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I. Introducción
En el siglo XXI hemos presenciado, a nivel global, una notable expansión de las economías ilícitas y de diversas formas de criminalidad organizada, las que también han dejado su marca en América Latina. Este proceso se ha expresado no solo en la multiplicación de esas formas criminales de poder y de apropiación de riquezas, sino también en su complejización organizativa, su sofisticación y transnacionalización, así como su diversificación económica, pivotada y dinamizada, de manera fundamental, en torno a la explosión del narcotráfico (Cajiao et al. 2018). En este artículo ponemos el énfasis en un rasgo particular de estos nuevos escenarios: la expansión de sus encadenamientos económicos hacia un ámbito clave como los llamados recursos naturales y/o bienes ambientales.
De acuerdo con Nellemann, Stock y Shaw (2018), el comercio ilegal de vida silvestre, la extracción ilícita de oro, diamantes y otros minerales, el tráfico de madera, el acaparamiento de tierras, el contrabando de combustible, entre otros, se han convertido en la principal fuente de ingresos para los grupos armados irregulares y las denominadas organizaciones terroristas. Los delitos ambientales, en su conjunto, representan el 38 % de la financiación de conflictos y para el accionar de estas organizaciones, más que el tráfico de drogas. El auge de los precios de los commodities, los menores riesgos que implica el negocio de recursos de la naturaleza comparado con el narcotráfico, o la amplia posibilidad para el lavado de activos, son algunos de los factores que han propiciado la creciente inmersión criminal en este ámbito.
Estos grupos no solo se han constituido como verdaderos poderes del orden global, sino también tienen una significativa incidencia en los procesos de apropiación y distribución de riquezas. Ello impacta en la morfología de las economías nacionales, la división internacional del trabajo y la geopolítica, al igual que en los ecosistemas, los procesos de territorialización y en las reconfiguraciones del metabolismo social, así como en la propia crisis ambiental y climática. Por tanto, además de un fenómeno criminológico y coyuntural, presenciamos el desarrollo de procesos complejos que poseen dimensiones económicas, políticas, ambientales, internacionales y socio-culturales. Estos ameritan análisis desde una perspectiva histórico-estructural, que intente responder a preguntas sobre las relaciones estructurantes que determinan los procesos de extracción y apropiación (violenta) de recursos de la naturaleza. Las formas criminales transnacionalizadas que presenciamos se insertan en estas dinámicas globales.
Para América Latina y el Caribe esto es crucial, si destacamos que el extractivismo y la colonialidad (Acosta 2011; Alimonda 2011) atraviesan de manera profunda la configuración histórica de la región: sociedades que se fundaron y organizaron en torno a la extracción masiva de recursos de la naturaleza; economías y estructuras de poder ancladas en los ciclos de exportación de commodities; lógicas permanentes de conquista de nuevos territorios; y ampliación de nuevas fronteras de extracción. Más de cinco siglos después, esta configuración permanece determinante, con polos cruciales de extracción agroindustrial, hidrocarburífera y minera, a los que se suman, en la actual década del siglo XXI, minerales críticos significativos, que resultan importantes para la llamada “transición energética” global.
El presente artículo propone un análisis que, nutrido desde una perspectiva crítica combinada de economía/ecología política (Martínez-Alier 2003; Harvey 2004; Alimonda 2011; Moore 2013; Mezzadra y Neilson 2017), examina el marco histórico-estructural y la inserción en el contexto del capital global, de las formas y economías criminales en América Latina en el siglo XXI, de manera particular, aquellas orientadas a la extracción, apropiación y distribución de recursos de la naturaleza, y sus respectivos encadenamientos globales ilícitos. Dicho análisis se abordará desde el prisma de la categoría extractivismo.
Nos trazamos como objetivo intentar trascender análisis puramente normativos o securitistas de estos procesos: más allá de evaluar solo el auge de las extracciones ilegales como una incidencia mayor de los delitos ambientales en la región, nos interesa poner el foco, en primera instancia, en la manera en la cual estas redes criminales participan de procesos violentos de despojo de bienes comunes, riquezas y territorios; generan explotación y comercialización de cuerpos y fuerza de trabajo; desgarran tejidos sociales; impulsan formas de territorialización y degradan el ambiente; configuran gobernanzas y esferas de poder; y crean mercados, rutas y cadenas de valor. Todo ello ocurre, muchas veces, en connivencia y articulación con instituciones del Estado y de empresas privadas. En un segunda instancia, examinamos cómo estas organizaciones ilícitas/criminales reproducen el imperativo extractivista y de dominio de la naturaleza, y participan, como uno de los factores histórico-constitutivos, en los procesos de configuración y reconfiguración del extractivismo.
Desde este análisis crítico, el artículo resalta menos el carácter ‘forajido’ de las economías ilícitas/criminales, para en cambio poner de relieve su relación y entrelazamiento con vertientes legales/formales y con políticas de despojo que se impulsan desde los poderes constituidos. Con ello, buscamos también robustecer las diversas conceptualizaciones sobre extractivismo que, por un lado, contemplen, además de los emprendimientos privados y corporativos o las empresas estatales y políticas públicas, el papel fundamental que ejercen las extracciones, las estructuras, los encadenamientos y las logísticas ilícitas/criminales en la composición de este régimen de acumulación; y por otro lado, consideren la clara formación de una variante que podemos denominar extractivismo ilícito/criminal.
El artículo consta de tres secciones principales. Luego de exponer las bases teórico-conceptuales sobre economías ilícitas/criminales y extractivismo (Sección II), en la Sección III realizamos un breve análisis de la historicidad de los procesos de entrelazamiento entre los dos ámbitos. Aquí resaltamos tanto las continuidades y rupturas de los mecanismos de despojo y rapiña permanentes en los procesos de conformación de la economía regular, como el papel importante que han tenido las violentas economías privadas armadas y las economías forajidas. Señalamos cómo, sobre todo a partir de la instauración del modelo de posguerra en el siglo XX, los procesos de institucionalización del extractivismo, aunque acotaron de manera coyuntural y momentánea el accionar del crimen organizado, al mismo tiempo configuraron una logística intercontinental y un entramado complejo de mecanismos que propiciarían la yuxtaposición de formas legales con ilegales, para posibilitar y favorecer la apropiación de recursos de la naturaleza para el mercado mundial.
