación de niños a la delincuencia en América Latina, hay una modificación sustancial con los “conflictos perennes”, pues este tipo de disputas se dan alrededor de grupos militares, paraestatales que suponen ejércitos permanentes y con una estructura jerárquica de tipo militar. Los grupos delincuenciales emulan ciertas formas de estructura paramilitar, pero en niveles de desestructuración social muchísimo más altas. Aunque en América Latina las condiciones socioeconómicas son mejores que en zonas de conflicto perenne, existen factores culturales que aúpan este tipo de inserciones, sumadas a estructuras sociales favorables (familiares, pobreza, etc.) (^{Rettberg 2020}).

Por último, hay una cuestión central en este problema, que se relaciona a la apología de la violencia. En contextos juveniles, la violencia está marcada por universos estrechos culturales, en los que los pagos inmediatos, tanto simbólicos como materiales son lo que funcionan como incentivos fuertes. El reclutamiento juvenil halla en estos símbolos buena parte de su lógica de adscripción (^{Hernández Cruz 2022}). Por supuesto que el medio socioeconómico y los tejidos sociales rotos o construidos alrededor de la violencia marcan la pauta de enrolamiento delincuencial, pero también está relacionado a cuestiones de estatus, posición social, etc., factores simbólicos de poder, trastocamiento de valores. En términos de Bourdieu (1979), hay una modificación de los campos y los símbolos de clase que habían marcado las expectativas sociales durante todo el siglo XX. Este tipo de lógicas están trastocadas y justifican y explican que, en medios de pobreza, deserción escolar y desempleo, casi (Primicias 2023c) la mitad de los privados de la libertad en Ecuador son menores de 30 años.

Otro problema central de las cárceles es el traslado de la lógica de la calle a las cárceles y viceversa, que se traduce en el autogobierno y la ausencia del Estado. En escenarios donde el Estado no está presente, resurge el problema previo a la institución del “bandido estacionario”, como lo denominaba Mancur Olson (1993). En las sociedades atávicas o preestatales, hordas de bandidos brindaban seguridad a cambio de pagos. Con la instauración del Estado moderno, este monopolio se trasladó al Estado - el monopolio legítimo de la violencia, como diría Weber - a cambio de la carga y el pago impositivo. Las vacunas, extorsiones, amedrentamientos, chantajes y autogobierno carcelario dan cuenta del retroceso del Estado moderno, tanto en las calles como en la cárcel. La disminución histórica de la violencia en el mundo está relacionada a la institucionalidad jurídica y la seguridad del Estado (^{Pinker 2021}). Este contexto lleva al autogobierno carcelario, tomado por organizaciones delictivas. La distribución de los pabellones entre diferentes grupos delictivos en disputa ha llevado a enfrentamientos que han terminado en masacres. El ejemplo más claro es la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más violenta del país (Primicias 2023b).

La población carcelaria en el país sigue manteniéndose en 35 000 personas (CIDH 2022). Este número ha permanecido más o menos constante por casi una década, lo que tiene dos efectos importantes. El primero es que anuncia el alto nivel de hacinamiento carcelario, pues la capacidad es inferior a los 30 000 reclusos. El segundo es que este mismo dato da cuenta de los problemas de judicialización e impunidad. Las cárceles están abarrotadas de personas que han cometido delitos menores o eslabones débiles de la cadena productiva del narcotráfico (^{Pontón 2022}), lo que incide paradójicamente en el hacinamiento y en la impunidad.

Aunque la crisis carcelaria ha estado constantemente marcada por la imposibilidad de rehabilitación, hacinamiento, ausencia del Estado en el control, sobrerrepresentación de ciertos sectores poblacionales y violencia interna (^{Núñez Vega 2006}), estos aspectos se han agravado por la falta de una política estatal clara que se muestra en el propio retroceso del Estado en el control de las cárceles (^{Carrión Mena 2023}; ^{Pontón 2022}). Un factor importante es la disminución del presupuesto carcelario, la desestructuración del sistema de cárceles a cargo del extinto Ministerio de Justicia, DDHH y Cultos, y a proporción de guías penitenciarios por cada preso.

