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Introducción
La migración irregular es un fenómeno que ha logrado posicionarse en las agendas políticas de los países del hemisferio occidental en los últimos años. Resulta común observar cumbres y acuerdos, liderados principalmente por los Estados Unidos, para adoptar estrategias que permitan su mitigación. No obstante, la mayoría de los esfuerzos para frenar los flujos migratorios han sido infructuosas, pues se necesita un cambio estructural de las condiciones sociales, económicas, políticas y de seguridad en los países de origen y destino para limitar el interés de los migrantes de salir de sus países para mejorar su seguridad, en el sentido multidimensional del concepto (Beverelli 2022). Entonces, bajo el supuesto que los flujos migratorios continuarán, cualquiera que sea su motivación y lugar geográfico, es necesario abordar los impactos en materia de (in)seguridad de estos contextos humanos bajo una nueva perspectiva. En tal medida, se propone una aproximación a las corrientes migratorias provenientes de Venezuela en el marco de la seguridad multidimensional y del concepto del extractivismo de un nuevo recurso natural, el ser humano.
Teniendo en consideración la instrumentalización de la migración en asuntos de seguridad es menester desarrollar un análisis amplio de los impactos de la migración irregular. Dicho esto, es preciso examinar los procesos de securitización de los temas migratorios (Waever et al. 1993; Weiner 1993; Bigo 2003), para adaptarlos a los conceptos amplios de seguridad (Buzan, Waever y de Wilde 1998), incluida la seguridad multidimensional (Vargas-Villamizar 2022). Lo anterior, en la medida que los impactos negativos de la migración son utilizados con mucha frecuencia en discursos políticos para imponer una agenda proteccionista y nacionalista, con la finalidad de imponer sensaciones de miedo hacia individuos de otros países y avanzar en políticas específicas.
Metodología
En este artículo se realiza una revisión de la literatura académica disponible para ampliar el espectro de análisis de los impactos de la migración irregular venezolana en la seguridad de países de tránsito, destino, origen y hacia el propio migrante. Se aplica la metodología de revisión de literatura académica especializada, seguida por el análisis de contexto actual, que se materializa en el estudio de caso de la migración a través de Colombia (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio 2007).
La literatura académica sobre este fenómeno presenta la característica de ser actual y ampliamente discutida. De igual forma, se consideran los avances en política pública implementadas por los gobiernos que sirven de ruta y destino, recopilada a través de fuentes abiertas como portales de noticias. Los datos recopilados fueron obtenidos a través de las páginas oficiales de los servicios de migración de Panamá. La amplitud pública del tema ofrece la facilidad de contrastar los abordajes teóricos con las realidades de los migrantes en un tema de gran dinamismo en la coyuntura regional.
Primero, se caracteriza la migración en Colombia desde el 2015, teniendo en cuenta el incremento exponencial de los flujos a través del Darién. Luego, se aborda la securitización de esta migración y su impacto real a través del espectro de la multidimensionalidad. Finalmente, se incluyen estos conceptos bajo el prisma del extractivismo tomando al ser humano como un commodity que es explotado por las organizaciones criminales, lo que aumenta la inseguridad de los migrantes. Se profundiza en la teoría crítica de la economía política, en la que los productos son los migrantes en un complejo mundo de necesidades instrumentalizadas por actores ilegales.
Caracterización de la migración venezolana en Colombia
Una de las mayores dificultades al momento de analizar el fenómeno de la migración internacional se presenta al identificar la gran variedad de causas y motivos que residen detrás en la decisión de abandonar su lugar de residencia para traspasar fronteras y habitar dentro de nuevas realidades sociales. Se han derivado una gran variedad de abordajes teóricos que permiten analizar desde una perspectiva específica la migración internacional (Massey et al. 2008). Es válido afirmar que no es pertinente generalizar los movimientos migratorios globales, dado que cada uno de ellos presenta particularidades diferenciales. Dentro de las causas más frecuentes se pueden mencionar aquellas de naturaleza política, económica, jurídica, cultural, histórica y medioambientales (Gómez 2010).