Por último, en la Sección IV, examinamos más a fondo los nuevos escenarios, formatos y dimensiones de la criminalidad en el extractivismo del siglo XXI latinoamericano. Estos serán evaluados a la luz de la evolución de los procesos de acumulación a escala global y de los nuevos rasgos de entrelazamiento entre los ámbitos formales/legales e ilícito-criminales, para hacer balances sobre el peso actual de estas economías en el conjunto del régimen extractivista. Desde un análisis multi-escalar (Paulson y Gezon 2005), y dada la gran complejidad de los entramados de acumulación en la globalización, describiremos rasgos, dinámicas y tendencias de la actual economía/ecología política del extractivismo ilícito/criminal, desde tres niveles: Extracciones ilícitas/criminales de recursos de la naturaleza; Flujos ilícitos entrelazados de commodities; y Nuevas estatalidades y gobernanzas híbridas. Cerramos con algunas conclusiones.
II. Sobre economías ilícitas/criminales y extractivismo: bases teórico-conceptuales
Partimos de la premisa que, las formas y dinámicas de la extracción ilícita/criminal de naturaleza, o los llamados recursos naturales, antes que representarse solo como fenómenos al margen o anómicos, deben entenderse como elementos constitutivos del extractivismo y el capitalismo dependiente, en términos histórico-estructurales. Esta premisa podemos comprenderla en el marco de los continuos procesos de acumulación originaria o “acumulación por desposesión” propios del funcionamiento del sistema capitalista (Harvey 2004); de la permanente búsqueda de trabajo, alimentos, energía y materias primas baratas (Moore 2013), o de las dinámicas históricas de desruralización del mundo para mantener la tasa media de ganancia (Wallerstein 2004), con el objetivo de satisfacer el crecimiento económico sin fin.
Es crucial resaltar que dentro del amplio ámbito de la acumulación por desposesión, además de una serie de políticas de despojo impulsadas desde las esferas del poder, podemos ubicar también a las formas y economías ilícitas/criminales, comprendidas estas no sólo como expresiones ‘al margen’ del sistema imperante, sino a la vez como componentes determinantes en la economía/ecología política del capital.
Para lograr una mayor precisión sobre estas formas ilícitas/criminales, es necesario proponer una delimitación conceptual y de enfoque sobre ellas. Determinamos su ámbito general de definición en las actividades y acciones que se desarrollan fuera de los marcos normativos y legales oficiales, y de la economía registrada formalmente ante las autoridades. Estas se consideran conductas delictivas, a partir de las cuales se obtiene provecho pecuniario ─entendidas como economías prohibidas─ (Zaffaroni 1996; Levi 2002; Briceño-León y Camardiel 2015; Umbría-Acosta 2016; Cordini 2017). Sin embargo, debemos agregar dos importantes acotaciones de complejidad en nuestro marco de definición. Primero, nos interesa resaltar la distinción entre ilegal e ilícito. Mientras el término ilegal se mide, en esencia, bajo el criterio de la ley del Estado, ilícito es una categoría más sociológica, que incluye también consideraciones ético-políticas, percepciones sociales y significados culturales respecto a lo que se puede definir como actividad delictiva (Abraham y Van Schendel 2005). Ello resulta fundamental, pues también nos permite examinar, de manera crítica, actos que son violatorios de derechos de personas y de la naturaleza, llevados adelante por actores estatales, paraestatales, empresariales o financieros, que podrían valorarse éticamente como criminales, aunque estén amparados por marcos legales. Así ha ocurrido tanto en los viejos regímenes coloniales como en los actuales Estados nación en la región donde, hacia la década de los 2020, se intensifica la situación de degradación de derechos (Amnistía Internacional 2022; CIDH 2023; HRW 2022). Por tal razón, ponemos el foco en una economía/ecología política del extractivismo ilícito.
Segundo, en este artículo no centramos la mirada en hechos ilícitos de particulares ni en las economías populares artesanales, de reventa y trabajos parciales que se incluyen en la economía informal. Nuestro foco fundamental de lo ilícito se orienta hacia las formas criminales organizadas ─locales o transnacionalizadas, que pueden operar en redes transterritoriales y en diferentes formas de articulación con actores estatales y/o empresariales─; que actúan en delitos graves y economías prohibidas y ”subterráneas”; manejan considerables volúmenes de negocios (narcotráfico, extorsión, minería ilegal, tráfico de madera, entre otras); gestionan sus operaciones a través del uso de la violencia extrema para imponer sus condiciones; y sobre todo, suelen tener un importante rol y significado en procesos de acumulación de capital, a escala regional e internacional. De ahí que hagamos referencia a las economías ilícitas/criminales.
La historia de América Latina y el Caribe y, por tanto, del extractivismo, ha estado atravesada por diferentes expresiones de economías ilícitas/criminales. Antes que una mera actividad o modelo económico, entendemos aquí al extractivismo como un particular modo de acumulación capitalista, que configura un patrón de organización de la sociedad con base y sustento, de manera fundamental, en la extracción y exportación masiva de naturaleza (Teran-Mantovani 2018). Para la región, por tanto, dicha exportación de naturaleza ─y personas, que en algunas configuraciones se convierten también en un recurso─ es constitutiva primero, del proyecto de conquista, y luego, lo será también del proyecto de nación. Existe un marco histórico-estructural latinoamericano de continuidad, fundamentado en la relación extractivismo/colonialidad: una organización societal que, desde sus orígenes, se concibe como una forma subordinada a un orden internacional, y se estructura en lo doméstico bajo una estratificación estatal-nacional racializada (Quijano 2000; Alimonda 2011; Machado-Aráoz 2018), en la cual la extracción constituye su eje primordial.
Es fundamental, por tanto, la necesidad de comprender la extracción en el marco de esta relación de poder: la idea de “extraer”, vinculada con la acción de sacar, quitar, separar o arrancar, tiene una profunda relación con el despojo colonial y la apropiación (por lo general violenta) de recursos, lo que se produce sin contrapartida proporcional a los pueblos y a la naturaleza que la sufren (Acosta 2016; Teran-Mantovani 2018). Despojo y crimen tienen estrechos parentescos en la evolución de esta particular economía/ecología política.
En este orden de ideas, proponemos analizar las dinámicas de acumulación del extractivismo como un proceso que Leite-Gonçalves y Costa (2020) denominan “acumulación entrelazada”, en el cual la acumulación por reproducción ampliada (economía regular de mercado) y por desposesión, se solapan, y configuran así una dinámica mixta y articulada.
Para el caso del extractivismo, señalamos tres vertientes entrecruzadas e interrelacionadas como pilares de su configuración histórica: la primera, que fue desarrollando el largo proceso para su legalización, formalización e institucionalización como régimen dominante; la segunda, que operó, y aun lo hace, a la par de la primera, siendo funcional y articulada con esta, y desplegó un aparataje político de despojo violento y de explotación de naturaleza, cuerpos y territorios; y una tercera vertiente, que representa a la economía paralela, ilegal, subterránea y parasitaria, forajida y pirata, pero que también pudo ser recurrentemente aprovechada por el modo de acumulación.
