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1. Introducción
El capitalismo globalizado ha situado las cuestiones relativas a la exclusión, la informalidad y las desigualdades en el epicentro de los debates sociales en distintas latitudes. Sin embargo, en Latinoamérica estos debates se remontan a una modalidad de exclusión previa asociada a su condición periférica. En la segunda mitad del siglo XX, con el enfoque estructuralista de la informalidad se abordó la problemática del excedente de la fuerza de trabajo en la región. En el marco de la heterogeneidad estructural, propia de estas economías periféricas (Pinto 1973, 1976), se entendió que el capitalismo imperante no generaba ni suficientes puestos de trabajo ni calidad en el sector formal (PREALC 1978). Esta dinámica creaba un excedente conformado tanto por personas desocupadas como por aquellas ocupadas en el sector informal; tal excedente se caracterizaba, a su vez, por la baja productividad y por empleos sin protección social y con condiciones laborales precarias en el ámbito urbano.
Retomando estos aportes, en el presente artículo se plantean dos objetivos. El primero es construir una propuesta teórico-metodológica para el estudio del excedente de la fuerza de trabajo mediante la relectura del abordaje estructuralista latinoamericano desde la economía feminista (EF). Con esta propuesta conceptual se aportan contribuciones aplicables a la región -que alimentan los debates sobre las limitaciones de los estilos de desarrollo y los logros en materia de igualdad de género-, mientras que el abordaje metodológico se centra en estrategias concretas para el caso argentino. El segundo objetivo es analizar las características de la evolución del excedente y su relación con el derrotero de la política de asistencia nacional en Argentina entre 2003 y 2019, para comprender la reproducción de las desigualdades entre mujeres y hombres.
Sobre la base del enfoque estructuralista latinoamericano se desarrolló la tesis de la heterogeneidad estructural en cuanto rasgo del capitalismo imperante en los países de América Latina. Este fenómeno remite a la lenta, limitada y segmentada penetración del progreso técnico que, desde la conformación de las economías capitalistas, ha generado marcadas brechas de productividad laboral tanto en el interior de la estructura económica como entre estas naciones y las llamadas desarrolladas (Pinto 1973, 1976; CEPAL 2012). Estas diferencias dan cuenta de los problemas de empleo y las desigualdades económicas (PREALC 1978; CEPAL 2012; Bárcena y Cimoli 2020).
En el abordaje realizado por el Programa Regional del Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC), de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se retomó la problemática de la heterogeneidad estructural analizándola de una forma estilizada mediante el estudio de los sectores formal e informal. Desde esta mirada, en el sector formal opera con una racionalidad de acumulación capitalista, ya que predomina la distinción entre la propiedad del capital y la mano de obra. El capital establece y mantiene un dominio oligopólico sobre los mercados de productos, lo cual genera rentas también oligopólicas que se reinvierten fundamentalmente en el mismo sector, y ello configura las intensivas relaciones capital-trabajo (PREALC 1978; Mezzera 1987).
Por su parte, el sector informal se entiende como consecuencia de la oferta laboral insatisfecha que no puede ser absorbida por el sector formal. En él abundan “actividades poco capitalizadas y estructuradas con base en unidades productivas muy pequeñas, de bajo nivel tecnológico y organización formal escasa o nula” (PREALC 1978, 28). La racionalidad de esas unidades difiere de la capitalista, pues el objetivo no es la acumulación sino la supervivencia de la familia. El sector informal, último espacio en la jerarquización de la actividad económica configurada por la heterogeneidad estructural (Souza y Tokman 1976), cuenta con menor productividad laboral y proporciona, por lo tanto, ingresos y condiciones laborales peores que las del sector formal.
A su vez, si bien las manifestaciones del excedente tenían su origen en los rasgos productivos de las economías latinoamericanas, también guardaban relación con los sistemas de seguridad social (Tokman 1989). En los países desarrollados, como el excedente de fuerza de trabajo resultaba pequeño, los esquemas para los seguros por desempleo podían asistir a quienes buscaban trabajo porque eran pocos y porque el tiempo de búsqueda era breve. Por el contrario, en los países subdesarrollados, como 201 el tamaño del excedente era considerable, no podía financiarse un esquema de seguro de desempleo que cubriera esa situación. Ello implicó que las personas con problemas de empleo se “refugiaran” en la informalidad en cuanto mecanismo de generación de ingresos (Mezzera 1987).
