Una iniciativa de integración y desarrollo

Hidroituango es el mayor proyecto de producción de energía eléctrica que hasta el momento, se ha ejecutado en Colombia y uno de los más grandes de América Latina. El embalse tiene 78 kilómetros de longitud y 2800 millones de metros cúbicos de volumen. Se espera que, una vez finalizado, llegué a generar 13 930 GWh de energía media anual, lo que equivale al 17 % de la energía del país. Esta mega obra se encuentra localizada en el cañón del río Cauca, uno de los afluentes más importantes del país, ubicado, aproximadamente, a 170 kilómetros de Medellín, en el noroccidente del Departamento de Antioquia que, a su vez, se encuentra en el noroccidente de Colombia, como se aprecia en la figura 1.

Figura 1: Ubicación geográfica de Hidroituango 

De acuerdo con sus proponentes, el “área de influencia” de Hidroituango, es decir, aquellos lugares donde “por motivos de la implementación del proyecto se presenta la ocurrencia de los impactos ambientales, de manera directa o indirecta” abarca 12 municipios en el cañón del Cauca. Estos son Santa Fe de Antioquia, Olaya, Liborina, Buriticá, Yarumal, San Andrés de Cuerquia, Sabanalarga, Pequé, Toledo, Briceño, Ituango y Valdivia (Consorcio Integral 2011, art. 3.1).

El proyecto tiene carácter público, lo ejecuta la Sociedad Hidroeléctrica Ituango, la cual fue creada por la Asamblea de Departamental de Antioquia¹, a finales de 1997, y cuyos socios mayoritarios son el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), la Gobernación de Antioquia y el Grupo Empresas Públicas de Medellín (EPM). Este es responsable, además, de “la financiación, construcción, operación, mantenimiento y entrada en operación de la central hidroeléctrica” (Sociedad Hidroeléctrica Ituango 2016).

También forma parte de las propuestas realizadas por la Integración de Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) y el Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica. Hidroituango ha sido financiado, además, por agencias multilaterales de desarrollo y entidades bancarias transnacionales como Siemens, Munich RE, BBVA, BNDS, Kaeser Compresores, Banco Santander, BNP, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, ICBC, CDPQ, - IPEX, Mapfre, KFW, Hannover RE, entre otras, a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Hidroituango comenzó a construirse en 2009 con el propósito de producir energía eléctrica, así como de potenciar el crecimiento económico, la dinamización de la industria y, por consiguiente, mejorar las condiciones de vida de las personas, que se verán beneficiadas por este emprendimiento industrial, como consta en su página web oficial:

Más allá de una obra de infraestructura, el proyecto hidroeléctrico Ituango es una iniciativa de desarrollo que contribuye a dinamizar un territorio históricamente débil en la presencia institucional. Los 12 municipios que hacen parte de la zona de influencia del proyecto han sufrido de unos enormes pasivos históricos en materia social, económica, cultural, ambiental y de desarrollo institucional (Sociedad Hidroeléctrica Ituango 2016, 2).

Según el discurso del desarrollo sostenible, Hidroituango se posiciona como una alternativa de producción de energía limpia, renovable y a bajo costo, que “inevitablemente” generará ciertos “impactos ambientales” a corto mediano y largo plazos, provocados, sobre todo, durante la etapa de construcción. Se prevé compensar y mitigar tales impactos a partir de planes, proyectos y programas en los territorios afectados, de acuerdo con la normativa ambiental vigente en Colombia.

Esta lectura parte de la idea de que los territorios y las comunidades donde se ejecutan tales proyectos son apenas recursos naturales o humanos que se pueden aprovechar para generar usufructo y acumulación económica, espacios e individuos genéricos pasibles de intervenciones y potencialmente reemplazables. Tal parece que carecieran de historia, cultura, relaciones materiales y simbólicas, e inclusive, agencia.

En la medida en que se delimitan las “áreas de influencia”, también se establecen los límites de acción y de territorialización de las empresas y de los proyectos en espacios específicos. Se define quiénes son o no afectados, así como quiénes serán beneficiados por los programas de compensación. De igual forma, se producen nuevas dinámicas de ordenamiento y apropiación del espacio, de acuerdo con las lógicas, los criterios y las variables arbitrarias impuestas a partir de los intereses de gestión de los emprendimientos industriales (^{Bronz 2016}, 55).

