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Introducción
Los 51 pueblos indígenas amazónicos de Perú tienen que enfrentar la presión de la mayor economía extractiva ilegal del mundo, la del tráfico ilícito de drogas, en una situación de extrema vulnerabilidad. Ejemplo de ello es el avance del cultivo intensivo de coca sobre las áreas de la llanura amazónica de Ucayali después de la pandemia de COVID 19. A esto se agrega la instalación masiva de pozas de maceración y laboratorios ilegales, la construcción y el funcionamiento de pistas de aterrizaje clandestinas y la presión económica y demográfica de la colonización cocalera procedente del valle del río Apurímac Ene y Mantaro (en adelante, VRAEM). Todos esos elementos configuran una agresión sin precedentes sobre los territorios colectivos ancestrales.
Se ha identificado uno de los cuatro frentes de acción importantes en el marco de un modelo extractivo ilegal, criminal, que agrede a las culturas ancestrales, previamente debilitadas por el Estado peruano: el frente de la región de Ucayali, ubicado en la selva central del país y que limita con Brasil. No es el único escenario de territorialización impactado por las dinámicas del narcotráfico entre los pueblos indígenas peruanos, pero resulta estratégico en el intento de resolver los complejos problemas que este proceso histórico provoca.
La relación agresiva entre el modelo económico extractivo global y las culturas ancestrales se ha vivido también en países de América Central, México (Monroy 2023), Colombia (Perafán 1999), Brasil y Bolivia. La situación peruana es particularmente grave, debido a la ubicación del país en el nuevo mapa geopolítico de la cocaína, que mira hacia la Amazonía sudamericana. Frente a esta realidad, se constata la completa inexistencia de la agenda indígena en los actos institucionales del Estado.
Este trabajo ofrece una propuesta de política pública sobre qué acciones legales, administrativas y operativas puede -y debe- tomar el Estado peruano para corregir la situación y resarcir los perjuicios que ha ocasionado su falta de determinación. Se sugiere el diseño de políticas públicas sobre el territorio, con impacto positivo para las comunidades ancestrales. De esta manera, se contribuye a la territorialidad en el uso de los recursos naturales por parte de los pueblos indígenas. De no hacerse pronto, se corre el riesgo de que se produzca la pauperización abrupta y definitiva del espacio amazónico, y el consiguiente aplastamiento irreversible del patrimonio histórico y cultural que representa esta diversidad étnica.
En el entramado del narcotráfico y los pueblos indígenas en la territorialidad de la región de Ucayali se entrelazan un conjunto de ambigüedades, contradicciones y dilemas institucionales entre cultura ancestral, capitalismo salvaje globalizado y necesidades ambientales apremiantes. Como dijera el presidente de Bolivia Luis Arce en la Cumbre Presidencial de Belem do Pará realizada del 6 al 9 de agosto de 2023, parafraseando a Harvey (2005): “Estamos sintiendo los efectos de la 'acumulación por desposesión'”, que han sufrido los pueblos amazónicos.
En el caso peruano, se trata de un lento proceso de reordenamiento, abrupto y violento, de la propiedad de la tierra y el bosque asociado a las economías ilegales y a la migración desordenada proveniente de los Andes. Esta situación se repite en diversos frentes geográficos de la Amazonía peruana: (i) región Amazonas en la frontera con Ecuador, (ii) Trapecio Amazónico, en la frontera con Colombia y Brasil, (iii) región de Ucayali y (iv) de Madre de Dios, en la frontera con Brasil y Bolivia. La penetración abrupta de un modelo extractivo ilícito globalizado rompe con la estructura económica comunal (caza y pesca), así como con las prácticas culturales de los pueblos shipibo konibo y kakataibo. En Ucayali el escenario es más grave, al tratarse de una región aledaña al VRAEM, que históricamente ha sido la principal región productora de cocaína de Perú. Los patrones que a continuación se describen configuran un despojo territorial (Calderón 2021) que afecta, de modo irreversible, el goce de derechos individuales y colectivos por parte de los pueblos indígenas amazónicos.
Metodología
Este trabajo de visibilización y propuesta requirió la revisión de diversas fuentes primarias y secundarias disponibles, que permiten comparar y verificar la gravedad del asunto. Se utilizó la información oficial presentada por la Comisión Nacional para el Desarrollo de una Vida sin Drogas (en adelante DEVIDA), a través de los Informes de Monitoreo de Cultivos de Coca anuales. Estos han incorporado el impacto del narcotráfico sobre las poco más de 2703 comunidades nativas que habitan la Alta y Baja Amazonía peruana.