En este apartado se analiza de forma tangencial las causales y particularidades de la migración venezolana de los últimos años, para, posteriormente, entrar a analizar las implicaciones en materia de seguridad en Colombia. No obstante, es importante señalar que las consecuencias del fenómeno migratorio trascienden la esfera de la seguridad e impactan directamente la economía (Martínez 2008), la sociedad (Arteada, Carvajal Villamizar y Guerrero Jaimes 2017), la salud (Fernández Niño et al. 2018), entre otros. Es por esto, que se toma el concepto multidimensional de la seguridad, para aproximarse de forma integral al fenómeno y analizar esta diversidad de variables.
El éxodo venezolano debe ser caracterizado como una migración forzada, según las estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, debido a que las motivaciones detrás de la salida masiva de ciudadanos venezolanos son de carácter existencial, necesarias para garantizar su subsistencia (Vargas 2018; Edson Louidor 2018). Lo anterior, implica la ausencia de otras alternativas para el migrante y la necesidad de solución de las condiciones económicas, políticas y sociales mediante cambios profundos en el país suramericano. Como bien ha sido expuesto, los flujos migratorios internacionales son muy diversos en dependencia del contexto en el que se desarrollen, por lo tanto, para caracterizar de manera propicia la migración venezolana en Colombia es menester realizar una aproximación histórica.
Colombia y Venezuela son dos naciones históricamente unidas por procesos políticos, relaciones comerciales y vínculos sociales. A partir de todos los niveles, desde las dinámicas fronterizas que comparten comunidades humanas asentadas sobre los 2219 kilómetros de franja común, hasta las relaciones diplomáticas binacionales del más alto nivel, no se puede entender el desarrollo de un país sin considerar al otro. Para no extender el presente artículo, se presenta la historicidad de los flujos fronterizos binacionales a partir del presente siglo, sin desconocer la larga historia migratoria venezolana, sobre todo, como receptora de migrantes colombianos durante la segunda mitad del siglo XX (Vargas 2018). Se pueden identificar cuatro olas migratorias de individuos venezolanos a Colombia, cada una con diferentes características y contextos (Ramos y Gehring 2018).
La primera ola de migrantes venezolanos a Colombia se presentó entre 1999 hasta el 2002. Fue motivada, principalmente, por el cambio de régimen político, materializado en el ascenso de Hugo Chávez Frías a la presidencia venezolana. Tras este suceso se generó un éxodo de rivales políticos e industriales, que vieron sus intereses amenazados por la nueva corriente política. Luego, del 2005 al 2009, se presentaron despidos masivos en la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), que ocasionó la llegada a Colombia de ingenieros y antiguos empleados de PDVSA, los cuales hallaron empleos en empresas del sector, favorecidos por la bonanza petrolera y los altos precios del crudo. La tercera ola de migrantes se presentó del 2010 al 2014, y se caracterizó por la salida de profesionales y estudiantes universitarios de diferentes disciplinas, bajo el deseo de proteger su capital de las cada vez más represivas políticas del chavismo (Ramos y Gehring 2018, 10; Chavarro Miranda, Albarracín y Osorio Isaza 2019).
La cuarta ola, la cual va a ser el centro de este artículo, se desarrolla desde el año 2015, durante el cual el presidente venezolano Nicolas Maduro cierra, de forma unilateral, la frontera terrestre común entre ambos países. En agosto de ese año, se presenta la expulsión arbitraria de cerca de 2000 ciudadanos colombianos residentes en Venezuela, tras acusarlos de pertenecer a grupos paramilitares, lo cual incrementó la crisis bilateral (López Díaz 2019; Edson Louidor 2018; Tribín et al. 2020). A partir de tal momento, se evidencia un aumento exponencial en la recepción de individuos venezolanos en territorio colombiano. Para el año 2016, la cifra de venezolanos se incrementó en un 71% con respecto al 2015; se llega a los 53 747 individuos. En el 2017, esta cifra alcanzó los 403 702, lo cual significó un incremento del 651%. Para el 2018, este porcentaje aumentó en 190 puntos porcentuales, con 1 174 743 venezolanos en ciudades colombianas. En el año 2019, se registraron 1 771 237 migrantes del país caribeño. El año 2020 presentó un decrecimiento del 2,35%, sobre todo, debido a las medidas restrictivas por la pandemia de COVID-19 (Ministerio de Relaciones Exteriores 2022).