Como señala ^{Ribeiro (2008}), los proyectos a gran escala vinculan grandes capitales financieros con redes de poder político y económico a diversas escalas, nacional e internacional. Asimismo, suelen representarse en los discursos de sus proponentes como obras para el desarrollo y el progreso económico, con lo que refuerzan la idea de que, contarán con mayor potencial de producción. Además, promueven labores sociales y propician la integración de regiones alejadas de los centros urbanos. Contribuyen así al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las regiones en donde se ejecutan, pese a los múltiples conflictos e impactos socioambientales que producen.

Más allá de los presupuestos, planes, estudios y proyectos, la territorialización de Hidroituango ha provocado transformaciones significativas, derivadas de la construcción de vías, túneles, puentes, campamentos para trabajadores, infraestructura subterránea para desviar el cauce del río Cauca y, posteriormente, represarlo, lo que inundó alrededor de 45 km2 de los territorios correspondientes a nueve municipios. Estas y otras obras han afectado el equilibrio dinámico del río y el cañón. Ello ha alterado los ciclos, las funciones orgánicas y los ecosistémicas del territorio en general, así como las alternativas de trabajo para las comunidades ribereñas. Con el avance de las obras, se impusieron nuevas formas de, relacionarse, denominar, entender lo que significa estar en y con el territorio, pues algunos sitios en donde las personas vivían, transitaban, trabajaban o se reunían se intervinieron, militarizaron, privatizaron o inundaron.

También generan desplazamientos masivos. Por un lado, miles de trabajadores de la empresa se han trasladado a estos territorios y, por el otro, miles de personas se han visto forzadas a abandonar sus hogares debido al avance de las obras, el decaimiento de actividades como la agricultura, la pesca y la minería aluvial de oro, este último provocado por los cambios en los ciclos del río, y por los riesgos que implica la Hidroeléctrica. En 2018, el sistema de desviación del río Cauca presentó diversas fallas que se complicaron debido al aumento significativo del caudal del río en la temporada de lluvia.

Esta situación puso en riesgo la construcción y la estabilidad del muro de la presa, puesto que el llenado del embalse y los flujos del río aguas abajo quedaron fuera de control. Ante la posibilidad de que el caudal del río sobrepasara o rompiera el muro de la presa, EPM tomó la decisión de evacuar el caudal del río Cauca por la Casa de Máquinas, a pesar de que esto generaría considerables daños a la infraestructura construida y a la maquinaria instalada.

Estas medidas no fueron suficientes para controlar los flujos del río. El 12 de mayo de 2018, uno de los túneles de desviación se destaponó de modo “natural”, es decir, sin el control de los funcionarios de la empresa. Ello ocasionó una creciente que alcanzó un caudal superior a los 6000 metros cúbicos por segundo, lo que destruyó viviendas, puentes, el puesto de Salud y el Colegio del Corregimiento de Puerto Valdivia.

Esta emergencia afectó a, por lo menos, 7449 familias en Valdivia, 5763 en Puerto Antioquia y 3799 en Tarazá. Estas personas tuvieron que evacuarse ante el riesgo de la avalancha, al considerar la posibilidad de ruptura del muro de la presa. Asimismo, como se aprecia en el mapa 1, se decretó el estado de alerta máxima en 17 municipios en Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar, aguas abajo de Hidroituango, y ello afectó a, por lo menos, 129 000 personas, según cifras de la Gobernación de Antioquia (2019). Cientos de damnificados y afectados por estos eventos tuvieron que desplazarse definitivamente de sus territorios; otros permanecieron durante varios meses en refugios como coliseos, escuelas y viviendas de paso, a expensas de lo que pudiera suceder con la hidroeléctrica.

Mapa 1 Hidroituango área de afectación 

La crisis del megaproyecto ha generado múltiples amenazas y riesgos para las comunidades que habitan en la ribera del Cauca. Estas se suman a los efectos socioambientales que ya se habían producido en el contexto de ejecución de las obras. No obstante, estos eventos fueron calificados y asumidos por la EPM como una “contingencia”, fruto de las condiciones climáticas y naturales que escapan del control de la empresa y el megaproyecto. La Empresa no se asume como total responsable de estos sucesos que, por así decirlo, escaparon a lo previsto en los estudios, planes y programas propuestos.

Pese a las inconsistencias, la licencia ambiental del megaproyecto se ha mantenido en firme con algunas sanciones legales y monetarias por parte de la Contraloría General de la República y la ANLA, debido a irregularidades en la ejecución de las obras y los daños causados por el proyecto. Esto se suma a las pérdidas económicas que condicionan su rentabilidad y competitividad.