Se tuvo acceso a la información procedente del Mecanismo Intersectorial de Protección a los Defensores de Derechos Humanos, impulsado desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y creado por Decreto Supremo 004-2021-JUS. Este Mecanismo lo conforman ocho ministerios y DEVIDA, y tiene como objetivo la prevención efectiva, la protección y el acceso a la justicia para los defensores ambientales. Asimismo, se ha procedido a la revisión de reportes y de documentación oficial proveniente de organismos internacionales especializados (la United Nations Office on Drugs and Crime, la Organización Internacional del Trabajo, los Relatores Especiales, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Organización de Estados Americanos y la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica).
Además, se revisaron los más recientes reportes de instituciones privadas, nacionales e internacionales, especializadas en la criminalidad asociada al consumo y tráfico de drogas en la Amazonía sudamericana: Insight Crime, International Crisis Group, la fundación Konrad Adenauer, Huffington Post, Woodwell Climate Research Center, Greenpeace Brasil, e Instituto Igarapé. Se tuvieron en consideración diversos análisis de escenarios provenientes de plataformas y observatorios, como Info Amazonía, Infobae, Ojo Público, Mongabay, ProÉtica, Wayka, Convoca, Info región, Cooperacción, CEDIA, Red Muqui, Kené, Pro-Purús Perú, entre otros. También se tuvieron en cuenta reportes de prensa, formal y alternativa, especializada en temas amazónicos. Paralelo a ello se revisaron informes periodísticos especializados, nacionales y extranjeros, sobre el impacto del narcotráfico en los pueblos indígenas amazónicos.
Aunque la presencia del narcotráfico en la Amazonía se origina en la década de los 60 y la “guerra contra las drogas” inicia más tarde, en la de los 70, para este trabajo se consideró conveniente analizar un período más reciente, que comprende desde el año 2015 en lo adelante. El análisis comparado de las diversas fuentes consultadas da valor a los dos objetivos de este estudio: 1), visibilizar la gravedad del problema y 2), proponer al Estado peruano la ejecución de acciones concretas, realistas y urgentes.
Situación actual
En la actualidad, y como consecuencia de la implementación de un modelo agroexportador y extractivista insertado en la economía internacional, se ha producido un severo retroceso en el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas de la Amazonía. Estos actores carecen de representación política en los poderes del Estado y en los niveles de Gobierno, salvo la existencia coyuntural de la Comisión Ordinaria en el Congreso y un Grupo de Trabajo en el Jurado Nacional de Elecciones, además de uno que otro caso de consejeros regionales electos y alcaldes de orden distrital.
La actual Constitución de 1993 en su artículo 2.19 reconoce limitadamente: “Toda persona tiene derecho: a su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación”. La legislación, que sobrevino luego de sendos procesos de privatización, promoción de inversiones, flexibilización de la legislación ambiental y de la regulación, no reconoce debidamente las demandas históricas de los pueblos originarios que habitaron el territorio antes de la llegada de España en el siglo XVI. Es el caso de la propiedad indígena, que ha sufrido el despojo histórico del Estado virreinal, un débil e incompleto reconocimiento constitucional, como en las Constituciones de 1933, 1979 y 1993, con la adicional protección de las normas del Derecho Internacional aceptadas tibiamente por el Estado peruano: “La titularidad de los pueblos indígenas, así, “se encuentra vinculada inescindiblemente con la relación tradicional que existe entre el hombre y la tierra, lo que se acentúa como parte de la cultura ancestral de las comunidades” (Gonzales Barrón 2011, citado en Monge 2022, 58).
Hablamos de aproximadamente 2703 comunidades nativas ubicadas, principalmente, en las regiones de Loreto (1170), Ucayali (383), Amazonas (362), y Junín (285). En menor cantidad, la región de Madre de Dios cuenta con 37 y la de Ayacucho, con 10 comunidades nativas (Pachas 2022). El resto se encuentra en otras regiones con territorios parcialmente amazónicos (Cerro de Pasco, San Martín, Huánuco). Estas comunidades habitan en un territorio que se extiende sobre 782 880 kilómetros cuadrados de llanura, mayormente inundable. La región se caracteriza por su complejidad y por sus múltiples interacciones climáticas y morfológicas. También por poseer una impresionante biodiversidad y por ser fuente de una importante cuota del oxígeno del planeta.