La última información disponible, publicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores (2022) da cuenta de un total de 2 894 593 ciudadanos venezolanos en territorio colombiano, de los cuales 311 729 se encuentran como irregulares a corte octubre del 2022. Esta cifra representa un incremento en la percepción de la migración venezolana en un 57% con respecto a los 1 842 390 registrados en el año 2021. Según esta información, se podría concluir que la migración de ciudadanos venezolanos se ha reactivado después de superada la pandemia por COVID-19, que implicó un cierre de fronteras entre ambos países. No obstante, es importante resaltar el decrecimiento de los ciudadanos venezolanos que se encuentran en situación de irregularidad. Lo anterior, se debería a la consolidación de programas gubernamentales para la normalización de la situación migratoria de estos individuos en los últimos años. Sin embargo, aún preocupa el incremento sostenido del flujo migratorio que implica el continuo deterioro de las condiciones sociales y económicas en Venezuela. Ahora bien, el flujo irregular de venezolanos se ha diversificado, no tanto en su componente humano, pero sí en su destino.
Los cambios de dinámicas en los flujos migratorios observadas en la región centroamericana se podrían resumir en un aumento exacerbado por la región del Darién, una selva tropical de gran importancia para la diversidad del mundo presente en los 266 kilómetros de línea fronteriza que divide a Colombia y Panamá. Según Migración Panamá (2023), a julio de 2023, 251 758 personas provenientes de todos los continentes del mundo han transitado la selva del Darién desde Colombia para llegar a Panamá con destino a los Estados Unidos. Esta cifra de los primeros siete meses del año ya supera los 248 284 migrantes registrados en todo el 2022 y casi duplica el flujo migratorio observado por esta región selvática en el 2021. Por su parte, aproximadamente el 55% de los individuos que atraviesan el Tapón del Darién son de nacionalidad venezolana. Lo preocupante de estos flujos migratorios irregulares es que las personas se exponen a diversos peligros, incluidos robos, violaciones, extorsiones, inclusive la muerte. Según las Naciones Unidas, 137 migrantes fallecieron en la espesa selva del Darién tratando de llegar a los centros de atención panameños en el 2022 (Organización de las Naciones Unidas 2023). Ello, refleja una grave crisis humanitaria que tuvo una tendencia al incremento y sobre la cual no se visibilizan soluciones a corto o mediano plazo, lo que permite proyectar un incremento de los flujos migratorios irregulares.
Es así como, durante el transcurso del siglo XXI, Venezuela, otrora un país receptor de migrantes se posiciona como una plataforma de emigrantes hacia diferentes países, en especial, Colombia. Este último periodo migratorio desde Venezuela puede catalogarse como mixta, componiéndose de una migración de capital intelectual y fuerza de trabajo. Asimismo, los perfiles varían en sus posiciones socioeconómicas y políticas; en la actualidad, están representados los estratos más bajos de la población venezolana (Vargas 2018, 108). Dicho esto, las motivaciones principales para la migración mixta presenciada desde el 2015 son producto del deterioro de las condiciones socioeconómicas en Venezuela, la pérdida de garantías políticas, casos de violación de derechos humanos y la no garantía de las condiciones mínimas de vida para los venezolanos (Ramos y Gehring 2018; Vargas 2018; Edson Louidor 2018). A modo de ilustración, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 7 800 000 venezolanos se encontraban en situación de subnutrición para el periodo comprendido entre el 2018 y 2020, cifra que se acerca al 20% de la población del país caribeño, indicador que ha visto un incremento sostenido desde el año 2011. Lo expuesto, se suma a una disminución del PIB en cerca del 62% entre el 2013 y el 2019, el incremento en la mortalidad infantil, la disminución de la esperanza de vida promedio en 72 años, el deterioro en la prestación de los servicios públicos, la crisis política que tiende a asimilarse a un régimen autoritario y sus implicaciones en la garantía de los derechos humanos (Bull y Rosales 2020).