Estas conceptualizaciones se vieron desafiadas, hacia fines del siglo pasado, por la explosión de varias modalidades asalariadas no típicas en el capitalismo globalizado. Así, ganaron fuerza los abordajes legales de la informalidad que descartaban la definición de la cuestión productiva. Pero, con el cambio de siglo y a partir del periodo de bonanza que experimentó la región entre 2003 y 2008 (García Sayan 2009), en diversos estudios se planteó la vigencia de la tesis de la heterogeneidad estructural y sus efectos en el ámbito del trabajo productivo (CEPAL 2012; Abeles, Lavarello y Montagu 2018; Bárcena y Cimoli 2020). En el caso argentino, las investigaciones mostraron la relevancia de los problemas señalados -entre los que se destacaba el vasto y precario sector informal- para explicar la desigualdad económica (Arakaki 2016; Salvia, Poy y Vera 2020).
Además, los estudios más recientes también mostraron sesgos de género en la heterogeneidad estructural, expresados en la sobrerrepresentación de las mujeres en los espacios de menor productividad (CEPAL 2016, 2019). Esta visión crítica también se ha certificado en el caso de Argentina (Alonso 2020, 2022). En línea con esta perspectiva, entendemos que el análisis del excedente de fuerza de trabajo, que dirige la mirada hacia las limitaciones del capitalismo para incorporar a esta fuerza laboral en empleos de calidad, sigue siendo central para comprender la desigualdad en el presente siglo. No obstante, consideramos que debe ser revisado a la luz de las transformaciones en la política asistencial (como mecanismo regulador del excedente) y que puede ser potenciado desde la EF.
Por ello, en este artículo nos preguntamos cuál es la relectura que podría efectuarse desde la EF sobre el excedente de fuerza de trabajo en la región en el presente siglo. De hecho, ante las transformaciones en la política asistencial y en la extensión de la cobertura de los programas de transferencias de ingresos, diversas investigaciones sobre la marginalidad y los excedentes laborales han incorporado a personas perceptoras de asistencia laboral (ya sean desocupadas u ocupadas) al análisis (Maceira 2016; Poy 2019). Una relectura de estas innovaciones desde la EF nos permite reconceptualizar e incorporar el componente de la “inactividad” del excedente de la fuerza de trabajo.
La aplicación de esta propuesta analítica al caso argentino se realiza entre los años 2003 y 2019. Este periodo resulta de especial interés ya que, además de contener momentos de crecimiento, desaceleración, recesión y estancamiento económico, se caracteriza por la consolidación de un patrón de política asistencial que, con eje en las transferencias condicionadas de ingresos, conforma un modo particular de regulación del excedente laboral. Con el corte temporal en 2019, se evita incluir la pandemia de la covid-19 dentro del análisis, pues implica efectos sustantivos, tanto en el mercado laboral como en las políticas públicas, que no forman parte de los propósitos del estudio en que se basa el artículo. Teniendo en cuenta el contexto señalado, se investiga sobre la capacidad de absorción del excedente de la fuerza de trabajo urbana y las diferencias según el género en el modo de absorción del excedente. A estas cuestiones, también se suma otra interrogante: cuál fue el rol que desempeñó la política asistencial nacional en la reproducción o reducción de las desigualdades de género.
Tras esta introducción se expone la relectura feminista del concepto excedente de fuerza de trabajo para pensar la exclusión laboral de las mujeres y las desigualdades de género. La propuesta metodológica se presenta en la tercera sección. La cuarta sección está dedicada a presentar los resultados de los interrogantes para el caso argentino, los cuales confirman que la absorción de los componentes tradicionales del excedente (referidos al desempleo y a la informalidad de las unidades económicas) no solo fue insuficiente sino también desigual en términos de género. Ante esta dificultad de la dinámica económica, se configuró un patrón de política asistencial que ha administrado ese excedente, reproduciendo ciertos sesgos de género, y que ha tenido limitadas posibilidades para reducir las desigualdades.
2. Aportes estructuralistas sobre el excedente de fuerza de trabajo: una relectura feminista
Al igual que la mayoría de los enfoques económicos, la corriente estructuralista no incorporó, desde sus formulaciones iniciales, la dimensión género en su análisis. Por ello, en este texto se pretende recuperar el abordaje analítico del excedente descentrándolo de la mirada parcial androcéntrica inherente a su formulación original. En esta relectura se emplean conceptos tomados y desarrollados por la EF, que entiende al género como un sistema de relaciones de poder que remite a la construcción histórica y social de la diferencia sexual (Scott 1990; Lamas 2000). Estas relaciones atraviesan todas las esferas de la vida social, implican la subordinación de las mujeres y las identidades no hegemónicas y se traducen en desigualdades de género.