A pesar de que la normativa ambiental vigente en el país busca garantizar el cuidado y la conservación de los recursos naturales, así como fomentar el desarrollo sostenible, este modelo atribuye al medio ambiente un estatus de realidad autónoma, ajena a las relaciones sociales, que se supedita al conocimiento científico y técnico y es capaz de determinar de qué forma explotar “responsablemente” los recursos naturales. Para ello se vale de estrategias de gestión capaces de evaluar, prevenir y compensar los impactos y riesgos que se generen y, a la vez, producir beneficios (^{Zhouri, Laschefski y Pereira 2005}).

Como argumenta ^{Ribeiro (1987}), es común que la implementación de proyectos a gran escala se relacione con la idea de progreso y desarrollo. No obstante, en la práctica, con frecuencia, después de que comienzan a ejecutarse no existen garantías de que finalicen o cumplan sus objetivos. Por tanto, suelen acompañarse de un proceso de legitimación que articula varios discursos ideológicos, vinculados a las ideas crecimiento económico y desarrollo. Resulta complejo justificar la implementación de algunos megaproyectos con base solo en argumentos económicos. Los factores políticos juegan un papel preponderante también, sobre todo, porque algunos de estos proyectos pueden diseñarse para promover transformaciones en términos políticos a largo plazo (Ribeiro 1987, 55).

¿Conflicto armado?

El conflicto armado interno colombiano constituye un fenómeno diverso y dinámico que ha experimentado múltiples formas y con diferente intensidad a lo largo y ancho del país, desde mediados del siglo XX. Distintos actores sociales, políticos, económicos e institucionales han optado por la guerra y la violencia armada para resolver disputas por el poder, la representación y el cambio social. Como se destaca en el informe final de la Comisión de la Verdad (2022, 24), “durante la historia de Colombia han convivido instituciones relativamente estables con violencias que llegan a niveles alarmantes para cualquier régimen que se llame democrático”.

En el cañón del Cauca, al igual que en la mayoría de los municipios del noroccidente antioqueño, diferentes grupos armados -guerrillas, paramilitares, carteles del narcotráfico, bandas emergentes, disidencias, etc.- han establecido repertorios de violencia con motivaciones, dinámica e intensidad diferentes, desde mediados de la década de 1960. Con el paso del tiempo, algunos actores armados se han desarticulado, otros, se han reconfigurado y se han formado algunos nuevos que persiguen intereses políticos y económicos específicos. Estos, además, han entrado en disputas por el control del uso y usufructo de la tierra, la siembra, la comercialización, el transporte y el consumo de sustancias de uso ilícito, la minería ilegal y las extorciones a pobladores.

Desde los inicios del conflicto armado contemporáneo, la mayoría de los Gobiernos del país han optado por ejecutar políticas de defensa y seguridad que se enfocan en derrotar, en la arena militar, a los grupos armados y así terminar con el conflicto. Muchas de estas políticas cuentan con el apoyo y el financiamiento de diferentes iniciativas de cooperación internacional de los Estados Unidos². Sin embargo, el resultado ha sido la prolongación y el escalamiento del conflicto y las violencias, lo que ha alcanzado dimensiones y proporciones devastadoras a lo largo y ancho del país, y afectan, sobre todo, a la población civil. Estas estrategias de seguridad, además de fortalecer a las fuerzas militares que, en muchos territorios, eran la representación más latente del Estado, también promovieron la creación y expansión de grupos paramilitares que, a pesar de ser ejércitos privados, terminaron configurándose como una extensión de las fuerzas oficiales.

Durante la década de 1990, en el noroccidente antioqueño, como en otros territorios del país, el paramilitarismo se fortaleció y, de cierto modo, se “legalizó”, con la expedición del Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, el cual avalaba la creación de Cooperativas de Seguridad Privada (Convivir). Estas tienen autonomía para prestar “Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad”: portar y usar armas, prestar apoyo a las autoridades en casos de “calamidad pública”, entre otros, con la autorización de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (Presidencia de la República 1994).

De acuerdo con el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, las Convivir “consolidaron y expandieron sus redes criminales y sus nexos con sectores económicos, políticos y estatales”. En Antioquia las Convivir tomaron fuerza durante la administración del entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez³ (1995-1997) quien, a pesar de que esta facultad le correspondía a otra entidad, autorizó la conformación de, por lo menos, diez Convivir.⁴ Estas estuvieron dirigidas o compuestas por reconocidos jefes paramilitares cuando ellos ya pertenecían a la estructura paramilitar (Comisión Colombiana de Juristas 2008). Más allá de los trámites burocráticos y legales que se movilizaron para crear y fortalecer estos ejércitos privados dentro de los límites de lo legal, en diferentes territorios, los grupos paramilitares ejercieron, de diversas formas, efectos y prácticas de Estado, por medio de mecanismos de poder disciplinario (^{Foucault 1979}).