Este contexto, caracterizado por la disminución exponencial de las condiciones mínimas de vida debido a la crisis política, económica y social que experimenta Venezuela, deriva no solo en la migración, sino también en las condiciones precarias en las cuales se presenta, y así se incrementa la vulnerabilidad de esta población. Desde mediados de 2015, es común observar por las carreteras de Colombia largas columnas de individuos que atraviesan la accidentada geografía andina, sumada a la cruenta diversidad climática con sus pertenencias a sus espaldas, y en ocasiones descalzos, buscando llegar a sus destinos en pocos días. Es claro que la mayoría de los inmigrantes se encuentran en búsqueda de oportunidades laborales que les permitan mejorar las condiciones de sus allegados residentes en Venezuela, por lo cual se estima que la gran mayoría de la población se ubica en edad productiva (15-30 años de edad). En tal contexto, cerca del 90% de la población migrante realiza actividades no formales, dado que no aportan a los fondos de salud y pensión, y en la mayoría de los casos sus ingresos laborales son inferiores al salario mínimo (Tribín et al. 2020).
La decisión de emigrar para el individuo venezolano reviste propiedades existenciales, en las cuales se emigra para preservar la vida o mejorar las condiciones de vida mínimas, tanto para el migrante como para su círculo cercano que se deja en el país de origen. Tomando en cuenta las condiciones anteriormente presentadas, es evidente señalar la situación de vulnerabilidad que caracteriza el fenómeno migratorio: el venezolano no emigra para procurar mejores oportunidades laborales y académicas, sino para satisfacer necesidades básicas de alimentación, vivienda, seguridad y salud. Dicha vulnerabilidad se materializada en la situación de huida que motiva la migración y, también, en los parámetros bajo los cuales se integran a la sociedad receptora. Así, se crea una opción de ampliación del portafolio criminal de grupos ilegales a través de la instrumentalización ilícita de la necesidad de migrar (Vargas 2018). Esta apreciación, amparada en el régimen normativo internacional sobre los derechos humanos, debería orientar políticas públicas tendientes a solucionar la problemática desde la perspectiva del migrante, no obstante, se ha procurado, desde diferentes esferas sociales y políticas, instrumentalizar el fenómeno migratorio para exteriorizar problemáticas de seguridad e imponer discursos de securitización, como se ve más adelante en el presente artículo.
Seguridad y migración irregular
La relación entre seguridad y la migración irregular ha sido extensamente estudiada por parte de sociólogos, internacionalistas, economistas y politólogos, gracias a lo cual se ha incrementado la percepción de la migración como un asunto de seguridad (Bigo 2003). Varios académicos han logrado demostrar el uso discursivo del impacto negativo de la migración desbordada sobre la seguridad de los integrantes de una nación con la finalidad de imponer una agenda política de sesgo y protección nacional (Izcara Palacios et al. 2020). También se ha evidenciado cómo la relación directa de la migración sobre los indicadores de criminalidad y la seguridad nacional debe ser analizada a través del contexto, lo cual demuestra la existencia de otros factores que afectan dichas variables. Sin embargo, no se puede negar que la vulnerabilidad en la que se encuentran los migrantes ha motivado la comisión de delitos en las ciudades de destino. Dicho esto, este apartado pretende analizar de forma objetiva los impactos de la migración venezolana en los índices de seguridad colombianos a través de un enfoque multidimensional.