El problema fundamental es identificar la “línea de base” desde la que los pueblos indígenas amazónicos afrontan la amenaza del narcotráfico, considerando que gran parte de ellos tiene una débil propiedad sobre el bosque y sus recursos. La gran mayoría de las comunidades nativas presentaban debilidad jurídica, tenían participación nula y solamente constaban como población vulnerable en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Al medir los niveles de pobreza, es aceptado que los pueblos de la Amazonía tienen una seria desventaja en comparación con el resto de los peruanos. Por ejemplo, el índice de Pobreza Multidimensional, conforme con lo planteado por el Instituto Peruano de Economía (IPE 2020), muestra que mientras que el promedio nacional es de 21,5%, las regiones de la selva tienen en Loreto, 37%, en Amazonas, 35%, en Ucayali, 21% y en Madre de Dios, 15%. Se entiende, además, que el índice de pobreza multidimensional va mucho más allá de lo estrictamente monetario, e incluye privaciones en el acceso a servicios. La Encuesta Nacional de Hogares, de 2012 señala que mientras el 46% de la selva rural es pobre en términos monetarios, el 82% lo es a nivel multidimensional (Vásquez 2013). Veamos ahora la participación de las principales regiones amazónicas en el PBI nacional. Los datos presentados en la tabla 1 exponen el carácter marginal y descendente de las regiones analizadas. Resulta curioso que, en la región de Ucayali, donde se focaliza la agresión del narcotráfico, sube en un 0,1% entre 1990 y 2022.
Las referencias y denuncias periodísticas consultadas suelen describir de manera superficial el problema del narcotráfico en la Amazonía, en función a sus impactos más visibles. Observamos, sin embargo, que esta aproximación general no permite tomar conciencia de la magnitud de la confrontación social, económica y cultural que está detrás del “narco” en el territorio. El alquiler forzado de predios para la instalación de cultivos de coca, los bloqueos de ríos, los toques de queda o las restricciones de paso, son ejemplos de la voracidad de la demanda global de cocaína sobre el territorio comunal de pueblos preexistentes, aunque estos carezcan de servicios básicos provistos por el Estado.
El caso más palpable de visiones parciales, usualmente contradictorias, aunque no el único, es el intento de la Comisión Nacional para el Desarrollo de una Vida sin Drogas (DEVIDA) -ente rector en materia de control de drogas-, por promover la titulación individual de predios sobre el bosque amazónico (2014-2019). Este plan fue diseñado con el objetivo de establecer en el territorio a la población migrante cocalera. Para tal efecto, contó con el apoyo y la colaboración de los Gobiernos regionales, en el caso de Ucayali y Huánuco. Estos mismos promovieron la titulación individual de nuevos colonos dentro de la propiedad colectiva de muchas comunidades nativas cuyos territorios se encuentran pendientes de reconocimiento legal formal.
Lo mismo podemos decir de los esfuerzos que cada año realiza el Proyecto Especial CORAH, encargado del control y la reducción de cultivos a través de su erradicación. Esta actividad se realiza con fondos que le entrega DEVIDA y la Embajada de Estados Unidos implementa los Planes Anuales de Erradicación autorizado por el Ministerio del Interior hasta por 25 000 ha de coca reducidas y es reacia a la rendición de cuentas sobre su uso. Tales acciones se ejecutan de forma indiscriminada en los territorios de selva alta, no se consultan con otros sectores del Ejecutivo -para hacerla sostenible en el tiempo con acciones de desarrollo-, lo que empuja los cocaleros erradicados hacia lo más profundo del bosque amazónico. Así, dado el carácter constante de los precios internacionales de la cocaína y sus derivados, la erradicación se convierte en un evidente factor de deforestación del bosque amazónico: Ucayali pasó de tener 2565 ha de coca en 2018, a tener 14 531 en 2022, según el Informe de Monitoreo de Cultivos (DEVIDA 2023)
La prueba más palpable del nivel de afectación que provoca el narcotráfico sobre el territorio de los pueblos indígenas amazónicos se halla en las cifras que arroja el Mecanismo Intersectorial del Ministerio de Justicia de Perú. Este indica que, desde su creación en el año 2021, la mayor cantidad de denuncias por amenazas recibidas proviene del narcotráfico y que, además, el lugar con mayor cantidad de alertas es la región de Ucayali.
Otro problema que incide en la afectación a los pueblos indígenas amazónicos es el de la extrema fragilidad de su tejido institucional en los distintos niveles: local, provincial y nacional. Es frecuente que, en cada federación regional, prevalezcan sus agendas locales y sectoriales, pero estas no llegan a impactar en las decisiones políticas nacionales. Algo similar ocurrió con el proceso de discusiones técnicas previas a la Cumbre Amazónica realizada en Belem el 8 y 9 de agosto. Se escucharon las voces de las organizaciones indígenas representativas, pero no se adoptaron decisiones políticas prácticas y medibles. Esta situación impacta de forma negativa y conduce a que pierdan fuerza las demandas de los indígenas amazónicos.
Narcotráfico: el movimiento de la Selva Alta a las Tierras Bajas
Como consecuencia de los efectos económicos negativos de la pandemia en las zonas rurales de Perú, observamos un progresivo traslado del narcotráfico, de las zonas del piedemonte andino hacia la llanura amazónica. Este se constituye en un quiebre importante que puede ser determinante en la intensidad de la destrucción de la cuenca.