La división sexual del trabajo está en la base de la reproducción de dichas desigualdades. Según la mirada de la EF, el surgimiento de la sociedad capitalista supuso la separación de las esferas de la producción (en el ámbito público) y de la reproducción (en el ámbito privado). En correspondencia, adscribió a los hombres mayormente al trabajo remunerado en la primera esfera y a las mujeres al trabajo reproductivo o de cuidados, efectuado en el interior de los hogares. Dicha división conllevó una 203 jerarquización, un valor desigual que distinguió las tareas realizadas por mujeres de las realizadas por los hombres (Hirata y Kergoat 2000; Picchio 2005).1
La EF critica la manera en que los enfoques dominantes en la economía han limitado la definición de trabajo al empleo -desconociendo otros tipos de trabajos socialmente necesarios- y circunscribió el análisis económico a la esfera productiva. Sobre estos aportes, las economistas feministas -desde distintas corrientes teóricas- han visibilizado el papel del trabajo reproductivo o de cuidado no remunerado en el funcionamiento del sistema económico y en el bienestar de la población, así como también han desarrollado distintos enfoques para incorporar y centrar la atención de la economía en la reproducción.2
En este artículo, retomamos estas contribuciones para pensar la relación de las mujeres con la esfera mercantil y con la desigualdad de género en el mundo del trabajo al reformular un concepto medular para el estudio del mercado laboral en Latinoamérica: el excedente de la fuerza de trabajo. Un elemento central para esta complejización es la revisión del rol de los hogares en el abordaje original del excedente. Para el PREALC (1978), el lugar de la familia en la forma que adoptaba el excedente estaba asociado a la capacidad que tenía para sostener materialmente a los miembros del hogar desocupados mediante el ingreso monetario de los miembros que sí estaban ocupados. Eran estos ingresos los que podían evitar que tuvieran que “refugiarse” en el sector informal.
La EF permite discutir este rol marginal o periférico de los hogares, así como lo que sucede al interior de los mismos (Folbre y Hartmann 1988; Carrasco 2006). Picchio (2001), en su propuesta del flujo circular de la renta ampliado, advierte que el trabajo reproductivo no remunerado realizado en los hogares cumple una función económica sistémica al permitir la extensión y expansión de la renta obtenida en el mercado, mediando entre la adquisición de bienes y servicios y el bienestar efectivo de las personas. Por lo tanto, la supervivencia depende no solo (ni fundamentalmente) del ingreso de otros miembros de la familia, sino también del trabajo no remunerado que cumple funciones económicas relativas a la transformación de mercancías obtenidas mediante el ingreso, en niveles de vida ampliados y de bienestar.
Adicionalmente, la distribución del trabajo no remunerado para la reproducción, que se efectúa en los hogares, reduce la oferta de trabajo para el mercado a través de la relación entre las condiciones imperantes en el mercado laboral y las necesidades de trabajo reproductivo en los hogares (Picchio 2001). Esta distribución está atravesada por la división sexual del trabajo que, a pesar de significativos cambios culturales, sigue implicando para las mujeres en la región latinoamericana un mayor tiempo destinado al trabajo reproductivo, menores tasas de participación en el mercado laboral, sobrerrepresentación en el desempleo y una alta presencia en las variadas formas de precariedad en los empleos (Esquivel 2012; OIT 2019).
De acuerdo con esta propuesta conceptual la configuración del excedente es otro modo de expresión de la desigualdad económica de género en el que operan tres instituciones económicas fundamentales: la familia, el mercado y el Estado. Por otro lado, las transformaciones del capitalismo y las modificaciones del sistema de protección social en la región también obligan a prestar especial consideración a la política asistencial para terminar de adaptar este concepto.
En el presente siglo los programas de transferencias condicionadas de ingresos se han consolidado como el mecanismo más extendido de asistencia que se brinda a la población más vulnerable, y que, por condición de actividad y rasgos de la inserción laboral remiten a la población excluida del sector formal. Esta respuesta plantea un escenario distinto al teorizado por el PREALC, ya que los recursos transferidos a vastos sectores de la población pasarían a constituir un modo de administración del excedente (como lo fue y es el seguro de desempleo) y vendrían a modificar la composición que adopta la fuerza de trabajo excluida. En definitiva, estos recursos afectarían las decisiones que se toman al interior de los hogares en relación con la búsqueda de empleo, modificando en consecuencia las posiciones que las personas ocuparían dentro del excedente.