Los balances y pesos relativos que tienen cada una de estas tres vertientes del extractivismo varían históricamente, dependiendo de las formas de ejercicio del poder (fundamentalmente las formas de la colonialidad global y de estatalidad) y de las fases de acumulación capitalista en un período temporal determinado. A este balance lo llamamos la composición del extractivismo.
III. La historicidad del entrelazamiento entre economías ilícitas/criminales y extractivismo en América Latina
La notable expansión criminal en el extractivismo del siglo XXI en la región, no solo expresa novedades coyunturales, sino también continuidades histórico-estructurales que merecen un breve repaso. El proceso de conquista, aunque lo administraron las coronas española y portuguesa, se ejecutó con cierta autonomía por emprendimientos privados armados ─la Casa Welser, en Venezuela; la Compañía de Levante, para conquistar Perú; o las Bandeiras, en Brasil; entre otros─, movidos por la búsqueda de botines, la extracción de recursos, y la esclavización de indígenas (Velásquez-Arango 2018). Los niveles de connivencia de estos grupos con el status quo formal ya prefiguraban complejas y contradictorias asociaciones (proto) estatales e ilícito/criminales ─recordemos las denuncias de Fray Bartolomé de Las Casas en la Brevísima relación de la destrucción de las indias, de 1552.
En el contexto del auge comercial transatlántico y de la demanda de materias primas, piratas y corsarios, antes que solo ser criminales que amenazaban a la economía legal, tuvieron también un papel crucial en el desarrollo del régimen extractivista/colonial. Ello se evidenció, por ejemplo, con la extraordinaria expansión de la economía azucarera en Jamaica en el siglo XVII, financiada con las grandes riquezas que generó la piratería, a partir del saqueo y el contrabando (Zahedieh 1986); o con la extracción y el tráfico del palo de tinte hacia Europa, que estos realizaron en la Laguna de Campeche en los siglos XVI y XVII (Baños-Ramírez 2012). El contrabando muchas veces lo promovía las propias coronas que, además, ofrecían ayuda militar para su actividad ilegal, y los ataques y saqueos de corsarios recibían autorización de sus gobiernos con la ‘patente de corso’.
Con la consolidación del régimen colonial se entrelazaron y, en ciertas formas, se fusionaron, con más sistematicidad, la rapacidad privada e inmediata con la necesidad creciente de organizar el trabajo, la extracción y la producción ─tal como exigen la plantación de caña de azúcar, la cría de ganado o la explotación de minas, etc─ (Romero 2011), sustentando el modelo extractivista. Dicho entrecruzamiento perforó los límites temporales de la conquista, y avanzó hacia la constitución del proyecto de nación.
En el siglo XIX, pese a que en la historiografía y en los imaginarios políticos dominantes, fenómenos tan determinantes como el caudillismo, el caciquismo, el gamonalismo o el coronelismo, que se sostenían por la conformación de bandas, montoneras y/o guerrillas armadas, han sido vistos como una amenaza para el Estado, o como simples bandoleros que actúan al margen de la ley, en realidad muchos de ellos también se vincularon con el poder hacendal ─el cual les podía otorgar financiamiento y apoyo político─ (Balladares 2016); o fueron herramientas clave para la consolidación de variadas oligarquías extractivistas, sobre todo, las más conservadoras (Sevilla 1992). Por ejemplo, el control de la importante lana de alpaca, en el Perú, se estableció mediante una cadena de subordinación, que iba desde la oligarquía arequipeña hasta los gamonales del interior de la región, y empleaba trabajo indígena (Ibarra 2003). Aunque este tipo de liderazgos regionales y sus cuerpos privados armados emergían por la precaria centralización del poder de los Estados (Gellner 1977), de manera paradójica, podían funcionar como bisagras que articulaban con poderes de nivel nacional, una especie de intermediarios políticos. Ello se evidencia en casos como el caciquismo mexicano, que tuvo un importante papel en la propia formación del Estado en ese país (De la Peña 1986 citado en Ibarra 2002).
Fenómenos como el paramilitarismo en Colombia, que surgió a partir de la segunda mitad del siglo XX, también encuentran parte de sus fundamentos en las prácticas de las élites de índole rural/regional, de recurrir a grupos armados privados para ejercer violencia y defender sus intereses particulares, algo que se dio en connivencia con el Estado (Velásquez 2007; Valencia-Grajales, Insuasty-Rodríguez y Restrepo-Marín. 2016). El narcotráfico en México emergió desde las primeras décadas del siglo XX como una extensión tutelada del ámbito del poder político (Flores y González-Ruiz 2008). Resaltan aquí casos como el del gobernador del estado de Baja California, Esteban Cantú (1915-1920), quien controló en su mandato el tráfico de drogas en la frontera con Estados Unidos (Ortíz-Sarkis 2013).
En estos procesos de entrelazamiento en la composición histórica del extractivismo, hay en la región un punto de inflexión que se configura a partir del establecimiento del modelo de posguerra (1945+), que potencia y expande la economía formal y acota las criminales. El Estado latinoamericano, con la marca de un rol interventor y desarrollista, amplía sus rangos de centralización del poder ─y el desplazamiento de poderes caudillistas y regionales─ y sus capacidades de institucionalización de la economía y la sociedad. Mientras tanto, en el contexto del proceso extraordinario de expansión económica global del período, se impulsa el crecimiento y despliegue de la economía formal en la región ─políticas de sustitución de importaciones, incremento de la exportación, alto desarrollo tecnológico y niveles de productividad, entre otros─, lo que configura un extractivismo que se ancla con profundidad al proyecto nacional desarrollista. Ejemplo de ello es lo que ocurre en Chile con el cobre; en Venezuela, con el petróleo; en Bolivia, con el estaño; o en Argentina, con la exportación pecuaria y cerealera, lo que absorbería buena parte de la fuerza de trabajo y de los procesos de distribución de riquezas (Furtado 1980; Ocampo 2017).
En general, esta convergencia coyuntural de una economía formal en expansión, con extraordinaria productividad del capital y una fuerte gobernabilidad estatal -aunque también marcada por algunas dictaduras militares y por el injerencismo estadounidense en el contexto de la Guerra Fría-, tendrá gran capacidad para contener y limitar a bandas y economías criminales (Flores y González-Ruiz 2008; Ortíz-Sarkis 2013; Sampó y Troncoso 2017), y de mantener, además, políticas de despojo y violencia más variadas y diversas. Ejemplos de ello conseguimos en la usurpación de tierras en territorios mapuche en Chile (Pinto-Rodríguez 2012) o en la represión a trabajadores rurales del banano en Ecuador (Larrea 1987), aunque esas políticas estarían subordinadas a las dinámicas de la economía regular. Sin embargo, este proceso en realidad fue solo un paréntesis, marcado por los ciclos históricos de expansión/contracción del capital global, que se cerraba con la crisis global de los 70 y el declive del período de posguerra.