Breve historia del proceso
En los últimos 50 años el TID ha sufrido cambios relacionados con la dinámica de los mercados globales de cocaína, los resultados de las acciones de interdicción y los intereses de las organizaciones criminales comprometidas. Uno de ellos es el cambio de rutas aéreas Perú -Colombia, por el eje Perú- Bolivia, o la consolidación de las costas de Ecuador como punto central de salida de cocaína. Esta flexibilidad les permite funcionar con éxito en el hemisferio sur, principalmente en los países amazónicos y en los territorios indígenas, que se caracterizan por su amplitud, fragilidad y por la falta de reconocimiento y protección por parte del Estado. Las organizaciones dedicadas al TID burlan los tímidos esfuerzos de interdicción policial, comprometen en sus actividades ilícitas al mundo rural, y corrompen, sin excepción, a las autoridades de Estados débiles.
Debemos señalar que las políticas y estrategias implementadas a nivel internacional, que se enmarcan en la denominada “guerra contra las drogas”, también han tenido un doble efecto sobre los pueblos indígenas, tanto andinos como amazónicos.
Tal es el caso del uso tradicional de la coca. La interdicción policiva del arbusto ha recortado la posibilidad de sus usos ancestrales entre los pueblos indígenas que pertenecen al mundo andino. En Perú, por ejemplo, el cultivo tradicional fue objeto de un registro imperativo y forzado a la venta a un monopolio estatal. El impacto que generó la condena de la Organización Mundial de la Salud y el Consejo Económico y Social entre 1949 y 1952 afectó a las poblaciones rurales de Perú y Bolivia (Vásquez 1952). No solo no se cumplió con la intención de eliminar los cultivos de coca en 25 años, período establecido por la Convención Única de Estupefacientes de 1961, sino también que fracasó el monopolio adoptado por la Empresa Nacional de la Coca. La erradicación de coca, en cualquiera de sus formas, impactó sobre las economías campesinas, pues les quitó los ingresos por el cultivo de la planta, a lo que ellos denominan “caja chica”. Es importante señalar este punto, porque tanto el narcotráfico como la guerra contra las drogas impactan negativamente sobre pueblos amazónicos y andinos.
Se procuró describir en detalles el efecto negativo indirecto de la erradicación cuantitativa de cultivos de coca. Esto, lejos de lograr una reducción sostenible, ha tenido el efecto contrario: promover la deforestación de bosques primarios en la búsqueda de nuevas áreas, alejadas del control del Estado. En los últimos 50 años, el área destinada al cultivo y el volumen de coca producido en la región andino amazónica han variado por distintas circunstancias. Una de ellas fue el paso de la hegemonía criminal de organizaciones manejadas por clanes colombianos a la de los grupos mexicanos, junto con los intentos de EE.UU de reducir los cultivos mediante diversas acciones de erradicación. Asimismo, la aplicación de modelos de desarrollo alternativo, asistencialistas y coyunturales, sumado a la aparición de drogas sintéticas y a los simples flujos comerciales del mercado, producen modificaciones en la geopolítica globalizada alrededor del mercado de la cocaína y sus derivados. No han funcionado. En ningún caso, las políticas implementadas han anticipado estos cambios, ni resultados sostenibles en el tiempo.
Durante la hegemonía de los “carteles” colombianos, ocurrida en la década de los 80, los cultivos de coca destinados al narcotráfico estuvieron circunscritos a las regiones cálidas del pie de monte o selva alta (entre los 500 y 1200 metros sobre el nivel del mar). Allí se produce la coca tingo maría y la trujillense, ambas con capacidad y características propias para su maceración y posterior conversión en pasta base y clorhidrato de cocaína. Aun la expansión del narcotráfico procedente de Colombia no agredía frontalmente a los territorios de los pueblos indígenas que habitan la Amazonía baja.
Durante ese período (1975-1996), los “carteles” de Cali y Medellín, manejados por los hermanos Rodríguez Orejuela y Pablo Escobar, respectivamente, y con asiento en dichas regiones de Colombia, mantuvieron el manejo del proceso de cristalización de la pasta base que llegaba de las zonas de reciente colonización en la Selva Alta de Perú y, en menor medida, de Bolivia. Estos, mediante decenas de “firmas”, mantuvieron el control agronómico sobre lo que ocurría en las regiones del Alto y Medio Huallaga. En ese período, dichas organizaciones controlaron el proceso final del clorhidrato de cocaína y su comercialización internacional. Para ello, desataron un conflicto frontal contra el Estado colombiano (1980-1996), lo que precipitó la “guerra” desde EE.U., que terminó en la ruptura de esos clanes.