En conexión con ello, la ausencia o presencia de la mirada género en el diseño de la asistencia es clave. La lectura feminista en Latinoamérica analizó de manera crítica este paradigma de política asistencial, señalando el sesgo maternalista y sus impactos ambiguos en la vida y en la promoción de los derechos de las mujeres.3 Como son programas dirigidos a las madres (y no a mujeres en general), refuerzan simbólicamente su rol cuidador. Además, las condicionalidades, generalmente asociadas a controles sanitarios y educativos, refuerzan materialmente este rol. Adicionalmente, se ha destacado el potencial efecto de desincentivo a la participación laboral de las mujeres. Esto nos lleva a un punto central del planteamiento teórico ya que, ante el desincentivo, una cantidad numerosa de las mujeres que forman parte del excedente podrían pasar a las filas de la “inactividad”, reduciendo, en apariencia, el tamaño del excedente pensado en su acepción tradicional.
La posibilidad de incorporar como otro componente del excedente a personas en posición de “inactividad” fue en su momento formulada y desestimada en los textos del PREALC, por considerarla de poco peso estadístico.
Una tercera alternativa, más bien infrecuente, es retirarse de la fuerza de trabajo; este es el fenómeno del ‘trabajador desalentado’, que, en tiempos normales, rara vez excede de 2 o 3 % de la fuerza de trabajo. Evidencia reciente sugiere que, en algunos países, este mismo 205 puede haber adquirido importancia en los últimos años (Mezzera 1987, 24).
Sin embargo, en este nuevo contexto entendemos que este fenómeno de desaliento también podría adoptar otra forma y tener peso en aquellas personas, fundamentalmente mujeres, que forman parte de hogares con demanda de cuidados de hijos o hijas y que, al no ser absorbidas por el sector formal del empleo, resultan beneficiarias de los programas de transferencias de ingresos. Por ello, en nuestra propuesta analítica se incorpora al excedente el grupo de personas “inactivas” que son titulares de este tipo de asistencia al realizar tareas de cuidado, y que no han sido contabilizadas en los componentes relativos a la ocupación (ya sea en el sector informal o en programas laborales) o la desocupación. En adelante se hará alusión a ellas como “inactivas”, aunque si bien son inactivas desde la mirada del mercado laboral, realizan trabajo socialmente necesario en sus hogares y reciben una transferencia monetaria asociada a ello.
3. Metodología
Para responder a la indagación teórica presentada anteriormente se realizó un análisis de las producciones del PREALC y de sus recuperaciones de las tesis del estructuralismo latinoamericano. Luego, se efectuó una lectura crítica y una propuesta analítica desde la EF. En cuanto a los interrogantes para Argentina, es destacable mencionar la escasez y la fragmentación de la información sobre los programas asistenciales nacionales. Teniendo en cuenta estas constricciones, a la estadística descriptiva e inferencial construida con base en la información de la Encuesta Permanentes de Hogares (EPH), se sumó el rastreo y la sistematización de información de registros, normativas y evaluaciones de los programas junto al análisis documental de su diseño y ejecución. En la siguiente sección se amplía la información sobre los programas y las normativas, con base en las fuentes empleadas.
Para estudiar el excedente de la fuerza de trabajo, se operacionalizaron los siguientes componentes: i) personas ocupadas en el sector informal del estrato de menor productividad laboral; ii) población desocupada; iii) personas ocupadas en programas asistenciales de empleo; y iv) población “inactiva” beneficiaria de programas de transferencias de ingresos. En este paso se emplearon datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), provenientes de la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales y de la EPH.
Para el primer componente se tomó la definición operacional de Alonso (2020), ya que este recorte del sector informal permite concentrarse en aquel espacio de la economía que brinda los empleos de más baja calidad y los menores ingresos. Este abordaje partió de la definición tradicional de sector informal del PREALC (1978).4 Pero solo se recogió a las personas que además cumplían con la condición de trabajar en las actividades de menor productividad. Esta línea de demarcación siguió la propuesta de Pinto (1973, 1976) y tomó la definición de Lavopa (2007) que, tras abordar el estudio de la productividad laboral por ramas como cociente entre el valor agregado bruto y la cantidad de personas ocupadas,5 agrupó como actividades de productividad baja a aquellas ubicadas al menos un 20 % por debajo del promedio nacional.
El segundo componente se operacionalizó con la definición estadística estándar de desocupación. Por su parte, el tercer y el cuarto componente incluyeron titulares de políticas asistenciales de transferencias de ingresos.6 En el caso de titulares de programas de empleo se utilizó la variable de la EPH que permite identificar a las personas ocupadas en dichos programas. En el caso de los programas asistenciales no laborales se utilizó la metodología de captación indirecta sobre la base de la variable monto del ingreso por subsidio o ayuda social.