Otro elemento deja este proceso: una mayor complejización sistémica va a generar nuevos rasgos de entrelazamiento entre las tres vertientes de la composición del extractivismo, nuevos dinamismos y cruces, heterogeneidad y multiplicidad. Los intercambios económicos y ecológicos desiguales se van a intensificar, y fluirán a través de nuevas cadenas globales de valor, que prefiguran los escenarios de la globalización en el siglo XXI. Desde estas se exporta naturaleza ─e importan mercancías industrializadas─ en ramificaciones internacionales más imbricadas y cada vez menos transparentes, habilitando que en su interior se puedan combinar, de manera contingente o permanente, procesos legales e ilegales entrelazados de acumulación de capital ─con evasión y triangulación interempresa, contrabando, corrupción, lavado, tráfico, etc.─ (Scarpacci 2022; Scarpacci y Siqueira 2023). Estos factores de flujo y multi-escalaridad del extractivismo (Teran-Mantovani 2018) constituyen también elementos fundamentales para una mejor y más amplia comprensión de los complejos entrelazamientos entre lo legal y lo ilícito en el siglo XXI.
IV. Siglo XXI: nuevos escenarios, formatos y dimensiones de la criminalidad en el extractivismo en América Latina
La culminación del paréntesis de gobernabilidad y la consecuente y extraordinaria expansión del crimen organizado en el siglo XXI, deben ser causalmente entendidas en el contexto de cambios en el sistema global en estos últimos 50 años, que pasó de una fase productiva, con patrón de acumulación fordista keynesiano, a una fase neoliberal con dominio financiero y patrón de acumulación flexible. Ello conforma el marco de la globalización y hace que todos los actores legales/ilegales se transformen y reorganicen.
El Estado va a sufrir un “reescalonamiento” (Brandão, Fernández y Ribeiro 2018), esto es, la reconfiguración de su estructura, sus formas organizacionales, modalidades de actuación y la función de sus diferentes niveles, siendo cooptado por la lógica neoliberal y reformateado hacia un mecanismo que se sostiene en principios empresariales y corporativos, que da la espalda al viejo Estado de bienestar. En este sentido, si el Estado retrocede o se “aparta” del ámbito social, territorial y económico, ello no sólo remite a una incapacidad institucional, sino también a una estrategia del capital.
Para precisar los antecedentes de esta expansión criminal, hay que mencionar que los notorios retrocesos (y/o abandonos) a amplios sectores sociales y territorios de la región, producto de este reescalonamiento estatal, tuvieron el efecto de incrementar la vulnerabilidad de estos ante el accionar de las organizaciones criminales existentes, las cuales avanzaron hacia la configuración de nuevos órdenes territoriales de poder. A su vez, las políticas de ajuste y la atomizante cultura neoliberal también produjeron impactos significativos, lo que provocó fragmentación, desgarramiento e individuación en los tejidos sociales. Ello generó condiciones para una expansión de la violencia y el progresivo engrosamiento de las filas del crimen organizado en la región, que exhibe las mayores desigualdades socioeconómicas del mundo.
Otros factores que se deben destacar son el gran atractivo que genera la muy alta rentabilidad de muchos negocios ilícitos. Tales son el caso de la cocaína (O’Connor 2009); el hecho de que desde el final de la Guerra Fría, y con el despliegue de la globalización, redes ilícitas aprovecharon las mayores posibilidades de flujos comerciales y de permeabilidad de las fronteras para expandir su accionar y rangos de operación (Le Billon 2001); o el considerable crecimiento de la corrupción política, que impulsó diversos niveles de permisividad y articulación entre las redes ilícitas y las esferas estatales; entre otros.
Estos procesos se desarrollaron a la par de un salto en la escala de extracción de naturaleza, desde finales del siglo XX. Ello responde a los avances tecnológicos y a las nuevas técnicas e infraestructuras de extracción y circulación, apalancados por una economía financierizada, corporativa y transnacionalizada, que reformatea el perfil de la economía formal. Esto se expresó tanto en gobiernos conservadores como en los progresistas, compartiendo ambos el imperativo extractivista, mientras construyeron pactos que beneficiaron al gran capital (Svampa 2020). De nuevo, América Latina y el Caribe devienen plataforma virtual de exportación de naturaleza (Paulani 2016), una mera abstracción en la que el territorio latinoamericano se concibe como espacio destinado a la provisión de recursos primarios. Las tres vertientes que componen el extractivismo son ahora atravesadas por la racionalidad global y neocolonial del neoliberalismo, que se obsesiona por recuperar, a toda costa, las tasas medias de ganancia que la crisis del modelo de posguerra afectó, y hace que la acumulación por desposesión sea repotenciada de manera extraordinaria. Las amplias políticas de despojo gestionadas desde las esferas del poder, se complejizan y se tornan aún más variadas y sofisticadas, mientras continúan funcionales al avance sobre las nuevas fronteras de la extracción y los procesos de mercantilización de la naturaleza. De ahí la extraordinaria expansión de los conflictos socioambientales en la región, desde inicios del siglo XXI (Svampa 2019). Mientras tanto, otras expresiones criminales pudieron operar en este abanico variado de mecanismos, tal como ocurrió con el papel de grupos armados irregulares en la expansión de la palma aceitera en Colombia.
En este marco, las economías ilícitas/criminales van a enarbolar también, y de manera creciente, el imperativo extractivista. El alza de los precios de las materias primas que se produjo desde la primera década del siglo XXI, los menores riesgos que implica el negocio de commodities comparado con el tráfico de drogas y las ventajas que este ofrece para el lavado de activos, junto con las políticas internacionales de “Guerra contra las drogas”, impulsadas por el Gobierno de Estados Unidos en la región (Global Initiative against Transnational Organized Crime 2016; OEA 2013) constituyen factores importantes que propiciaron la diversificación de la economía criminal. Las actividades más apetecidas han sido la minería ilegal de oro, el tráfico de madera, de vida silvestre y de especies acuáticas, la extracción de hierro, carbón, coltán, diamantes, petróleo y el acaparamiento de tierras.