Entonces existía un tránsito aéreo ilegal fluido, desde la selva alta de Perú hasta las regiones donde se instalaban los laboratorios en los departamentos de Caquetá y Putumayo, en Colombia. Esto ocurrió hasta 1991, cuando la Operación “Breakthrough” rompió el puente aéreo del narcotráfico colombiano. También influyó la guerra al narcotráfico desatada por Colombia con apoyo norteamericano, que finalmente desmanteló a las organizaciones antes anotadas. En aquel momento, un promedio de 150 000 ha de coca existentes en los tres países andinos eran suficientes para proveer a un mercado global naciente de no más de 10 millones de consumidores de cocaína y sus derivados (De Rementería 2001).
La llegada del siglo XXI planteó nuevos retos con el advenimiento de los “carteles” mexicanos, que hasta esa fecha solamente se encargaban del trasiego de la droga desde la frontera mexicana hacia el interior del territorio estadounidense. Esta expansión aprovechó la presencia de hasta 12 millones de ciudadanos de origen mexicano que habitan en aproximadamente 400 ciudades de ese país. Es decir, una r fuerza de ventas potencial para cualquier negocio.
De 1995 en lo adelante, empezaron a reemplazar a los grupos colombianos, mediante de un mejoramiento del paquete tecnológico (mejoramiento de las semillas de coca, mayor cantidad de plantas por ha, aumento del número de cosechas al año, mejora del proceso de cristalización, empaque y traslado al mercado final). Las plantaciones en esta etapa no requerían una superficie mayor de cultivo. El incremento de capacidades logísticas mejoradas y el acceso infinito a un mercado global en franco crecimiento estabilizaron la oferta de coca peruana. Ello determinó un nuevo escenario para los mercados ilícitos de cocaína, que hasta la fecha la ONU, EE.UU o la Unión Europea no han podido erradicar con sus propuestas multilaterales.
El factor determinante en el comportamiento de los mercados de la cocaína y sus derivados (pasta base, crack, pacu) es la demanda internacional. Mientras esta se mantenga con un mercado estable y en crecimiento, seguirán produciéndose los cambios de control territorial, los poderes fácticos, la creciente corrupción y el aumento de la deforestación del bosque. Ni la aparición de nuevas sustancias sintéticas como el fentanilo parece conducir a una reducción de la oferta y demanda de cocaína.
El presente
En la actualidad, el mercado internacional de cocaína se ha globalizado de forma dramática (UNODC 2023) y puede convivir con los mercados de otras drogas como la heroína y el fentanilo (opioide sintético altamente peligroso, procedente de China y México). Respecto a la cocaína, existe un mercado sostenido y estable en franco crecimiento, que no sufre las consecuencias de la denominada “guerra contra las drogas”. El hecho de que se haya venido ejecutando de forma inalterable en los últimos 30 años en gran parte de América del Norte, América del Sur y Europa Occidental, facilita y promueve la aparición de nuevos mercados en América Latina (Brasil), Europa del Este y Asia (China y el sudeste asiático). Estos destinos de consumo se convierten en el factor que mantiene la progresiva destrucción de la Amazonía sudamericana. Es el más claro incumplimiento del principio de responsabilidad compartida de los países desarrollados respecto a la supervivencia del ecosistema amazónico y su población.
En este largo periodo de tiempo (1970-2023), hemos observado la implementación internacional, colectiva e individual, de todas las formas posibles de interdicción para contener la oferta de cocaína, pero los países no han hecho lo suficiente para, de manera simultánea, detener la demanda. Ese ha sido el peor error conceptual y estratégico cometido por la comunidad internacional, a la vista y paciencia de las cancillerías de los países denominados productores.
Del lado del control de la oferta, la comunidad internacional y los países productores han intentado todas las fórmulas posibles para la erradicación de los cultivos de coca: desde la manual, la tecnificada, la compulsiva, la aérea y la terrestre, hasta la fumigación química y los medios de control biológico, entre las más visibles. El único logro sostenido es que año tras año han empujado a la migración “cocalera” procedente de los Andes más adentro de los bosques tropicales, con dirección hacia la llanura amazónica, pese a que las variedades que crecen en selva baja (mayor tamaño y fibra) tienen menor cantidad de alcaloide. Hoy en día Perú tiene 20 microcuencas que aportan 95 008 ha de cultivos de coca, frente a las 81 681 que había en 2021 y las 61 777 que había en 2020 (DEVIDA 2023).
Tabla 2 Área de cultivo de coca versus área erradicada (Perú)
Fuente: CORAH respecto del área erradicada y DEVIDA y UNODC, respecto del área bajo cultivo.
La tabla 2 expone que mientras las instituciones del Estado peruano -salvo los años del COVID- cumplen con sus metas anuales de erradicación, concertadas con la cooperación internacional de EE.UU, siguen sin evitarse las tendencias crecientes en los cultivos de coca. Es el fenómeno de la siembra en nuevas áreas y la resiembra en áreas plantadas anteriormente, incentivado por los mercados internacionales de la cocaína. Estos se convierten en el principal impulsor de la deforestación en zonas más alejadas y profundas de la Amazonía, lo cual confirma el carácter ineficiente del mecanismo y muestra su efecto negativo en términos de que resulta promotor de la migración descontrolada y la consiguiente deforestación.