Por último, es importante señalar que para la elaboración de algunos indicadores se seleccionaron los años 2003, 2005, 2011 y 2019. Estos se tomaron como momentos testigo de los fenómenos a estudiar por su utilidad, tanto para el análisis de la dinámica económica como para la consideración de momentos de implementación de los principales programas de transferencias de ingresos. Así, se establecieron diversos periodos de estudio que no persiguieron la proporcionalidad entre los años, sino más bien el seguimiento de las distintas dinámicas del crecimiento económico y de las respectivas respuestas de la política asistencial.
4. Resultados para el caso argentino
Los resultados de la aplicación de la propuesta analítica en la Argentina se presentarán en dos subsecciones. La primera se concentra en las relaciones entre las tendencias del excedente de fuerza de trabajo, en los cambios en la economía nacional y en los intentos de regulación de la política asistencial. En la segunda sección se esclarecen 207 las desigualdades de género ocultas en dichas tendencias.
El excedente laboral: composición y tendencias según el ciclo económico y la consolidación del nuevo patrón de política asistencial
Con el propósito de dar respuesta a las interrogantes sobre la absorción del excedente laboral y el rol de la política asistencial, en esta subsección realizamos un análisis por periodos. El primero se refiere a un momento de elevado crecimiento económico y de consolidación del patrón de política asistencial (2003-2011), mientras que el segundo remite al estancamiento y recesión registrados entre 2011 y 2019.
Durante el periodo de crecimiento, el excedente de la fuerza de trabajo se redujo alrededor de un 9 %, pasando a representar el 41,4 % de la población que participaba en el mercado laboral en 2011 (tabla 1). Esta disminución se produjo de manera más acelerada durante la recuperación económica (2003-2005), ya que casi la mitad del descenso se registró en ese subperiodo. La absorción restante del excedente se puede comprender como consecuencia del crecimiento económico que fue acompañado por la expansión del sector formal en los seis años posteriores. En el caso de las actividades de menor productividad en el sector informal, entre 2003 y 2011 se observó una persistencia de su peso en la composición del excedente e incluso un leve incremento. La explicación de la disminución del tamaño del excedente se encontró fundamentalmente en el comportamiento del desempleo y, en menor medida, en la política asistencial.
Tabla 1 Incidencia de los componentes del excedente en la fuerza de trabajo (en porcentajes)
Elaborada con base en el INDEC (2003-2019).
*Diferencias estadísticamente significativas entre intervalos de confianza al 95 %. Nota: II y III aluden al segundo y tercer trimestre del relevamiento de la EPH
Esta última fue consolidando un patrón que se sustenta en una perspectiva de maternalismo social, por la cual van perdiendo peso los componentes asociados a la promoción de la participación laboral de las personas. En Argentina, el proceso de masificación y posterior transformación de los programas de transferencias condicionadas se remonta al Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados (PJJHD), creado en abril de 2002 mediante el Decreto Presidencial 565 como respuesta a la crisis del 2001, y en un contexto de desempleo en el orden del 20 %. Este programa fue un hito en la expansión de recursos destinados a este tipo de intervenciones. Si bien continuó con la lógica de la política asistencial focalizada que caracterizó a la década de los 90, el programa cobró una masividad sin precedentes pues se beneficiaron aproximadamente dos millones de personas en el segundo trimestre de 2003.
El PJJHD exigía a sus titulares una contraprestación laboral o la participación en actividades de formación para mejorar las posibilidades de inserción laboral, junto a condicionalidades en materia de salud y educación de los niños y las niñas a cargo. Por su dimensión pasó a ser la principal forma de asistencia mediante transferencias monetarias destinada al excedente laboral y mantuvo su participación mayoritaria dentro de los programas nacionales de empleo hasta 2008. Hacia finales de 2004 comenzó la transición en el paradigma de política asistencial desde la priorización de programas de empleo hacia la expansión del maternalismo social. El Decreto 1506/2004 resultó crucial puesto que estableció que las bases de la migración de titulares del PJJHD hacia otros programas girarían en torno a la evaluación de la “empleabilidad” de sus titulares.
Como resultado, el grupo de titulares que fue clasificado como el de menor empleabilidad (o mayor déficit de empleabilidad), compuesto fundamentalmente por mujeres con hijas o hijos según la evaluación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS 2005), fue redireccionado al Programa Familias por la Inclusión Social (PFIS) del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) a partir de 2005.7 Sin contraprestación laboral, la transferencia a las madres estuvo condicionada al cuidado de sus hijas e hijos. Luego, se creó el Seguro de Capacitación y Empleo (SCE) del MTESS mediante el Decreto 336 de 2006. Este programa laboral pretendió albergar a quienes fueron calificados como empleables (en su mayoría hombres).