Es fundamental mencionar que en el “ciclo progresista” latinoamericano, mientras la bonanza de materias primas coincidió con la ejecución de políticas de distribución de rentas, que ampliaron el consumo en sectores históricamente excluidos y mejoraron indicadores de pobreza, se mantuvieron las estructuras de desigualdad social y se incrementó la dependencia histórica a los sectores primarios (Peters 2016). En esencia esto significa que perduraron causales domésticas que propiciaban la expansión de la criminalidad organizada. Nuevos análisis de la relación entre Estado e instituciones y modelo de desarrollo (Feldmann y Luna 2023) señalan que los períodos excepcionales, en que las ventajas comparativas favorecen a los países exportadores de materias primas, facilitan el florecimiento de economías ilícitas.
Vale destacar casos como el de Venezuela, entre 2002 y 2012, durante el Gobierno de Hugo Chávez. En esa etapa se percibió la mayor renta petrolera en la historia de ese país y se redujeron los indicadores de pobreza y desigualdad, pero al mismo tiempo se incrementaron, de manera notoria, los homicidios, robos y secuestros (Briceño-León 2016), mientras se expandió significativamente la minería ilegal en la Amazonía. Por otro lado, los procesos de financiarización hacia abajo (Wilkis 2014) contribuyeron a profundizar el robustecimiento cualitativo de las economías informales, un campo de acción privilegiado para las redes delincuenciales, dados sus rasgos asociados a la falta de regulación y controles. De manera que, los argumentos que reducen la expansión o la solución de este problema a un asunto de menor o mayor gasto o inversión social resultan insuficientes, además que nos dejan nuevamente con preguntas sobre qué tan diferentes ─o qué tan coincidentes─ pueden ser neoliberales y progresistas (Teran-Mantovani 2022).
El tiempo político regresivo que se abre para América Latina desde la mitad de la segunda década del siglo, marcado por contracciones de los precios de los commodities, crisis económicas y los efectos severos de la pandemia en la región (Naciones Unidas 2021), muestra también cómo los procesos democráticos de los progresismos se transformaban, de manera gradual, en modelos más autoritarios. Ello elevó las polarizaciones sociales internas que consolidaron tendencias conservadoras y reaccionarias, que durante la tercera década se expresan en los diferentes países de la región. Las corrientes de derechización y el avance de sectores extremistas constituyen también un marco de exacerbación de la violencia, la cual ha tenido varias orientaciones respecto al fenómeno de la criminalidad. Están las que estimulan, de forma explícita o implícita, el accionar y el arrojo de diferentes grupos armados irregulares con el fin de favorecer el ejercicio del poder del status quo, como ocurre con el grave incremento de asesinatos de líderes sociales a manos de este tipo de grupos en Colombia, durante el Gobierno de Iván Duque; el auge de los mal llamados “colectivos” armados, que utiliza el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela como grupos paraestatales de choque contra protestas y disidencias (Insight Crime 2018); o el ambiente de promoción de las llamadas “milicias” (Paes-Manso 2020) y el garimpagem (Chagas 2024) durante la presidencia de Jair Bolsonaro, en Brasil. Por otro lado, están las que establecen estados de excepción permanentes y regímenes autoritarios para combatir el crimen organizado, y suprimen, así, derechos constitucionales y humanos, mientras abandonan cualquier abordaje de las causas estructurales del problema, tal como ocurre con el Gobierno de Nayib Bukele, en El Salvador. Ambas orientaciones, que de ninguna manera son excluyentes entre sí, comparten el empleo de formas de violencia extralegales, las cuales deben comprenderse, también, en su relación con el incremento del control social, y la facilitación de la expansión extractivista y de procesos de acumulación de capital.
V. Economía/ecología política del extractivismo ilícito/criminal: tres niveles de análisis
Lo que se ha configurado para el corriente escenario es la expansión y complejización de las economías ilícitas/criminales, con cambios cuantitativos y cualitativos extraordinarios que transformaron mafias locales en complejas organizaciones criminales transnacionales (Salinas y Riquelme 2017), con estructuras de funcionamiento flexibles, altos niveles de descentralización, adaptación y operación en red (Cajiao et al. 2018; McDermott 2019). En dichas dinámicas destaca el rol de organizaciones más poderosas y consolidadas ─cárteles como Jalisco Nueva Generación (CJNG) o el de Sinaloa (México), u organizaciones brasileñas como el Primeiro Comando da Capital (PCC)─, que operan en varios países de la región y se articulan con grupos ilegales, a nivel local y nacional (Loudis 2019; Bartolomé 2019). Además, poseen equipamientos y entrenamiento mejores que los de numerosos cuerpos de seguridad estatal (Sampó y Alda 2019); gran capacidad de financiamiento y de operación en mercados con escasa regulación (Rivera-Vélez 2012); y han incrementado su capacidad de movilización a través del espacio geográfico.
Esto señala nuevas reconfiguraciones históricas en la composición del extractivismo, nuevos balances y posiciones de las economías ilícitas/criminales en ella. Como veremos a continuación, debido a los altos volúmenes de extracción de recursos de la naturaleza que alcanzan, su expansión y dominio territorial, su incidencia en los eslabonamientos espaciales y sectoriales a lo largo de las cadenas de valor, así como sus diferentes niveles de relacionamiento con esferas estatales y de poder económico, estas economías adquieren un peso relativo crucial. Afirmamos, por tanto, la existencia de un extractivismo ilícito/criminal, que no entendemos solo como una forma particular de extraer recursos de la naturaleza, sino como una variante de este régimen particular de acumulación, la cual también tributa a la exportación masiva para el mercado mundial. Aunque en algunas expresiones se puede mostrar con crudeza ─sobre todo en los territorios y en sus rituales de violencia─, en los imbricados entramados de acumulación global esta variante se hibrida y oculta, lo que incrementa la dificultad para caracterizar las fronteras entre las tres vertientes.
Desde una perspectiva multi-escalar, analizamos la economía/ecología política del extractivismo ilícito/criminal, a partir de tres niveles: Extracciones ilícitas/criminales de naturaleza, Flujos ilícitos entrelazados de commodities y Nuevas estatalidades y gobernanzas híbridas. Veamos.
a. Extracciones ilícitas/criminales de recursos de la naturaleza
Existen, al menos, tres factores que pueden dar cuenta de las expresiones y dimensiones a las que ha llegado la inmersión criminal en las extracciones de naturaleza: los recursos a los que se vuelca, el despliegue territorial y los niveles cuantificables de extracción respecto al total nacional. Primeramente, es importante resaltar que las organizaciones criminales se involucran más con ciertos recursos que con otros, dependiendo de la accesibilidad y las formas de apropiación de estos (Le Billon 2001), así como de qué tan rentables sean. Por ejemplo, el oro es muy apetecido, no tanto así el carbón o la bauxita. El petróleo, aunque muy valioso, es difícil de apropiar y aprovechar si no es por vías industriales/tecnológicas, a diferencia de los recursos mineros, que un individuo o grupo de personas pueden extraer con más facilidad.