Otro elemento importante del análisis es el rol de Perú como país productor de la materia prima y de la sustancia semi elaborada, que necesita ser transportada con destino a los puntos intermedios de embarque o de transporte final a puntos de destino. Es por ello por lo que a lo largo de la Amazonía baja se ha incrementado el número de construcciones de trazos de terreno (previo desbosque) para la instalación de las pistas aéreas clandestinas (Hurtado, 2023). En la Amazonía peruana hay aproximadamente 500 pistas de aterrizaje clandestinas (fuente clasificada de la Fuerza Aérea peruana), muchas de ellas al interior de los bosques y propiedad colectiva de los pueblos indígenas. Estos garantizan el suministro oportuno de cargamentos de droga listos para la exportación, tanto hacia Brasil como hacia el Cono Sur, e incluso con destino a Ecuador. Así lo corrobora el informe del think tank Insight Crime (2022).
Resulta estratégico el reciente debate generado por el tema de la interdicción aérea (letal o no) para luchar contra el TID. El transporte aéreo desde las zonas de producción es la vía más eficiente para poner el producto en zonas de almacenamiento y destino final. Por ello, reviste importancia colocar suficientes obstáculos para hacer que los traficantes desistan de su uso. Los incidentes ocurridos en 1992 y en 2001, que ocasionaron la intercepción de un avión estadounidense de espionaje electrónico y la muerte de ciudadanos de ese país, respectivamente, significó la detención de los esfuerzos de cooperación entre EEUU y Perú. La reciente suscripción de un acuerdo de interdicción aérea no letal, no resuelve el problema de base, y revela las serias limitaciones de la Fuerza Aérea peruana para controlar su espacio aéreo, así como la incapacidad de la cancillería para ponerlo en la mesa de negociaciones.
Las políticas antinarcóticas implementadas del lado de la reducción de la oferta se han acompañado de un modelo de desarrollo rural distinto, denominado Desarrollo Alternativo (en Perú se le denomina DAIS y ahora tienen un Programa Presupuestal específico). Ninguna de las experiencias ha sido sostenible en el tiempo y en el espacio: en el caso de la región de Ucayali, dependen de los precios internacionales del café y el cacao, de la necesidad de producir valor agregado y del acceso a los mercados. En ningún caso tienen las ventajas esenciales que proporcionan la economía ilegal del narcotráfico, y eso los convierte en insostenibles. La convergencia de las estrategias de drogas en Ucayali y las características de esta región determinan un dilema que se replica en toda la hoya amazónica: mientras el mercado mundial pide un alto volumen de productos, la Amazonia da biodiversidad en pequeñas y medianas cantidades.
A nivel policial, se han intentado todas las técnicas necesarias y conocidas para desmantelar esta actividad lucrativa, pero con escaso éxito. Se han sucedido generaciones de narcotraficantes, se ha pasado de las estructuras fijas de los “carteles” a fórmulas mucho más segmentadas que dificultan la tarea de interdicción policial. Asimismo, los órganos policiales del mundo han enfrentado el enorme problema de la corrupción procedentes de las empresas criminales (América Televisión 2023).
El mercado
El sistema financiero internacional ha sido incapaz de evitar las distintas modalidades de lavado de activos, las empresas fachadas y el uso que estas hacen de todos los mecanismos de integración comercial existentes a favor de su comercio ilícito. Los intentos del Grupo de Acción Financiera no han permitido confrontar el principio básico del sistema financiero: mover discrecionalmente recursos monetarios, sin importar su origen.
Las organizaciones criminales han aprovechado las características intrínsecas del mercado internacional de cocaína asentado en la Amazonía. Pondremos un ejemplo actual: en la región andino-amazónica se producen alrededor de 2000 toneladas de cocaína cada año (1400 en Colombia; 500, en Perú; y 100 entre Bolivia y otros). Los órganos policiales del mundo (Interpol, Europol, la Drug Enforcement Agency, el Federal Bureau Institute, Scotland Yard, Policía Nacional de los países andinos), incautan, aproximadamente, 1400 toneladas de cocaína, es decir, el 70% de la producción mundial, lo que no está nada mal en términos de eficacia. No sucede lo mismo en el caso del oro, la madera o cualquier otra sustancia controlada.
El carácter ilegal de la producción y las características propias del producto final (clorhidrato de cocaína) permiten que, desde el punto de vista empresarial, a los traficantes les sea muy rentable “trabajar” con tan solo el 30 % del total producido. ¿Cómo así?