Implementaron diversos repertorios de violencia, tales como panfletos, amenazas, señalamientos, masacres, atentados, asesinatos sistemáticos en contra de guerrilleros o de supuestos “colaboradores de la guerrilla”., Esta práctica incluía a las personas que vivían en los territorios dominados por las guerrillas, así como a integrantes de movimientos sociales, partidos políticos de izquierda, como la Unión Patriótica (UP), líderes sociales, presidentes de las Juntas de Acción Comunal, profesores, sindicalistas, entre otros, y reprimía cualquier intensión de organización comunitaria con fines políticos. Los grupos paramilitares operaron como una maquinaria de control político, social y armado al servicio de terratenientes y de las élites locales (^{Torres 2018}; Centro Nacional de Memoria Histórica 2022). En ese contexto, miles de habitantes de esos territorios han sido víctimas, de manera directa o indirecta, de eventos donde figuran desplazamientos forzados, torturas, asesinatos, masacres, desapariciones forzadas, entre otros, que han afectado, sobre todo, a la población civil.

Según las informaciones acuñadas por la organización internacional Human Rights Everywhere (2018), en 11 de los 12 municipios reconocidos como “área de influencia” del proyecto Hidroituango, entre 1982 y 2016 fueron reportadas 62 masacres que habrían dejado 372 víctimas mortales. Ituango y Valdivia fueron los lugares donde esa práctica se perpetró con más frecuencia (mapa 2).

Cientos de víctimas de la desaparición forzada, en el contexto del conflicto armado, fueron arrojados al río Cauca y sus afluentes. Algunos de ellos aún se encuentran bajo las aguas del río; otros, fueron rescatados por personas que, de acuerdo con sus creencias y prácticas religiosas, decidieron darles sepultura. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconoció que, en el cañón del Cauca, la desaparición forzada ha sido un crimen “masivo, generalizado y persistente”, ya que por lo menos 2094 personas resultaron víctimas de desaparición forzada en los municipios de Briceño, Cáceres, Ituango, Nechí, Peque, Sabanalarga, Tarazá, Toledo y Valdivia, entre 1976 y 2016.

Mapa 2 Víctimas de masacres, área de influencia Hidroituango 

Los eventos de extrema violencia han sido denunciados y expuestos, en reiteradas ocasiones, por parte de la población civil, las organizaciones sociales y las no gubernamentales, entre otras, ante diferentes estancias judiciales locales, regionales y nacionales. No obstante, en la mayoría de los casos, las instituciones del Estado encargadas de garantizar la seguridad y el bienestar de la población civil fueron inoperantes, en la medida en que no se realizaron mayores investigaciones, ni se sancionaron a los responsables que, en muchos casos, formaban parte o mantenían relaciones con las fuerzas militares, gamonales y terratenientes, o, inclusive, funcionarios de las propias instituciones del Estado responsables de investigar tales crímenes. En el cañón del Cauca, la falta de gestión por parte de las autoridades competentes dificulta, de manera significativa, los procesos de búsqueda de los desaparecidos.

El conflicto armado interno en el cañón del Cauca atraviesa, de distintas formas, al proyecto Hidroituango, inclusive desde su etapa de planeación, ya que, la creación de la Sociedad Hidroeléctrica Ituango sucedió en el momento en que el conflicto armado en el noroccidente antioqueño se encontraba en uno de sus mayores ápices, debido a la expansión del paramilitarismo. Este asunto es poco mencionado, por lo menos, en los documentos, las noticias y los sitios web oficiales del megaproyecto. En el Estudio de Impacto Ambiental, por ejemplo, se realizan unas breves alusiones, sobre todo, en el capítulo cinco, en la sección dedicada a la “generación de conflictos motivados por la presencia del proyecto”, donde se afirma lo siguiente:

La presencia del proyecto - con cada una de sus actividades - como un nuevo actor en la zona de estudio, puede motivar la aparición o el incremento de conflictos sociales, entendidos éstos como las condiciones desfavorables para la interacción e interrelación entre el proyecto y las comunidades, y puede presentarse desde situaciones que no alcanzan a constituirse en problemáticas significativas que afecten el desarrollo del proyecto, hasta situaciones complejas que derivan en antagonismos, cuya posibilidad de resolución requiere la consulta o la intervención de terceros que aporten elementos o instrumentos eficaces para la superación del mismo (Consorcio Integral 2011, 105).