Una de las actividades que mayor impacto ha tenido en la región es la minería ilegal de oro, con un crecimiento extraordinario en Sudamérica, al menos desde mediados de la década de 2000, sobre todo en la región Amazónica. En Perú, participan en ella desde clanes familiares, bandas criminales ─que incluso han atacado empresas mineras formales (IIMP 2023)─ hasta organizaciones brasileñas transnacionalizadas, como el Comando Vermelho (CV) o el PCC (Sierra 2023); en Colombia, interviene la insurgencia armada y/o Bacrims como Los Urabeños; en Ecuador, bandas como Los Lobos ─la de mayor crecimiento en el período corriente, y asociada al CJNG─, explotaba de manera directa, en 2023, 20 minas de oro, extorsionaba a empresas que tienen concesiones en 30 minas más y controlaba a 40 grupos de mineros ilegales en Azuay (Código Vidrio 2024); y en Venezuela, la extracción ilícita la encabezan grupos criminales locales (denominados ”sindicatos mineros”), militares corruptos y grupos armados irregulares colombianos (SOS Orinoco 2022), por destacar ejemplos.
De acuerdo con la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada, el despliegue de la minería ilegal en la Amazonía es considerable. Llega a contabilizar, al menos 4.472 explotaciones mineras ilegales (RAISG 2018), con amplias extensiones de gran intensidad en Perú y en Colombia, muy expandida en el territorio en Venezuela y Brasil, y con un dramático crecimiento en los últimos años en Ecuador y Bolivia. Alcanza el 17, 3 % de las áreas naturales protegidas y el 10 % de los territorios indígenas de la biorregión, y ha dejado enormes impactos socioambientales en sus bosques, cuencas hidrográficas y comunidades locales (Larrea et al. 2021), probablemente los peores en su historia.
Según el Panel Científico por la Amazonía, el porcentaje de oro extraído de manera ilegal respecto al total nacional es, en Venezuela, de 80 a 90 %; en Colombia, 80 %; y en Ecuador, 77 % (Hecht et al. 2021). Aunque para Perú la cifra señalada es de 28 %, en realidad hay casi 70 % del total de las exportaciones auríferas que no están registradas (OEA 2021), y en la región amazónica de Madre de Dios, se estima que el 97 % de su producción anual es ilegal (Sampó y Alda 2019). En Brasil y Bolivia se ronda un tercio del total extraído (36 y 30 %, respectivamente). En países como Colombia y Perú, el valor de las exportaciones ilegales de oro sobrepasó a los de cocaína, y se convirtió en la exportación ilícita más importante (VERITÉ 2016). Un factor que también ilustra las nuevas dimensiones del fenómeno tiene que ver con las interconexiones del oro ilegal con diferentes ramificaciones de las economías ilícitas. Con la instalación de los enclaves mineros ilegales, se suelen reproducir, de manera simultánea, nichos de tráfico de personas y de armas, extracción ilícita de madera, o explotación sexual, por mencionar ejemplos. Las rutas de tránsito del oro ilegal y la cocaína se han venido fusionando (Global Initiative against Transnational Organized Crime 2016). En Brasil, las facções que operan en la Amazonía ─en su mayoría aliadas y/o en conflicto con el PCC y el CV─, se han impulsado desde las bases de la minería ilegal establecidas (red de aeropuertos y puertos ilegales, nexos de corrupción con grupos económicos y agentes del Estado, posibilidades de lavado de dinero proveniente de la droga) para fortalecer el negocio del narcotráfico, e imbrican así las dos actividades, lo que se ha llamado “narcogarimpo”, desde el cual se invierten recursos para continuar la actividad minera (Chagas 2024).
Podrían resaltarse otras extracciones: el tráfico de madera, por ejemplo, que posee un mercado valuado en 152 mil millones USD anuales, de acuerdo con la Interpol (2020), y que atrae a las más grandes organizaciones del crimen global. Sus niveles se estiman en 70 % en México (Enciso 2024); 82 % en Perú (Mujica, Zevallos-Trigoso y Vásquez 2024); y hasta más de 75 % en América del Sur (López 2018). Su carácter lucrativo sirve de sustento a esos grupos, como ocurre con disidentes de las FARC y grupos de menor peso como “Los puntilleros”. Este mercado ilícito también ha generado disputas por su control entre cárteles mexicanos en Chihuahua (Bonello 2020), y se ha señalado los vínculos de esta actividad con el acaparamiento de tierras, la implantación de cultivos ilícitos como la amapola y la marihuana, en México; de coca, en Colombia y, de forma incipiente, en Centroamérica (Wrate et al. 2023); incluso con el aguacate en Michoacán (Jiménez. 2023). Buena parte de esa madera es para surtir mercados asiáticos y europeos, sobre todo a China.
Por último, mencionamos el creciente involucramiento del crimen organizado en el tráfico de especies terrestres y marinas, muy codiciadas en mercados internacionales como los asiáticos. Destacan aquí tortugas, aves, jaguares, aletas de tiburón y peces totoaba, estos últimos pudiendo registrar precios más altos que la cocaína (Yagoub 2016). A su vez, y como expresión del avance hacia nuevas fronteras de extracción, destacamos el análisis de Vargas-Villamizar (2024) que, a partir de las corrientes migratorias provenientes de Venezuela, propone (re)insertar al ser humano entre los objetos de apropiación del extractivismo ─como ya ocurrió en tiempos de la colonia─, en la medida en la que también puede adquirir el significado de commodity, de bien transaccional que, en los nuevos y crudos escenarios de la migración global del siglo XXI, organizaciones criminales transnacionales extrae, mercantiliza y exporta.
b. Flujos ilícitos entrelazados de commodities
La logística del siglo XXI no solo es circulación y desplazamiento de las materias primas, que recibe un valor específico por el flete realizado, sino también un proceso que a lo largo del recorrido, mediante pequeñas modificaciones (reales o ficticias), agrega valor a las mercancías. Ello en el siglo XIX quedaba restringido únicamente a la esfera de la producción (Arboleda 2018). De este modo, el centro del poder en el proceso de acumulación capitalista se desplaza de los que en el pasado administraban la fábrica (productores), a los que hoy administran la logística, y desde allí, administran lo fiscal y lo financiero, y precarizan la fuerza de trabajo (Mezzadra y Neilson 2017). Esto lo podemos ver en empresas como Walmart, Amazon o Mercado Libre, pero también, con gran claridad, en el mundo del narcotráfico, donde el centro del poder se traslada, desde los carteles colombianos que ostentaban la producción, a los mexicanos que con el correr de los años pasaron a administrar toda la logística.