Según la CIDH (2022), la proporción es de 62 personas privadas de la libertad por cada guía, cuando la recomendación es de menos de la mitad. El crecimiento de la violencia está asociada a un cambio en la gobernanza de las cárceles que fue decisivo, pues se establecieron también como centro de operaciones y formas de cooptación y reclutamiento de población marginal, como afirma Jorge Núñez en una entrevista para la BBC (^{Lissardy y Núñez 2024}). Entregar la gobernanza carcelaria a mafias y grupos criminales dio una ventaja enorme para las operaciones dentro y fuera de ellas, reclutamiento de nuevos miembros y está directamente anclada al aumento de la violencia. La violencia en las calles es un correlato de la violencia carcelaria y viceversa, produciendo una cadena de retaliaciones que ha devenido en una guerra entre bandas.

Conclusiones

Sobre la relación entre el aumento de la violencia en Ecuador y las estructuras internacionales del narcotráfico, hay diversos aspectos que se deben resaltar. El aumento significativo de la violencia extrema en el país, sobre todo a partir de la pandemia, le sigue a una caída histórica de la tasa en crecimiento hasta la primera década del siglo. El control de la violencia no produjo una disminución de las actividades ilícitas; estas se fueron fraguando hasta encontrar sus desencadenantes. La preeminencia de una organización delictiva por sobre otras, permitió la imposición de un tipo de violencia instrumental regulatoria. Es decir, que mientras el negocio ilegal crecía, la violencia iba disminuyendo. Un brote como este era apenas previsible una vez que se termine la regulación propia de la lógica de la violencia entre bandas por encima de la pacificación estatal.

A esto debemos sumarle que la inserción del país en el negocio transnacional sobrepasa al Estado. Esto no implica relevar al Estado de sus obligaciones, pero difícilmente se podía dar un resultado diferente ante la dinámica internacional del narcotráfico y la escalada de violencia. La desestructuración social, la cultura de violencia y la situación geográfica del país eran propicias para los resultados descritos. Hay dos situaciones centrales que también explican el aumento de la violencia. La sobreproducción de cocaína en el mercado mundial, ante el desplazamiento de la demanda a los opioides sintéticos, cuya lógica de negocio es diferente. La necesidad de colocar esos excedentes en los mercados internos de microtráfico, lo que ha llevado a una disputa territorial en zonas urbano-marginales cercanas a los puertos, con resultados esperados. Si bien, la violencia suele estar asociada a las bandas, según Primicias (Primicias 2023a), el 79% de las personas asesinadas no presentan antecedentes penales, lo que podría poner en entredicho la idea de que la mayoría son asesinatos por ajustes de cuentas, como señala el discurso oficial. Sin embargo, este dato que da por verificar.

Se ha presentado un modelo, cuyas intenciones, apenas indicativas, asocian las condiciones de vida con el aumento de la violencia en los cantones del país. Los cantones en el país que presentan índices más altos de hacinamiento y desempleo tienen tasas más altas de homicidios. Sin embargo, en la desigualdad sucede un efecto inverso, probablemente afectada por la alta desigualdad de la Amazonía en relación con su tasa de homicidios. En todo caso, no se comprueba que, a mayor desigualdad, mayor tasa de homicidios. La explicación parcial de las estructuras de pobreza y desigualdad en el país en los índices de violencia tiene que ver con la propia lógica de los territorios y su vinculación con el negocio transnacional. La violencia crece en zonas como puertos, fronteras y barrios urbano-marginales. La lógica transnacional del negocio explica la suerte de esos territorios, sobre todo por su condición de puerto. Ahora bien, esto no puede suponer un fatalismo geográfico, porque el propio retroceso del Estado y la desinstitucionalización, acompañada a la laxitud de controles portuarios han hecho lo suyo.

La crisis carcelaria es una muestra justamente de autogobierno y retroceso del Estado, ya sea en la inversión directa en seguridad, en manejo carcelario, como en el problema creciente de la violencia general. La lógica carcelaria, de la cual salen algunos de los grupos delictivos en Ecuador tiene un correlato en las calles y viceversa. En definitiva, la violencia urbana y portuaria se relaciona fuertemente con la estructura transnacional del fenómeno, la misma que coopta diferentes espacios de la vida cotidiana y ha impuesto una gobernanza de violencia instrumental a lo largo del país.