La migración como asunto de seguridad debe ser entendida bajo el proceso de securitización, pues más allá de ser per se una amenaza objetiva, es una construcción a través del discurso. Esto es, entonces, como lo explica Buzan, Waever y de Wilde (1998, 29), la presentación de una temática como urgente debido a sus implicaciones en la seguridad, revistiéndola de mayor importancia de la cual se encargaría la política común. Evidentemente, según se entienda el concepto de seguridad, se podría adecuar el asunto de la migración como una amenaza. Una de las principales concepciones de seguridad es la protección de los valores adquiridos (Baldwin 1997, 13). En esta concepción, la intromisión al interior de las fronteras de individuos extranjeros con valores diferentes podría implicar un eventual cambio de los valores de la nación receptora, convirtiéndose en una amenaza. Dicha injerencia del alter en la normalidad de la nación ha sido objeto de temática discursiva para la imposición de políticas proteccionistas y excluyentes a través de la securitización (Bigo 2003).
En tal medida, la constitución de temáticas de seguridad a través de políticas de la excepción son creadores de contextos intersubjetivos. La constitución de normas actúa como reglas definitorias del actuar de la sociedad, pero en el caso de normas securitarias, son definitorias de la identidad (Reyes 2018, 16). Es así como un grupo de personas se definen a sí mismas en contradicción al otro. O sea, las sociedades establecen su identidad en la medida que son diferentes a otras.
Ahora bien, el otro como amenaza debe ser interpretado como tal a través del proceso de securitización antes mencionado, materializándose en discursos aceptados y positivizados en políticas públicas o leyes. Siendo este una amenaza subjetiva más allá que objetiva, es una construcción social tal como la sociedad y el Estado son socialmente construidos (Tallmeister 2013, 5). Por lo tanto, los procesos identitarios de los que son objetos la población migrante son necesariamente asuntos de seguridad, en la medida que ellos determinan las actuaciones a futuro que estos tendrán en el lugar de acogida. No obstante, son a la par importantes los regímenes normativos que caracterizan las comunidades receptoras de migrantes, pues hacen que estas sean más o menos adversas a la aceptación de alter poblacionales, lo cual tiene implicaciones en materia de (in)seguridad.
El asunto de la migración desde el prisma de la seguridad no puede ser entendido desde el sentido tradicional del mismo, dado que escapa a la comprensión militar del concepto, y aborda de formas más amplias, otras preocupaciones que se buscan proteger. En tal medida, se propone hacer un acercamiento desde la seguridad multidimensional al fenómeno de la migración proveniente de Venezuela, que se ha visto dinamizado en los últimos años. Por lo tanto, se sugiere entender la seguridad multidimensional como el
estado de libertad frente a las amenazas tradicionales y nuevas amenazas que son percibidas por parte de los individuos mediante la acción integral y transversal de múltiples actores del sector privado y público, para consolidar la gobernanza y el desarrollo de la nación (Vargas-Villamizar 2022, 114).
Las dimensiones que se incluyen en el espectro amplio de la seguridad son aquellas definidas por Buzan, Waever y de Wilde (1998), a entender la seguridad política, militar, societal, ambiental y económica. Por su parte, se entenderá por migración irregular a la movilidad humana a través de las fronteras dada fuera de los mecanismos legales establecidos entre los países (Quiroz Céspedes, Hurtado y Pérez Pertuz 2023, 7). Esto, pues, nos propone entender la migración irregular como un asunto natural pero alegal, en el cual se busca una situación de libertad que no se puede materializar en el país de origen, por lo que es necesario acudir a procedimientos que escapan a la legalidad para garantizar los mínimos existenciales a las personas. Así pues, la migración irregular tiene implicaciones desde la seguridad societal, económica e interna de los países.