Primero, por la cadena de precios que maneja la economía ilícita. Mientras el costo de un kilo de cocaína a puerta de chacra llega a US$ 1100 en el Valle del Río Apurímac y Ene, al llegar esta misma unidad al puerto del Callao, el precio que paga el intermediario es de US$ 12 000. Es decir, aumenta en más de 1000 % tan solo moverla desde la zona de producción al espacio de transporte marítimo. Ello explica por qué las mayores tasas de homicidios del país sean en esa zona. Este diferencial no termina allí.
Al “coronar” la operación internacional de tráfico en el puerto de destino (Hamburgo, Rotterdam, Miami o Valencia en Europa Occidental), ese mismo kilo de cocaína es pagado a US$ 40 000 antes de ser “cortado” en tres (convirtiéndolo en tres kilos con menor pureza de cocaína) y ponerse posteriormente a la venta en unidades de un gramo a US$ 80 cada una.
Es decir, alguien en la cadena de distribución final recibe aproximadamente US$ 240 000 por las ventas al por menor de las 3000 unidades de gramos de cocaína que se venden en calles, bares y discotecas europeas o estadounidenses.
Una de las vías más importantes está ubicada más en el centro del país, en la estratégica región de Ucayali (IDEI 2009). En la geopolítica regional del narcotráfico, esta región es muy importante, por tratarse de la segunda más grande en extensión (102 410 kms cuadrados) y encontrarse muy poco poblada. En su historia reciente, Ucayali ha tenido hasta tres oleadas migratorias: la primera, entre los siglos XIX y XX; luego, en 1940; y más tarde, en 1960, con dirección oeste a este. La ausencia de infraestructura vial en su interior -salvo la carretera Federico Basadre que la une a la Sierra de Huánuco y al Alto Huallaga otrora productora de coca-, facilita su rol en el desarrollo de actividades ilícitas como el TID. La distribución por vía fluvial hacia Brasil abre nuevas rutas hacia los mercados internacionales de la cocaína. Los más recientes informes de monitoreo de cultivos de coca acreditan la progresiva evolución de estos, desde la provincia de Aguaytía hasta el interior de la región con dirección a la frontera con Brasil.
Por su ubicación, extensión, carácter fronterizo y escasa densidad poblacional, la región de Ucayali es la más complicada y urgida de la intervención del Estado peruano con miras a su protección. Como región, fue creada en junio de 1980 y consta de cuatro provincias y 19 distritos. Tiene una población de 496,459 habitantes (Instituto Nacional de Estadística e Informática, Compendio Estadístico 2022) y es la segunda en extensión geográfica. Ucayali es una zona de reciente colonización, iniciada a partir de la década de los 50. Este ciclo fue impulsado por la construcción de la vía Federico Basadre que comunica Tingo María con su capital Pucallpa. Durante el gran boom cocalero, Ucayali tuvo relativa, aunque creciente, participación en la extensión y producción de coca dirigida al narcotráfico. A partir del año 2000, la provincia de Aguaytía y Padre Abad recibieron colonos procedentes de Huánuco. Estos ampliaron la frontera cocalera organizados en la Asociación de Productores Cocaleros, y pusieron alcaldes distritales y provinciales. Incluso, la Comisión Parlamentaria, que estudió la influencia del narcotráfico en la política, tuvo entre sus requeridos (Congreso de la República 2016) al entonces alcalde de la provincia de Coronel Portillo (Ucayali), Luis Valdez Villacorta.
El Estado peruano reaccionó haciendo, mediante el CORAH, la erradicación de cultivos que provocaron frecuentes enfrentamientos con la población. Desde 2006 en lo adelante, se percibió la importancia de esta región vecina del Alto Huallaga y Monzón, pero también fronteriza con Brasil. Según el Asociación de Pro-Purús (2023), las pistas clandestinas comenzaron a aparecer en 2008, y en la actualidad contarían con 85 pistas de aterrizaje clandestinas, con los distritos de Masisea, Curimaná, Sepahua y Raimondi como los más afectados.
Entre las consecuencias del “lock out” que produjo la pandemia de COVID 19, al detener el comercio marítimo mundial y, con ello, suspender el flujo ilegal de cocaína de sur a norte, están la crisis de precios severa ocurrida en el VRAEM, con el consiguiente abandono temporal de cultivos, y la migración de la población cocalera hacia el norte, con destino a Junín y Ucayali, mediante invasiones progresivas, contratos de alquiler fraudulentos con nativos, búsqueda de matrimonios, o simples amenazas, tal como revela el caso de las comunidades nativas de Katungo Quimpiri (reuniones sostenidas con representantes de dichas comunidades nativas, el 6 de marzo de 2022).