Aunque en dicho documento se reconoce la presencia de diversos actores armados, no se los identifica de manera explícita, y se obvia, así, el carácter político y la complejidad de las disputas que, durante décadas, se han forjado en el cañón del Cauca. Estos conflictos cobran relevancia para la empresa en la medida en que puedan perjudicar el desarrollo del megaproyecto o susciten posibles antagonismos con este. El megaproyecto se posiciona como un nuevo “actor”, que puede contribuir a atenuar o a potenciar estos u otras hostilidades:

Desde el ámbito político el proyecto puede potenciar la actuación o el debilitamiento de actores al margen de la ley (insurgentes, bandas emergentes o delincuenciales) quienes pueden atentar contra la infraestructura existente o futura necesaria para el desarrollo del proyecto (cuyas acciones pueden comprender ataques a la infraestructura eléctrica, bloqueo de vías, secuestro de personas o maquinarias, extorsiones a trabajadores vinculados con el proyecto o población civil en general, quema de vehículos, campos minados y movilizaciones colectivas) es un escenario potencial que debe contemplarse durante las diferentes etapas del mismo (Consorcio Integral 2011, 106).

El estudio destaca también que un “manejo adecuado” podría contribuir a catalizar las fuerzas en conflicto, fortalecer la presencia del Estado, fomentar la construcción del tejido social, fortalecer los procesos de organización comunitaria, promover mecanismos alternativos de solución de conflictos, entre otras posibilidades. Para ello, propone la implementación de planes, proyectos y programas financiados y dirigidos por la empresa, con participación y comunicación comunitaria y de las instituciones del Estado, para fortalecer el desarrollo económico de la región.

De manera general, Hidroituango asume el conflicto armado en el noroccidente antioqueño como una problemática tangencial, que cobra relevancia únicamente en la medida en que pueda representar un factor de riesgo para la ejecución del megaproyecto. Si bien reconoce, aunque de forma escueta, la presencia de actores armados que puedan atentar contra el megaproyecto, no considera o reconoce la existencia de víctimas del conflicto armado y el derecho de ellos a la verdad, la justicia y la reparación, más allá de los parámetros de los acuerdos de paz. Los proponentes y promotores de este megaproyecto no consideran al conflicto un motivo de relevancia suficiente para condicionar su ejecución.

Las obras de Hidroituango han producido significativas transformaciones en el territorio: la tala de bosques, la desviación y represamiento del río que tuvo lugar en 2018, antes de lo previsto y en el contexto de la “contingencia”, así como la inundación y destrucción de sitios de enterramiento y espacios de memoria que los familiares de las víctimas han construido como lugares de duelo, fosas comunes, tumbas de personas no identificadas, cementerios en los municipios y, sobre todo, a orillas del río Cauca. Tales eventos dificultan el ya complejo proceso de búsqueda. La implementación de este megaproyecto energético contribuye a desaparecer a los desaparecidos que han lanzado al río Cauca. Además, proporciona nuevos escenarios de vulnerabilidad y revictimización de las víctimas y el resto de las personas que habitan en el cañón.

Desde que las obras comenzaron, el proyecto Hidroituango ha contado con una fuerte estructura de seguridad privada y un amplio esquema de acompañamiento de las fuerzas militares en la región para garantizar su ejecución. El significativo aumento de las fuerzas militares en la región ocasionó reacciones por parte de los grupos armados en la zona y, por consiguiente, cambios en las dinámicas del conflicto armado.

Frente a la intensificación de este, el Gobierno y EMP destinaron mayores recursos para acelerar la construcción de tres bases militares y una estación de policía en las proximidades del megaproyecto. Asimismo, se fortaleció la presencia de militares en la zona con el propósito de garantizar la seguridad del megaproyecto. Estas obras se incluyeron a partir de una nueva modificación de la Licencia Ambiental del megaproyecto. Ello evidencia que, a través de la empresa, se amplían las fronteras del Estado en esta región.

Llama la atención la competencia que muestran, tanto las fuerzas militares como las instituciones del Estado, para garantizar la salvaguarda y bienestar de la infraestructura del proyecto y de los contratistas, si se considera que, durante décadas, estas instituciones resultaron inoperantes ante las violencias ejercidas por los grupos armados en contra de la población civil. La empresa ha asumido un papel al margen de estos conflictos, ya que dentro de sus funciones y atribuciones legales no le competen. Con ello, reafirma los límites entre la entidad y el Estado, ya que a aquella le corresponde ocuparse de los impactos y conflictos que surjan en el contexto de la implementación del megaproyecto. No obstante, esto ha sido casi imposible.