La seguridad societal se refiere, en forma general, a la construcción y perduración de la identidad colectiva (Tallmeister 2013, 1). Dicha identidad podría ser amenazada por la llegada masiva de extranjeros con una identidad colectiva diferente que puede oponerse a la del país receptor. En palabras de Waever et al. (1993, 23), la seguridad societal se refiere a la “habilidad de una sociedad de mantener su carácter esencial bajo condiciones cambiantes y amenazas reales o posibles”. No obstante, se debe analizar hasta qué punto la migración afecta los valores culturales e identitarios de la comunidad receptora, o si bien se generan cambios comportamentales en la población inmigrante. Si bien la amenaza a valores adquiridos es un asunto de seguridad, la construcción cultural se ha forjado a través de dinámicas de integración, que en ninguna ocasión debe implicar un fin existencial a los valores identitarios de una comunidad.
Por su parte, la seguridad económica se refiere al miedo existencial producido por crisis financieras globales que podrían afectar la estabilidad política de un objeto referente (Buzan, Waever y de Wilde 1998, 116). La entrada masiva de fuerza de trabajo calificada y no calificada se puede considerar como una amenaza a la estabilidad laboral de los individuos del país receptor, y generar disturbios en los precios de bienes y servicios y en los puntos de equilibrio del mercado laboral. Sin embargo, se ha logrado demostrar con creces que, de manera general, la migración tiene un efecto positivo en la economía del país receptor (Islam 2007; Somerville y Sumption 2009; Chomsky 2007), y los argumentos referentes a la seguridad económica están sustentados en ideas falsas y altamente politizadas, sin llegar a desestimar por completo los impactos fiscales a corto plazo que puede producir la entrada masiva de migrantes (Tallmeister 2013).
Sin dudas, la migración irregular ha sido instrumentalizada por grupos de criminalidad organizada, que se aprovechan de las precarias situaciones de los migrantes y les ofrecen oportunidades para delinquir. Esto afecta la seguridad interna del país y crea una economía política criminal. Ciudadanos venezolanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad han sido reclutados por parte de grupos armados ilegales colombianos como los disidentes de las antiguas FARC, el Ejército de Liberación Nacional y el Clan del Golfo para integrar sus filas criminales (López Díaz 2019; Pérez 2021). Entonces, los grupos armados ilegales colombianos instrumentalizan la vulnerabilidad de la población migrante para fortalecer su capacidad armada. Aunque los discursos argumentativos de la lucha armada se entiendan solo en el contexto colombiano, siendo el Gobierno de Colombia el enemigo directo de estas organizaciones delictivas, adoptan a migrantes de otros países dentro de sus filas bajo las promesas de una remuneración económica, sin necesidad de reproducir las ideologías que estas estructuras promulgan. En tal medida, las organizaciones armadas ilegales se transforman en estructuras transnacionales, no solo por la presencia de extranjeros en sus filas, sino por la expansión hacia territorios de otras naciones.
De igual forma, se ha presentado una expansión de organizaciones criminales de origen venezolano que aprovechan, de forma estratégica, los flujos migratorios en países de tránsito y destino. Funcionan como una suerte de franquicia del crimen organizado, asentadas en diferentes ciudades con alta recepción de migrantes (Voss 2023). Dentro de estas organizaciones se destaca la megabanda venezolana Tren de Aragua, con supuesta injerencia criminal en ciudades como Barranquilla, Bogotá y Cúcuta. No obstante, no es preciso afirmar que esta organización criminal haya trasladado su actividad criminal a estas ciudades, y dispute el control delictivo en ciudades colombianas con bandas de origen colombiano, sino más bien que grupos de inmigrantes con fines delictivos hayan adoptado este nombre aprovechando la exposición mediática que obtuvo esa organización en Colombia y la penetración de esa marca delictiva en el imaginario colectivo y en la opinión pública (Mesa 2020).