Es en este marco en el que la logística opera como un dispositivo de poder que, de manera deliberada se torna cada vez menos transparente, ocultando sus transacciones y las formas en que se realizan los procesos de extracción y acumulación. El análisis de las cadenas de valor nos demuestra que en su interior, a lo largo de una cadena de mando eficiente, fluyen commodities, y aunque no sabemos muy bien cuáles ni cómo, sí sabemos que esas formas enclaustradas del comercio internacional, oligopólicas, cerradas sobre sí mismas, anulan o reducen al máximo posible las interacciones y los encadenamientos productivos formales con las sociedades locales (Scarpacci y Siqueira 2023). Es decir, generan un blindaje compuesto: las cadenas blindan hacia adentro la circulación de los commodities que fluyen libremente, sin fricciones; mientras hacia afuera, la falta de transparencia de la logística, posibilita que en su interior se combinen, de manera permanente, procesos legales e ilegales entrelazados de acumulación de capital (Scarpacci 2022).
Lo anterior tiene, al menos, dos grandes implicaciones: la primera, que estas formas distantes, anónimas y entrelazadas de producción (o extracción y despojo), junto con una extendida y variada circulación de los commodities para su consumo al otro lado del mundo (o peor aún, procesados para volver con valor agregado a sus lugares de destino) nos llevan a algunas simples preguntas, que son cada vez más difíciles de responder: ¿de dónde provienen estas mercancías? ¿Quiénes las producen? ¿En qué condiciones? ¿Qué capitales las impulsan? ¿En qué jurisdicciones tributan? Queda en evidencia la dificultad para la rastreabilidad de los productos en los lugares de destino, e inclusive, una cierta imposibilidad de trazar una frontera clara entre lo legal y lo ilegal. La logística produce puntos ciegos, y crea las condiciones apropiadas para que el entramado que conforma la economía/ecología política del extractivismo se convierta en una “caja oscura”, que blinda con eficacia la información de su contenido (Into the Black Box 2018).
Por ejemplo, sobre un lingote de oro cualquiera que se guarde en las arcas de algún Banco de la Nación, no es posible saber si es legal o no; si es nacional o del país vecino; si lo extrajo el Estado, el narcotráfico o perteneció a los Incas; o todo eso junto. Su historia y su geografía están ocultas. Más aún, en esa imposibilidad que sólo deja ver el resultado ─el lingote mercancía─, reposan las capas geológicas de acuerdos sobre los que se sostiene la historia de todo el sistema capitalista.
En una forma similar a la que encontramos en el narcogarimpo, el narcotráfico logra penetrar la cadena de valor más potente de Ecuador: desde 2009 en lo adelante, más de 50 exportadoras de banano están involucradas en la exportación de narcóticos (Empresas y Management 2023). El hecho que las bandas criminales de ese país, además de las cárceles tengan el control de los puertos, refleja un dominio logístico más complejo que el simple uso de las armas, como lo ha señalado el codirector del Observatorio de Prisiones ecuatoriano, Jorge Núñez (entrevistado en Lissardy 2024). Esta maniobra logística combina prácticas criminales y del estado de derecho en las cuales, durante el Gobierno de Guillermo Lasso, el Ministerio de Agricultura emitió permisos de exportación de bananos para empresas fantasmas (Primicias 2023).
Si miramos con más detalle las operaciones, las exportaciones de naturaleza se realizan en cargas a granel, esto es, ingentes volúmenes de materias primas que se trasladan por el mundo con nada o muy poco control. Al aprovecharse de estas características, con frecuencia se utilizan dichas cargas para encubrir y trasladar sustancias prohibidas y diferentes tipos de productos para el contrabando. Por ejemplo, la cocaína, que pasa escondida entre el carbón vegetal, desde Argentina (Bargent 2015), Colombia, y Perú hacia Europa (Infobae 2020). También la trasladan en los cascos de los navíos de cargas transnacionales (Globo 2023); en harina de soja, desde Argentina hacia Australia (Infobae 2023); en sacos de maíz, de Brasil a España (Europa Press 2020); en cargas de café, hacia Europa (UOL 2019), etc. Según Naciones Unidas (2021), el 90 % del total de las cargas del mundo se realiza en navíos.
Existen también triangulaciones en las que cárteles mexicanos conectan oro y coltán ilegal proveniente de Colombia con “negociadores mundiales” ─donde participan empresas transnacionales (Cabrera y Fierro 2013). A su vez, se desarrollan múltiples mecanismos de “juego oculto” desde el ámbito empresarial, de manera particular en torno al ámbito fiscal/impositivo y al financiero. Esto mismo se evidencia en las ventas intrafirma que caracterizan a más del 90 % del total de ventas en el agronegocio argentino, y que impide saber qué se comercializa en una carga (Arelovich 2020).
En suma, este entrelazamiento oculto combina, de manera permanente, las leyes del mercado, el funcionamiento del Estado de derecho, el despojo, la violencia e, inclusive, el asesinato y el exterminio. Estos últimos quedan disipados pues, a final de cuentas es la elevada “rentabilidad” lo que estructura los procesos extractivos”.
c. Nuevas estatalidades y gobernanzas híbridas
No hay manera que las extracciones ilícitas/criminales de naturaleza y los flujos ilícitos de commodities alcancen tales dimensiones sin la asistencia, cooperación y participación, en diversas formas y niveles, de actores e instituciones de los Estados. Aunque las significativas reconfiguraciones estatales de los últimos lustros en América Latina ameritan estudios de mayor profundidad, con detalles y exhaustividad ─que además reconozcan las especificidades existentes por cada país─, en este artículo destacamos tres factores estructurantes compartidos, que ayudan a comprender tales tendencias, así como los nuevos órdenes de poder y economías que emergen.
En primer lugar, el Estado y su complejo entramado de instituciones fue reformateado para transferir poder y protagonismo desde la esfera pública a la esfera privada, y para facilitar al máximo el acceso y apropiación de recursos de la naturaleza, de energía y de fuerza de trabajo. Desde nuestros países periféricos, esto también promovió procesos de refeudalización de territorios (Kaltmeier 2018), lo que implica que el Estado, por acción u omisión, repliega su presencia y se configuran nuevos órdenes políticos, que incluyen nuevos actores y articulaciones de poder. Tal movimiento es también una forma específica de producción de territorios, y no solo la ausencia de control estatal. No es lo que sobra de una acción política específica, sino la resultante primaria de esta. En estos procesos de refeudalización pues, la imposición de la lógica privada no debe ser entendida solo desde la perspectiva empresarial; de hecho, impulsa y fortalece la emergencia y reemergencia de iniciativas privadas armadas.