Así se fue consolidando el viraje de la activación hacia la “inactivación” de parte del excedente y el refuerzo de la visión maternalista del nuevo patrón de política. La decisión nacional de traspasar a ese grupo hacia el MDS y la posterior creación del PFIS supusieron una modificación del propio estatus de esas mujeres en relación con el mercado laboral y con base en su derecho a la inclusión social (de desocupadas a madres). Todos estos rasgos se reforzaron entre 2008 y 2009, momento de consolidación del patrón de política asistencial. Durante esos años, e incluso antes del impacto de la crisis mundial, el patrón de crecimiento económico ya mostraba dificultades no solo para soportar ese ritmo, sino también para sostener las mejoras de los indicadores sociales ante el avance de la inflación y del desajuste de las principales variables macroeconómicas (Beccaria y Maurizio 2012). Sumado a ello, se encontraba la insuficiente creación de empleos de calidad y el elevado peso tanto de la informalidad en la ocupación como de la pobreza en la población.
En este contexto, prosiguió la transformación del paradigma asistencial. En 2008 se crearon dos programas laborales. El Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo (PJMyMT) y el Programa Ingreso Social con Trabajo (PIST), originados mediante la Resolución 497/2008 y la Resolución MDS 3182/2009. Estos no alcanzaron magnitudes tan significativas como las que tendrían el PJJHD o la Asignación Universal por Hijo (AUH), creada en 2009 mediante el Decreto 1602.
La implementación de la AUH fue la medida más significativa para la consolidación de los rasgos de la política asistencial (tabla 2). Esta buscó expandir el alcance de las asignaciones familiares a aquellos sectores excluidos de este componente de la seguridad social. Si bien la titularidad del derecho al beneficio era para menores de 18 años y para personas con discapacidad, la titularidad de cobro era para sus madres (prioritariamente) y padres desocupados (sin seguro de desempleo) u ocupados en empleos informales. Esta asignación venía a cubrir casi la totalidad del excedente de fuerza de trabajo (en su acepción tradicional). En el caso de las y los asalariados del sector informal del estrato de menor productividad, las cifras de trabajadores no registrados oscilaban entre el 70 % y el 80 % durante esos años.
Hasta 2016 fue incompatible con la percepción de transferencias monetarias originadas en prestaciones contributivas o no contributivas de cualquier nivel gubernamental, lo que continuó la migración de titulares de programas laborales hacia programas sin contraprestación laboral. Al mismo tiempo, profundizó en el maternalismo mediante las condicionalidades en materia de cuidados. Como resultado, para diciembre de 2011 la AUH había alcanzado 1 883 822 titulares de cobro y una proporción femenina mayor al 90 %.
Tabla 2 Cantidad de titulares según tipo de asistencia nacional
Elaborada con base en el MTESS (2021) y en la CEPAL (2021a, 2021b, 2021c).
Nota: Los datos del indicador 1 pertenecen a MTESS y los del 2, a la CEPAL.
Este viraje en la asistencia tuvo implicaciones sobre la composición del excedente y sobre sus rasgos de género (como se verá en la próxima subsección). En primer lugar, se redujo la participación de las personas ocupadas en programas laborales. Hacia 2011 no solo esta caída tenía efectos en el tamaño del excedente en general, sino también en la disminución del peso de la ocupación dentro del excedente (tabla 1). En segundo lugar, operó un cambio en la composición referida a la política asistencial, ya que al contrario de lo registrado en 2003 y 2005, en 2011 las personas inactivas con transferencias no laborales representaban la mayor parte del componente asistencial del excedente (3,3 %), mientras que las personas ocupadas en programas de empleo representaban solo el 0,8 %.
Durante el segundo periodo (2011-2019), que se caracterizó por el estancamiento y por la recesión con un elevado deterioro de los ingresos debido a la inflación, se observó un leve incremento del excedente que giró en torno al 2 %. Esta variación se debió al aumento de la desocupación, mientras que los dos componentes referidos a la política asistencial no presentaron variaciones. En ese sentido, la política asistencial pudo haber jugado un rol contenedor para que la ocupación en el sector informal del estrato de productividad baja no creciera y que el desempleo no escalara a cifras mayores.
En cuanto a la consolidación del patrón de política asistencial, si bien ya en 2011 se observaba una supremacía de la cantidad de titulares bajo modalidades de asistencia sin exigencia de contraprestación laboral (tabla 2) y con una lógica maternalista, para 2019 esta diferencia se hizo más marcada. Esto se debió tanto a la ampliación de la cobertura de la AUH como a la merma de la cantidad de titulares con programas laborales.