Más que un proyecto de generación energética, Hidroituango ha producido diversos efectos que, como diría ^{Ferguson (1990}), operan como una “maquinaria antipolítica”, puesto que, a pesar de posicionarse como una iniciativa para el desarrollo “neutral” y al margen del conflicto, ha contribuido a ampliar, expandir y afianzar el poder institucional del Estado en el noroccidente antioqueño, así como a despolitizar el conflicto armado, las demandas de sus víctimas y de los movimientos sociales que se oponen a la ejecución del proyecto. Otro efecto “secundario” de este megaproyecto ha sido ocultar y borrar las huellas de la desaparición forzada y otros hechos victimizantes ocurridos en ese territorio.

A modo de cierre: efectos inesperados

La ejecución de las obras de Hidroituango ha provocado escenarios de “múltiples desplazamientos”, puesto que se han producido modificaciones y daños que afectan la composición y sedimentación del río Cauca. Ello altera también las dinámicas de la fauna y la flora que regula este cuerpo de agua. Todos los seres que dependen del río se han visto obligados a dislocarse o cambiar sus hábitos. Ello incluye a los humanos, que no pueden realizar actividades como la minería aluvial de oro artesanal o la agricultura estacional en las islas del río, lo que representa pérdidas simbólicas y fuertes afectaciones en la economía de la mayoría de las familias del cañón.

Ante tal situación, se han configurado escenarios de “desplazamiento in situ” (^{Feldman, Geisler y Silberling 2003}) ya que, a pesar de que las personas no han dejado sus territorios, ya no pueden acceder a sus medios de vida, ni transitar por los lugares que solían hacerlo, ni trabajar en el río. Tal circunstancia contribuye a la desarticulación de las relaciones interpersonales y con el territorio, y precede, por lo general, a escenarios de desterritorialización forzada, sobre todo después de la “contingencia” y potenciada por las dinámicas del conflicto armado interno en esa región.

Si bien la implementación y promoción de proyectos productivos, financiados por la empresa, ha contribuido a que algunas personas tengan trabajo y logren algunas alternativas de renta para sustentarse y sustentar a sus familias, estos proyectos también contribuyen a modificar el territorio, la variedad de sus bosques y su fauna, pues impulsan el mono cultivo de productos como el cacao y el café. Los cambios de actividad económica modifican, de igual manera, las jornadas de trabajo y de descanso, además de las dinámicas de socialización, encuentro y convivencia que las personas solían tener en el río.

La disminución de alternativas para el sustento económico relacionadas con las economías del río ha potenciado el incremento de algunas economías ilegales, entre ellas la minería ilegal que, a diferencia de prácticas ancestrales y artesanales como el Barequeo, emplea materiales y maquinaria que contaminan las fuentes de agua y producen efectos nocivos para el río y para los demás ecosistemas del cañón. Ello incluye a los seres humanos y a las economías ligadas a los cultivos de sustancias de uso ilícito. La precariedad y vulnerabilidad económica han contribuido al incremento de la cantidad de personas, sobre todo jóvenes, que deciden, o se ven forzados a, vincularse a grupos armados en busca de algún tipo de estabilidad económica.

Vale la pena destacar también que la existencia y la permanencia de diversos actores armados y de múltiples dinámicas de conflictividad y violencia dirigidas, principalmente, contra la población civil, no ha sido un factor que condicione la implementación de este megaproyecto. Por el contrario, el accionar de algunos actores armados, sobre todo los paramilitares, ha contribuido a y facilitado el despojo de tierras y el desplazamiento forzado de cientos de pobladores de diferentes territorios del cañón. Ello, de manera directa o indirecta, ha facilitado el proceso de territorialización de este megaproyecto energético.

Aunque se asuma el conflicto como un aspecto tangencial a la implementación de Hidroituango, la territorialización de este megaproyecto ha contribuido a la aparición de transformaciones en las dinámicas del conflicto armado, los usos y las ocupaciones del territorio y las disputas entre actores armados, la empresa, el Estado y la población civil. Estas alteraciones producen nuevos escenarios de violencia y guerra que dificultan aún más las prácticas cotidianas de las personas que habitan en el cañón: trabajar, desplazarse o permanecer en ciertos lugares.