De igual forma, diversos análisis han determinado que la migración irregular genera un incremento en el corto plazo en las tasas promedio de los municipios para los delitos de hurto a personas y hurto en comercios (Franco 2020, 23). En conclusión, el fenómeno migratorio, si bien es una acción natural de la humanidad, refleja una serie de necesidades, que, bajo las nuevas complejidades globales, han sido instrumentalizadas por organizaciones criminales bajo una lógica de política económica criminal. Así, se convierte al ser humano en un commodity, a la necesidad en una estrategia y a los países en un mercado en el que convergen diversas economías ilegales que responden a la simplicidad del incremento de réditos económicos ilícitos, y que concluye en una afectación continua a la seguridad regional.
Migración irregular como forma de extractivismo
La migración irregular forzada se presenta como una forma de extractivismo de capital humano bajo las mismas premisas de la dinamización de economías ilícitas que afectan los recursos de una nación en términos de explotación. Primero, se debe ofrecer una definición del término de extractivismo, el cual se refiere a la extracción y explotación de recursos naturales para conseguir réditos económicos, sin tener en consideración el impacto a largo plazo sobre el medio ambiente, las comunidades y la sostenibilidad (Chagnon et al. 2022). Más allá de esto, es un complejo de prácticas, mentalidades y diferencias de poder que se refuerzan mutuamente y que sustentan y racionalizan modos de organizar la vida de manera socio-ecológicamente destructiva a través de la subyugación, el agotamiento y la falta de reciprocidad.
El extractivismo depende de procesos de centralización y monopolización, basada en la acumulación de capital, y comprende diversas dinámicas de desarrollo y resistencia específicas de cada sector (Chagnon et al. 2022, 763). Estos autores expresan que el concepto de extractivismo se ha expandido más allá del mero acto de extracción de recursos naturales, porque se soporta el argumento de que el ser humano, como recurso, puede ser extraído, transportado y utilizado, y dicha extracción implica una ganancia económica, en especial, para grupos criminales. En tal medida, se evidencia el surgimiento de una economía política criminal que utiliza al humano-migrante como su commodity.
Los flujos migratorios se producen y se mantienen en la medida que se le pueda asignar un valor económico al movimiento humano. Como se ha visto en este artículo, las motivaciones para salir del país de origen y habitar en el exterior se producen, en su mayoría, dentro del espectro de garantizar la supervivencia y mejorar las condiciones económicas. Bajo el marco teórico de la seguridad multidimensional, la garantía de las capacidades adquisitivas para aumentar los ingresos ante una perspectiva de vulnerabilidad se podría incluir dentro del concepto de seguridad económica (Vargas-Villamizar 2022). Entonces, la migración es una condición que busca la garantía de seguridad dentro del espectro de la multidimensionalidad antes explicado.
Ahora bien, se puede hacer un paralelo con los bienes y flujos ilegales transnacionales en la medida que, mientras el migrante cruza fronteras, los ingresos que percibe se incrementan mediante el desarrollo de una actividad económica. Esto es, si un migrante sale de un país con vulnerabilidades económicas en Suramérica para llegar a los Estados Unidos, por cada frontera que pasa su valor inherente y proyectivo se incrementa. Lo anterior, se asemeja al valor adquirido por un bien ilícito, como un alijo de estupefacientes, que incrementa su valor a medida que se acerca a su mercado ilícito de destino (Varese 2017).
En tal medida, los migrantes irregulares surten una suerte de commoditites dentro del mercado ilícito de tráfico de migrantes, fundamento transaccional esencial del extractivismo estudiado en América Latina (Acosta 2013). En palabras de Andersson (2018), los migrantes son activos en las nuevas dinámicas de la bioeconomía. Dicho esto, los migrantes presentan características de commodities humanas que adquieren valor en el momento de traspasar fronteras, tal como ocurre con un bien o servicio ofertado y adquirido en diferentes Estados (Morris 2023). Esto, evidentemente está incentivado por el mercado laboral en los países de destino, los cuales adquieren los servicios laborales de mano de obra no calificada para suplir la demanda del mercado que no puede satisfacerse por nacionales de ese país.