En síntesis, entre 2003 y 2019 la capacidad de absorción del excedente de fuerza de trabajo fue insuficiente, ya que a pesar del marcado crecimiento de la primera década el excedente se mantuvo en cifras cercanas al 40 % de la población económicamente activa (PEA). Ante los persistentes rasgos estructurales de Argentina que modelan las lógicas de exclusión económica y, por lo tanto, la dificultad de la dinámica económica de proveer bienestar de manera sostenida a la población, se consolidó un patrón asistencial que cobró una creciente masividad y que giró sus esfuerzos de la inserción o reinserción laboral a la transferencia de ingresos a madres en hogares de bajos ingresos, una parte estructural de la población excluida.
Desigualdades de género en la evolución del excedente
Durante los años de crecimiento económico la insuficiente absorción del excedente no se realizó de forma homogénea en términos de género, por el contrario, se explicó fundamentalmente por el descenso del excedente masculino. Mientras en 2003 el excedente masculino representaba el 44,3 % y el femenino era del 59,1 %, para 2011 las cifras fueron 33 % y 53,4 % respectivamente (tabla 3). En efecto, la proporción de mujeres en relación con el total de personas dentro del excedente o de la participación femenina (PF) aumentó de manera sostenida en todo el periodo, pasando del 50,6 % en 2003 al 53,9 % en 2019. Esta variación significativa devela la feminización del excedente durante esos años.
Para analizar los rasgos de género de la evolución de los componentes del excedente laboral, es importante considerar que entre 2003 y 2007 el crecimiento económico fue acompañado de un aumento del empleo genuino8 que explicó las contracciones del desempleo (Damill y Frenkel 2006; Beccaria y Maurizio 2012). Estos comportamientos, junto al aumento del empleo en el sector formal, abrieron posibilidades para la absorción del excedente. La evidencia muestra que fueron los hombres quienes resultaron beneficiados por esta dinámica entre 2003 y 2005, pues el desempleo masculino cayó a mayor ritmo que el femenino. Además, esta diferencia fue mucho más marcada para quienes tenían un programa laboral como ocupación principal. En este subperiodo el porcentaje de hombres con programas de empleo cayó casi a la mitad, mientras que en el caso de las mujeres la reducción fue de apenas 1,6 %.
Tabla 3 Indicadores de la fuerza de trabajo femenina y masculina
Elaborada con base en el INDEC (2003-2019).
*Diferencias estadísticamente significativas entre intervalos de confianza al 95 %. Nota: II y III aluden al segundo y tercer trimestre del relevamiento de la EPH.
Para las mujeres, a diferencia de los hombres, la reducción del desempleo se dio de la mano del incremento de la ocupación en el sector informal de las actividades de menor productividad, por un lado, y de la tendencia al aumento del componente de “inactivas” con PJJHD, por otro. Esto último se profundiza porque en materia de política asistencial la decisión no giró en torno al diseño de programas de inserción laboral con igualdad de género junto a mecanismos que resolvieran los problemas de conciliación entre la vida familiar y laboral, sino que se centró en el traspaso de las mujeres desde un programa laboral (como lo fue el PJJHD) a programas de asistencia familiar sin contraprestación laboral con sesgo maternalista.
Posteriormente, la brecha de género en el excedente se incrementó debido a la continuación de las tendencias según el género en el desempleo y en la ocupación del sector informal de las actividades menos productivas, y a la profundización del patrón asistencial con la AUH. La reducción del peso de los programas laborales y los rasgos maternalistas llevó la brecha a la máxima expresión en 2011. De esta manera, no solo el crecimiento económico se olvidó de estas mujeres, sino que también la política asistencial resignó en gran medida la vía de su autonomía económica a través del trabajo remunerado y lo que se entiende como el otro lado de la misma moneda, la corresponsabilidad del trabajo de cuidado.
Esta configuración no sufrió grandes variaciones con el estancamiento y con la recesión correspondientes al lapso 2011-2019. Este periodo nos remite a la figura mencionada anteriormente de “trabajador desalentado”, pues a inicios del presente siglo estas mujeres eran sujetas de políticas laborales, y hacia finales del periodo pasaron a ser titulares de cobro de beneficios para sus hijas e hijos. En algún sentido se “desalentó” su vinculación con el mundo del trabajo remunerado. Una vez consolidado el patrón asistencial, esta nueva figura pasó a representar entre el 7 % y 8 % de la fuerza de trabajo femenina y el 14 % del excedente femenino.