Al mismo tiempo, generaron la aparición y la importancia creciente de las rutas que cruzan la Amazonía peruana, desde el Trapecio, desde la región de Ucayali, y desde Madre de Dios (Exitosa Radio 2023). Esto produjo una efectiva territorialización del TID sobre escenarios amazónicos como el de Ucayali. Se trata de espacios fronterizos, de composición demográfica eminentemente indígena, con escasa presencia estatal y estratégicos para la extracción del producto fuera de las zonas de producción. En ese recorrido, resulta un factor clave la ubicación equidistante de la región de Ucayali, que está cerca del VRAEM, de Pichis Palcazú, del valle del Monzón y de Alto Huallaga, todas zonas de cultivo, de procesamiento y de recepción de los insumos químicos necesarios.
El doble carácter de la región de Ucayali: de ubicarse cerca de las regiones de producción de coca y de la selva brasileña, explican la situación que se vive hoy y que hacen de ella el espacio de confrontación entre el Estado y las economías ilícitas. Tampoco escapan de la presión que ejerce esta actividad ilícita las reservas indígenas existentes o las que están en camino de serlo (Alto Tamaya Abujao).
La tabla 3 muestra las principales comunidades afectadas, pero no son las únicas. Las nuevas rutas comunican la región productora de coca en la provincia de Padre Abad, a través de las provincias de Satipo (distritos de Tambo, Mazamari y Pangoa en Junín) y la provincia de Atalaya, fronteriza con Brasil. En el caso de la provincia de Satipo, las principales federaciones afectadas son las organizaciones agrupadas en la Central Ashaninka Rio Ene (CARE) y la Central Ashaninka del Rio Tambo (CART), entre otras (DAR 2022).
Dichas entradas son utilizadas, fundamentalmente, por organizaciones de traficantes por la vía fluvial, terrestre y aérea, lo que convirtiendo a Ucayali en una región estratégica y en el espacio central de producción y transporte de cocaína con destino a territorio brasileño, además de que es receptora del avance de migración andina procedente del VRAEM.
Esta región ha sufrido un aumento dramático de los cultivos de coca de casi el 150%, en un período de tiempo muy corto: ha pasado de 3822 ha, en 2020, a 10 151 ha de coca en 2021, y ha perdido hasta 7 432 96 ha de bosque primario. En 2021 eran 80 las comunidades nativas en Ucayali amenazadas por actividades ilegales (DAR, ORAU y Asociación Pro-Purús 2022). Las organizaciones de traficantes hacen un uso estratégico de las cuencas de ríos Yurúa y Breu e, para acortar distancias, pero también para evitar la presencia policial. Igual podemos decir sobre el aumento de las pistas de aterrizaje clandestinas: según el informe Situación de los defensores indígenas en Ucayali (DAR, ORAU y Asociación Pro-Purús 2022), existen 56 pistas de aterrizaje identificadas, las que suelen encontrarse en predios privados, áreas no catastradas, bosques de producción, zonas de amortiguamiento y/o en territorio de comunidades nativas. Los reportes para 2022 no detienen esta tendencia: aproximadamente hay 22 nuevas comunidades nativas y dos reservas indígenas afectadas por la actividad del narcotráfico.
Conclusiones
Si tomamos en consideración las características descritas en este artículo sobre el encuentro asimétrico que se produce en la región indígena de Ucayali, entre un Estado debilitado y en retroceso, y el avance de una economía ilícita global como la que representa el TID, no encontramos una solución sencilla a la vista. Requiere de acciones concertadas a corto, mediano y largo plazos en un solo espacio territorial, para cerrar las brechas socioeconómicas existentes. Consideramos que la única manera de asegurar el cumplimiento de un objetivo determinado, como la fiscalización de títulos habilitantes en subsuelo, tierra, aguas y forestaría, la contención ordenada de la migración cocalera de los Andes y una lucha efectiva contra el crimen organizado en Ucayali, es garantizar una acción concertada de todos los sectores y niveles de Gobierno en los territorios amazónicos, en este caso, el de Ucayali.
Se debe lograr la decisión política del Consejo de Estado, que reúne a los tres poderes públicos peruanos, de encargar a los diversos organismos responsables una acción colectiva en Ucayali dirigida a la revisión de títulos y actividades económicas y otorgar seguridad jurídica a los pueblos indígenas. Esto es, que durante un período prudencial de 12 meses se declare el “paraguas” constitucional de un estado de excepción de emergencia y obtener, así, el apoyo logístico y de seguridad de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los organismos reguladores ambientales. Su objetivo debe ser realizar una revisión completa de los títulos y las concesiones otorgadas para reordenar, de forma orgánica y priorizada, pueblos, cabeceras de cuenca, áreas protegidas, bosques. También garantizar un adecuado ordenamiento territorial de la región de Ucayali y solucionar contraposiciones territoriales, otorgando prioridad a la seguridad colectiva de los territorios indígenas y las áreas naturales protegidas.