Ahora bien, si en los sistemas extractivistas los agentes intermediarios se reparten entre instituciones del Estado y grandes multinacionales del sector privado, en los flujos migratorios irregulares, que utilizan al ser humano como bien transaccional, los intermediarios son organizaciones de crimen organizado. Estas organizaciones delictivas han lucrado ilícitamente por medio del cobro extorsivo a las actividades económicas generadas por la migración y a los mismos migrantes. Esta situación se hace evidente en el flujo migratorio observado a través de la selva del Darién, que divide Colombia con Panamá y que desde el 2021 ha observado un incremento exponencial en la cantidad de individuos provenientes de países de América, Asia y África que buscan llegar a los Estados Unidos. Esta situación ha evidenciado el cobro, por parte de organizaciones armadas al margen de la ley, de cuotas extorsivas a los migrantes para garantizarles seguridad al momento del paso y a los establecimientos comerciales ubicados en los municipios de acogida (Defensoría del Pueblo 2023). De igual forma, estructuras criminales transnacionales como el Tren de Aragua han establecido células a través de la ruta de migrantes al sur del continente para mantener sistemas delictivos aprovechándose de la vulnerabilidad de los migrantes.
Conclusiones
La migración irregular tiene implicaciones en seguridad tanto en el país de destino como para el país de origen, pero, sobre todo, para el migrante. Los flujos migratorios irregulares han sido observados sobre sus implicaciones en las dimensiones sociales, económicas y de seguridad en las comunidades receptoras. Se ha evidenciado que estas implicaciones negativas no están sustentadas, y se basan en una utilización política de la situación migratoria para lograr fines igualmente políticos. No obstante, el concepto de extractivismo relacionado con la migración irregular, en el sentido de una extracción de capital humano como commodities, tendría implicaciones aún más graves para el país de origen. No solo eso, sino la perdida identitaria y cultural de los migrantes, llevada al extremo, sería una amenaza existencial para los países que, al no garantizar los mínimos vitales, obligan a la migración exponencial y altamente vulnerable de sus ciudadanos. Entonces, no se estaría observando solo un despojo de tierras bajo el extractivismo, sino un despojo de la identidad y de los valores más centrales que definen la seguridad.
En el contexto migratorio de venezolanos hacia Colombia y los Estados Unidos se puede observar la instrumentalización de los flujos migratorios por parte de actores criminales y las implicaciones en seguridad, lo cual prueba la existencia de una economía política criminal que instrumentaliza al migrante como un producto transnacional. Se presenta un éxodo de organizaciones criminales de origen venezolano, lo cual se asemeja más a una franquicia delictiva, en vez de una verdadera transnacionalización de la estructura organizativa de estos grupos. Ciertamente, grupos como el Tren de Aragua instrumentalizan los flujos y migrantes, pero no se ha observado un reclutamiento por parte de grupos armados organizados al margen de la ley de ciudadanos venezolanos.
En verdad lo interesante es observar cómo las organizaciones extractivistas que se han beneficiado económicamente de la acción de despojo del capital humano venezolano son estructuras que controlan los puntos de paso, con lo que logran réditos exponenciales mediante el cobro de extorsiones a los migrantes. Estas organizaciones actúan como verdaderas empresas criminales bajo el modelo extractivista que aprovecha los recursos disponibles, se ubican en sitios estratégicos e instrumentalizan situaciones de inseguridad, lo cual tiene las mismas consecuencias negativas en términos de sostenibilidad que el sentido tradicional del término. Es así como se reproducen las inseguridades que dieron origen a la salida del individuo de su lugar de origen y se profundizan las problemáticas en los países de tránsito, en la medida que fortalecen la capacidad armada de los grupos criminales que instrumentalizan la vulnerabilidad del migrante. Finalmente, en el país de origen se pierden los valores adquiridos, se extrae la identidad cultural del migrante, lo que constituye la pérdida total de libertades en términos de (in)seguridad.