La reconfiguración del excedente, detallada hasta aquí, nos lleva a la pregunta sobre sus implicaciones para los ingresos de las mujeres y las brechas de género. Teniendo en cuenta la significativa brecha de género en los ingresos laborales en el componente informal -que supera la brecha en el resto del empleo-, la política asistencial podría haber jugado un papel favorable en torno a la reducción de la brecha de género en la población excedentaria y en el logro de mayor autonomía económica de esas mujeres.
Las transferencias monetarias sin dudas mejoraron los ingresos de las personas beneficiarias y de sus hogares, aunque no fueron suficientes para que un hogar compuesto por una persona adulta y dos menores no cayera en la pobreza (tabla 4). Así, la dotación económica dejaba a las mujeres titulares lejos de contar con la 213 capacidad de adquirir bienes y servicios necesarios para satisfacer sus necesidades y las de sus grupos familiares, además, no les permitía desligarse de la necesidad de otras fuentes de ingresos. A su vez, estas transferencias dotaron de menores recursos a sus titulares que los ingresos que en promedio brindaba el mercado laboral.
Tabla 4 Indicadores de ingresos monetarios según programa nacional de transferencia
Elaborada con base el INDEC (2003-2019).
*Porcentaje del monto de dos asignaciones sobre el valor de la canasta básica total al trimestre de referencia para un hogar compuesto por una persona adulta y dos menores (excepto del PJJHD, del cual se tomó el monto único y del PFIS que se tomó el monto mínimo y el máximo).
Nota: II y III aluden al segundo y tercer trimestre del relevamiento de la EPH.
Por último, si bien la brecha de ingresos no laborales fue favorable para las mujeres, ello no tuvo impacto en la reversión de la brecha de género del ingreso total (tanto el percibido por ingresos laborales como por ayuda social) para el excedente en su conjunto. Al cierre del periodo, los hombres continuaban teniendo ingresos mensuales promedio superiores a las mujeres pertenecientes al excedente.9
5. Discusión y conclusiones
En el presente artículo se ha documentado la incapacidad del capitalismo que se ha desarrollado en Latinoamérica para incluir la totalidad de la fuerza de trabajo en empleos de calidad. Para ello, se efectuó una relectura desde la EF del concepto del excedente de fuerza de trabajo desarrollado por el enfoque estructuralista de la informalidad.
En el caso argentino, el análisis empírico confirma varios elementos. En primer lugar, la persistencia de un excedente de fuerza de trabajo significativo en su magnitud, aún en contextos de crecimiento económico. En segundo lugar, la pérdida paulatina de los componentes del excedente vinculados a la desocupación (desocupación abierta o contraprestaciones de programas laborales) y el incremento de aquellos vinculados al desaliento y a la “inactividad” (cuya evolución es independiente del ciclo económico). En tercer lugar, la desigual absorción por género de la fuerza de trabajo y la consecuente feminización del excedente. Esto último se explica dentro de un contexto que, además de la injusta organización social del cuidado (Esquivel 2011; Rodríguez Enríquez, Marzonetto y Alonso 2019), aúna la debilidad del estilo de desarrollo para generar empleos de calidad para las mujeres y la consolidación de un patrón de política asistencial, cuyos esfuerzos han girado desde la inserción o reinserción laboral hacia la transferencia monetaria a madres en hogares vulnerables.
Con estas conclusiones también se dialoga con los estudios sobre la desaceleración de la participación laboral femenina en Latinoamérica (Gasparini y Marchionni 2015) y la feminización de la pobreza en Argentina durante estos años (Paz 2021). Así, se advierte sobre la persistencia de problemas de pobreza vinculados al modo de regulación del excedente -a través de transferencias que resultan insuficientes para superar los umbrales de pobreza monetaria- mientras se produce una escasa y desigual absorción de la fuerza de trabajo. Además, se evidencia que la prioridad dada a las madres para el cobro de las transferencias tampoco alcanza para reducir las brechas de género en los ingresos totales -laborales y no laborales- dentro de la población que conforma el excedente.
El diálogo propuesto evidencia la cuestión de género dentro de los problemas estructurales de mercados laborales latinoamericanos y las formas que estos adoptan frente a la consolidación de un determinado patrón de política asistencial. La continuidad de estilos de desarrollo, como los imperantes en la región, consolida mecanismos de reproducción de las brechas de desigualdades socioeconómicas y de género. Visibilizar esta dinámica puede tener un potencial transformador si alimenta un debate genuino sobre la manera en que se pretende abordar la exclusión en el contexto de recuperación económica a la salida de la crisis generada por la covid-19.