En segundo lugar, está la mencionada expansión de la corrupción en las esferas estatales de América Latina, a partir del período neoliberal, con casos de desfalcos gigantescos y de alcance regional, como el de Odebrecht. Los impactos que genera son tremendos: desatan procesos de descomposición institucional, haciendo que prevalezcan intereses privados, y desprestigiando la legitimidad social de los regímenes democráticos (Pastrana-Valls 2019).
En tercer lugar, con la expansión en la región del crimen organizado se ha generado también una penetración más profunda de este en las estructuras de todos los Estados latinoamericanos. Sistemas judiciales capturados por estas redes delincuenciales y la proliferación de narcojueces, como se constata en Ecuador y en México. Casi en todos los países de la región encontramos sectores del ejército y de las fuerzas policiales corrompidos y a favor del crimen. En Perú, gobiernos locales vinculados al narcotráfico, al tráfico de madera y de minería ilegal; en Brasil y Venezuela, prisiones controladas por estructuras criminales; en Colombia, parapolítica gestionada desde las más altas esferas, constituyen algunos ejemplos. El nivel varía en dependencia del país, e incluye a países como Chile, Uruguay y Costa Rica, donde los niveles de corrupción estatal han sido históricamente bajos.
Estos elementos de contexto nos dejan ante la emergencia de nuevas gobernanzas y estatalidades en el siglo XXI, con importantes implicaciones. Más allá de la muy promovida gobernanza entre el Estado, la sociedad civil y sectores empresariales, presenciamos crecientes y cada vez más imbricadas articulaciones entre organizaciones y actores criminales, e integrantes de instituciones estatales. Difícilmente pueda ya decirse que se trata de asociaciones marginales o casos excepcionales; tampoco parecen constituirse solo como “gobernanzas criminales” (Sampó 2021), puesto que también pueden producirse de arriba hacia abajo ─con el Estado como un promotor de dichas alianzas─, incluso de “afuera” hacia adentro, si tomamos en cuenta la índole geopolítica de las extracciones de recursos de la naturaleza y la transnacionalidad de las cadenas de valor. Hablamos, por tanto, de gobernanzas híbridas, en la medida en la que estas diferentes esferas conforman un mismo entramado de poder y acumulación, y fusionan operaciones ilícitas/criminales con legales/formales en una misma economía/ecología política.
Estas gobernanzas híbridas son un pilar crucial en la estructura del extractivismo que, en el siglo XXI, se despliega a través de complejas cadenas de operaciones, tanto territoriales ─por ejemplo, en los diversos enclaves mineros en la Amazonía venezolana, que son posibles, en buena medida, gracias al papel promotor del sector militar y ejecutor de las bandas criminales (Teran-Mantovani 2021)─; como logísticas ─constatadas en el caso del narcobanano y sus encadenamientos, que imbrican crimen organizado/grupos económicos/agentes del Estado. Los procesos de entrelazamiento que a lo largo de este artículo hemos señalado en la economía, también se hacen presentes en las formas de poder, en las tres vertientes analizadas, pero ahora en un nivel de hibridación muy alto, complejo y, en cierta forma, abigarrado y sui géneris.
Los elementos descritos resultan cruciales para entender los procesos permanentes de formación y reconfiguración histórica del Estado. Si en este proceso se entiende a la estatalidad como la multiplicidad dinámica de campos de poder, que en el ámbito territorial se expresa de manera diferenciada, en la historia particular de un Estado-nación, nos preguntamos: ¿podrían las estatalidades emergentes, atravesadas por estas economías ilícitas/criminales, por geografías transnacionalizadas de commodities, por nuevas tendencias de descentralización del poder del Estado y por procesos de refeudalización, poner en entredicho la propia integridad de las repúblicas latinoamericanas?
El inicio de la tercera década del siglo XXI en América Latina da cuenta de una ruta de cambios importantes en los Estados, acorde con los tiempos globales y regionales. Ello lo evidencia el Gobierno de Bukele; el Estado venezolano durante el Gobierno de Maduro; el proyecto del presidente de Argentina, Javier Milei; y tal vez, con los pasos que se dan, en el convulsionado Ecuador. Esto plantea interrogantes y escenarios que se abren para el segundo cuarto del presente siglo.
VI. Conclusiones
Este trabajo se propuso analizar la compleja red de entramados legales-ilícitos/criminales extractivistas, además de exponer las características centrales del proceso de acumulación. Para ello, abordamos de forma breve las diversificaciones, los encadenamientos y las repeticiones en los diferentes ciclos capitalistas, con especial énfasis en el siglo XXI.
En el artículo hemos destacado la dinámica de tres vertientes específicas en la composición del extractivismo/capitalismo, en la cual, además de las relaciones entre lo legal y lo ilegal, entre la acumulación por reproducción ampliada y por despojo, hemos querido reposicionar el rol y significado histórico de las economías ilícitas/criminales ─desde las viejas economías forajidas y piratas, hasta el crimen organizado transnacionalizado de la actualidad─ en la formación de la economía/ecología política del capital.
A partir de las ideas y derivaciones que se desprenden de la noción de acumulación entrelazada, otorgamos relevancia a las asociaciones, articulaciones, cooptaciones mutuas, fusiones e hibridaciones que se producen entre las diferentes formas económicas, tratando de señalar, por un lado, las violencias múltiples que se encubren en blanqueos institucionales y económicos; y por otro, la necesidad de abordar problemas estructurales y de orden sistémico que explican y generan la criminalidad.
El artículo también intenta hacer un llamado de atención ante lo sensible de los escenarios que ha presentado. No solo alerta sobre la expansión de estas formas transnacionalizadas y sofisticadas de criminalidad organizada, y de los mecanismos de violencias múltiples contra pueblos, territorios y recursos de la naturaleza; sino que también se pregunta por la propia naturaleza del extractivismo en el siglo XXI. Extractivismo que combina su histórico patrón de violencia/extracción, con la sofisticación de los nuevos dispositivos logísticos, tecnológicos, comunicacionales y financieros actuales. ¿Son estos entramados criminalizados de acumulación el signo del extractivismo de nuestro siglo? Probablemente sí.
Es difícil seguir ubicando a estas economías ilícitas/criminales extractivistas solo en los márgenes del modo de acumulación. En cambio, resaltamos la necesidad de ampliar las concepciones sobre extractivismo, para contemplar con claridad y reconocer su vertiente criminal, esto es, la de un extractivismo ilícito que compone la propia estructura del régimen.
Con estas bases, quedan grandes borrosidades para definir la frontera de lo que se considera criminal en una economía política que, en su propio ADN, tiene el despojo violento (y la guerra) como génesis, y donde el marco legal traza una frontera siempre arbitraria, que poco puede explicar.
